En los primeros 18 meses del actual sexenio, la Fiscalía General de la República (FGR) recibió 522 nuevas denuncias por posibles actos de tortura en contra de agentes federales que, sumadas a las que ya existían antes, elevó la cifra de casos abiertos por este delito grave a más de 1,259. De todos esos casos, solo tres fueron enviados ante un juez y solo se obtuvo una sentencia condenatoria en el mismo periodo.
Sin embargo, cerca de la mitad de esas carpetas de investigación fueron integradas por la Fiscalía a un archivo “temporal”, decretando que no le tocaba investigar, o determinando que no había elementos suficientes para proseguir con la indagatoria en contra de los probables responsables.
Así lo revelan datos oficiales obtenidos por Animal Político a través de una solicitud de transparencia. Inicialmente la FGR pretendió ocultar la estadística de casos resueltos alegando que no contaba con ella, pero luego de la interposición de una queja ante el INAI accedió a revelar parcialmente los datos solicitados, sin identificar a las corporaciones denunciadas.
Aunque el presidente Andrés Manuel López Obrador ha señalado en varias ocasiones desde que comenzó su sexenio que ya no se tolera ni permite la tortura y la impunidad, los datos oficiales muestran lo opuesto: las denuncias por tortura siguen llegando, mientras que solo en el 0.2% de los casos se ha identificado y procedido contra los funcionarios involucrados.
De acuerdo con el informe entregado por la FGR, de diciembre de 2018 a julio de 2020, se iniciaron 522 nuevas carpetas de investigación por delitos de tortura en contra de servidores públicos federales (civiles o militares). Aunque los datos se entregaron el 27 de noviembre, la Fiscalía no proporcionó la información de los últimos cuatro meses.
Lo anterior corresponde a un promedio de 25 nuevos casos de tortura a nivel federal reportados al mes en el actual sexenio. Si bien no se detalla quién presentó las denuncias, en muchas ocasiones el reporte proviene de los jueces federales ante los que se ponen a disposición a las personas detenidas. Por ley, ley FGR esta obligada a investigar de oficio los casos.
¿Qué ha pasado con estas nuevas investigaciones y con las que ya existían anteriormente? De acuerdo con la relación proporcionada por la FGR, de un total de 1 mil 259 carpetas de investigación en curso, se han “resuelto” de alguna manera 620 casos que equivalen al 49.2% de los casos.
Ello significa que hasta el cierre de julio había 639 carpetas de investigación que seguían “en trámite”, es decir, que estaban abiertas y en desarrollo sin ningún tipo de resolución.
Aunque la FGR reporta haber tomado alguna determinación en casi el 50% de las carpetas de investigación iniciadas por tortura, los datos reflejan que —en realidad— solo en tres casos las indagatorias avanzaron lo suficiente para presentar una imputación ante un juez en contra de los probables responsables.
Solo se esclareció con una acusación ante el juez el 0.2% de todas las carpetas trabajadas en el actual sexenio. Son los casos denominados como “judicializados”.
De estos casos esclarecidos, en uno se presentó la acusación sin detenido, mientras que en los otros dos sí se detuvo y vinculó a proceso a los probables responsables. Se trata de tres militares de la Secretaría de la Defensa Nacional, y tres elementos de la extinta Policía Federal imputados por ese delito.
En resto de los casos “resueltos”, la FGR decidió dar carpetazo a los casos sin concluir las investigaciones.
La respuesta fue declararse “incompetentes” por causas internas o externas para seguir con la indagatoria, lo que ocurrió en 427 de las carpetas que se habían iniciado. En otros 145 expedientes la vía fue decretar el “no ejercicio de la acción penal”, es decir, concluir que no había evidencia suficiente para proceder en contra de alguien por la tortura denunciada.
En tanto, en 21 casos iniciados, el Ministerio Público Federal responsable determinó enviar los expedientes al “archivo temporal”, que es una forma de no cerrar el asunto, pero sí detener las indagatorias hasta que surja alguna nueva pista.
A ellos se suman 20 casos más donde la “solución” fue acumular los expedientes por tratarse de hechos similares o relacionados con otras carpetas de investigación que siguen en curso.
Finalmente, en cuatro casos, FGR optó por “abstenerse de investigar”, que es una vía que le permite la ley para cerrar un caso sin esclarecer nada.
Animal Político también requirió a la FGR el dato de las sentencias condenatorias obtenidas por el delito de tortura, pues de acuerdo con la ley y con los especialistas, un caso solo puede considerarse totalmente resuelto cuando hay una condena en firme en contra del probable o probables responsables.
La respuesta recibida arroja que de diciembre de 2018 a julio de 2020 solo se consiguió obtener una sentencia condenatoria, que corresponde al caso de los tres expolicías federales procesados por dicho delito.
Si se compara este único caso cerrado con una sentencia condenatoria respecto al universo completo de investigaciones iniciadas en sexenio, significa que la FGR ha tenido un nivel de eficacia del 0.07% en el esclarecimiento total de las torturas que ha indagado.
La información sobre denuncias por casos de tortura atendidas y resueltas fue requerida desde julio a la FGR, pero fue entregada, de manera incompleta, hasta el 27 de noviembre pasado.
Luego de diversos atrasos por la pandemia, la Fiscalía otorgó una primera respuesta a este medio fechada el 7 de septiembre en la que solo proporcionaba los datos de carpetas de investigación iniciadas, pero sin detallar ninguno de los otros datos solicitados, como casos resueltos, y las corporaciones o dependencias a las que pertenecían los funcionarios implicados.
Tras una queja presentada ante el pleno del Instituto Nacional de Acceso a la Información (INAI), y que continúa bajo análisis, la FGR envió una respuesta complementaria fechada el 27 de noviembre en la que desglosa el balance relacionado con la determinación de las carpetas y el sentido de las mismas, así como los datos de casos judicializados y sentenciados.
No obstante, la Fiscalía aún no proporciona los datos respecto a las instituciones o corporaciones responsables de los casos denunciados.
La baja eficacia en la resolución de casos de tortura es un padecimiento que la Fiscalía arrastra desde hace varios años. En 2017, por ejemplo, este medio publicó que la entonces PGR había resuelto menos del 1% de mas de 10 mil averiguaciones previas iniciadas por dicho delito en el periodo de 2012 y 2016.
Pero este fenómeno no se limita solo al delito de tortura. El 28 de enero pasado la Fiscalía entregó un informe al Congreso en el que reconocía que había conseguido esclarecer, en promedio, solo 1 de cada 100 carpetas de investigación en curso por delitos graves como desapariciones forzadas, trata de personas o ilícitos contra migrantes.
De acuerdo con especialistas y organizaciones agrupadas en el denominado “Colectivo contra la Impunidemia”, lo anterior es resultado de problemas estructurales que acarrea la FGR y que pasan por la falta de estrategias para investigar fenómenos macrocriminales, deficiencias en cantidad y calidad de los recursos humanos, ausencia de protocolos, problemas de comunicación entre áreas, corrupción, entre otros.
Aunque en enero de 2019 la entonces PGR se transformó oficialmente en la nueva Fiscalía general y se promulgó una nueva ley con otro modelo de organización que buscaba incrementar la eficiencia de la institución, en los hechos la institución ha seguido operando casi de la misma manera.
Según un informe del colectivo, esto es consecuencia de que la administración del fiscal General Alejandro Gertz no ha puesto en marcha la mayor parte de las disposiciones que contempla la nueva ley, incluyendo el diseño de un plan de persecución penal que encamine todos los esfuerzos de la fiscalía para atacar los grandes fenómenos delictivos.
De hecho, esta semana las organizaciones criticaron en un comunicado la intención del fiscal General de promover en el Senado la derogación completa de la Ley Orgánica de FGR en vez de haber intentado aplicarla.
Mientras eso sucede la Fiscalía acumula múltiples investigaciones por casos de tortura, entre las que destacan casos de alto impacto como los cometidos en el caso de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, y varios mas atribuidos al Ejército y la Marina. A ellos se suman casos que la FGR está obligada a atraer por orden judicial como el de la tortura y abusos sexuales contra mujeres en Atenco cometidos hace 14 años.
El satélite más antiguo de Reino Unido está en el lugar equivocado en el cielo, pero nadie está seguro de quién lo movió.
Alguien movió el satélite más antiguo de Reino Unido y al parecer no hay registro de quién, cuándo ni por qué lo hizo.
Lanzado en 1969, apenas unos meses después de que los humanos pisaran por primera vez la Luna, el Skynet 1A fue colocado sobre la costa este de África para transmitir comunicaciones a las fuerzas británicas.
Cuando la nave dejó de funcionar unos años más tarde, se podría haber esperado que la gravedad lo empujara aún más hacia el este, sobre el océano Índico.
Pero hoy, curiosamente, el Skynet 1A está en realidad a medio planeta de distancia, en una posición de 36.000 km sobre el continente americano.
De acuerdo con la mecánica orbital es poco probable que la nave militar de media tonelada simplemente se haya desplazado hacia su ubicación actual.
Casi con toda seguridad, se le ordenó encender sus propulsores a mediados de la década de 1970 para dirigirlo hacia el oeste. La pregunta es quién fue y con qué autoridad y propósito.
Lo que intriga es que la información clave sobre un activo de seguridad nacional que alguna vez fue vital pueda evaporarse.
Pero, fascinación aparte, también podríamos preguntarnos, con razón, por qué sigue siendo importante.
Después de todo, estamos hablando de basura espacial desechada hace 50 años.
“Sigue siendo relevante porque quienquiera que haya movido Skynet 1A nos hizo pocos favores”, afirma el doctor Stuart Eve, consultor espacial.
“Ahora está en lo que llamamos ‘un pozo de gravedad’ a 105 grados de longitud oeste, vagando hacia adelante y hacia atrás como una canica en el fondo de un cuenco. Y desafortunadamente esto lo acerca regularmente al tráfico de otros satélites.
“Como está muerto, el riesgo es que pueda chocar con algo, y como es ‘nuestro’ satélite, todavía somos responsables de él”, explica.
El doctor Eves ha consultado catálogos de satélites antiguos y archivos nacionales y ha hablado con expertos en satélites de todo el mundo, pero no ha podido encontrar pistas sobre el comportamiento al final de la vida útil de la nave espacial más antigua de Reino Unido.
Puede resultar tentador recurrir a una o dos teorías de la conspiración, sobre todo porque es difícil oír el nombre “Skynet” y no pensar en el sistema de inteligencia artificial (IA) malévolo y consciente de sí mismo de la franquicia cinematográfica Terminator.
Pero no hay ninguna conexión más allá del nombre y, en cualquier caso, la vida real siempre es más prosaica.
Lo que sí sabemos es que el Skynet 1A fue fabricado en Estados Unidos por la ahora extinta compañía aeroespacial Philco Ford y lanzado al espacio por un cohete Delta de la Fuerza Aérea estadounidense (USAF).
“El primer satélite Skynet revolucionó la capacidad de telecomunicaciones de Reino Unido, lo que permitió a Londres comunicarse de forma segura con fuerzas británicas tan distantes como Singapur”, comentó el doctor Aaron Bateman en un artículo reciente sobre la historia del programa Skynet, que ahora está en su quinta generación.
“Sin embargo, desde un punto de vista tecnológico, el Skynet 1A era más estadounidense que británico, ya que Estados Unidos lo construyó y lo lanzó“.
Esta opinión la confirma Graham Davison, que voló el Skynet 1A a principios de los años 70 desde su centro de operaciones en Reino Unido en la base de la RAF (Real Fuerza Aérea) Oakhanger en Hampshire, Inglaterra.
“Los estadounidenses controlaron originalmente el satélite en órbita. Probaron todo nuestro software comparándolo con el suyo, antes de finalmente entregar el control a la RAF”, me dijo el ingeniero retirado hace tiempo.
“En esencia, había un control dual, pero temo que no recuerdo cuándo ni por qué Skynet 1A pudo haber sido devuelto a los estadounidenses, lo que parece probable”, afirmó Davison, que ahora tiene más de 80 años.
Rachel Hill, estudiante de doctorado del University College de Londres, también ha estado investigando los Archivos Nacionales.
Sus lecturas la han llevado a una posibilidad muy razonable.
“Un equipo de Skynet de Oakhanger podría haber ido a la instalación satelital de la USAF en Sunnyvale (coloquialmente conocida como el Cubo Azul) y pudo haber operado el Skynet durante ‘Oakout’, cuando la base Oakhanger estaba fuera de servicio por mantenimiento esencial y el control se transfirió temporalmente a EE.UU. ¿Quizás el traslado pudo haber ocurrido entonces?”, especuló Hill.
Los registros oficiales, aunque incompletos, del estado de Skynet 1A sugieren que el mando final quedó en manos de los estadounidenses cuando Oakhanger perdió de vista el satélite en junio de 1977.
Pero, independientemente de cómo Skynet 1A fue trasladado a su posición actual, al final se le permitió morir en un lugar incómodo cuando en realidad debería haber sido colocado en un “cementerio orbital”.
Esto se refiere a una región aún más alta en el cielo donde la basura espacial vieja no corre ningún riesgo de chocar con satélites de telecomunicaciones activos.
El cementerio es ahora una práctica habitual, pero en la década de 1970 nadie pensaba mucho en la sostenibilidad espacial.
Desde entonces, las actitudes han cambiado porque el espacio se está congestionando.
A 105 grados de longitud oeste, un satélite activo puede ver hasta cuatro veces al día un trozo de basura acercándose a 50 km de su posición.
Puede parecer que no están cerca el uno del otro, pero a las velocidades a las que se mueven estos objetos inactivos, están empezando a acercarse demasiado.
El Ministerio de Defensa afirmó que Skynet 1A estaba siendo monitoreado constantemente por el Centro Nacional de Operaciones Espaciales de Reino Unido.
Otros operadores de satélites reciben información si es probable que haya una conjunción particularmente cercana, en caso de que necesiten hacer maniobras evasivas.
En última instancia, sin embargo, el gobierno británico podría tener que pensar en trasladar el viejo satélite a un lugar más seguro.
Se están desarrollando tecnologías para atrapar la basura que queda en el espacio.
La Agencia Espacial de Reino Unido ya está financiando esfuerzos para hacerlo a altitudes más bajas, y los estadounidenses y los chinos han demostrado que es posible atrapar hardware antiguo incluso en el tipo de órbita alta ocupada por Skynet 1A.
“Los trozos de basura espacial son como bombas de relojería”, observó Moriba Jah, profesor de ingeniería aeroespacial en la Universidad de Texas en Austin.
“Tenemos que evitar lo que yo llamo eventos de superpropagación. Cuando estas cosas explotan o algo choca con ellas, se generan miles de piezas de escombros que luego se convierten en un peligro para algo que es más importante para nosotros”.
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