El gobierno de Claudia Sheinbaum anunció este miércoles la creación de Centros de Educación y Cuidado Infantil del IMSS (CECI) como si fuese el cumplimiento de su promesa de tener espacios de educación inicial para madres y padres trabajadores, pero en realidad sólo construirán 12 inmuebles que se sumarán a las mil 411 guarderías del Instituto que sirve a sus derechohabientes.
Únicamente dos de los nuevos inmuebles darán servicio a madres y padres que no sean derechohabientes del IMSS y estarán sólo en Ciudad Juárez, pese a que hasta 2018 existían 9 mil estancias infantiles en todo el país que prestaban el servicio de cuidado a las familias más pobres del país o con trabajos precarios sin prestaciones.
Aunque durante 12 años las madres y padres de las regiones más pobres tuvieron acceso a estancias infantiles subsidiadas por el gobierno federal y por las que pagaban cuotas simbólicas de hasta 50 pesos semanales, el expresidente Andrés Manuel López Obrador decidió eliminar el programa creado en el gobierno de Felipe Calderón, bajo el argumento de corrupción, sin que mostrara una sola prueba de ello; no hubo alguna investigación ni sancionado por ello.
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Esto significa que el gobierno de la presidenta Sheinbaum no tiene una estrategia para madres y padres sin prestaciones laborales y que necesitan un espacio seguro para el cuidado de sus hijos mientras trabajan como obreros, meseros, vendedoras en mercados, en vía pública o hacen trabajos en el hogar, y cuyos salarios no les permitiría pagar una estancia infantil privada.
La estrategia de los CECI sólo incluye la construcción de 12 inmuebles para este año y únicamente estarán en Ciudad Juárez. Los primeros son los de prestación directa que va construir y a operar el Seguro Social con el personal del Seguro Social, explicó el director del IMSS, Zoé Robledo, en la conferencia presidencial.
Otros cinco serán “CECI en empresa”, que consiste en construir centros cerca de donde estén varias empresas maquiladoras, pero donde “la propia empresa sea quien presta el servicio bajo los criterios, los parámetros y la supervisión del Seguro Social”.
Finalmente, dijo, habrá dos CECI en el que “vamos a abrir la posibilidad, a través de los convenios, que mujeres que no sean derechohabientes del Seguro Social puedan también dejar a sus hijas o a sus hijos en esta guardería, en un convenio con el gobierno municipal”.
Hasta 2019, había 9 mil estancias infantiles que eran operadas por mujeres que se autoempleaban en este tipo de servicios con el subsidio del gobierno federal. Por ejemplo, si un grupo de mujeres decidía habilitar parte de sus casas como estancia infantil o utilizaban algún inmueble cerca de sus hogares, se inscribían ante la Sedesol y si aprobaban los requisitos, la dependencias les entregaba 50 mil pesos y hasta 90 mil pesos para las adecuaciones de infraestructura.
Para las mujeres encargadas de las estancias significaba hacerse de un empleo cerca de sus casas, mientras que el servicio de cuidados funcionaba para las mujeres trabajadoras, lo cual les evitaba largos traslados para dejar y recoger a sus hijos e hijas.
Además, el gobierno subsidiaba el servicio de cuidado, toda vez que entregaba 900 pesos mensuales a las estancias infantiles por cada niño inscrito, y las familias sólo pagaban una cuota semanal de acuerdo con su nivel socioeconómico que iban de los 50 a los 150 pesos semanales.
Con este modelo, el programa de estancias infantiles de la Sedesol logró abrir servicios en zonas serranas o lugares de alta marginación rural y urbana que de otra manera sería imposible de tener, toda vez que las mujeres con salarios precarios no podrían pagar guarderías privadas ni accedían a las del IMSS si es que sus empleos no ofrecían prestaciones sociales.
En 2019, el entonces presidente Andrés Manuel López Obrador decidió eliminar el programa tras encontrar supuestas irregularidades relacionadas con la inscripción de más niños de los que había en las estancias, a los que llamaron “niños fantasma”. Pero nunca mostró una sola prueba de la supuesta corrupción.
En 2022, Animal Político solicitó vía transparencia la evaluación que usó la Secretaría de Bienestar para justificar la cancelación de las estancias infantiles y en la que se encontraban las supuestas irregularidades.
Sin embargo, el documento no hacía referencias a dichos actos de corrupción, sino que sólo enlistaba incumplimientos y recomendaciones como “usar bote de basura con tapa”, “usar uñas cortas y sin esmalte”, “usar cubrebocas al servir alimentos” o que “los cepillos dentales de los niños tengan su nombre”.
El programa de estancias infantiles fue reemplazado en marzo de ese mismo año con la entrega de un apoyo directo de mil 600 pesos bimestrales a padres o madres de familia para que ellos decidieran si pagaban una guardería o a otra persona para que cuidara a sus hijos; e incluso, el presidente decía que los niños podían ser cuidados por “las abuelitas”.
Yoon es investigado por insurrección por haber declarado la ley marcial el pasado 3 de diciembre, una medida que provocó una grave crisis política en Corea del Sur.
El destituido presidente de Corea del Sur, Yoon Suk-yeol, fue arrestado por las autoridades del país asiático en la mañana de este miércoles luego de varias horas de tensión en los alrededores de su residencia.
Yoon, quien está siendo investigado por insurrección y abuso de poder, es el primer presidente surcoreano en la historia en ser detenido durante su mandato. Su destitución aún debe ser confirmada por la Corte Constitucional surcoreana.
La operación se extendió durante casi seis horas, desde las 4:20 am (hora local) hasta pasadas las 10:00 am.
Los más de mil agentes de policía que llegaron a la residencia presidencial fueron recibidos por multitudes tanto a favor como en contra de Yoon, y tuvieron que superar varias barreras en su camino hacia la puerta de la residencia del mandatario.
El 3 de enero, más de 150 agentes de policía lo intentaron durante horas, pero fueron superados en número: primero por una multitud de seguidores del presidente, y luego por un muro humano de escoltas de seguridad dentro de la propiedad.
Yoon Suk-yeol fue destituido por el Parlamento el 14 de diciembre, después de que declarara la ley marcial en el país y desatara una caótica jornada en Seúl.
Tras una votación de los legisladores, quedó formalmente despojado de sus poderes y a la espera de un juicio.
Sin embargo, Yoon había permanecido hasta este miércoles refugiado en la residencia presidencial, protegido por la guardia presidencial, y se había negado a cooperar con las autoridades, ignorando todas las citaciones para ser interrogado.
El lunes 13 de enero comenzó el juicio de destitución en su contra, pero terminó a los cuatro minutos, porque Yoon no se estaba presente.
Por ello, los fiscales habían expresado que no les quedaba más remedio que detenerlo.
Tras consumarse la detención este miércoles, se hizo pública una declaración grabada en video del destituido presidente, en la que dice que aceptó comparecer ante la Oficina de Investigación de la Corrupción (OIC), a pesar de que considera que se está llevando a cabo una “investigación ilegal” en su contra.
En el video dice que lo hace para evitar “cualquier desagradable derramamiento de sangre”.
También, afirma que el Estado de derecho en el país se ha roto, y que ni el organismo que lo investiga, ni el tribunales que dictó la orden de detención, tienen potestad para hacerlo.
Los seguidores de Yoon permanecieron fuera de la residencia presidencial a lo largo de la mañana del miércoles expresando su apoyo al presidente destituido y tratando de evitar su arresto.
Yoon, un fiscal estrella convertido en político, llegó al poder tras ganar popularidad entre los votantes conservadores gracias a una plataforma antifeminista y una postura de línea dura respecto a Corea del Norte.
Pero tras llegar a la presidencia en 2022, se vio envuelto en escándalos personales y enfrentó a una oposición cada vez más poderosa.
A medida que se acumulaban sus problemas políticos, Yoon declaró la ley marcial el 3 de diciembre, con lo cual sumió a Corea del Sur, un país con una democracia estable desde hace 40 años, en el caos político.
Su apuesta resultó ser un fracaso, que desembocó en su destitución por parte del Parlamento e investigaciones penales.
Desde su destitución, Yoon ha resistido los intentos arrestarlo, lo que ha sumido al país en una mayor agitación política.
Aunque está suspendido, Yoon permanecerá en el cargo hasta que el Tribunal Constitucional de Corea del Sur confirme su destitución.
Cuando Yoon hizo su breve declaración de ley marcial en diciembre, citó amenazas de “fuerzas antiestatales” y de Corea del Norte para justificar medida.
Pero pronto quedó claro que su decisión no había sido impulsada por amenazas externas, sino por sus propios problemas políticos internos.
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