Trabajadores y comisionados de Mejoredu exigieron a la Secretaría de Educación Pública (SEP) que les informe cuál será el destino de los más de 500 funcionarios del organismo público cuya extinción está fechada para este viernes, sin que a la fecha sepan si serán recontratados o despedidos conforme a la ley.
Tras una protesta en la que se cerraron vialidades de la CDMX por más de tres horas, el personal de la Comisión Nacional para la Mejora Continua de la Educación (Mejoredu) realizó una asamblea en la que la comisionada presidenta, Silvia Valle Tépatl, lamentó que “lo único que a la SEP le ha importado es qué hace con los muebles”, mientras que se ha dejado en la incertidumbre a quienes laboran en el organismo.
En presencia de los trabajadores de Mejoredu, la comisionada presidenta indicó que las autoridades del organismo apoyan las exigencias de información, y pidió a un representante que fue enviado por la SEP que lleve el mensaje al titular de la secretaría, Mario Delgado, “de que estamos en espera y que necesitamos dialogar”.
El representante de la SEP, quien dijo formar parte del área de Información, escuchó el pliego petitorio de los trabajadores y las declaraciones que hicieron los dos comisionados de Mejoredu; sin embargo, reconoció que no cuenta con capacidad de tomar decisiones o fijar plazos para que se dé respuesta a los cuestionamientos planteados, por lo que los inconformes anunciaron que en los siguientes días continuarán manifestándose en distintos puntos de la ciudad.
Este jueves al medio día, decenas de trabajadores tomaron las avenidas Barranca del Muerto y Revolución, al sur de la ciudad, para protestar por la falta de certeza laboral ante la extinción de Mejoredu, uno de los siete organismos autónomos eliminados tras una reforma impulsada por el expresidente Andrés Manuel López Obrador.
Al grito de “diálogo con la SEP”, los trabajadores exigieron información por parte de Mario Delgado y rechazaron la etiqueta de “neoliberales” con la que ha sido tachado el organismo encargado de evaluar la política pública en materia educativa, ya que subrayaron que fueron creados durante el sexenio pasado, cuando ya gobernaba el partido Morena.
Pavel, vocero de Mejoredu, indicó que hay incertidumbre sobre la fusión del organismo con la SEP y si el personal será recontratado, “porque el decreto de la reforma establece que los recursos humanos van a ser absorbidos por las instituciones correspondientes, pero nosotros no sabemos si esto se va a cumplir o nos vamos a quedar sin trabajo”.
“Lo que se nos comunicó internamente desde hace un par de meses es que se intentaron instalar algunas mesas con la secretaría, pero no habían tenido respuesta… ¿Qué nos queda? Manifestarnos como lo estamos haciendo ahorita, y lo haremos las veces necesarias hasta que nos atiendan”, señaló.
Durante la manifestación se dió lectura al pliego petitorio que se presentó a la SEP, en el que exigen transparencia en el proceso de extinción de Mejoredu, el destino de sus funciones y el impacto en la estructura laboral; una mesa de diálogo en la que se garantice que se respetarán los derechos de los trabajadores; que no se tomen represalias contra quienes participan en las protestas, así como el anuncio de que continuarán con las movilizaciones hasta tener respuestas.
“Las más de 500 personas que trabajamos aquí tenemos una historia considerable trabajando en instituciones educativas, enfocándonos en los últimos años en la mejora continua de la educación, desde la formación, la evaluación y la investigación, y no es justo que no se nos vaya a considerar para ser absorbidos por la secretaría”, lamentó el vocero.
En la asamblea celebrada al interior de las instalaciones de Mejoredu, la comisionada presidenta “aplaudió” la protesta del personal, y frente a ellos aseguró que han intentado llamar en diversas ocasiones al secretario Mario Delgado, pero “no nos contesta, y eso da mucha pena, porque aquí está la gente, seres humanos, más de 500 familias que se van a quedar a la espera”.
“Esperemos que esto haga eco y que el secretario de Educación diga qué es lo que toca, porque las funciones de esta institución se van para allá, así dice el decreto de la iniciativa, pero estamos esperando que nos diga de qué manera se van a incorporar las funciones y el personal, no solo los muebles”, agregó Valle Tépatl.
Florentino Castro, el otro comisionado presente, subrayó que los trabajadores “tienen todo el derecho a levantar la voz en beneficio de sus familias, de sus hijos y de todos los que dependen en su hogar de este empleo”.
“Dimos la más larga de las batallas en defensa de la comisión, no sólo porque se trata de una fuente de trabajo de 500 gentes, no, porque estábamos convencidos de que fue el mejor producto de la reforma educativa del sexenio anterior”, refirió Castro, quien lamentó que “de nada sirvió decirles que no éramos neoliberales porque nacimos en el gobierno de la 4T, y que no duplicábamos funciones con la SEP”.
El comisionado explicó que desde diciembre pasado se integró una comisión con la SEP y la entonces Secretaría de la Función Pública, pero únicamente ha tratado el tema de los recursos materiales de Mejoredu, por lo que cuestionó: “¿Dónde va a quedar el conocimiento generado estos años?, ¿En qué dirección de la secretaría va a quedar para que no se pierda el esfuerzo? Nunca hubo tan poco espacio para discutir”.
Luego de escuchar la lectura del pliego petitorio y los comentarios de los comisionados de Mejoredu, el enviado de la SEP les informó que había tomado nota sobre sus demandas y que las haría llegar a las autoridades de la secretaría, ya que –dijo–, él no tenía capacidad para tomar decisiones.
Ante esta respuesta, los trabajadores de Mejoredu anunciaron que continuarán realizando protestas en los próximos días, y que buscarán vincularse con los funcionarios de otros organismos autónomos que serán eliminados, en aras de fortalecer el movimiento de exigencia de sus derechos laborales.
“Estamos en la incertidumbre y queremos claridad, que asista el secretario que hasta el momento ni siquiera se ha presentado a conocer las instalaciones de Mejoredu, ni ha investigado lo que hacemos, pues no le interesa… pero a nosotros sí, porque está en riesgo nuestra situación, nuestros ingresos, y no nos vamos a conformar con pequeñas monedas. Tenemos que luchar todos, tenemos que estar firmes”, apuntó un trabajador.
La protesta y asamblea de Mejoredu ocurrieron luego de que este miércoles el Consejo Ciudadano del organismo solicitó a la presidenta Claudia Sheinbaum que los más de 500 trabajadores puedan conservar su trabajo y sean tratados con justicia.
La Mejoredu también pidió que, aún con la desaparición del organismo, se garanticen evaluaciones para la mejora del aprendizaje de niñas, niños, jóvenes y adolescentes, así como para la formación de docentes y la mejora del Sistema Educativo Nacional en su conjunto, así como la preservación de todo el trabajo realizado por la comisión en sus años de existencia.
Mientras las manifestaciones contra medidas migratorias de Donald Trump crecen, en Paramount, donde el 36% de los vecinos nació en otro país, reivindican el rol de estos en la comunidad.
“¿Van para la guerra, con todas esas armas?”, interpela un hombre a los miembros de la Guardia Nacional que lo observan impasibles, fusiles en mano, desde el otro lado de la verja.
Estamos en Paramount, una localidad del sur de los Ángeles en la que el sábado se registraron enfrentamientos entre agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) y un grupo de manifestantes que habían llegado tras correrse la voz de que se estaban llevando a cabo redadas de deportación en la zona.
Disturbios como aquel llevaron al presidente Donald Trump a intervenir, tras dos días de protestas aisladas por las operaciones migratorias, ordenando el envío de 2.000 uniformados como los que tenemos enfrente para ayudar a “restaurar la ley y el orden” en la metrópolis californiana.
“Es una maniobra que solo escalará la tensión”, advirtió el gobernador de California, el demócrata Gavin Newsom, adelantándose a lo que un día después se registraría en el centro de Los Ángeles, con cientos de manifestantes bloqueando accesos, agentes tratando de dispersarlos con gas lacrimógeno y granadas aturdidoras, y quema de vehículos.
“Ustedes están haciendo su trabajo, pero nosotros no somos el enemigo”, grita el hombre apostado en la valla ante los soldados a horas de que se den esas escenas de caos.
Puede que su voz destaque entre la decena de personas que se ha congregado este domingo para hacerle saber a la Guardia Nacional que su presencia no es bienvenida.
Pero su sentir es ampliamente compartido en este municipio de unos 51.000 habitantes en los que uno de cada ocho es de origen latino y el 36% nació en otro país, según datos del censo.
“Aquí solo hay gente trabajadora, porque este barrio lo levantaron los inmigrantes”, reivindica, mientras otro vecino ondea la bandera mexicana, dos jóvenes alzan unas pancartas en repudio a ICE y varios coches tocan la bocina al pasar.
Como cada fin de semana, tres de esos inmigrantes que contribuyeron a que Paramount sea el municipio que es se reúnen al otro lado de la calle para charlar de las novedades familiares y de la actualidad.
Apostados en sus vehículos de trabajo, la conversación de Juan, Rogelio y Héctor se centra este domingo en cómo en ese mismo lugar, en el parqueo de la tienda Home Depot, fue donde la víspera se encendieron las tensiones entre manifestantes y agentes federales.
“Se ve que se habían surgido informaciones de que estaban haciendo redadas justo aquí”, explica Juan, mexicano de 63 años que llegó desde Jalisco a Estados Unidos cuando tenía 17.
“Y eso trajo a gente que, en la confusión, terminó armando disturbios”, explica.
En un mensaje enviado a la BBC, el Departamento de Seguridad Nacional negó que ICE hubiera realizado operaciones en la zona el sábado.
Aunque informó que en las llevadas a cabo en Los Ángeles en la última semana detuvieron a 118 indocumentados, el golpe migratorio más duro contra esta ciudad considerada “santuario” desde que Trump llegara al poder con la promesa de llevar a cabo “la mayor deportación de la historia del país”.
Sea como fuere, los tres amigos dicen estar tranquilos — “no tenemos ningún problema, tenemos todos los papeles en regla”–, aunque reconocen que son muchos los vecinos indocumentados que viven el contexto con miedo.
“Es por eso que hoy no ves a nadie aquí”, sigue Juan, quien aun así prefirió no dar su apellido. “Generalmente, aunque más entre semana, puedes ver aquí 20 o 30 camionetas de jornaleros a la espera de que los contraten”, explica.
Uno de los pocos que este domingo llegó a ofrecerse para trabajar es Pedro, quien pidió ser identificado con seudónimo.
“Techos, reparación, pintura”, se lee en el cartel que ha pegado en el parabrisas de su vieja pick-up azul, aparcada discretamente en una esquina.
“La vida aquí es muy cara y mi pensión no alcanza”, dice este salvadoreño que lleva cinco décadas en EE.UU. y que con sus 70 años bien cumplidos está en edad de jubilarse.
“Por eso tengo que venir a rebuscarme cada día”, cuenta.
Lo hace con la tranquilidad que le da el haber regularizado su situación migratoria en el año 2000, pero sin poder evitar la angustia que le genera ver a sus vecinos sufrir.
“Esto no va a acabar aquí. Las redadas van a seguir. Se está volviendo invivible con este presidente”, dice, y añade que está valorando volverse a El Salvador.
Algunos de los vecinos buscaron consuelo y acompañamiento ante la adversidad en la iglesia cristiana a la que acuden cada domingo, Chapel of Change, situado a apenas unos metros del Home Depot y del escenario de los enfrentamientos.
Unas 200 personas, la mayoría familias de origen hispano, escuchan con atención el sermón en el que los llaman a abrazarse a la fe.
“Aquí buscamos unidad y rezamos por todos”, le dice a BBC Mundo Irene Ramírez, una de las pastoras de la iglesia, que describe a la comunidad como “vibrante, unida y orientada a la familia”.
El pastor principal de la iglesia, Bryan Worth, lo suscribe.
“Con los años Paramount se ha vuelto un municipio muy vibrante”, le explica a la BBC.
“En los 80 Paramount solía ser una de las peores ciudades pequeñas de la nación, pero los líderes cívicos, del sector educativo y los que estamos al frente de las iglesias se aliaron para transformar la comunidad, para que estuviera más unida, fuera más pacífica en general”, subraya.
“Nunca pensé que las escenas que echaban en la tele íbamos a tenerlas aquí”, se lamenta Dora Sanchez, quien ayuda en las labores de la iglesia.
“Todo es muy impactante”, añade, sin imaginarse lo que aún estaba por llegar.
A medida que las horas avanzan, la tensión este domingo sigue escalando, las escenas volviéndose más caóticas en las calles del centro de Los Ángeles y la fricción entre el gobierno federal y el estatal profundizándose.
Ante el llamado de Newsom para que retire a la Guardia Nacional de las calles y las duras críticas de gobernadores demócratas que subrayan que la medida es “un alarmante abuso de poder”, Trump se mantiene firme en su postura.
“Turbas violentas e insurrectas acosan y atacan a nuestros agentes federales para intentar detener nuestras operaciones de deportación. Pero estos disturbios ilegales solo refuerzan nuestra determinación”, la explicó en su red social TruthSocial.
“Se restablecerá el orden, los inmigrantes indocumentados serán expulsados y Los Ángeles será libre”.
Haz clic aquí para leer más historias de BBC News Mundo.
Suscríbete aquí a nuestro nuevo newsletter para recibir cada viernes una selección de nuestro mejor contenido de la semana.
Y recuerda que puedes recibir notificaciones en nuestra app. Descarga la última versión y actívalas.
Utilizamos cookies propias y de terceros para personalizar y mejorar el uso y la experiencia de nuestros usuarios en nuestro sitio web.