Tandas del Bienestar: otra idea fallida del sexenio de AMLO; más de medio millón de beneficiarios no devolvieron ni un peso
El gobierno del expresidente Andrés Manuel López Obrador apostó por entregar recursos de manera directa, a través de las llamadas Tandas del Bienestar, a personas que necesitaran dinero para comprar mercancía o remodelar sus micronegocios, bajo la promesa de devolver el recurso y acceder a otro préstamo, pero la gran mayoría de los recursos no fueron reintegrados.
El gobierno federal dispersó 7 mil 033 millones de pesos entre 2019 y 2022 bajo este esquema, pero 6 mil 400 millones de pesos (91.5 % de los recursos) no fueron devueltos.
Según el programa, los beneficiarios tendrían 12 meses para devolver el préstamo y luego podrían acceder a otro con un monto superior; sin embargo, a seis años de implementada esta política pública, Animal Político confirmó, mediante solicitudes de información que entre 2023 y 2024 los beneficiarios reembolsaron 601 millones 742 mil pesos, es decir, apenas el 8.5 % de los recursos acumulados para este programa.
De hecho, Financiera para el Bienestar, entidad gubernamental encargada de entregar los apoyos y recibir los reembolsos, confirmó que del millón 114 mil 278 beneficiarios de este programa entre 2019 y 2022 -pues desde 2023 ya no se entregaron más tandas-, 542 mil 615 beneficiarios no abonaron ni un peso para pagar el préstamo entregado por el gobierno, y otros sólo abonaron una o dos veces, es decir, no liquidaron los préstamos.
Incluso en 2019, cuando se entregaron tandas por un monto global de 3 mil 033 millones de pesos, los beneficiarios apenas reembolsaron 239 millones 794 mil 608 pesos.
¿En qué consistían las Tandas del Bienestar?
Los Microcréditos para el Bienestar, mejor conocidos como Tandas del Bienestar fue un programa dirigido a las personas que deseaban iniciar o que ya tenían un micronegocio y que habían sido excluidas de los sistemas financieros bancarios.
El objetivo era que el gobierno les ofrecería préstamos libres de intereses que debían solventar en un año.
Las personas beneficiarias empezarían recibiendo un crédito de 6 mil pesos, el cual debían pagar en un año abonando 600 pesos mensuales, contando con dos meses de gracia. Una vez que lo liquidaran eran elegibles para acceder a un crédito de 10 mil pesos con la misma lógica: 10 pagos mensuales de mil pesos.
El tercer crédito al que podían acceder era de 15 mil pesos y el último —una vez pagado en su totalidad los anteriores—, sería de 20 mil pesos.
El programa que en 2019 y 2020 estuvo a cargo de la Secretaría de Economía (SE) fue trasladado a la Secretaría del Bienestar en donde operó entre el 2021 y 2022, pero ese último año lo hizo sin recursos, pues la política pública dejó de estar considerada en el Presupuesto de Egresos de la Federación.
En su conferencia matutina del 30 de mayo de 2022, el expresidente Andrés Manuel López Obrador llamó a los beneficiarios a que no dejaran de abonar porque con los reembolsos el programa seguiría operando y se podrían entregar los créditos sucesivos. Se trataba, pues, de un dinero revolvente.
“Hago el llamado a todos los que recibieron estos créditos a la palabra para que no dejen de abonar, porque es un crédito que se entregó de manera amplia durante la pandemia para apoyar a muy pequeños comerciantes (…) y que como fondo revolvente se siga apoyando a la gente”, dijo López Obrador.
De hecho, en el ejercicio fiscal 2022 se ocuparon recursos del programa “Sembrando Vida para solventar los gastos de operación del Programa de Microcréditos para el Bienestar, debido a que no se le asignaron recursos en el Presupuesto de Egresos de la Federación”, reveló la Auditoría Superior de la Federación (ASF).
Y aunque en dicha conferencia matutina el expresidente aceptó que había que “ajustar la normatividad” del programa para recuperar los recursos públicos y apoyar a más personas, esto no sucedió así.
A seis años de implementado este programa, el gobierno federal perdió 6.4 mil millones de pesos de recursos públicos porque los beneficiarios no devolvieron el préstamo. Por lo tanto, el gobierno no pudo atender a las 5 millones 274 mil 182 personas que eran elegibles para acceder al apoyo.
De hecho, de los 351 mil 130 beneficiarios en 2019 con el primer crédito de 6 mil pesos, solo 425 fueron constantes en el pago de los préstamos y para 2022 lograron obtener una Tanda del Bienestar por 15 mil pesos, de acuerdo con la información obtenida vía transparencia.
Ningún beneficiario logró acceder al apoyo de 20 mil pesos, según confirmó Nacional Financiera en respuesta a una solicitud de información pública.
De acuerdo con una auditoría de cumplimiento de la ASF (2022-0-20100-19-0253-2023), la meta para 2022 era entregar 145 mil tandas por un total de mil 375 millones de pesos.
Nacional Financiera proyectó entregar 25 mil tandas de 6 mil pesos; 115 mil de 10 mil pesos y 5 mil de 15 mil pesos, sin embargo, el propio organismo confirmó en una respuesta de información pública que en ese año solo se entregaron 90 mil 475 apoyos.
En 2023 y 2024 ya no se entregó ninguna Tanda del Bienestar.
Sin penalizaciones
Al eliminar intermediarios en los programas sociales, el expresidente Andrés Manuel López Obrador confió en la honestidad del pueblo. Sin embargo, en el caso de las Tandas del Bienestar sí consideró qué ocurriría si los beneficiarios no reintegraban los recursos a la Tesorería.
En las reglas de operación del programa, las autoridades liberaron a los beneficiarios de cualquier responsabilidad por el mal uso del presupuesto público. Aunque no llevar a cabo el reembolso total de las tandas previas sería “causa de exclusión de tandas subsecuentes”, se lee en el numeral 3.6.3 de los lineamientos de operación.
En el texto no se hace mayor referencia al tema.
ASF señala faltantes en los reembolsos
La Auditoría Superior de la Federación (ASF) emitió una Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria, durante la revisión de la Cuenta Pública 2022, para que la Secretaría de Bienestar investigara y en su caso iniciara un procedimiento en contra de funcionarios de la dependencia que durante su gestión no controlaron ni verificaron que las cifras presentadas correspondieran con las reportadas en los estados financieros.
Y es que la ASF advirtió una variación de 19 millones de pesos entre lo reportado en la Cuenta Pública y los reintegros hechos por los beneficiarios al fideicomiso de las Tandas del Bienestar.
Otro de los hallazgos informados por la ASF durante la operación del programa Tandas del Bienestar en 2022 fueron la entrega de 43 apoyos a personas que no cumplieron con la edad requerida para recibir el apoyo que era de 30 años.
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Además, la Secretaría del Bienestar no presentó los expedientes electrónicos de algunos de los beneficiarios y tampoco acreditó que éstos estuvieran debidamente integrados.
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Las vastas llanuras desérticas de la región de Ica, Perú, se han llenado en las últimas décadas de extensos cultivos de arándanos y otras frutas.
Hasta la década de 1990 resultaba difícil imaginar que esta zona del desierto costero peruano, donde a primera vista se ve poco más que polvo y mar, pudiera convertirse en un gran centro de producción agrícola.
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La enorme franja que atraviesa el país en paralelo a las olas del Pacífico y las elevaciones andinas se ha convertido en un inmenso huerto y en el epicentro de una pujante industria agroexportadora.
Según las cifras del Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego de Perú, las exportaciones agrícolas peruanas crecieron entre 2010 y 2024 un promedio anual del 11%, alcanzando en 2024 la cifra récord de US$9.185 millones.
Perú se ha convertido en estos años en el mayor exportador mundial de uvas de mesa y de arándanos, una fruta que apenas se producía en el país antes de 2008, y su capacidad para producir a gran escala en las estaciones en las que es más difícil hacerlo en el Hemisferio Norte lo han llevado a erigirse en una de las grandes potencias agroexportadoras y proveedora principal de Estados Unidos, Europa, China y otros lugares
Pero, ¿qué consecuencias tiene esto? ¿Quién se beneficia? ¿Es sostenible el boom agroexportador peruano?
Cómo empezó todo
El proceso que llevaría al desarrollo de la industria agroexportadora peruana comenzó en la década de 1990, cuando el gobierno del entonces presidente Alberto Fujimori impulsaba profundas reformas liberalizadoras para reactivar a un país golpeado por años de crisis económica e hiperinflación.
“Las bases se sentaron al reducir las barreras arancelarias, promover la inversión extranjera en Perú y reducir los costos administrativos para las empresas; se buscaba impulsar a los sectores que tuvieran potencial exportador”, le dijo a BBC Mundo César Huaroto, economista de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas.
“Al principio, la atención se centró en el sector minero, pero a finales de siglo ya aparece una élite empresarial que ve el potencial del rubro agroexportador”.
Pero no bastaba con leyes más propicias ni con la intención.
La agricultura a gran escala en Perú se había enfrentado tradicionalmente a obstáculos como la escasa fertilidad de los suelos de la selva amazónica y la accidentada orografía de la sierra andina.
Ana Sabogal, experta en ecología vegetal y cambios antrópicos en los ecosistemas de la Pontificia Universidad Católica del Perú, explicó a BBC Mundo que “la inversión privada de grandes agricultores, menos reacios al riesgo que los pequeños, facilitó innovaciones técnicas como el riego por goteo y el desarrollo de proyectos de riego”.
La solución del problema de la escasez de agua en el desierto permitió empezar a cultivar en una zona donde tradicionalmente no se había contemplado la agricultura y empezar a explotar sus particulares condiciones climáticas, que lo convierten en lo que los expertos describen como un “invernadero natural”.
“La zona no tenía agua, pero con agua se convertía en una tierra muy fértil”, indica Huaroto.
Todo eso, sumado a innovaciones genéticas, como la que permitió el cultivo local del arándano, posibilitó que Perú incorporara grandes extensiones de su desierto costero a su superficie cultivable, que se amplió en alrededor de un 30%, según la estimación de Sabogal.
“Fue un aumento sorprendente y enorme de la agroindustria”, resume la experta.
Hoy, regiones como Ica o la norteña Piura se han convertido en grandes centros de producción agrícola y la agroexportación en uno de los motores de la economía peruana.
Qué consecuencias ha tenido
Según la Asociación de Exportadores ADEX, las exportaciones agrícolas representaron en 2024 un 4,6% del Producto Interno Bruto (PIB) peruano, cuando en 2020 no era más que un 1,3%.
El impacto económico y ambiental ha sido notable y ambivalente.
Sus defensores subrayan que ha traído beneficios económicos, pero los críticos apuntan a sus costes medioambientales, como su elevado consumo de agua en zonas donde escasea y la población no tiene garantizado el suministro.
El economista César Huaroto dirigió un estudio para evaluar el boom agroexportador en la costa de Perú.
“Una de las cosas que encontramos es que la industria agroexportadora había actuado como dinamizador de la economía local, ya que incrementó el nivel de empleo de calidad en amplias zonas donde dominaba la informalidad, y se registró un incremento de los ingresos promedios de los trabajadores”, dijo.
Aunque esto no beneficia a todo el mundo por igual.
“A los pequeños agricultores independientes les cuesta más encontrar trabajadores porque los salarios son más altos y también tienen más dificultades en el acceso al agua que necesitan sus campos”.
Efectivamente, la agroexportación parece estar arrinconando las formas tradicionales de trabajar el campo y cambiando la estructura social y de la propiedad en amplias zonas de Perú.
“Muchos pequeños propietarios ven que sus campos ya no son rentables por lo que están vendiendo sus campos a grandes compañías”, indica Huaroto.
Sin embargo, según el mismo economista, “incluso muchos pequeños agricultores se mostraban satisfechos porque la agroindustria les había dado trabajo a miembros de su familia”.
El problema del agua
En los últimos años se cuestionan cada vez más los beneficios para el país del negocio agroexportador.
Pero la principal fuente de crítica es el agua.
“En un contexto de escasez hídrica, en que una parte importante de la población de Perú no tiene agua en su casa, el debate en torno a la industria agroexportadora se ha vuelto muy vivo”, señala Huaroto.
La activista local Charo Huaynca le dijo a BBC Mundo que “en Ica se está dando una disputa por el agua porque no hay para todos”.
En esta árida región la cuestión del agua es polémica hace tiempo.
Mientras muchos asentamientos humanos deben arreglárselas con la que llega en camiones cisternas y almacenarla para satisfacer sus necesidades, grandes áreas de cultivos destinados a la agroexportación tienen garantizada la que necesitan a través de pozos en sus fundos y acceso prioritario al agua de riego que se trasvasa desde la vecina región de Huancavelica.
“Se supone que está prohibido excavar pozos nuevos, pero cuando los funcionarios de la Autoridad Nacional del Agua (ANA) llegan a inspeccionar las grandes explotaciones les niegan el acceso alegando que se trata de propiedad privada”, denuncia Huanca.
BBC Mundo solicitó sin éxito comentarios a la ANA y al Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego de Perú.
Huanca ve indicios de que el acuífero subterráneo que abastece gran parte del agua de Ica se está agotando.
“Antes bastaba con cavar cinco metros, pero ahora hay que llegar hasta 10 ó 15 metros de profundidad para que aparezca el agua”.
En Ica apenas llueve, por lo que gran parte del agua se obtiene bajo tierra.
“Los pequeños agricultores se quejan de que a ellos se les exige pagar grandes cantidades por el agua, mientras que las grandes explotaciones cuentan con reservorios y grandes piscinas que llenan y cuya agua luego optimizan con sistemas de riego tecnificado”, indica Huanca.
En esta región se cultivan las uvas con las que se produce el famoso pisco, el aguardiente cuya fama se ha convertido en fuente de orgullo nacional para los peruanos, pero incluso eso es ahora cuestionado.
“Hay quien critica que la uva es básicamente agua con azúcar y, si exportas la uva y sus derivados, estás exportando agua”, señala Sabogal.
En Ica, el reto es hacer sostenible el próspero negocio agroexportador con el medio ambiente y las necesidades de la población.
“Cada vez que hay elecciones se habla de este tema, pero nunca llegan las soluciones. Se debe resolver cómo se va a hacer la economía de Ica sostenible a largo plazo, porque si no hay agua la economía se va a caer”, pide Huanca.
El desafío, en realidad, lo es para todo el Perú agroexportador.
“La situación actual no es sostenible a largo plazo. Está muy bien que haya industria agroexportadora porque genera ingresos y divisas, pero siempre y cuando se destine la cantidad de agua requerida para la población y los ecosistemas”, zanja Sabogal.
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