Corte aplaza discusión de proyecto que propone validar desalojos en la CDMX tras protesta de colectivos
La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) aplazó el debate de un proyecto de sentencia, elaborado por la ponencia de la ministra María Estela Ríos González, por el que propone validar cambios en la Constitución de la Ciudad de México con los que se eliminan garantías mínimas de personas desalojadas de sus viviendas.
Lee: Vecinos de República de Cuba 11 presentan iniciativa contra desalojos; exigen cárcel contra despojos
La decisión de aplazar la discusión de la acción de inconstitucionalidad 73/2019 se tomó tras protestas de vecinos, colectivos y especialistas que cerraron los accesos del máximo tribunal del país para manifestar su preocupación y advertir que la propuesta podría afectar el derecho de la ciudadanía a una vivienda digna.
Tras dar a conocer que “bajarían” el asunto del debate, personal de la Corte pidió a los manifestantes dar acceso a los trabajadores para que los ministros pudieran anunciar la suspensión del asunto y que se estableciera un diálogo y una comisión de vecinos y activistas.
“Derechos para las personas, no para las inmobiliarias”, exigieron afectados por desalojos
Durante la manifestación, en la que se colocó un tendedero con reclamos como “derechos para las personas, no para las inmobiliarias” y “vivienda para vivir, no para invertir”, el abogado Arturo Aparicio explicó los motivos del descontento ciudadano por el cambio al artículo 60, que en su versión original daba mayor protección a vecinos desalojados.
“Este artículo fue redactado por la ciudadanía para evitar desalojos violatorios de los derechos humanos, redacción que luego el Congreso capitalino hizo suya y la aprobó por unanimidad. Planteó un estándar que exigía que antes de que una persona fuera desalojada se buscara cualquier otra alternativa y que se garantizara a los afectados una audiencia”, señaló el defensor de los vecinos de República de Cuba 11.
Sin embargo, subrayó que actualmente el artículo “dice de manera ambigua que antes de un desalojo debe haber una orden judicial, pero esta orden judicial puede ser entre particulares ajenos al inmueble, incluso que no sean propietarios, como ocurrió en el caso de Cuba 11”.
Por ello, indicó que se buscaría el diálogo con los ministros de la Corte para dejar fuera de la discusión el proyecto para constitucionalizar este cambio en la redacción del Artículo 60, aunque esto no cambie el hecho de que la redacción que se mantiene deja desprotegidos a los vecinos desalojados, ya que es necesario que el Congreso de la capital vuelva a redactar esta disposición legal.
Vecinos afectados urgieron a las autoridades a legislar a favor del derecho a la vivienda. Miguel Ángel Reyes, una de las personas desalojadas de República de Cuba 11, afirmó que quienes son sacados de sus viviendas mediante el uso de la fuerza “no somos parásitos”, y que no buscan que se les regale dónde vivir, sino que se les permita poder adquirir un espacio habitacional.
Asimismo, advirtió que la crisis de vivienda podría verse intensificada por el próximo Mundial. “Es una mancha que tengan tanta gente en la calle, eso lo tienen que solucionar, por eso estamos aquí, pidiendo que nos den un espacio. No estamos pidiendo limosna, que se pague lo que se tenga que pagar, pero que nos den justicia”, reclamó.
En tanto que se daba el anuncio sobre la suspensión de la discusión del proyecto de la ministra Ríos, los manifestantes mantuvieron un acordonamiento de la sede de la Corte, como medida de presión para que se recibiera a una comisión de vecinos y activistas para ser escuchados por los integrantes del Pleno.
Ministra propone validar legalidad de desalojos en la CDMX mediante orden judicial
Por este motivo, desde el pasado 15 de enero, organizaciones vecinales por el derecho a la vivienda y afectadas por desalojos en la capital del país alertaron sobre el proyecto de sentencia de la ministra Ríos González, que podría validar la legalidad de desalojos en la Ciudad de México mediante orden judicial.
Lo anterior es así porque en su proyecto de sentencia, la ministra Ríos González propone al Pleno de la Suprema Corte reconocer la validez del artículo 60 de la Ley Constitucional de Derechos Humanos y sus Garantías de la Ciudad de México, asegurando que un desalojo bajo mandato judicial y respetando la ley no se considera un “desalojo forzoso”.
En su análisis, la ponencia de la ministra ponente concluyó que el artículo impugnado no vulnera el derecho a la vivienda, sino que establece garantías mínimas para proteger a las personas, pues este artículo asegura que ningún desalojo podrá realizarse sin un mandamiento judicial debidamente fundado y motivado; que se debe respetar el derecho de audiencia y el debido proceso conforme a la Constitución Federal y que las autoridades deben procurar en todo momento la mediación y la conciliación entre las partes.
Además, la ministra ponente subrayó que el artículo 60 prevé que las personas afectadas por un acto de desalojo puedan solicitar su incorporación a los programas de vivienda del gobierno capitalino, lo que refuerza la protección de este derecho humano.
En contraste, la Coalición Internacional para el Hábitat de América Latina acusó que el proyecto de sentencia que iba a ser votado emplea “una argumentación muy superficial”, pues plantea mantener vigente el artículo en su versión actual, dejando sin protección explícita a miles de personas en riesgo de perder su vivienda.
Esto aun cuando la propia Jefa de Gobierno, Clara Brugada, ha planteado varias veces que es necesario garantizar los derechos de las personas desalojadas y la ciudad está apoyando a las personas vulnerables desalojadas con pago de renta.
“La decisión de la SCJN a favor de restablecer el artículo 60 en su versión original, puede sentar un precedente fundamental para evitar desalojos forzosos, garantizar apoyos de emergencia para que las personas no transiten a situación de calle y respaldar políticas públicas recientes de la CDMX, como el apoyo de renta y la elaboración de un protocolo de desalojos con enfoque de derechos humanos”, señaló.
Así, desde el viernes 16 de enero vecinos desalojados y colectivos exigieron a la Suprema Corte suspender la discusión del asunto y abrir el debate en audiencia pública en la que escuchen a especialistas y afectados.
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Según testigos presenciales, se usaron municiones letales, drones, francotiradores, agentes vestidos de civil y unidades de la Guardia Revolucionaria para reprimir las protestas del jueves 8 y el viernes 9 de enero.
Retratar lo que ocurrió el 8, 9 y 10 de enero en distintas ciudades de Irán es muy difícil, porque el acceso a internet y las comunicaciones telefónicas con el exterior fueron ampliamente interrumpidos.
Aun así, videos y relatos de personas que tienen acceso al internet satelital de Starlink llegaron a manos del servicio persa de la BBC.
La BBC no puede verificar de forma independiente estos relatos en las circunstancias actuales, pero el análisis en conjunto de los testimonios recibidos revela patrones y descripciones consistentes de la forma de actuar de las fuerzas de seguridad y el ambiente que domina en las ciudades.
El servicio persa de la BBC, para proteger la seguridad de sus fuentes, evita mencionar los nombres y otros datos personales de quienes proporcionaron estos relatos.
Un conjunto de relatos recibidos por el servicio persa de la BBC desde distintas ciudades de Irán da cuenta de una represión a gran escala, sin precedentes y que incluyó el uso de violencia letal contra manifestantes y ciudadanos del común.
Según testigos presenciales, se usaron municiones letales, drones, francotiradores, agentes vestidos de civil y unidades de la Guardia Revolucionaria para reprimir las protestas del jueves 8 y el viernes 9 de enero.
Estos son algunos de los testimonios recogidos por el servicio persa de la BBC.
“En cada callejón había dos o tres muertos”
Varios testigos en la ciudad de Fardis (a unos 40 km al oeste de Teherán) afirmaron que el viernes, después de varias horas en las que no se veía a ninguna fuerza policial en las calles, fuerzas vinculadas a la Guardia Revolucionaria atacaron de repente a los manifestantes en parques y callejones.
Según uno de los testigos, hombres “con la ropa y las motocicletas características de Ansar” (unidades motorizadas de la Guardia Revolucionaria que intervienen en protestas) dispararon directamente con armas de guerra.
La misma fuente afirmó que los agentes armados “entraron en los callejones con vehículos particulares y dispararon desde dentro de los autos contra la gente”.
“En cada callejón había dos o tres muertos”, subrayó.
Según fuentes locales, las fuerzas de la Guardia Revolucionaria se concentraron en tres puntos principales de la ciudad, y dispararon contra manifestantes, conductores e incluso transeúntes, “sin que importara en qué situación se encontraran”.
Dos videos que circularon en redes sociales mostraban cuerpos con heridas de bala, aparentemente relacionados con las protestas del jueves.
En uno estos, una persona cuya voz es lo único que se escucha dice: “Hoy, 8 de enero, miren lo que hicieron con la gente en Fardis. Son las nueve de la noche; mataron a la gente con munición real”.
En los dos videos se ve a entre ocho y diez personas tendidas en el suelo con un sangrado intenso, y hasta ahora no se sabe qué ocurrió posteriormente con ellas.
Algunas fuentes locales estiman que el número de fallecidos en Fardis podría haber llegado a cientos y afirman que los cuerpos no fueron retirados de los callejones hasta la mañana siguiente.
Por su parte, testigos en Teherán y Karaj dijeron al servicio persa de la BBC que las fuerzas de seguridad dispararon contra la gente desde puentes y azoteas de edificios.
Según uno de ellos, los agentes apuntaban a las personas con láseres y “si corrías, no te perseguían, pero si te detenías y coreabas consignas, abrían fuego”.
Ese mismo testigo añadió que en las calles quedaron casquillos de balas, a pesar de que las fuerzas de seguridad procuraron recogerlos.
Algunas fuentes locales y testigos presenciales mencionaron cifras de fallecidos que van desde algunos miles hasta decenas de miles.
La Agencia de Noticias de Activistas de Derechos Humanos (HRANA), con sede en Estados Unidos, informó que hasta el momento había logrado confirmar la muerte de 1.850 manifestantes, 135 personas afiliadas al Gobierno y 9 civiles no involucrados, así como 9 niños, en los últimos 17 días.
Un funcionario iraní también le dijo a la agencia de noticias Reuters que habían muerto 2.000 personas, pero que la culpa era de los “terroristas”.
La BBC no puede verificar de manera independiente estos datos por el momento, y las autoridades tampoco han ofrecido números oficiales y transparentes.
Morgues desbordadas
Una fuente informada le dijo al servicio persa de la BBC que en la madrugada del viernes entre 180 y 200 cuerpos fueron trasladados a una morgue en la ciudad de Mashhad (al nordeste del país, cerca de la frontera con Turkmenistán) y enterrados rápidamente.
Según esta fuente, la mayoría presentaba heridas graves en la cabeza.
Otra persona que acudió al instituto forense de Kermanshah (en el oeste) para identificar a un familiar, afirmó haber visto allí alrededor de 200 cuerpos.
Algunos testigos denunciaron que los cadáveres estaban “apilados” y muchos no estaban siendo entregados a las familias.
En el canal de Telegram del bloguero iraní Vahid Online se difundieron videos que mostraban un gran número de cuerpos en fundas negras y familias en duelo intentando identificar a sus seres queridos en el instituto forense de Kahrizak (cerca de Teherán). En otro video, se veía un camión descargando cadáveres allí.
Según los datos de una fuente confiable en Rasht (sobre la costa del mar Caspio), 70 cuerpos de personas fallecidas en las protestas del 8 de enero fueron trasladados al hospital Poursina de esa ciudad.
La misma fuente afirmó que la morgue del hospital no tenía capacidad para todos los cuerpos. También aseguró que agentes de seguridad exigían a las familias el pago de un “dinero por las balas” para entregarles los cuerpos de sus seres queridos.
También, un miembro del personal de salud de un hospital en el este de Teherán le dijo a la BBC que el 8 de enero se trasladaron allí alrededor de 40 fallecidos. Por razones de seguridad, no se menciona el nombre del hospital.
Los medios dentro de Irán también informaron de la muerte de 100 miembros de las fuerzas de seguridad durante las protestas y afirmaron que los manifestantes —a quienes describieron como “agitadores”— incendiaron decenas de mezquitas y bancos en varias ciudades.
Videos verificados por el servicio persa de la BBC muestran que en distintos lugares también se incendiaron vehículos policiales y edificios gubernamentales.
“Un campo de batalla”
Varias fuentes informaron del uso extendido de drones por parte de las fuerzas de seguridad para identificar y apuntar a los manifestantes.
“Los drones volaban constantemente sobre la gente. Disparaban directamente y no importaba si la persona era manifestante o simplemente estaba en la calle”, relató una persona desde fuera de Teherán.
También, varios testigos afirmaron que se emplearon armas como fusiles Kalashnikov y que los disparos eran “directos y letales”.
“Esto ya no era una protesta, era un campo de batalla; con la diferencia de que solo un lado tenía armas”, afirmó uno de los testigos.
En prácticamente todos los relatos recibidos, se mencionó la interrupción o el grave deterioro del servicio de internet y de la telefonía móvil.
Algunos afirmaron que la única vía de comunicación disponible era el internet satelital de Starlink.
Otros expresaron preocupación por la posibilidad de que, al usar Starlink, las fuerzas de seguridad pudieran rastrear su ubicación.
Según los testigos, en muchas ciudades los teléfonos móviles solo funcionaban por la mañana y quedaban completamente desconectados a partir de la tarde.
Algunas personas aseguraban que ni siquiera era posible enviar mensajes de texto y que los únicos que recibían eran mensajes amenazantes del gobierno en los que se advertía a la población que no participara en las protestas.
Muchos afirmaron que después del viernes —al que se refieren como “el viernes sangriento”— se generó un miedo generalizado entre la población.
Según relataron, la presencia de gente en las calles disminuyó drásticamente, aunque los cánticos continúan desde dentro de las casas y las azoteas.
Uno de los testigos comentó: “Ahora salir significa caminar hacia la muerte”.
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