En los primeros 18 meses del actual sexenio, la Fiscalía General de la República (FGR) recibió 522 nuevas denuncias por posibles actos de tortura en contra de agentes federales que, sumadas a las que ya existían antes, elevó la cifra de casos abiertos por este delito grave a más de 1,259. De todos esos casos, solo tres fueron enviados ante un juez y solo se obtuvo una sentencia condenatoria en el mismo periodo.
Sin embargo, cerca de la mitad de esas carpetas de investigación fueron integradas por la Fiscalía a un archivo “temporal”, decretando que no le tocaba investigar, o determinando que no había elementos suficientes para proseguir con la indagatoria en contra de los probables responsables.
Así lo revelan datos oficiales obtenidos por Animal Político a través de una solicitud de transparencia. Inicialmente la FGR pretendió ocultar la estadística de casos resueltos alegando que no contaba con ella, pero luego de la interposición de una queja ante el INAI accedió a revelar parcialmente los datos solicitados, sin identificar a las corporaciones denunciadas.
Aunque el presidente Andrés Manuel López Obrador ha señalado en varias ocasiones desde que comenzó su sexenio que ya no se tolera ni permite la tortura y la impunidad, los datos oficiales muestran lo opuesto: las denuncias por tortura siguen llegando, mientras que solo en el 0.2% de los casos se ha identificado y procedido contra los funcionarios involucrados.
De acuerdo con el informe entregado por la FGR, de diciembre de 2018 a julio de 2020, se iniciaron 522 nuevas carpetas de investigación por delitos de tortura en contra de servidores públicos federales (civiles o militares). Aunque los datos se entregaron el 27 de noviembre, la Fiscalía no proporcionó la información de los últimos cuatro meses.
Lo anterior corresponde a un promedio de 25 nuevos casos de tortura a nivel federal reportados al mes en el actual sexenio. Si bien no se detalla quién presentó las denuncias, en muchas ocasiones el reporte proviene de los jueces federales ante los que se ponen a disposición a las personas detenidas. Por ley, ley FGR esta obligada a investigar de oficio los casos.
¿Qué ha pasado con estas nuevas investigaciones y con las que ya existían anteriormente? De acuerdo con la relación proporcionada por la FGR, de un total de 1 mil 259 carpetas de investigación en curso, se han “resuelto” de alguna manera 620 casos que equivalen al 49.2% de los casos.
Ello significa que hasta el cierre de julio había 639 carpetas de investigación que seguían “en trámite”, es decir, que estaban abiertas y en desarrollo sin ningún tipo de resolución.
Aunque la FGR reporta haber tomado alguna determinación en casi el 50% de las carpetas de investigación iniciadas por tortura, los datos reflejan que —en realidad— solo en tres casos las indagatorias avanzaron lo suficiente para presentar una imputación ante un juez en contra de los probables responsables.
Solo se esclareció con una acusación ante el juez el 0.2% de todas las carpetas trabajadas en el actual sexenio. Son los casos denominados como “judicializados”.
De estos casos esclarecidos, en uno se presentó la acusación sin detenido, mientras que en los otros dos sí se detuvo y vinculó a proceso a los probables responsables. Se trata de tres militares de la Secretaría de la Defensa Nacional, y tres elementos de la extinta Policía Federal imputados por ese delito.
En resto de los casos “resueltos”, la FGR decidió dar carpetazo a los casos sin concluir las investigaciones.
La respuesta fue declararse “incompetentes” por causas internas o externas para seguir con la indagatoria, lo que ocurrió en 427 de las carpetas que se habían iniciado. En otros 145 expedientes la vía fue decretar el “no ejercicio de la acción penal”, es decir, concluir que no había evidencia suficiente para proceder en contra de alguien por la tortura denunciada.
En tanto, en 21 casos iniciados, el Ministerio Público Federal responsable determinó enviar los expedientes al “archivo temporal”, que es una forma de no cerrar el asunto, pero sí detener las indagatorias hasta que surja alguna nueva pista.
A ellos se suman 20 casos más donde la “solución” fue acumular los expedientes por tratarse de hechos similares o relacionados con otras carpetas de investigación que siguen en curso.
Finalmente, en cuatro casos, FGR optó por “abstenerse de investigar”, que es una vía que le permite la ley para cerrar un caso sin esclarecer nada.
Animal Político también requirió a la FGR el dato de las sentencias condenatorias obtenidas por el delito de tortura, pues de acuerdo con la ley y con los especialistas, un caso solo puede considerarse totalmente resuelto cuando hay una condena en firme en contra del probable o probables responsables.
La respuesta recibida arroja que de diciembre de 2018 a julio de 2020 solo se consiguió obtener una sentencia condenatoria, que corresponde al caso de los tres expolicías federales procesados por dicho delito.
Si se compara este único caso cerrado con una sentencia condenatoria respecto al universo completo de investigaciones iniciadas en sexenio, significa que la FGR ha tenido un nivel de eficacia del 0.07% en el esclarecimiento total de las torturas que ha indagado.
La información sobre denuncias por casos de tortura atendidas y resueltas fue requerida desde julio a la FGR, pero fue entregada, de manera incompleta, hasta el 27 de noviembre pasado.
Luego de diversos atrasos por la pandemia, la Fiscalía otorgó una primera respuesta a este medio fechada el 7 de septiembre en la que solo proporcionaba los datos de carpetas de investigación iniciadas, pero sin detallar ninguno de los otros datos solicitados, como casos resueltos, y las corporaciones o dependencias a las que pertenecían los funcionarios implicados.
Tras una queja presentada ante el pleno del Instituto Nacional de Acceso a la Información (INAI), y que continúa bajo análisis, la FGR envió una respuesta complementaria fechada el 27 de noviembre en la que desglosa el balance relacionado con la determinación de las carpetas y el sentido de las mismas, así como los datos de casos judicializados y sentenciados.
No obstante, la Fiscalía aún no proporciona los datos respecto a las instituciones o corporaciones responsables de los casos denunciados.
La baja eficacia en la resolución de casos de tortura es un padecimiento que la Fiscalía arrastra desde hace varios años. En 2017, por ejemplo, este medio publicó que la entonces PGR había resuelto menos del 1% de mas de 10 mil averiguaciones previas iniciadas por dicho delito en el periodo de 2012 y 2016.
Pero este fenómeno no se limita solo al delito de tortura. El 28 de enero pasado la Fiscalía entregó un informe al Congreso en el que reconocía que había conseguido esclarecer, en promedio, solo 1 de cada 100 carpetas de investigación en curso por delitos graves como desapariciones forzadas, trata de personas o ilícitos contra migrantes.
De acuerdo con especialistas y organizaciones agrupadas en el denominado “Colectivo contra la Impunidemia”, lo anterior es resultado de problemas estructurales que acarrea la FGR y que pasan por la falta de estrategias para investigar fenómenos macrocriminales, deficiencias en cantidad y calidad de los recursos humanos, ausencia de protocolos, problemas de comunicación entre áreas, corrupción, entre otros.
Aunque en enero de 2019 la entonces PGR se transformó oficialmente en la nueva Fiscalía general y se promulgó una nueva ley con otro modelo de organización que buscaba incrementar la eficiencia de la institución, en los hechos la institución ha seguido operando casi de la misma manera.
Según un informe del colectivo, esto es consecuencia de que la administración del fiscal General Alejandro Gertz no ha puesto en marcha la mayor parte de las disposiciones que contempla la nueva ley, incluyendo el diseño de un plan de persecución penal que encamine todos los esfuerzos de la fiscalía para atacar los grandes fenómenos delictivos.
De hecho, esta semana las organizaciones criticaron en un comunicado la intención del fiscal General de promover en el Senado la derogación completa de la Ley Orgánica de FGR en vez de haber intentado aplicarla.
Mientras eso sucede la Fiscalía acumula múltiples investigaciones por casos de tortura, entre las que destacan casos de alto impacto como los cometidos en el caso de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, y varios mas atribuidos al Ejército y la Marina. A ellos se suman casos que la FGR está obligada a atraer por orden judicial como el de la tortura y abusos sexuales contra mujeres en Atenco cometidos hace 14 años.
Más de 170.000 migrantes indocumentados de India han sido detenidos en EE.UU. desde 2022. Analistas plantean 4 factores que explican su migración masiva.
Un vuelo chárter, que partió de Estados Unidos con destino a India, estaba lleno de ciudadanos del país asiático cuando despegó en octubre pasado.
No se trataba de un vuelo cualquiera, sino de uno de los múltiples “vuelos de expulsión” a gran escala realizados este año por el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE, por sus siglas en ingles).
Cada avión suele transportar a más de 100 pasajeros. Llevan a grupos de migrantes indios que “no habían establecido una base legal para permanecer en Estados Unidos”, detalla ICE.
Según funcionarios estadounidenses, el último vuelo se dirigió a Punjab, cerca de los lugares de origen de muchos deportados. No se facilitó un desglose preciso de las ciudades de origen, pero marca una notable tendencia de deportaciones a India que ha venido realizando el gobierno de EE.UU. en los últimos mees.
En el año fiscal estadounidense 2024, que terminó en septiembre, más de 1.000 ciudadanos indios fueron repatriados tanto en vuelos chárter como comerciales, según Royce Bernstein Murray, secretario adjunto del Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos.
“Esto forma parte de un aumento constante de las expulsiones de ciudadanos indios de Estados Unidos en los últimos años, que se corresponde con un aumento general de los encuentros con ciudadanos indios en los últimos años”, declaró Murray en una rueda de prensa.
En la terminología de ICE, los “encuentros” se refieren a los casos en que las autoridades estadounidenses detienen a extranjeros que intentan cruzar las fronteras del país con México o Canadá.
A medida que Estados Unidos intensifica las repatriaciones de ciudadanos indios, crece la preocupación sobre cómo les afectarán las políticas de inmigración del presidente electo Donald Trump, quien ya ha prometido la mayor deportación de inmigrantes de la historia.
Desde octubre de 2020, los funcionarios de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos (CPB, por sus siglas en inglés) han detenido a casi 170.000 migrantes indios que intentaban cruzar sin autorización las fronteras terrestres tanto del norte como del sur.
“Aunque menores que las cifras procedentes de América Latina y el Caribe, los ciudadanos indios representan el mayor grupo de migrantes de fuera del hemisferio occidental encontrado por CPB en los últimos cuatro años”, afirman Gil Guerra y Sneha Puri, analistas de inmigración del Niskanen Center, un think tank con sede en Washington.
Se calcula que en 2022 había 725.000 inmigrantes indios indocumentados en EE.UU., lo que los convierte en el tercer grupo más numeroso después de los procedentes de México y El Salvador, según nuevos datos del Pew Research Center.
En total, los inmigrantes indocumentados representan el 3% de la población total de EE.UU. y el 22% de la población nacida en el extranjero.
Al analizar los datos, Guerra y Puri han detectado tendencias notables en el aumento de indios que intentan cruzar ilegalmente la frontera.
Por un lado, los inmigrantes no pertenecen a los estratos económicos más bajos. Pero no pueden conseguir visados de turista o estudiante para entrar en Estados Unidos, a menudo debido a su bajo nivel educativo o de inglés.
En su lugar, recurren a agencias que les cobran hasta US$100.000, a veces utilizando rutas largas y difíciles, diseñadas para esquivar los controles fronterizos. Para permitírselo, muchos venden granjas o piden préstamos.
No es de extrañar que los datos de los tribunales de inmigración estadounidenses de 2024 revelen que la mayoría de los emigrantes indios eran varones de entre 18 y 34 años.
En segundo lugar, Canadá se ha convertido en la vía más accesible para los indios, con un tiempo de tramitación del visado de visitante de 76 días (frente a casi un año para un visado estadounidense en India).
El sector de Swanton -que abarca los estados de Vermont y condados de Nueva York y Nuevo Hampshire– ha experimentado un repentino aumento de los encuentros con ciudadanos indios desde principios de este año, alcanzando un máximo de 2.715 en junio, según los investigadores.
Anteriormente, la mayoría de los migrantes irregulares indios entraban en América por la frontera sur con México, que es la más transitada, a través de El Salvador o Nicaragua, que facilitaban la migración. Hasta noviembre del año pasado, los ciudadanos indios podían viajar sin visado a El Salvador.
“La frontera entre Estados Unidos y Canadá es también más larga y está menos vigilada que la frontera entre Estados Unidos y México. Y aunque no es necesariamente más segura, los grupos delictivos no tienen allí la misma presencia que a lo largo de la ruta desde Sudamérica y Centroamérica”, afirman Guerra y Puri.
En tercer lugar, gran parte de la migración parece proceder del estado indio de Punjab, dominado por los sijs, y del vecino Haryana, que tradicionalmente ha sido una región de migrantes al extranjero. La otra fuente de origen es Gujarat, el estado natal del primer ministro indio Narendra Modi.
El Punjab, donde se concentra gran parte de los migrantes indocumentados indios, se enfrenta a dificultades económicas, como una elevada tasa de desempleo, problemas en la agricultura y una inminente crisis de drogas.
La migración también es habitual desde hace tiempo entre los punjabíes, y los jóvenes de las zonas rurales siguen deseosos de marcharse al extranjero.
Según un estudio reciente de Navjot Kaur, Gaganpreet Kaur y Lavjit Kaur sobre 120 encuestados en Punjab, el 56% emigró entre los 18 y los 28 años, a menudo después de la secundaria. Muchos financiaron su traslado mediante préstamos no institucionales, enviando después remesas a sus familias.
Por otra parte, han aumentado las tensiones en torno al movimiento separatista Khalistan, que pretende establecer una patria independiente para los sijs. “Esto ha provocado el temor de algunos sijs de India a ser objeto de ataques injustos por parte de las autoridades o los políticos. Estos temores también pueden proporcionar una base creíble para las peticiones de asilo por persecución, sea cierto o no”, afirma Puri.
Pero determinar con exactitud las causas de la migración es todo un reto.
“Aunque las motivaciones varían, las oportunidades económicas siguen siendo el motor principal, reforzado por las redes sociales y el orgullo de tener familiares establecidos en Estados Unidos», afirma Puri.
En cuarto lugar, los investigadores descubrieron un cambio en la demografía familiar de los ciudadanos indios en las fronteras.
Cada vez más familias completas intentan cruzarlas. En 2021, la inmensa mayoría de los detenidos en ambas fronteras eran adultos solos. Ahora, las unidades familiares representan entre el 16% y el 18% de las detenciones en ambas fronteras.
Esto ha tenido a veces consecuencias trágicas. En enero de 2022, una familia india de cuatro miembros -que formaba parte de un grupo de 11 personas procedentes de Gujarat- murió congelada a solo 12 metros de la frontera en Canadá cuando intentaba entrar en Estados Unidos.
Pablo Bose, especialista en migración y estudios urbanos de la Universidad de Vermont, afirma que los indios intentan cruzar a Estados Unidos en mayor número porque tienen más oportunidades económicas y “más posibilidades de entrar en las economías informales de las ciudades estadounidenses”, especialmente las grandes como Nueva York o Boston.
“Por lo que sé y las entrevistas que he realizado, la mayoría de los indios no se quedan en las zonas más rurales, como Vermont o el norte del estado de Nueva York, sino que se dirigen a las ciudades en cuanto pueden”, dice Bose a la BBC.
Allí se dedican sobre todo a trabajos informales, como el servicio doméstico y los restaurantes.
Es probable que las cosas se compliquen pronto.
El veterano funcionario de inmigración Tom Homan, que estará a cargo de las fronteras del país tras la asunción de Trump en enero, ha dicho que la frontera norte con Canadá es una prioridad porque la migración ilegal en la zona es un “enorme problema de seguridad nacional”
Lo que sucederá después no está claro.
“Queda por ver si Canadá impondría políticas similares para evitar que la gente emigre a EE.UU. desde sus fronteras. Si eso ocurre, cabe esperar un descenso de las detenciones de ciudadanos indios en la frontera”, afirma Puri.
Sea como sea, es poco probable que los sueños que impulsan a miles de indios desesperados a buscar una vida mejor en Estados Unidos se desvanezcan.
Aunque el camino por recorrer sea cada vez más peligroso.
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