La suspensión del programa USAID pone en riesgo proyectos en México por 200 millones de dólares
Entre 2020 y 2024, la cooperación de Estados Unidos a México ascendió a más de mil 30 millones de dólares a través de los financiamientos de la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID). Esa es la dimensión de la asistencia que está en riesgo para diversas iniciativas en México, alerta el Centro Mexicano para la Filantropía (Cemefi).
Entre otros proyectos que recibían este tipo de financiamientos, como organizaciones con agendas de género y LGBTTTI+, están también actividades de fortalecimiento del estado de derecho y combate al crimen, desarrollo de la capacidad de las instituciones de seguridad y justicia, apoyo a esfuerzos de instituciones mexicanas para hacer frente al fenómeno de las desapariciones; asistencia para derechos humanos, periodistas y defensores, y apoyo al desarrollo económico.
Pese a ello, el 26 de enero pasado el presidente Trump firmó una orden ejecutiva que puso en pausa la totalidad de los financiamientos de la USAID en el marco de la agenda ‘America First’, para llevar a cabo una revisión, según él, y asegurar que todos los programas de asistencia sean eficientes y congruentes con la política exterior estadounidense.
Lee: ¿Sólo dos géneros? Trump ataca la diversidad y pone en riesgo a minorías como las personas trans.
La supresión de estos recursos, apunta el Centro, podría socavar el enfoque de la administración Trump en materia de migración, pues al mismo tiempo debilita esfuerzos para causas fundamentales en temas migratorios. Esto se enmarca en un contexto en el que a nivel global, Estados Unidos aporta el 47 % de la ayuda humanitaria al mundo.
De acuerdo con un análisis de Cemefi, basado en la transparencia de asistencia internacional del gobierno de Estados Unidos, en el año fiscal 2020 la cooperación a México ascendió a más de 275 millones de dólares, mientras que en el 2021 fue de 176, en el 2022 volvió a ascender a 234 mdd y en el 2023 alcanzó más de 232 millones. En tanto, en lo que va del año fiscal 2024, sumaba más de 110 millones de dólares.
La página ForeignAssistance.gov detalla que entre los principales sectores que recibían financiamiento en México –el cuarto país de la región con más aportaciones– estaban el gobierno y la sociedad civil, servicios sociales y de infraestructura, respuesta de emergencia; conflicto, paz y seguridad; protección del medio ambiente, negocios y otros servicios, agricultura y educación, en ese orden.
El análisis de Cemefi destaca que entre 2018 y 2021 la asistencia a la región latinoamericana fue de entre mil 670 y mil 800 millones de dólares por año. Tan solo en el año fiscal 2023, ascendió a un total, para toda la región, de más de 2 mil millones de dólares.
El impacto de la suspensión de asistencia del USAID en México
Además del impacto económico, la pausa en la asistencia de USAID implica, según alerta el Centro, la posible ruptura de confianza con los participantes de los programas, la disrupción en el ecosistema de gobernanza, los impactos económicos y psicosociales de la falta generalizada de empleo, posibles regresiones políticas en los campos de democracia y gobernanza, riesgos derivados de la eliminación repentina de protecciones para personas que trabajan en entornos inseguros y particularmente en México, una afectación a los programas de derechos humanos, combate al crimen trasnacional y el fortalecimiento de la justicia.
Como ejemplo del impacto económico, Cemefi cita que en el año fiscal 2023 USAID destinó 72 millones de dólares a programas de gobernanza, derechos humanos, anticorrupción, participación de la sociedad civil y sector público en México, y para el año fiscal 2024 incluso se asignaron 125 millones de dólares para contrarrestar el flujo de fentanilo hacia Estados Unidos, así como 70 millones para reducir la violencia contra las mujeres y niñas en Centroamérica.
Aunado a esto, el Centro advierte que con los financiamientos europeos podría ocurrir gradualmente lo mismo, pues los Países Bajos anunciaron que su ayuda se redujo en 2 mil 400 millones de euros, Alemania en 2 mil millones, y Francia en casi un 40 por ciento, mientras que Suiza y Bélgica tendrán reducciones similares.
Esto ocurre en un contexto en el que dentro de México, las aportaciones gubernamentales a organizaciones de la sociedad civil han venido disminuyendo desde 2019. Para 2023, en este se registraron 48 mil 035 organizaciones de la sociedad civil. Su trabajo implicó ingresos, donativos, transferencias o becas para 4 millones 282 mil hogares pertenecientes a los tres deciles más bajos.
Sin embargo, en 2022 solo el 0.02 % del presupuesto de egresos de la federación se destinó a contribuir con la labor de la sociedad civil, pese a que esta está reconocida legalmente como de interés público. Ese 0.02 %, además, está destinado mayormente a organizaciones creadas por el gobierno para realizar tareas públicas con otras figuras legales, es decir, no son ciudadanas.
Aunado a ello, en México el sector conformado por las organizaciones civiles es mucho más reducido que en otros países de la región, pues existen 492 organizaciones por cada millón de habitantes. En tanto, en Colombia ascienden a 5 mil 754 asociaciones por millón de habitantes, en Chile a 10 mil 983 y en Estados Unidos a 4 mil 114 por millón.
Entre las contribuciones históricas más importantes impulsadas por organizaciones de la sociedad civil están la reforma constitucional de derechos humanos, la de accesibilidad física y comunicacional, el matrimonio igualitario, el reconocimiento a la población afrodescendiente, los derechos laborales de trabajadoras del hogar, la educación inclusiva e inicial y la transparencia y acceso a la información pública.
A principios de febrero, Animal Político documentó cómo organizaciones como Casa Frida, Conexión Migrante e Impulso Trans se enfrentan a la incertidumbre en torno a los proyectos que realizan, luego de que el presidente Donald Trump ordenara la suspensión de asistencias al exterior que daba el gobierno de Estados Unidos.
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El mandatario firmó una orden ejecutiva sancionando a los funcionarios de la CPI que investigan a EE.UU. y sus aliados.
El presidente Donald Trump firmó una orden ejecutiva que sanciona a la Corte Penal Internacional (CPI), acusándola de “acciones ilegítimas e infundadas contra Estados Unidos y nuestro aliado cercano Israel”.
La medida impone restricciones financieras y de visado a las personas y sus familias que colaboren en las investigaciones de la CPI sobre ciudadanos estadounidenses o aliados. Trump firmó la medida mientras el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, visitaba Washington.
El tribunal, con sede en La Haya, dijo el viernes que “condena” la medida y dijo que Estados Unidos pretende “dañar su labor judicial independiente e imparcial”.
“La Corte respalda firmemente a su personal y se compromete a seguir brindando justicia y esperanza a millones de víctimas inocentes de atrocidades en todo el mundo, en todas las situaciones que se le presenten”, dijo en un comunicado.
“Seguiremos brindando justicia y esperanza a millones de víctimas de atrocidades en todo el mundo”, añadió.
En noviembre pasado, la CPI emitió una orden de arresto contra Netanyahu por presuntos crímenes de guerra en Gaza, lo que Israel niega. El tribunal también emitió una orden de arresto contra un comandante de Hamás.
Una hoja informativa de la Casa Blanca que circuló el jueves por la mañana acusaba a la CPI, con sede en La Haya, de crear una “vergonzosa equivalencia moral” entre Hamás e Israel al emitir las órdenes al mismo tiempo.
La orden ejecutiva de Trump dice que las recientes acciones de la CPI “sientan un precedente peligroso” que pone en peligro a los estadounidenses al exponerlos a “acoso, abuso y posible arresto”.
“Esta conducta maligna a su vez amenaza con infringir la soberanía de Estados Unidos y socava la importante labor de seguridad nacional y política exterior del gobierno de Estados Unidos y de nuestros aliados, incluido Israel”, dice la orden.
Añade que “ambas naciones [Estados Unidos e Israel] son democracias prósperas con ejércitos que se adhieren estrictamente a las leyes de guerra”.
No son las primeras sanciones
Estados Unidos no es miembro de la CPI y ha rechazado repetidamente cualquier jurisdicción del organismo sobre funcionarios o ciudadanos estadounidenses.
La Casa Blanca acusó a la CPI de imponer restricciones al derecho de Israel a la legítima defensa, y de ignorar a Irán y a los grupos antiisraelíes.
Trump ha criticado repetidamente a la corte y tomó varias medidas para sancionar al organismo durante su primer mandato.
En 2020, impuso sanciones a los funcionarios de la CPI que estaban investigando si las fuerzas estadounidenses habían cometido crímenes de guerra en Afganistán. Esas sanciones fueron levantadas por la administración del presidente Joe Biden.
El mes pasado, la Cámara de Representantes de Estados Unidos votó a favor de sancionar a la CPI, pero el proyecto de ley fracasó en el Senado. La CPI se fundó en 2002, tras la disolución de Yugoslavia y el genocidio de Ruanda, para investigar presuntas atrocidades. Más de 120 países han ratificado el Estatuto de Roma, que constituyó la CPI, mientras que otros 34 lo han firmado y podrían ratificarlo en el futuro.
Ni Estados Unidos ni Israel son parte del Estatuto de Roma. La CPI es un tribunal de última instancia y está destinada a intervenir únicamente cuando las autoridades nacionales no pueden o no quieren hacerlo.
Durante su mandato, el presidente Biden también criticó la orden de arresto de la CPI contra Netanyahu, calificando la medida de “escandalosa” y diciendo que no había equivalencia entre Israel y Hamás.
Trump insiste en su propuesta sobre Gaza
La firma de Trump de su última orden ejecutiva se produce después de que el martes, durante una conferencia de prensa conjunta con el primer ministro israelí, anunciara un plan para que Estados Unidos “se apodere” de Gaza, reasiente a su población palestina y convierta el territorio en la “Riviera del Medio Oriente”.
Después de que los líderes árabes y la ONU condenaran la idea, el presidente estadounidense la reiteró en su plataforma de redes sociales Truth Social el jueves.
“Israel entregaría la Franja de Gaza a Estados Unidos al concluir los combates”, escribió Trump.
Repitió que el plan implicaría reasentar a los palestinos y que no se desplegarían soldados estadounidenses.
La secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, dijo el miércoles que cualquier desplazamiento sería temporal.
El secretario de Estado Marco Rubio afirmó que los habitantes de Gaza se irían por un período “interino” mientras se lleva a cabo la reconstrucción, según la propuesta.
Trump firmó la orden que sanciona a la CPI mientras Netanyahu continuaba su visita en Washington, donde se reunió con legisladores republicanos y demócratas en el Capitolio.
El primer ministro israelí también le entregó a Trump como regalo un buscapersonas dorado.
Este es una referencia a la operación mortal de Israel contra la milicia libanesa Hezbolá en septiembre del año pasado, utilizando dispositivos de comunicación con trampas explosivas.
Decenas de personas murieron y miles resultaron heridas en los ataques.
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