En los primeros 18 meses del actual sexenio, la Fiscalía General de la República (FGR) recibió 522 nuevas denuncias por posibles actos de tortura en contra de agentes federales que, sumadas a las que ya existían antes, elevó la cifra de casos abiertos por este delito grave a más de 1,259. De todos esos casos, solo tres fueron enviados ante un juez y solo se obtuvo una sentencia condenatoria en el mismo periodo.
Sin embargo, cerca de la mitad de esas carpetas de investigación fueron integradas por la Fiscalía a un archivo “temporal”, decretando que no le tocaba investigar, o determinando que no había elementos suficientes para proseguir con la indagatoria en contra de los probables responsables.
Así lo revelan datos oficiales obtenidos por Animal Político a través de una solicitud de transparencia. Inicialmente la FGR pretendió ocultar la estadística de casos resueltos alegando que no contaba con ella, pero luego de la interposición de una queja ante el INAI accedió a revelar parcialmente los datos solicitados, sin identificar a las corporaciones denunciadas.
Aunque el presidente Andrés Manuel López Obrador ha señalado en varias ocasiones desde que comenzó su sexenio que ya no se tolera ni permite la tortura y la impunidad, los datos oficiales muestran lo opuesto: las denuncias por tortura siguen llegando, mientras que solo en el 0.2% de los casos se ha identificado y procedido contra los funcionarios involucrados.
De acuerdo con el informe entregado por la FGR, de diciembre de 2018 a julio de 2020, se iniciaron 522 nuevas carpetas de investigación por delitos de tortura en contra de servidores públicos federales (civiles o militares). Aunque los datos se entregaron el 27 de noviembre, la Fiscalía no proporcionó la información de los últimos cuatro meses.
Lo anterior corresponde a un promedio de 25 nuevos casos de tortura a nivel federal reportados al mes en el actual sexenio. Si bien no se detalla quién presentó las denuncias, en muchas ocasiones el reporte proviene de los jueces federales ante los que se ponen a disposición a las personas detenidas. Por ley, ley FGR esta obligada a investigar de oficio los casos.
¿Qué ha pasado con estas nuevas investigaciones y con las que ya existían anteriormente? De acuerdo con la relación proporcionada por la FGR, de un total de 1 mil 259 carpetas de investigación en curso, se han “resuelto” de alguna manera 620 casos que equivalen al 49.2% de los casos.
Ello significa que hasta el cierre de julio había 639 carpetas de investigación que seguían “en trámite”, es decir, que estaban abiertas y en desarrollo sin ningún tipo de resolución.
Aunque la FGR reporta haber tomado alguna determinación en casi el 50% de las carpetas de investigación iniciadas por tortura, los datos reflejan que —en realidad— solo en tres casos las indagatorias avanzaron lo suficiente para presentar una imputación ante un juez en contra de los probables responsables.
Solo se esclareció con una acusación ante el juez el 0.2% de todas las carpetas trabajadas en el actual sexenio. Son los casos denominados como “judicializados”.
De estos casos esclarecidos, en uno se presentó la acusación sin detenido, mientras que en los otros dos sí se detuvo y vinculó a proceso a los probables responsables. Se trata de tres militares de la Secretaría de la Defensa Nacional, y tres elementos de la extinta Policía Federal imputados por ese delito.
En resto de los casos “resueltos”, la FGR decidió dar carpetazo a los casos sin concluir las investigaciones.
La respuesta fue declararse “incompetentes” por causas internas o externas para seguir con la indagatoria, lo que ocurrió en 427 de las carpetas que se habían iniciado. En otros 145 expedientes la vía fue decretar el “no ejercicio de la acción penal”, es decir, concluir que no había evidencia suficiente para proceder en contra de alguien por la tortura denunciada.
En tanto, en 21 casos iniciados, el Ministerio Público Federal responsable determinó enviar los expedientes al “archivo temporal”, que es una forma de no cerrar el asunto, pero sí detener las indagatorias hasta que surja alguna nueva pista.
A ellos se suman 20 casos más donde la “solución” fue acumular los expedientes por tratarse de hechos similares o relacionados con otras carpetas de investigación que siguen en curso.
Finalmente, en cuatro casos, FGR optó por “abstenerse de investigar”, que es una vía que le permite la ley para cerrar un caso sin esclarecer nada.
Animal Político también requirió a la FGR el dato de las sentencias condenatorias obtenidas por el delito de tortura, pues de acuerdo con la ley y con los especialistas, un caso solo puede considerarse totalmente resuelto cuando hay una condena en firme en contra del probable o probables responsables.
La respuesta recibida arroja que de diciembre de 2018 a julio de 2020 solo se consiguió obtener una sentencia condenatoria, que corresponde al caso de los tres expolicías federales procesados por dicho delito.
Si se compara este único caso cerrado con una sentencia condenatoria respecto al universo completo de investigaciones iniciadas en sexenio, significa que la FGR ha tenido un nivel de eficacia del 0.07% en el esclarecimiento total de las torturas que ha indagado.
La información sobre denuncias por casos de tortura atendidas y resueltas fue requerida desde julio a la FGR, pero fue entregada, de manera incompleta, hasta el 27 de noviembre pasado.
Luego de diversos atrasos por la pandemia, la Fiscalía otorgó una primera respuesta a este medio fechada el 7 de septiembre en la que solo proporcionaba los datos de carpetas de investigación iniciadas, pero sin detallar ninguno de los otros datos solicitados, como casos resueltos, y las corporaciones o dependencias a las que pertenecían los funcionarios implicados.
Tras una queja presentada ante el pleno del Instituto Nacional de Acceso a la Información (INAI), y que continúa bajo análisis, la FGR envió una respuesta complementaria fechada el 27 de noviembre en la que desglosa el balance relacionado con la determinación de las carpetas y el sentido de las mismas, así como los datos de casos judicializados y sentenciados.
No obstante, la Fiscalía aún no proporciona los datos respecto a las instituciones o corporaciones responsables de los casos denunciados.
La baja eficacia en la resolución de casos de tortura es un padecimiento que la Fiscalía arrastra desde hace varios años. En 2017, por ejemplo, este medio publicó que la entonces PGR había resuelto menos del 1% de mas de 10 mil averiguaciones previas iniciadas por dicho delito en el periodo de 2012 y 2016.
Pero este fenómeno no se limita solo al delito de tortura. El 28 de enero pasado la Fiscalía entregó un informe al Congreso en el que reconocía que había conseguido esclarecer, en promedio, solo 1 de cada 100 carpetas de investigación en curso por delitos graves como desapariciones forzadas, trata de personas o ilícitos contra migrantes.
De acuerdo con especialistas y organizaciones agrupadas en el denominado “Colectivo contra la Impunidemia”, lo anterior es resultado de problemas estructurales que acarrea la FGR y que pasan por la falta de estrategias para investigar fenómenos macrocriminales, deficiencias en cantidad y calidad de los recursos humanos, ausencia de protocolos, problemas de comunicación entre áreas, corrupción, entre otros.
Aunque en enero de 2019 la entonces PGR se transformó oficialmente en la nueva Fiscalía general y se promulgó una nueva ley con otro modelo de organización que buscaba incrementar la eficiencia de la institución, en los hechos la institución ha seguido operando casi de la misma manera.
Según un informe del colectivo, esto es consecuencia de que la administración del fiscal General Alejandro Gertz no ha puesto en marcha la mayor parte de las disposiciones que contempla la nueva ley, incluyendo el diseño de un plan de persecución penal que encamine todos los esfuerzos de la fiscalía para atacar los grandes fenómenos delictivos.
De hecho, esta semana las organizaciones criticaron en un comunicado la intención del fiscal General de promover en el Senado la derogación completa de la Ley Orgánica de FGR en vez de haber intentado aplicarla.
Mientras eso sucede la Fiscalía acumula múltiples investigaciones por casos de tortura, entre las que destacan casos de alto impacto como los cometidos en el caso de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, y varios mas atribuidos al Ejército y la Marina. A ellos se suman casos que la FGR está obligada a atraer por orden judicial como el de la tortura y abusos sexuales contra mujeres en Atenco cometidos hace 14 años.
Esta es la información que hay sobre el nuevo misil balístico de alcance intermedio lanzado por Rusia y la señal que intenta enviar Putin a Ucrania y Occidente al decidir utilizarlo.
Cuando un misil impactó en la ciudad ucraniana de Dniéper en la madrugada del 21 de noviembre, al principio no se sabía mucho, ni siquiera de qué tipo de proyectil se trataba.
Pavel Aksenov, experto militar del servicio ruso de noticias de la BBC, analizó las evidencias en torno a este misil y qué mensaje intentaba enviar al usarlo el presidente ruso, Vladimir Putin, a Ucrania y Occidente.
Putin declaró que el ataque a la ciudad de Dniéper en el este de Ucrania se llevó a cabo mediante “un nuevo misil convencional de alcance intermedio” con el nombre en código Oreshnik.
Aunque Ucrania lo niega y afirma que posiblemente fuera un misil Kedr, no hay muchas posibilidades de que se trate de ese tipo de arma.
El lanzamiento de un misil balístico a semejante distancia no puede pasar desapercibido, especialmente en una región que muchas agencias de inteligencia observan de cerca.
El misil es claramente visible durante el vuelo, en particular la llama ardiente que sale del motor del cohete, que puede ser captada por satélites y aviones de reconocimiento.
Los gases de escape de los misiles, que a menudo se observan durante las pruebas o los ejercicios, permiten aprender mucho y conocer las características de los distintos cohetes.
Los analistas pueden deducir aún más estudiando los datos de lanzamiento de un nuevo misil.
Aunque las agencias de inteligencia occidentales no han publicado sus conclusiones, es probable que tengan una idea bastante precisa del tipo de misil.
Por su parte, expertos y comentaristas en medios y redes sociales han elaborado sus propias teorías basadas en otras pistas.
La versión más repetida es que Rusia adaptó el misil balístico intercontinental experimental (ICBM) Rubezh para ataques de alcance intermedio.
En su declaración, Putin aseguró que el misil estaba equipado con una “carga útil hipersónica no nuclear” y que sus ojivas “atacaban objetivos a una velocidad de Mach 10, es decir, de 2,5 a 3 km/s“.
La ausencia de una ojiva nuclear era evidente, aunque su velocidad hipersónica se ha puesto en duda.
En su informe sobre misiles nucleares balísticos, la organización no gubernamental Centro para el Control de Armas y la No Proliferación ofrece una cifra inferior: 3.200 km/h, casi 900 m/s.
Es muy difícil interceptar ojivas que viajan a tales velocidades.
Este misil tenía una ojiva separable, y es esto lo que causó más confusión entre los expertos.
Un video grabado en el momento del impacto en Dniéper muestra seis clústeres de objetos cayendo al suelo, de los que cada uno contiene aproximadamente seis puntos brillantes. Se considera una cifra bastante elevada para un misil de este tipo.
Sin embargo, no se observaron explosiones en el suelo, lo que indica que los puntos brillantes podrían ser submuniciones cinéticas.
Estas pueden variar en tamaño y son esencialmente proyectiles metálicos que intentan destruir el objetivo utilizando la energía cinética liberada durante el impacto que, debido a la alta velocidad, puede ser significativa.
Varias fuentes indican que el misil fue lanzado desde el polígono de pruebas de Kapustin Yar en la región de Astracán en Rusia.
En ese caso, el alcance del misil en este lanzamiento sería de entre 800 y 850 kilómetros.
Vladimir Putin se refirió al Oreshnik como un misil de alcance intermedio. El rango de este tipo de misiles suele oscilar entre 1.000 y 5.500 kilómetros, aunque estas son solo cifras oficiales y el misil puede dispararse a distancias más cortas.
Lo más probable es que el Oreshnik que mencionó Putin se desarrollara en el Instituto de Tecnología Térmica de Moscú (MIT).
En Rusia hay dos entidades que desarrollan misiles balísticos de esta clase: el Centro de Cohetes Makeyev y el MIT.
El primero se centra en misiles de combustible líquido, que son pesados, se lanzan desde silos y tienen un alcance muy largo. Por ejemplo, el rango oficial del misil Sarmat es de hasta 18.000 kilómetros.
El Instituto de Tecnología Térmica de Moscú se especializa en la creación de misiles más pequeños con motores de combustible sólido que se proyectan desde lanzaderas móviles.
Estos misiles son más ligeros, tienen ojivas más pequeñas y vuelan distancias más cortas. Por ejemplo, el misil Yars tiene un alcance de 12.000 km.
Lo más probable es que un misil como el que impactó en Dniéper sea obra del MIT.
Este centro ya había creado antes misiles similares, como el RSD-10 Pioneer, que estuvo en servicio desde la década de 1970 hasta que entró en vigor el Tratado sobre Fuerzas Nucleares de Alcance Intermedio (INF por sus siglas en inglés) en 1988.
En ese momento, todos los misiles y lanzaderas de alcance intermedio y más corto de la URSS y EE.UU. fueron destruidos y ambas partes acordaron no producir, probar ni desplegar tales proyectiles en el futuro.
El Tratado INF expiró en 2019, por lo que el desarrollo de este tipo de misiles -al menos en cuanto a su aplicación práctica- habría comenzado después de esa fecha.
En ese momento, el ministro de Defensa, Serguéi Shoigú, anunció que Rusia tenía la intención de crear un sistema de misiles terrestres de alcance medio para 2020. Aunque esto no sucedió, el proyecto siguió su curso.
Uno de los últimos desarrollos del MIT es el RS-26 Rubezh, un misil balístico intercontinental. Según información extraoficial, su rango es de entre 2.000 y 6.000 km, por lo que apenas supera los límites de alcance del INF.
El MIT lo desarrolló incluso antes de prescribir el tratado. Según la agencia estatal TASS, el coronel general Serguéi Karakáev, comandante de las Fuerzas de Misiles Estratégicos de Rusia, reveló algunas características del misil en 2013.
“Si hablamos del misil terrestre móvil Yars (en referencia al RS-26 Rubezh) el vehículo de lanzamiento pesa más de 120 toneladas. En este misil modernizado, alcanzaremos 80 toneladas, haciéndolo más ligero”, declaró Karakáev.
En otras palabras, Rusia estaba desarrollando inicialmente un misil más ligero basado en el Yars que superaba los límites del INF en solo 500 km.
Como resultado, expertos coinciden en que el Oreshnik mencionado por Putin es probablemente un sistema de misiles con un alcance de 800 km o un desarrollo posterior de ese sistema, diseñado para un alcance aún más corto.
El Tratado INF tenía como objetivo reducir las tensiones en Europa.
La idea de la disuasión nuclear funciona para misiles balísticos intercontinentales, cuyos lanzamientos pueden ser detectados por sistemas de alerta, lo que daría tiempo suficiente para responder con un contraataque.
Lo mismo se aplica a los bombarderos estratégicos.
Pero esto no funciona si el tiempo de vuelo de un misil se mide en meros minutos.
Los misiles de corto y medio alcance eran uno de los factores más importantes que evitaban una disuasión nuclear estratégica efectiva.
Capaces de portar ojivas nucleares, eran casi imposibles de interceptar o destruir y, por lo tanto, no había oportunidad de contraataque al carecer de tiempo suficiente.
Además, las lanzaderas móviles para estos misiles eran muy difíciles de detectar y destruir con un primer ataque.
La presencia de misiles de corto y medio alcance cerca de las fronteras podría generar un conflicto militar al ser una amenaza casi imposible de defender, lo que podría provocar un ataque nuclear preventivo.
El ataque a Dniéper marcó el primer uso en combate de un misil de este tipo. Putin anunció que Rusia advertiría sobre el uso de esta clase de proyectiles.
“Treinta minutos antes del lanzamiento del misil Oreshnik, Rusia envió a Estados Unidos una notificación automática a través del centro de reducción de riesgos nucleares”, indicó el portavoz del presidente Putin, Dimitri Peskov.
El día antes del lanzamiento del misil, Estados Unidos cerró su embajada en Kyiv debido a “información específica sobre un posible ataque aéreo importante”.
Las embajadas de España, Italia y Grecia también cerraron, mientras que las de Francia y Alemania permanecieron abiertas, pero advirtieron a sus ciudadanos de que se mantuvieran alerta.
En los canales ucranianos de Telegram se barajaba la posibilidad de que Rusia usara el misil Rubezh contra Ucrania incluso antes de su lanzamiento. En particular, se especificó que el cohete había sido desplegado en el polígono de pruebas de Kapustin Yar.
En todo caso, la posibilidad de utilizar una nueva arma ya había sido anunciada anteriormente por el presidente de la Duma Estatal, Viacheslav Volodin.
“No se puede descartar el uso de nuevos sistemas de armas que la Federación Rusa no ha empleado hasta ahora en territorio ucraniano”, comunicó el 18 de noviembre.
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