Tras fin de Título 42 en EU, migrantes encaran opacidad, poca claridad en trámites y violaciones al derecho a pedir asilo
La opacidad, la poca claridad en los trámites y las violaciones al derecho de las personas a buscar asilo continúan a pesar de los cambios recientes en la política migratoria estadounidense y a los acuerdos alcanzados entre los gobiernos de Joe Biden y de Andrés Manuel López Obrador, para que México reciba a solicitantes de asilo retornados por EU de Cuba, Nicaragua, Haití y Venezuela.
Así lo advirtieron organismos internacionales de derechos humanos y organizaciones civiles mexicanas, que señalaron que el cambio del Título 42 —a partir del cual fueron expulsados casi 3 millones de personas de EU durante la pandemia— por el Título 8 y la entrada en vigor de nuevas medidas en EU no han generado una mejoría en la situación de miles de personas que buscan asilo en ese país, y que son expulsadas a México sin garantías de que no van a ser devueltas a los países de los que salieron huyendo.
El Título 8 es la disposición que existía en EU antes de la pandemia y de que la administración de Donald Trump estableciera el Título 42, que permitía expulsar a migrantes de manera inmediata argumentando motivos sanitarios por el COVID-19.
Ahora, a la par del regreso del Título 8, EU ha aumentado las vías legales para ingresar al país. Las personas pueden ingresar a EU mediante un registro en una app (CBP one), que funciona solamente en México (desde la CDMX hacia el norte), para posteriormente solicitar asilo en ese país. Asimismo, las personas ahora tienen la posibilidad de solicitar asilo desde varios puntos de América Latina y también desde México.
“Con las nuevas medidas, una persona que necesita protección puede pedirla sin hacer esos viajes horribles y sin poner su vida en riesgo por rutas muy peligrosas atravesando varios países. Creemos que esto es algo positivo y un avance en la buena dirección”, dijo en entrevista Giovanni Lepri, representante en México de la agencia de la ONU para refugiados.
Sin embargo, también planteó que hay varios puntos del Título 8 que preocupan a la ACNUR.
“Hay una nueva normativa que ha puesto en marcha Estados Unidos que prevé que las personas que hayan transitado por México y entren irregularmente a Estados Unidos no serán elegibles para que su caso ni siquiera sea estudiado como posible caso de asilo y no van a ser analizadas sus necesidades de protección”, advirtió.
Es decir, ahora si una persona migrante entró irregularmente a EU para pedir asilo, pero transitó antes por México y no solicitó asilo aquí, será expulsada a su país de origen o también podrá ser devuelta a México. Por lo que, de facto, el Título 8 continúa siendo una versión muy similar al programa Quédate en México, el polémico acuerdo al que llegaron la administración Trump y la Cancillería para que México recibiera a miles de solicitantes de asilo mientras se determinaba su situación. De hecho, tan solo días después de que el pasado 11 de mayo entró de nuevo en vigor el Título 8, organizaciones civiles denunciaron que más de 2 mil 400 personas fueron recibidas por agentes del Instituto Nacional de Migración (INM) y transportadas en aviones y autobuses a la frontera sur mexicana, “en un intento por alejarlas de la frontera norte y de organizaciones civiles que pueden orientarlas”.
“Esta nueva disposición nos preocupa mucho porque es una limitación importante al derecho a la libertad territorial. Además, el denegar el asilo a una persona solo por haber transitado por otros países es algo que no está previsto por el derecho internacional, y así lo ha transmitido la ACNUR al gobierno de Estados Unidos”, enfatizó Lepri, que además precisó que, a diferencia de lo que sucedía con el Título 42, ahora sí puede haber una penalización para no entrar a EU por cinco años o más, e incluso la posibilidad de cárcel en el caso de no cumplir con esa penalización.
“Ante poca claridad, la respuesta de México ha sido el silencio”
La otra preocupación tiene que ver con el papel de México ante esta nueva disposición de la ley migratoria de EU.
“El tema aquí es qué hace México con esa persona retornada”, subrayó Lepri. “Por ejemplo, falta mucha claridad sobre qué tipo de documento recibe la persona, y, sobre todo, qué garantías tiene de que no va a ser devuelta al país del que huyó, o a otros donde también pudiera estar en riesgo, sin haber pasado antes por el proceso de asilo en México”.
“En este momento —añadió—, yo no digo que esto no exista, pero es muy necesario que se formalice y que la gente sepa, porque ahora hay bastante confusión sobre cuáles son las oportunidades y las alternativas que hay para pedir asilo”.
—Entonces, ¿en este momento no se sabe cuál es el papel que México debe adoptar con estas personas que buscan refugio, tras la entrada del Título 8? —se le preguntó al representante de la ACNUR.
—En este momento no hay un mapeado claro de cuáles son las alternativas. Nosotros trabajamos con la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (Comar) y sabemos que las personas pueden pedir asilo, sí. Pero mientras deciden pedirlo, ¿qué tipo de documento migratorio reciben? ¿Es una tarjeta de visitante por razones humanitarias? ¿Es un documento de estadía temporal? Estos son puntos que hay que aclarar a las personas, incluyendo el punto de ofrecerle la posibilidad de retornar a su país si así lo desea.
Sobre esto mismo, el pasado 9 de junio, 42 organizaciones civiles y activistas, entre ellas Asylum Access, el albergue de La 72 en Tenosique y Sin Fronteras, emitieron un comunicado en el que denunciaron que el Plan Humanitario Conjunto firmado entre EU y México no contempla un programa público sobre cómo el gobierno de López Obrador lo ejecutará, ni cómo atenderá las necesidades de salud, educación, vivienda y trabajo de las personas retornadas, ni cómo apoyará a los albergues de la sociedad civil, ni qué acciones o medidas basadas en el interés superior de la niñez se considerarán para garantizar la unidad familiar.
“La respuesta hasta ahora ha sido el silencio ante negociaciones poco transparentes de acuerdos que juegan con la vida y necesidades de protección de las personas en nuestra región”, denunciaron las organizaciones.
Otro punto preocupante, agregó Lepri, es que a pesar de que el Título 8 ofrece la posibilidad de registrarse para pedir asilo desde los países de origen de las personas, no todas podrán acceder, por ejemplo, a la app CBP One, o no todas dispondrán de un “patrocinador” en EU que responda económicamente, o no podrán costearse el vuelo desde su país.
“Las personas que necesitan protección son las más vulnerables; algunas no tienen ni pasaporte, ni hablan español, ni tienen información sobre las alternativas. Solo pueden correr para salvar su vida. Y nos preocupa cómo le van a llegar a estas personas las diferentes alternativas para pedir asilo”, dijo Lepri.
En cuanto a la aplicación CBP One para solicitar refugio de manera remota, migrantes entrevistados por Animal Político en mayo pasado en Ciudad Juárez, con motivo del incendio en una estación migratoria que cobró la vida de 40 migrantes, denunciaron que esta presenta múltiples fallas y retrasos, hasta el punto de que varios dijeron llevar más de tres meses en espera de una respuesta. No obstante, Lepri también destacó que, con todo y fallas, esta app está permitiendo que más de mil personas crucen al día a EU para iniciar su proceso de asilo.
“Las citas están tardando mucho tiempo y la gente se está desesperando”, dijo también en entrevista Tamara Aranda, coordinadora de incidencia de Sin Fronteras, que también apuntó que tras la entrada del Título 8 “hay una falta de coordinación entre las autoridades que repercute en una situación de incertidumbre para las personas migrantes y también para las organizaciones de la sociedad civil y para quienes brindan atención humanitaria”.
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En 2024, el 51 % de todas las muertes relacionadas con el terrorismo se produjeron en el Sahel, según el Índice Global del Terrorismo.
La región africana del Sahel se ha convertido en el “epicentro del terrorismo mundial” y, por primera vez, es responsable de “más de la mitad de todas las muertes relacionadas con el terrorismo”.
Así lo expone el Índice Global de Terrorismo (GTI), que en su informe más reciente señala que, en 2024, “el 51% de todas las muertes relacionadas con el terrorismo” se produjeron en el Sahel, es decir, 3.885 de un total mundial de 7.555.
El informe del GTI añade que, si bien la cifra mundial ha disminuido desde un máximo de 11.000 en 2015, la cifra correspondiente al Sahel se ha multiplicado casi por diez desde 2019, ya que los grupos extremistas e insurgentes “siguen desplazando su objetivo” hacia la región.
El índice lo publica el Instituto para la Economía y la Paz, un think tank dedicado a investigar la paz y los conflictos mundiales.
Define el terrorismo como la “amenaza o el uso real de la fuerza ilegal y la violencia por parte de un actor no estatal para alcanzar un objetivo político, económico, religioso o social a través del miedo, la coacción o la intimidación”.
La región del Sahel
Situado justo al sur del desierto del Sahara, el Sahel se extiende desde la costa occidental de África hacia el este, a lo largo de todo el continente. La definición de la GTI de la región incluye partes de 10 países: Burkina Faso, Mali, Níger, Camerún, Guinea, Gambia, Senegal, Nigeria, Chad y Mauritania.
El Sahel tiene una de las tasas de natalidad más altas del mundo, y casi dos tercios de la población tiene menos de 25 años.
A diferencia de Occidente, donde “el terrorismo de actor solitario va en aumento”, el Sahel ha sido testigo de la rápida expansión de grupos yihadistas militantes, según el informe.
La mayoría de los atentados fueron perpetrados por dos organizaciones: la filial del grupo Estado Islámico en el Sahel y Jama’at Nusrat al Islam wal Muslimeen (JNIM, por sus siglas en inglés, Grupo de Apoyo al Islam y los Musulmanes), una rama de al Qaeda.
“Intentan introducir nuevos ordenamientos jurídicos”, explica Niagalé Bagayoko, presidente de la Red Africana del Sector de la Seguridad. “Intentan administrar sobre todo justicia basándose en la sharia”.
Y en el proceso, dice, “compiten entre sí” por la tierra y la influencia.
El “cinturón golpista”
El Estado Islámico del Sahel habría duplicado el territorio que controla en Mali desde los golpes de Estado de 2020 y 2021, principalmente en el este del país, cerca de las fronteras con Burkina Faso y Níger, al tiempo que el JNIM ha seguido ampliando su alcance, según un grupo de expertos de la ONU sobre Mali.
El informe del GTI señala que ambos grupos han reclutado más combatientes, entre ellos niños soldados en el caso del EI.
“En algunos casos, la gente suele estar en una situación en la que no tienen elección cuando deciden unirse a un grupo militante”, afirma Beverly Ochieng, analista especializada en África francófona de Control Risks, una consultora de riesgos geopolíticos. “Son comunidades muy vulnerables”.
El informe del GTI explica cómo la inestabilidad política y la precariedad del gobierno están creando las condiciones ideales para que proliferen los grupos insurgentes, y señala la guerra como “el principal motor del terrorismo”.
A veces se hace referencia al Sahel como el “cinturón golpista” de África.
Desde 2020 se han producido seis golpes de Estado con éxito en la región: dos en Mali, dos en Burkina Faso, uno en Guinea y uno en Níger. Todos estos países están ahora gobernados por juntas militares.
“El Sahel ha experimentado un desmoronamiento de la sociedad civil”, apunta Folahanmi Aina, experto en la región de la Universidad SOAS de Londres.
“Ha sido el resultado de años de abandono por parte de los líderes políticos, que no han priorizado la gestión pública centrada en las personas, lo que ha agravado los problemas locales y ha dado lugar a que los grupos terroristas traten de aprovecharse de ellos”.
Se ha tenido la impresión de que los gobiernos civiles eran incapaces de combatir las amenazas a la seguridad de los grupos insurgentes, “pero a pesar de que estas juntas han asumido el poder, no han mejorado necesariamente la percepción sobre el terreno y, de hecho, la inseguridad ha empeorado”, sostiene Aina.
“Las juntas no están profesionalmente preparadas para hacer frente al rigor de la gestión pública”.
De hecho, en 2024, Burkina Faso “seguía siendo el país más afectado por el terrorismo por segundo año consecutivo”, según la GTI.
En los 14 años transcurridos desde el inicio del informe, es el único país que encabeza la lista que no es Irak o Afganistán.
Actividad criminal
Los grupos yihadistas sostienen sus operaciones en el Sahel con diversas actividades económicas ilícitas, como el secuestro para exigir rescates y el robo de ganado, según el informe del GTI.
El Sahel se ha convertido también en una ruta clave para los narcotraficantes que llevan cocaína de Sudamérica a Europa, y el informe señala que “el narcotráfico representa una de las actividades ilícitas más lucrativas vinculadas al terrorismo en el Sahel”.
Sin embargo, señala que algunos grupos evitan participar directamente en el crimen organizado y prefieren “ganar dinero imponiendo impuestos o proporcionando seguridad y protección a cambio de un pago”.
“Este modelo no sólo genera ingresos, sino que también ayuda a estos grupos a integrarse en las comunidades locales, reforzando su influencia”, prosigue el informe.
Los grupos insurgentes también compiten por el control de los ricos recursos naturales del Sahel.
Níger es el séptimo productor mundial de uranio, y las minas de oro no reguladas y de tipo artesanal que se encuentran por toda la región suelen ser aprovechadas por grupos como Estado Islámico en el Sahel y JNIM.
Tras la reciente oleada de golpes de Estado, los gobiernos del Sahel se han alejado de sus aliados occidentales, como Francia y Estados Unidos, y se han acercado a China y Rusia en busca de apoyo para hacer frente a los militantes.
“En estos momentos, Rusia está asumiendo un control más firme sobre los paramilitares rusos de la región, conocidos como Africa Corps (antes Wagner)”, explica Ochieng.
“Su labor es entrenar y apoyar a los ejércitos locales para que puedan contrarrestar la insurgencia en la región, pero hasta ahora no han sido eficaces”.
En consecuencia, el informe del GTI advierte del riesgo de que el llamado “epicentro del terror” se extienda a los países vecinos.
En Togo se registraron 10 atentados y 52 muertes en 2024, el mayor número desde que se empezó a elaborar el índice. Estos atentados se concentraron principalmente a lo largo de la frontera del país con Burkina Faso.
Ochieng coincide con esta valoración y afirma que “la expansión de grupos militantes dentro de la región en países como Benín o Togo u otros estados costeros de África Occidental parece inminente”.
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