La SEP reserva por cinco años la información de las asambleas para elaborar los nuevos planes de estudio y libros de texto
La Secretaría de Educación Pública (SEP) reservó por cinco años la información de las asambleas realizadas para consultar la reforma a los planes de estudio y los libros de texto gratuitos que el gobierno quería instrumentar desde este ciclo escolar y se prevé que sean empleados a partir del siguiente, con el argumento de que los datos que hay sobre estos encuentros podrían obstaculizar la producción de los nuevos materiales educativos.
La información fue solicitada a través de transparencia, luego de que el titular de la Dirección de Materiales Educativos de la SEP, Marx Arriaga, difundiera en redes sociales documentos relacionados con estas asambleas para justificar que sí se consultaron los nuevos planes y libros de texto.
Arriaga hizo la difusión ante los cuestionamientos de padres de familia y asociaciones civiles que reclamaron la falta de mecanismos de participación para evaluarlos.
En su publicación de redes sociales, Arriaga afirmó que se realizaron 41 asambleas que convocaron “a miles” y contaron con la asistencia de más de “1 millón de personas”.
De acuerdo con los documentos compartidos por el funcionario, en enero de 2022 la entonces secretaria de Educación Pública, Delfina Gómez —próxima gobernadora del Estado de México—, instruyó a Arriaga y a la directora general de Desarrollo Curricular para coordinar y participar “en la realización de las reuniones de análisis y discusión de los proyectos del plan y los programas de estudio, aplicables y obligatorios en toda la República Mexicana, y los contenidos para el diseño de los libros de texto gratuitos y materiales educativos de apoyo”.
Como prueba de que estas reuniones fueron llevadas a cabo, adjuntó dos documentos en los que se mencionan siete “foros”, tres en la “Ruta Sur” que se efectuaron en Tabasco, Chiapas y Oaxaca entre el 22 y el 25 de noviembre de 2021, así como cuatro de la “Ruta Norte”, realizados en Sinaloa, Baja California, Baja California Sur y Chihuahua entre el 6 y el 10 de diciembre del mismo año.
Estos eventos, según los documentos difundidos por Arriaga, se llevaron a cabo de manera previa a la instrucción que recibieron para realizar las reuniones sobre los materiales educativos, y no contienen información sobre los diálogos establecidos entre los asistentes y los organizadores, ni sobre las propuestas de los docentes e integrantes de las comunidades escolares.
Los argumentos para reservar la información
En respuesta a la solicitud 330026023002356, donde se pidieron datos sobre las asambleas y análisis de los materiales para el siguiente ciclo, la SEP reconoció que existe “un cúmulo de información considerable relacionada con los libros de texto gratuitos”. Sin embargo, señaló que al contener “minutas, acuerdos y actas relacionadas con la elaboración y diseño de los materiales, dar a conocer estos elementos que no forman parte de un proceso final puede ser un obstáculo para su elaboración y desarrollo”.
Además, indicó que la carpeta con la información solicitada “podría contener información susceptible de protección de datos personales”, por lo que se reservó, aunque quienes participaron —según la secretaría— fueron servidores públicos.
Como argumento para la reserva de los datos, la SEP utilizó el artículo 3 de la Ley General de Transparencia, que señala: “Toda la información generada, obtenida, adquirida, transformada o en posesión de sujetos obligados en el ámbito federal es pública, accesible a cualquier persona y solo podrá ser clasificada excepcionalmente como reservada por razones de interés público y seguridad nacional o bien, como confidencial”.
Por ello, indicó la secretaría, “la documentación relacionada con las asambleas y análisis del plan y programas de estudio se deberá considerar como reservada o de lo contrario se vulnerarían los bienes jurídicos que tutela el supuesto de reserva establecido, consistentes en la política pública implementada, la cual debe responder a la satisfacción del interés social y del bien común, atendiendo a la protección de un interés superior de la niñez, mismo que no puede estar supeditado al interés de un particular”.
Las asambleas a las que se refiere Arriaga se realizaron antes del ciclo escolar que está por terminar. La SEP quería que para entonces ya entrara en vigor un nuevo plan de estudios junto con libros de texto, pero un amparo promovido por la organización Educación con Rumbo frenó esa puesta en marcha, y se espera que en el siguiente curso ya se instrumenten tanto el nuevo plan como los nuevos libros.
Los reclamos y recursos legales por las consultas
El pasado 15 de mayo, Animal Político dio a conocer que los libros de texto gratuitos para nivel primaria fueron impresos sin que se cumpliera con el proceso de elaboración que dicta la Ley General de Educación, en la que se establece que previo a su elaboración deben publicarse los planes de estudio en el Diario Oficial de la Federación (DOF), y que ambos materiales deben ser consultados entre profesores y padres de familia de todo el país.
Dos días después, la Unión Nacional de Padres de Familia interpuso un amparo contra los nuevos libros de texto, y acusó al gobierno de actuar “a espaldas de los mexicanos” con la “imposición” de los materiales sin respetar las consultas.
Este amparo fue concedido por una jueza federal el 26 de mayo, cuando ordenó a la SEP y a la Comisión Nacional de Libros de Texto Gratuitos (Conaliteg) la suspensión de la impresión de los libros para primaria, hasta que se verifique que se hayan cumplido los procedimientos legales respectivos.
En respuesta a esta decisión judicial, la SEP y la Conaliteg interpusieron un recurso de revisión para buscar que se modifique o revoque la suspensión.
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Analizamos las similares estrategias de los gobiernos de Nicaragua y Venezuela, calificados como regímenes autoritarios por países y organismos internacionales.
Nicolás Maduro vio cómo en 2024 se erosionó su relación con Lula en Brasil y Gustavo Petro en Colombia, entre otros, por los resultados de las elecciones de julio, en las que fue declarado vencedor pese a que nunca se mostraron las actas oficiales de la votación.
No le falló, sin embargo, un fiel aliado: Daniel Ortega.
“No hay vuelta atrás, no hay paso atrás, Nicolás es el presidente legítimo”, dijo el mandatario de Nicaragua, cuya legitimidad internacional es tan discutida como la de Maduro.
El año que termina profundizó la relación entre ambos países y al mismo tiempo los parecidos sobre cómo ambos gobiernos refuerzan su poder y se enfrentan a la disidencia.
Venezuela y Nicaragua, aliados ideológicos junto a Cuba con llamados gobiernos revolucionarios de izquierdas, son considerados regímenes autoritarios por organismos internacionales y países occidentales y han sido en los últimos años importantes focos de crisis política y social en América Latina.
“Ambos están entre los gobiernos más represivos de la región y utilizan prácticas y políticas de represión similares, incluyendo detenciones arbitrarias sin debido proceso, torturas, y la censura generalizada”, le dice a BBC Mundo el subdirector de la División de las Américas de Human Rights Watch (HRW), Juan Pappier.
Paralelismos
Ortega acaba de promover una reforma de la Constitución para concentrar todos los poderes del Estado en su figura y la de su esposa, la vicepresidenta Rosario Murillo, que pasará a ser “copresidenta”.
Maduro, por su parte, renovó su mandato tras las elecciones del 28 de julio, consideradas fraudulentas por buena parte de las democracias del mundo.
Las actas oficiales publicadas por la oposición mostraban un claro triunfo de Edmundo González, el desconocido diplomático que sustituyó a la popular líder María Corina Machado, inhabilitada para postularse.
A la inestabilidad derivada del proceso siguieron denuncias de arrestos arbitrarios, juicios irregulares, torturas y la anulación de pasaportes a críticos del gobierno, entre otras medidas.
González, acusado por la Fiscalía venezolana -próxima al gobierno- de “instigación a la insurrección”, tuvo que exiliarse en España, mientras que Machado ha sido acusada de “traición a la patria” y permanece en la clandestinidad dentro de Venezuela.
Algo parecido sucedió en Nicaragua en 2023, cuando el Ejecutivo expulsó a Estados Unidos a 316 opositores que mantenía presos y les retiró la nacionalidad.
Antes, en 2021, Ortega había sido elegido por quinta vez como presidente con 75% de los votos en unos comicios en los que prácticamente no tuvo rivales, después de que la Justicia -controlada por el oficialismo- ordenara el encarcelamiento de siete precandidatos además de 32 líderes opositores y empresarios.
Los acusaban, como ahora pasa en Venezuela, de “conspiración y traición a la patria”.
Ambos países padecen, además, un pronunciado éxodo migratorio, sobre todo hacia Estados Unidos, que ofrece protección especial a sus solicitantes de asilo.
Expertos señalan que, desde el modo en que enfrentan la disidencia hasta cómo operan sus procesos electorales, Nicaragua y Venezuela exhiben numerosos paralelismos que se han reforzado este 2024.
Si bien tanto en Venezuela como en Nicaragua se realizan elecciones, “los dos gobiernos lograron desmantelar de forma similar los frenos y contrapesos propios de la democracia, cooptando el poder judicial y en la práctica anulando el ejercicio libre del derecho al voto“, indica Pappier.
Los estándares internacionales no se cumplen, explican analistas, lo que ha servido para consolidar a ambos gobiernos.
“Probablemente Maduro le preguntó a Ortega sobre los procedimientos que ha utilizado y sigue utilizando para suprimir o inhibir, por un lado, la formación de una voluntad mayoritaria de cambio que amenace su régimen político, y por otro lado, cómo garantizar la estabilidad de su gobierno”, afirma el politólogo venezolano John Magdaleno.
Según él, “las inhabilitaciones y restricciones a los partidos políticos se han convertido en parte del repertorio de procedimientos que las autocracias del siglo XXI implementan para evitar cualquier cambio político”.
Los gobiernos de Venezuela y Nicaragua aseguran que esas medidas son decisiones legales tomadas por órganos independientes a la presidencia y obedecen a normas supuestamente quebrantadas por los opositores.
Exilio y cancelación de pasaportes
Otras de las medidas utilizadas por ambas administraciones para neutralizar a opositores políticos. son el exilio y la cancelación de pasaportes.
Aunque lo han hecho de forma diferente y el caso de Nicaragua es más extremo.
En 2023, Managua desterró en dos tandas a 316 opositores, entre ellos líderes políticos opositores como Félix Maradiaga o Cristiana Chamorro, sandinistas históricos como Dora María Téllez e intelectuales como la escritora Gioconda Belli o Sergio Ramírez.
Los despojó de sus bienes, sus pasaportes y la nacionalidad nicaragüense tras una resolución judicial que los condenaba “por cometer actos que menoscaban la independencia, la soberanía y la autodeterminación del pueblo; por incitar a la violencia, al terrorismo y a la desestabilización económica”.
En Venezuela, las denuncias sobre anulación de pasaportes se multiplicaron en los últimos meses tras las elecciones del 28 de julio.
Algunos de los afectados, como el dirigente político Andrés Caleca residen en el país, por lo que la medida les impide salir legalmente, mientras otros están en el exilio y, en ese caso, se les veta el regreso.
De acuerdo a analistas, al bloquear la movilidad de los disidentes dentro y fuera del país el gobierno busca, por un lado, evitar que la oposición interna participe en eventos internacionales y, por otro, prevenir que los exiliados regresen para agitar la oposición interna.
El caso más notable ahora es el de Edmundo González, refugiado en España después de recibir una orden de captura por usurpación de funciones, instigación a la desobediencia y conspiración, entre otros supuestos delitos.
“El exilio de figuras de la oposición en Nicaragua fue el resultado de un acuerdo con los EE. UU. y sirvió para aliviar la presión sobre el gobierno de Ortega neutralizando a los alborotadores. El exilio forzado de González en Venezuela cumplió un propósito similar”, explica a BBC Mundo Michael Paarlberg, investigador del centro de estudios Institute for Policy Studies y profesor de la Virginia Commonwealth University en Estados Unidos.
Sin embargo, remarca una diferencia fundamental entre ambos: mientras en Venezuela aún hay una oposición interna significativa y organizada, en Nicaragua se ha eliminado cualquier atisbo de resistencia.
“El gobierno de Ortega sigue un enfoque más totalitario al reprimir a toda la sociedad civil, las organizaciones religiosas y la oposición, mientras desmoviliza a la población mediante la promesa de cierto grado de estabilidad económica, algo que Maduro no puede ofrecer”, apunta.
“Represión” y “traición a la patria”
Tanto Venezuela como Nicaragua han sido acusados de emplear sus sistemas judiciales y Fuerzas Armadas para perseguir a opositores y disidentes.
“Los dos regímenes usan aparatos parapoliciales y paramilitares para reprimir la disidencia y a la oposición”, le dice a BBC Mundo el politólogo John Magdaleno.
Ambos gobiernos defienden la imparcialidad de su sistema judicial y alegan que sus acciones contra opositores buscan combatir supuestas campañas subversivas financiadas por Estados Unidos y aliados.
Tras las elecciones del 28 de julio en Venezuela ha habido centenares de detenciones, muchas de ellas calificadas como arbitrarias por organismos locales e internaciones que defienden el debido proceso.
También se han denunciado desapariciones, torturas y ha habido varias muertes de disidentes que estaban en custodia policial.
Para Amnistía Internacional, el control del poder Ejecutivo sobre el sistema Judicial y la Fiscalía se traduce en arrestos arbitrarios o preventivos, juicios expeditos con escasas garantías para la defensa y sentencias determinadas de antemano.
Otras organizaciones como HRW (Human Rights Watch) señalan que en ambos países se han instrumentalizado las leyes de seguridad nacional y antiterrorismo para combatir las protestas.
Estas leyes, según un informe del Centro para Estudios Estratégicos e Internacionales (CSIS), son empleadas como herramientas para justificar detenciones y enjuiciamientos que, de otra manera, no contarían con un respaldo legal claro.
El gobierno de Ortega ha procesado a numerosas figuras de la oposición y líderes sociales bajo los cargos de terrorismo y conspiración.
Destacan los casos de Cristiana Chamorro y Félix Maradiaga, precandidatos a la presidencia en 2021, a quienes se imputó el cargo de conspiración en procesos judiciales que, según Amnistía Internacional, estuvieron plagados de irregularidades, como la ausencia de una defensa adecuada o el veto a observadores internacionales.
Bajo la excusa de proteger la soberanía nacional, “ambos gobiernos emplean el exilio forzado, la persecución judicial, normalmente por delitos vagos y abstractos como ‘traición a la patria’ o ‘terrorismo’, para amedrentar a críticos”, apunta el representante regional de HRW, Juan Pappier.
En Venezuela, la traición a la patria se basa en el artículo 130 de la Constitución, que obliga a sus ciudadanos a “honrar y defender a la patria, sus símbolos y valores culturales; resguardar y proteger la soberanía, la nacionalidad, la integridad territorial, la autodeterminación y los intereses de la nación”.
El gobierno venezolano suele usarla para acusar a opositores políticos, a quienes en ocasiones atribuye conspiraciones para derrocar o asesinar a Maduro.
Entre los que han sido afectados están Juan Guaidó, Leopoldo López, y María Corina Machado, además de los exministros del oficialismo, Rafael Ramírez y Andrés Izarra.
Esta figura legal ha sido aún más recurrente en Nicaragua.
La Ley de Defensa de los Derechos del Pueblo, aprobada en diciembre de 2020, permite arrestar a cualquier persona que solicite sanciones extranjeras o “incite la injerencia extranjera en los asuntos de Nicaragua”.
El gobierno usó esta figura para sentenciar a los 316 presos políticos desterrados en 2023, a quienes consideró agentes al servicio de intereses extranjeros.
Más recientemente, Ortega acusó de “traición a la patria” a su hermano menor Humberto, que murió en septiembre de 2024 tras meses de arresto domiciliario por calificar como “dictatorial” al gobierno que lideran su hermano y su cuñada, Rosario Murillo.
Los expertos coinciden en que los paralelismos entre Nicaragua y Venezuela confluyen en su mayor aliado político e ideológico: Cuba.
“La inteligencia cubana aún tiene mucha influencia y, al menos en Venezuela, se le atribuye haber desincentivado, desarmado e infiltrado cualquier tipo de movilización o desacuerdo estratégico dentro de las instituciones públicas, incluyendo la administración pública, las Fuerzas Armadas y cuerpos policiales”, asegura John Magdaleno.
El experto destaca que “el avance autocrático en Nicaragua es mucho más pronunciado que en Venezuela, y se aproxima más a una autocracia cerrada”.
No obstante, advierte, “en Venezuela también se empiezan a ver señales de avance en esa dirección”.
En términos similares se expresa el subdirector de las Américas de HRW, Juan Pappier.
“Mientras el gobierno de Maduro se turna entre estrategias de represión más dura y generalizada y otras más selectivas, al menos desde 2021 el de Ortega ha reprimido la crítica de forma generalizada, brutal y constante”, sentencia.
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