“No lo vimos pasar, cuando nos dimos cuenta, ya los teníamos encima”. Así es como Pedro Uc Be, escritor, poeta y defensor maya del territorio, describe la forma en que las comunidades indígenas del estado de Yucatán comenzaron a enfrentarse al establecimiento de los megaproyectos solares y eólicos.

En Yucatán –que junto a Campeche y Quintana Roo integran la península al sureste de México– autoridades nacionales e internacionales detectaron un gran potencial eólico y solar, para transicionar de los combustibles fósiles hacia las energías limpias. Esto implicó la promoción de grandes parques privados para la generación energética. 

“La experiencia y el dolor de muchas comunidades despojadas de la tierra nos empujó a convocar a una reunión un 13 de enero de 2018, para poner en común nuestra problemática entre muchos ejidos de la península de Yucatán que pasaban por lo mismo, exactamente, el despojo para implementar una cosa que no formaba parte del idioma de la gente, ni en maya ni en español, que se llaman parque eólicos y parque fotovoltaicos”, cuenta el defensor en entrevista. 

Comunidades del estado han iniciado y aún libran batallas contra la instalación de granjas de cerdos y la operación de cerveceras, así como contra grupos inmobiliarios y el megaproyecto Tren Maya, del Gobierno federal, en medio de un ecosistema frágil y sensible a los impactos de estas obras. 

Para las comunidades de la asamblea Múuch Xínbal, se trata de una estrategia de despojo del territorio, por lo que los proyectos de transición energética cerca de sus comunidades generan desconfianza.

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Históricamente, Yucatán ha sido un territorio reservado a lo exterior y tiene como antecedente un conflicto político con un proceso separatista iniciado en 1841, donde el intento de independencia derivó en una guerra y en un levantamiento armado de mayas que resistían la conquista cultural y territorial, y que culminó oficialmente hasta 1901.

Aunque desde 1992 se permite a privados la generación y pequeña producción de energía en México, fue en 2013 cuando se aprobó y aplicó una reforma energética que abrió a la iniciativa privada la posibilidad de competir en el mercado mayoritario. Como parte de estos cambios, México apostó por realizar subastas de energías renovables con el objetivo de atraer inversiones a precios bajos y sin pagar subsidios. 

Entre los proyectos que ganaron esas subastas en el país, principalmente en la península de Yucatán, está el  “Parque Solar Ticul A y Ticul B”, operado por la empresa Vega Solar 1 y 2, que pretendía instalar más de 1.277.000 paneles solares, así como una subestación eléctrica y una línea de transmisión, en 767 hectáreas de propiedad comunal y selva de tres municipios de Yucatán: Muna, Sacalum y Ticul.

El proyecto representaba afectaciones por la deforestación de 384 hectáreas de selva, alteración del hábitat y del suelo, de acuerdo con la Manifestación de Impacto Ambiental (MIA) presentada. Autoridades ambientales argumentaron que se trataba de un terreno con afectación previa por otras actividades humanas para descartar la pérdida de biodiversidad, erosión e impactos en la calidad del agua y avalaron su operación. 

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Sin embargo, habitantes, defensores del territorio y organizaciones denunciaron que las irregularidades vinieron en el ámbito agrario al obtener los terrenos, pues inicialmente la empresa utilizó a un intermediario, quien hizo creer a los ejidatarios que la renta de sus tierras iría a un proyecto de siembra que, de ser exitoso, les daría mayores beneficios.

Habitantes de la comunidad de San José Tipceh, la más afectada por el proyecto, llevaron el caso ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y denunciaron irregularidades en las diferentes etapas de negociación con empresas y autoridades, donde se reconoció que el proyecto había sido aprobado y avalado con consulta, pero que no fue libre, previa, informada, y culturalmente adecuada, por lo que se ordenó reponer este procedimiento. 

Felipe Romero Bartolo, abogado del Centro Mexicano de Derecho Ambiental (CEMDA), organización que ha acompañado el caso, señala que a nivel comunitario, el megaproyecto está detenido y están en espera de una sentencia definitiva que no solo revoque los permisos otorgados, sino que también el juez que resuelva se pronuncie sobre los derechos de las comunidades y las afectaciones que pueden representar los proyectos en energías renovables. 

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“Lo ideal es que el juez hiciera un ejercicio de ponderación, porque habrá que ponderar las cuestiones de energías renovables porque son una necesidad y hacia allá hay que transitar, pero por otra parte se tendría que ponderar el cómo, a costa de las comunidades, del territorio, de su patrimonio, de la selva, será muy interesante que se pudiera entrar a este tema de fondo”, dice el abogado sobre la resolución que podría darse a finales de este año.

La propia Constitución mexicana y el convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) reconocen el derecho de los pueblos indígenas a “participar de manera efectiva en las decisiones que les afectan”, como ser consultados para el uso de los recursos naturales de sus territorios.

Además, como parte de la Estrategia de Transición para Promover el Uso de Tecnologías y Combustibles más Limpios, los proyectos de energía deben tramitar una Evaluación de Impacto Social (EVIS), para identificar y valorar las consecuencias de los desarrollos, así como medidas de mitigación y planes de gestión social.

Otro caso es el del parque eólico ubicado en el municipio de Dzilam Bravo, uno de los tres proyectos eólicos que actualmente operan en Yucatán. Éste se consideró viable por parte de las autoridades ambientales al estar en un sitio previamente impactado por actividades ganaderas. 

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Esto, pese a que ambientalistas y organizaciones, como el CEMDA, advirtieron los impactos en los habitantes de Dzilam de Bravo por el ruido de las aspas en movimiento; daños al sistema hidrológico costero ante las cimentaciones de los aerogeneradores; alteración en la salinidad del humedal; así como la muerte de aves y la destrucción del hábitat de especies en riesgo: la matraca yucateca y el colibrí tijereta. 

Ante la proliferación de proyectos de energías renovables en Yucatán, hay estudios que han clasificado como “alta” y “muy alta” la vulnerabilidad del sistema de aguas subterráneas debido al suelo kárstico, aquel que se forma por la erosión del agua en la piedra caliza.

Un estudio publicado en 2021 en la revista Energy Policy advirtió la dificultad para determinar cuántos proyectos eólicos se pueden instalar en el estado, ante la ausencia de una evaluación de impacto a nivel regional y a la fragmentación de los proyectos presentados por las empresas para evitar analizar sus impactos de forma integral.

“Esto dificulta que la EIA (Evaluación de Impacto Ambiental) de cada proyecto considere los impactos acumulativos, sinérgicos y residuales de los parques eólicos, ya que cada proyecto se evalúa de manera individual”, señala la investigación, la cual advierte que debe haber normas y reglas claras en cuanto a la planificación y el uso territorial local.

Actualmente, en Yucatán operan cinco parques de energías renovables no convencionales, dos solares y tres eólicos, de acuerdo con autoridades del estado. 

Sin embargo, una documentación hecha por el colectivo Articulación Yucatán y Geocomunes –integrado por científicos y especialistas de diferentes disciplinas– señala que hay al menos 14 proyectos más que cuentan ya con autorizaciones de la Comisión Reguladora de Energía (CRE) y con Evaluaciones de Impacto Ambiental, así como otros 10 que no cuentan con autorizaciones o que las tienen de manera parcial, pero que no han iniciado operaciones.

A nivel peninsular, suman más de 40 proyectos en puerta. 

Para la publicación de este texto, se consultó a la Comisión Federal de Electricidad (CFE) para saber la actualización del avance de proyectos eólicos y solares en la Península de Yucatán, así como para conocer los esfuerzos por armonizar la transición energética en las comunidades. Sin embargo, al cierre de esta edición no hubo respuesta por parte de  la empresa pública encargada de la distribución de energía en México.

Ante este escenario, Rodrigo Patiño Díaz, investigador del Centro de Investigación y de Estudios Avanzados del Instituto Politécnico Nacional (Cinvestav), sostiene que estos proyectos de energías renovables deben entregar mayor información sobre sus operaciones para determinar los impactos que generan en la región.

“Los megaproyectos que ya están operando en Yucatán son una oportunidad de probar cuáles son los impactos ambientales, cómo poderlos cuantificar en terreno porque son proyectos privados y no hay acceso a estos espacios. Y aunque las compañías están obligadas a dar un reporte anual por estos impactos, es una información que no tenemos, pero que podría ser muy útil”, advierte.

Por otro lado, la ingeniera física, especialista en energía y gestión ambiental, Jazmín Sánchez Arceo, sostiene que un obstáculo para una discusión profunda sobre transición energética en Yucatán es el seguir modelos que se basan en el extractivismo. 

“Se busca y se ha promovido mucho la idea de que hablar de transición energética únicamente tiene que ver con una sustitución meramente tecnológica de las fuentes de generación de energía. Caemos otra vez en el desarrollo de megaproyectos que siguen teniendo una línea extractivista y que tienen un impacto ambiental y social muy fuerte a nivel comunitario. Lo que vemos en la experiencia de la península de Yucatán, cuando se llevan estos proyectos, es que siguen siendo para la industria”, explica en entrevista.

Tren Maya, un alto y costoso aumento de energía

Tanto Yucatán como los estados que conforman la península enfrentan una demanda creciente de energía. Solo en 2023, fue la región que más incrementó su consumo con un 10%, de acuerdo con el Programa de Desarrollo del Sistema Eléctrico Nacional 2024-2038.

La CFE ha reconocido un déficit de energía en la región durante los últimos años, ante la falta de planificación en la materia. De acuerdo con la organización México Evalúa, con la llegada del Tren Maya y la expansión inmobiliaria en el estado, se estima un incremento del 15% en la demanda de electricidad para los próximos 5 años.

El Tren Maya es uno de los megaproyectos del gobierno de Andrés Manuel López Obrador –que está por terminar–, el cual implica 1.554 kilómetros de vías en cinco estados del país, incluida la península de Yucatán. 

El tren ha sido cuestionado, principalmente por poblaciones, científicos y organizaciones, por construirse en tramos sin haber presentado Manifestaciones de Impacto Ambiental, ante la vulnerabilidad del suelo y el anillo de cenotes –cuerpos de agua subterráneos que conectan a la península–, en zonas con alta biodiversidad en humedales y selvas y sin haber realizado un proceso de consulta indígena con parámetros internacionales.

Hasta marzo de 2024, el megaproyecto ha reconocido la tala de 7 millones de árboles en la región y ha mantenido obras pese a órdenes judiciales de frenar su construcción en puntos estratégicos.

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Una investigación realizada por la organización PODER sostiene que el 70% de los ingresos del Tren Maya serán por transporte de carga, especialmente de combustibles, pues estima que un tercio de esta operación se destinará a llevar combustibles fósiles. 

La fuente de energía del Tren Maya será compleja, pues el 44% del recorrido será de forma eléctrica, mientras que en el 56% restante se utilizarán combustibles fósiles como el diésel de bajo azufre. 

Ante la demanda de energía que implica la operación del tren, la CFE destinó proyectos de generación eléctrica (fósil) para la región, pues actualmente construye dos centrales de ciclo combinado de gas, con las cuales sostiene que se evitarán emisiones por 800 mil toneladas de dióxido de carbono a que se hiciera terminales de ciclo completo. Además, amplían la red de gasoductos en la región de la península de Yucatán buscando que la disposición del gas aumente 400%. 

El único proyecto de energía renovable que se vincula directamente al Tren Maya es la Central fotovoltaica Nachi Cocom, la cual aún está en construcción y tendrá una capacidad de generación de 7.5 megawatts con la cual abastecerán al sistema eléctrico de transporte público que traslada a los usuarios a dos estaciones del tren.

“Con el Tren Maya lograron consolidar la integralidad de estos megaproyectos y es cuando nos organizamos para dar la batalla y nos dimos cuenta que sino nos organizamos se va a ir toda la tierra en un abrir y cerrar de ojos”, insiste Uc Be. 

En tanto, Sánchez sostiene que la demanda de energía que generará el Tren Maya es preocupante porque buscará atender solamente la perspectiva industrial. “A nivel peninsular se ve que viene un impacto muy fuerte en consumo, es preocupante porque vemos que van a seguir desarrollándose más megaproyectos. Otra vez se da la atención a nivel industrial y no a nivel local, o sea la energía que se necesita para tener una vida digna, de bienestar real que te dé acceso a otros derechos, no se está poniendo en la discusión que haya esa energía para los derechos de la población”, expone.

Por su parte, el investigador Patiño sostiene que la mayoría de las comunidades en Yucatán están más enfocadas en la defensa del territorio ante el Tren Maya, el cual ya opera parcialmente en la península.

“Están preocupadas por el día a día, por las afectaciones a sus territorios y eso no permite buscar alternativas en este momento. Están viendo cómo evitar estos problemas, de protección del territorio y de los ecosistemas. Las soluciones energéticas tienen que ser más integrales, considerando no nada más un lado del problema que es la energía, sino todo alrededor, que es la parte ambiental y la parte social”, menciona en entrevista el también fundador de Articulación Yucatán. 

El abogado Romero advierte, sin embargo, que las autoridades deben recordar las decenas de proyectos en energías renovables que están en puerta y que deben resolverse atendiendo también los derechos de las comunidades. 

“En este caso hay una serie de permisos y  autorizaciones que fueron otorgados desde el sexenio anterior y muchos de ellos están vigentes. Tomando en cuenta el cambio de gobierno (la llegada de Claudia Sheinbaum a la presidencia) puede que se retomen los proyectos y que puedan revivir algunos de ellos, es una posibilidad latente, si es que los jueces no toman resoluciones de fondo”, afirma.

Escuelas de resistencia, una opción para defender el territorio

Uc Be cuenta que las comunidades que integran Múuch Xíinbal han optado por impulsar escuelas de formación política que buscan informar y empoderar a los ejidatarios para que puedan decidir si aceptan o no a los proyectos de energías renovables en sus territorios. “Estamos formando jóvenes mayas que estén vinculados a los ejidos, que son parientes de los titulares de la tierra, que son de uso común, porque en ese sentido la asamblea es la autoridad máxima del ejido y lo que hemos hecho es salvar tierra sin judicializar”, sostiene el defensor. 

En estos talleres de formación, por ejemplo, las comunidades explican a los jóvenes qué son los bonos de carbono, para que ellos a su vez lo cuenten a los ejidatarios en lengua maya. “Nuestros jóvenes se vinculan y explican o arman un debate con el especulador de tierra y les hacen notar los conflictos (de los proyectos). La idea es que estos jóvenes que están en sus ejidos sean responsables de abrir un espacio dentro del ejido para acompañar e informar”, afirma Uc Be, mostrando que la resistencia en Yucatán está lejos de acabar.

Este artículo fue producido con el apoyo de Climate Tracker América Latina