En los primeros 18 meses del actual sexenio, la Fiscalía General de la República (FGR) recibió 522 nuevas denuncias por posibles actos de tortura en contra de agentes federales que, sumadas a las que ya existían antes, elevó la cifra de casos abiertos por este delito grave a más de 1,259. De todos esos casos, solo tres fueron enviados ante un juez y solo se obtuvo una sentencia condenatoria en el mismo periodo.
Sin embargo, cerca de la mitad de esas carpetas de investigación fueron integradas por la Fiscalía a un archivo “temporal”, decretando que no le tocaba investigar, o determinando que no había elementos suficientes para proseguir con la indagatoria en contra de los probables responsables.
Así lo revelan datos oficiales obtenidos por Animal Político a través de una solicitud de transparencia. Inicialmente la FGR pretendió ocultar la estadística de casos resueltos alegando que no contaba con ella, pero luego de la interposición de una queja ante el INAI accedió a revelar parcialmente los datos solicitados, sin identificar a las corporaciones denunciadas.
Aunque el presidente Andrés Manuel López Obrador ha señalado en varias ocasiones desde que comenzó su sexenio que ya no se tolera ni permite la tortura y la impunidad, los datos oficiales muestran lo opuesto: las denuncias por tortura siguen llegando, mientras que solo en el 0.2% de los casos se ha identificado y procedido contra los funcionarios involucrados.
De acuerdo con el informe entregado por la FGR, de diciembre de 2018 a julio de 2020, se iniciaron 522 nuevas carpetas de investigación por delitos de tortura en contra de servidores públicos federales (civiles o militares). Aunque los datos se entregaron el 27 de noviembre, la Fiscalía no proporcionó la información de los últimos cuatro meses.
Lo anterior corresponde a un promedio de 25 nuevos casos de tortura a nivel federal reportados al mes en el actual sexenio. Si bien no se detalla quién presentó las denuncias, en muchas ocasiones el reporte proviene de los jueces federales ante los que se ponen a disposición a las personas detenidas. Por ley, ley FGR esta obligada a investigar de oficio los casos.
¿Qué ha pasado con estas nuevas investigaciones y con las que ya existían anteriormente? De acuerdo con la relación proporcionada por la FGR, de un total de 1 mil 259 carpetas de investigación en curso, se han “resuelto” de alguna manera 620 casos que equivalen al 49.2% de los casos.
Ello significa que hasta el cierre de julio había 639 carpetas de investigación que seguían “en trámite”, es decir, que estaban abiertas y en desarrollo sin ningún tipo de resolución.
Aunque la FGR reporta haber tomado alguna determinación en casi el 50% de las carpetas de investigación iniciadas por tortura, los datos reflejan que —en realidad— solo en tres casos las indagatorias avanzaron lo suficiente para presentar una imputación ante un juez en contra de los probables responsables.
Solo se esclareció con una acusación ante el juez el 0.2% de todas las carpetas trabajadas en el actual sexenio. Son los casos denominados como “judicializados”.
De estos casos esclarecidos, en uno se presentó la acusación sin detenido, mientras que en los otros dos sí se detuvo y vinculó a proceso a los probables responsables. Se trata de tres militares de la Secretaría de la Defensa Nacional, y tres elementos de la extinta Policía Federal imputados por ese delito.
En resto de los casos “resueltos”, la FGR decidió dar carpetazo a los casos sin concluir las investigaciones.
La respuesta fue declararse “incompetentes” por causas internas o externas para seguir con la indagatoria, lo que ocurrió en 427 de las carpetas que se habían iniciado. En otros 145 expedientes la vía fue decretar el “no ejercicio de la acción penal”, es decir, concluir que no había evidencia suficiente para proceder en contra de alguien por la tortura denunciada.
En tanto, en 21 casos iniciados, el Ministerio Público Federal responsable determinó enviar los expedientes al “archivo temporal”, que es una forma de no cerrar el asunto, pero sí detener las indagatorias hasta que surja alguna nueva pista.
A ellos se suman 20 casos más donde la “solución” fue acumular los expedientes por tratarse de hechos similares o relacionados con otras carpetas de investigación que siguen en curso.
Finalmente, en cuatro casos, FGR optó por “abstenerse de investigar”, que es una vía que le permite la ley para cerrar un caso sin esclarecer nada.
Animal Político también requirió a la FGR el dato de las sentencias condenatorias obtenidas por el delito de tortura, pues de acuerdo con la ley y con los especialistas, un caso solo puede considerarse totalmente resuelto cuando hay una condena en firme en contra del probable o probables responsables.
La respuesta recibida arroja que de diciembre de 2018 a julio de 2020 solo se consiguió obtener una sentencia condenatoria, que corresponde al caso de los tres expolicías federales procesados por dicho delito.
Si se compara este único caso cerrado con una sentencia condenatoria respecto al universo completo de investigaciones iniciadas en sexenio, significa que la FGR ha tenido un nivel de eficacia del 0.07% en el esclarecimiento total de las torturas que ha indagado.
La información sobre denuncias por casos de tortura atendidas y resueltas fue requerida desde julio a la FGR, pero fue entregada, de manera incompleta, hasta el 27 de noviembre pasado.
Luego de diversos atrasos por la pandemia, la Fiscalía otorgó una primera respuesta a este medio fechada el 7 de septiembre en la que solo proporcionaba los datos de carpetas de investigación iniciadas, pero sin detallar ninguno de los otros datos solicitados, como casos resueltos, y las corporaciones o dependencias a las que pertenecían los funcionarios implicados.
Tras una queja presentada ante el pleno del Instituto Nacional de Acceso a la Información (INAI), y que continúa bajo análisis, la FGR envió una respuesta complementaria fechada el 27 de noviembre en la que desglosa el balance relacionado con la determinación de las carpetas y el sentido de las mismas, así como los datos de casos judicializados y sentenciados.
No obstante, la Fiscalía aún no proporciona los datos respecto a las instituciones o corporaciones responsables de los casos denunciados.
La baja eficacia en la resolución de casos de tortura es un padecimiento que la Fiscalía arrastra desde hace varios años. En 2017, por ejemplo, este medio publicó que la entonces PGR había resuelto menos del 1% de mas de 10 mil averiguaciones previas iniciadas por dicho delito en el periodo de 2012 y 2016.
Pero este fenómeno no se limita solo al delito de tortura. El 28 de enero pasado la Fiscalía entregó un informe al Congreso en el que reconocía que había conseguido esclarecer, en promedio, solo 1 de cada 100 carpetas de investigación en curso por delitos graves como desapariciones forzadas, trata de personas o ilícitos contra migrantes.
De acuerdo con especialistas y organizaciones agrupadas en el denominado “Colectivo contra la Impunidemia”, lo anterior es resultado de problemas estructurales que acarrea la FGR y que pasan por la falta de estrategias para investigar fenómenos macrocriminales, deficiencias en cantidad y calidad de los recursos humanos, ausencia de protocolos, problemas de comunicación entre áreas, corrupción, entre otros.
Aunque en enero de 2019 la entonces PGR se transformó oficialmente en la nueva Fiscalía general y se promulgó una nueva ley con otro modelo de organización que buscaba incrementar la eficiencia de la institución, en los hechos la institución ha seguido operando casi de la misma manera.
Según un informe del colectivo, esto es consecuencia de que la administración del fiscal General Alejandro Gertz no ha puesto en marcha la mayor parte de las disposiciones que contempla la nueva ley, incluyendo el diseño de un plan de persecución penal que encamine todos los esfuerzos de la fiscalía para atacar los grandes fenómenos delictivos.
De hecho, esta semana las organizaciones criticaron en un comunicado la intención del fiscal General de promover en el Senado la derogación completa de la Ley Orgánica de FGR en vez de haber intentado aplicarla.
Mientras eso sucede la Fiscalía acumula múltiples investigaciones por casos de tortura, entre las que destacan casos de alto impacto como los cometidos en el caso de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, y varios mas atribuidos al Ejército y la Marina. A ellos se suman casos que la FGR está obligada a atraer por orden judicial como el de la tortura y abusos sexuales contra mujeres en Atenco cometidos hace 14 años.
A los 89 años, el exmandatario de izquierda logra encaminar la continuidad de su proyecto político más allá de su figura.
Apoyado en un bastón y frágil de salud a sus 89 años, José “Pepe” Mujica reflexionó un instante sobre su porvenir al votar en el balotaje presidencial del domingo en Uruguay.
“Yo personalmente ya no tengo más nada que esperar”, dijo el expresidente de forma pausada ante cámaras y micrófonos. “Mi futuro, lo más próximo, es el cementerio, por razones de edad”.
La frase prenuncia un fin cercano del extraordinario ciclo político que Mujica ha recorrido por más de medio siglo, en varias etapas: de guerrillero tupamaro a prisionero torturado, de legislador y ministro a presidente admirado en el mundo.
El pasado domingo pareció concluir otro capítulo al lograr que su proyecto de izquierda se encamine más allá de su figura con la elección de su delfín, Yamandú Orsi, como nuevo presidente de Uruguay con 49,8% de los votos.
El propio Orsi reconoció la trascendencia que tuvo Mujica en su triunfo electoral al visitarlo a él y a su esposa, Lucía Topolansky, en su chacra de las afueras de Montevideo este lunes.
“Uno tiene que ser agradecido, porque lo que hicieron estos veteranos ha sido muy importante para mí”, dijo al salir del encuentro Orsi, que con 57 años pertenece a una nueva generación de izquierda que llega al gobierno en Uruguay.
No ha sido un acto fácil para Mujica, que vio fracasar otros posibles herederos políticos antes de salirse con la suya el domingo.
Presidente de Uruguay entre 2010 y 2015, Mujica ha dado claras señales de inquietud por la continuidad de su fuerza política cuando él ya no esté.
De hecho, el recambio generacional es algo en lo que piensa desde hace años.
“Los viejos podemos servir para hacer sombra y no dar paso, o podemos servir para ayudar a que exista la gente nueva; yo estoy en esta última”, le dijo Mujica a BBC Mundo antes de las elecciones de 2019, en las que descartó buscar un nuevo mandato pese a su popularidad.
Al año siguiente, renunció a su banca de senador por el riesgo que le marcaba la pandemia de covid debido a su edad y a que padece una enfermedad inmunológica crónica.
Y la noche de octubre de 2022 en que su amigo Luiz Inácio Lula da Silva volvió a ser electo presidente de Brasil, Mujica advirtió en otra conversación con BBC Mundo desde el búnker del brasileño en São Paulo que su “punto débil” era la sucesión.
“¿Qué hay después de Lula?”, preguntó. “Los hombres pasan y las causas quedan. Ese es un problema que tenemos todos. Y realmente en los últimos años he visto desaparecer los partidos históricos en Francia, Italia y en otros lugares. No es sencillo lo que está pasando”.
Si bien el recambio de líderes suele ser un desafío para cualquier fuerza política sin importar su ideología, en América Latina la izquierda ha mostrado dificultades particulares para hacerlo.
En algunos casos, izquierdistas que llegaron a la presidencia en la región buscaron quedarse allí sin abrir espacio a nuevas candidaturas.
En otros casos, los sucesores escogidos perdieron en las urnas o dirigieron gobiernos que acabaron en crisis, como le pasó al kirchnerismo en Argentina.
Y, a veces, la elección de delfines de líderes fuertes de izquierda abrió ásperas disputas dentro de sus partidos, como ocurre en Bolivia con el pulso entre el presidente Luis Arce y su antecesor Evo Morales.
Por cierto, otros presidentes de izquierda pudieron pasar el mando sin traumas visibles a sus elegidos, como lo hizo este año el mexicano Andrés Manuel López Obrador con Claudia Sheinbaum.
Pero el caso de Mujica parece especial porque está fuera del gobierno, superando un arduo tratamiento contra un cáncer de esófago, y pese a ello jugó un papel clave en el triunfo de Orsi al hacer campaña activa a su favor y contra el candidato de la coalición de centroderecha en el poder, Álvaro Delgado.
Mujica había contemplado otros posibles herederos políticos en Uruguay tras dejar la presidencia en 2015 con una fama global por su prédica anticonsumismo y por medidas aprobadas en su mandato, como la legalización de la marihuana y el aborto.
Para el gobierno que siguió al suyo, respaldó como vicepresidente a Raúl Sendic, hijo de uno de los líderes de la organización guerrillera Tupamaros que Mujica integró en las décadas de 1960 y 1970.
Pero la promisoria carrera política de Sendic se desplomó con su renuncia a la vicepresidencia en 2017 ante denuncias de corrupción y con una condena posterior por abuso de cargo y peculado.
Mujica también impulsó la candidatura de su propia esposa, la exsenadora Lucía Topolansky, como intendenta de Montevideo, pero ésta perdió los comicios municipales en 2015 con otro correligionario del Frente Amplio, la coalición de izquierda que ambos integran.
Esa derrota electoral de su compañera de vida fue una señal para Mujica de las dificultades de delegar votos, por más popular que fuera.
“El gran tema de los grandes líderes políticos son siempre los sucesores”, le dice la historiadora uruguaya Mónica Maronna a BBC Mundo.
“El caudal electoral de los sectores y los liderazgos no es permanente, no se transmite de forma mecánica”.
Sin embargo, Mujica siguió fomentando la renovación generacional y el surgimiento de nuevas figuras en el Movimiento de Participación Popular (MPP), la fuerza que creó en 1989 con otros extupamaros.
Una de esas figuras ascendentes era Orsi, que conoció a Mujica hace tres décadas cuando militaba en el MPP en su departamento natal de Canelones, limítrofe con Montevideo.
Con su firme respaldo, Orsi fue electo intendente de Canelones en 2015 y reelecto en 2020, y renunció al cargo en diciembre pasado con altos índices de aprobación para lanzar su exitosa candidatura presidencial.
El exmandatario atrajo además a su agrupación a personas ajenas a la política profesional, como Blanca Rodríguez, una exconductora de informativos de TV que en octubre fue electa senadora.
Así, sin tener ya a Mujica en sus listas, el MPP recibió en octubre una votación histórica que lo afianza como el principal grupo del Frente Amplio, con nueve senadores en una cámara de 30 para la próxima legislatura y 36 diputados en un total de 99.
Si bien Orsi carece del carisma de Mujica, “es un buen heredero” de éste y de su escuela, con características en común como el pragmatismo y la apuesta a la negociación política, señala Adolfo Garcé, un profesor de Ciencia Política en la Universidad de la República, en Montevideo.
Aún está por verse qué papel jugará Mujica en el gobierno de Orsi que comenzará en marzo.
El presidente electo dijo este lunes, luego de visitarlo, que Mujica “tiene la sabiduría de no plantearte las cosas como consejos, sino de plantearte cuál fue su experiencia”.
También negó que le haya sugerido nombres para el gabinete.
“Él armaría lo que a él le parece”, señaló Orsi, “pero él también me dice que yo voy a ser el presidente y yo tengo que decidir“.
Sea cual sea el futuro, todo indica que el dilema de la herencia política se aleja de las preocupaciones de Mujica.
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