La SEP suspende programas para crear protocolos que atiendan abuso y acoso sexual en escuelas
La campaña para aplicar protocolos para prevenir y atender los miles de casos de abuso y acoso sexual en las escuelas de preescolar, primaria y secundaria públicas y privadas en el país quedó en suspenso primero por la pandemia de Covid-19 y luego porque la Secretaría de Educación Pública (SEP) canceló el presupuesto para el programa de convivencia escolar.
La estrategia, a la fecha suspendida, también tenía como propósito prevenir el ciberacoso sexual infantil, el sexting y cualquier tipo de violencia en redes sociales o en el uso de internet, así como el bullying y contra la violencia de género.
Te puede interesar: En dos décadas, autoridades educativas acumulan al menos 5 mil casos de violencia sexual en escuelas
El programa contaba con varias acciones que iban desde colocar un buzón escolar de denuncia del abuso sexual, hasta que el personal adulto utilice baños diferentes a los de los alumnos, al considerarse un lugar de riesgo para los niños. Las medidas incluían realizar un diagnóstico de la infraestructura escolar para identificar otras zonas de riesgo como bodegas, espacios cerrados o lo que queda bajo llave sin supervisión y finalmente crear mecanismos de vigilancia permanente en cada plantel.
La Secretaría de Educación Pública no respondió al requerimiento de información de cuándo se planea retomar este plan para crear protocolos contra el abuso en escuelas.
En su Informe Es un secreto. La explotación sexual infantil en las escuelas, elaborado por la Oficina de Defensoría de los Derechos de la Infancia (ODI) a partir de los casos litigados en 18 escuelas, señala que las agresiones organizadas por maestros, directivos y personal de intendencia o administrativos tiene patrones delictivos orientados a la explotación sexual infantil.
En el estudio, que aborda casos en escuelas públicas y privadas de la Ciudad de México, Estado de México, Jalisco, Baja California, Morelos, San Luis Potosí y Oaxaca, un centenar de niños relataron que los abusos se perpetraron en los baños, las oficinas de la dirección, patios o salones.
Los protocolos, hasta ahora suspendidos, buscaban identificar esas zonas de riesgo.
El plan también abordaba que directivos y maestros estarían obligados a levantar actas de hechos, notificar a padres de familia y autoridades educativas, e incluso llegar hasta el ministerio público y darle seguimiento para no incurrir en responsabilidades.
En un listado de 25 acciones preventivas también se incluyó que los maestros tendrían que dirigirse con respeto, evitar apodos o sobrenombres de cualquier tipo, más aún los de connotación sexual, así como evitar “palabras con contenido sexual, lascivos o de enamoramiento”.
En todo momento se deben “evitar insinuaciones, miradas lascivas” que atenten contra la dignidad y la libertad sexual”, no acariciarlos, rozarlos, pegarles, “tocarles los senos, las piernas, darles masajes, saludos de beso, entre otras, que impliquen acciones dolosas con sentido lascivo”. Ello incluye invitarlos a salir o relacionarse fuera de la escuela bajo cualquier pretexto.
Como el protocolo se desarrolló previo a la pandemia se prohibía que tuvieran contacto con los niños y adolescentes en sus celulares o en el Facebook u otras redes sociales, así como entablar comunicación a través de esos medios.
La estrategia sugerida por el grupo de expertos convocados por el Sistema de Protección Integral de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes (Sipinna) junto con autoridades estatales de educación para echar a andar los protocolos en agosto de 2020 quedó suspendida debido a que no se iniciaron clases presenciales en las escuelas por la emergencia sanitaria.
La implementación debía ocurrir a través de trípticos, videos, periódicos murales, sesiones informativas o conferencias con expertos para niños, padres de familia y trabajadores. Lo único que se ha hecho, a la fecha, son algunas sesiones informativas virtuales, pero sólo en 98 mil de los más de 230 mil planteles públicos y privados.
Un programa a medias y sin recursos
En el Programa Nacional de Convivencia Escolar, creado en 2016, la Secretaría de Educación Pública impulsó la creación de protocolos de atención a la violencia en las escuelas, a partir de diversas recomendaciones de la Comisión Nacional de Derechos Humanos.
Un año después, en al menos diez entidades el protocolo fue publicado en las gacetas o periódicos oficiales y en el resto de las entidades del país, incluida la Ciudad de México, el protocolo de actuación quedó solo a nivel de lineamiento o herramienta de actuación.
En algunas entidades se desarrolló una primera versión general para prevenir y atender la violencia en la escuela, orientado más al acoso al interior de las aulas, pero en la administración pasada se incluyó una “Guía de observación de apoyo para identificar indicadores de riesgo de abuso sexual infantil”.
El documento se presentó ante los secretarios de educación y se entregó a las 32 entidades, en cada una de ellas se adicionaron directorios y acciones para fortalecer la prevención y la denuncia.
Esa fue la primera vez que la SEP especificó en un documento las acciones para abordar el tema e incluso estableció como ruta de denuncia notificar a las procuradurías de protección de niñas, niños y adolescentes. Se elaboraron materiales gráficos y se desarrollaron talleres para docentes de educación básica, pero sólo se trabajó con 17 millones de los más de 25 millones que existen en el país.
En los últimos cuatro años, este programa de convivencia, en donde se desarrollaban las acciones con el Sistema de Protección Integral de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes (Sipinna) para arrancar con los protocolos, vio disminuido su presupuesto hasta desaparecer. Tuvo asignados 350 millones de pesos en 2016, luego 223 millones de pesos en 2020, y en este 2021 no tuvo recursos etiquetados.
David Calderón, de Mexicanos Primero, dijo que avanzar en la integración de acciones más específicas ha sido difícil en el último año por el cambio de funcionarios en la SEP, en el mismo Sipinna, la emergencia sanitaria de Covid-19 y el recorte presupuestal.
Los estados y protocolos contra el abuso
Las secretarías de educación de los estados tardaron hasta tres años para armonizar los protocolos propuestos desde SEP y Sipinna en las entidades. En Coahuila, Jalisco, Tabasco, Veracruz, Nuevo León, Quintana Roo, Sonora, Chiapas y Zacatecas el protocolo fue adoptado como ley o acuerdo secretarial, de manera que fue difundido en las gacetas o periódicos oficiales.
En el resto de las entidades del país el documento que presentó la SEP se tradujo en un lineamiento más para el trabajo de las escuelas.
En algunas entidades como Chihuahua existen antecedentes legales como la Ley de Seguridad Escolar del 31 de julio de 2004, a la que ahora sólo se le adiciona el protocolo y la guía. Lo mismo ocurrió con San Luis Potosí en donde se incorporó a la ley de prevención y seguridad escolar.
En Chiapas, el protocolo fue agregado como parte del plan estatal de educación en la presente administración, mientras que en Zacatecas el documento se tomó como base para generar un protocolo de actuación acasos de abuso y acoso sexual que atienda la violencia contra las mujeres.
Las escuelas que están inscritas en el programa de convivencia mantienen aún actividades de asesoría y capacitación a maestros en el actual ciclo escolar, dado que son parte del padrón de planteles que recibió hasta diez mil pesos por tener un proyecto para promover la convivencia escolar.
Durante la etapa de capacitación de docentes al inicio del ciclo escolar 2020-2021, en medio de la pandemia, los directores, maestros, supervisores y asesores pedagógico recibieron capacitación, o aún lo hacen hasta hace unos días, para conocer a detalle el protocolo, la guía y el procedimiento para un acta de denuncia de hechos.
En una de esas sesiones una de las capacitadoras le advirtió en la sesión de Consejo Técnico: “es más peligroso matizar que informar de manera clara a los padres de familia y a las autoridades cómo sucedió el abuso”.
Pero para la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), el protocolo que se desconoce en la mayoría de las escuelas de educación básica, “busca criminalizar a los maestros, los pone en alto riesgo y les asigna labores para las cuales no estamos capacitados, como de abogados, psicólogos o médicos”, dijo Francisco Bravo, dirigente sindical.
Explicó que en el caso del abuso sexual que ocurre en los domicilios por parte de familiares o conocidos, los maestros están obligados incluso a presentar la denuncia ante el ministerio público si los niños llegan y les cuentan lo ocurrido.
“Pero hemos sabido de casos en la Ciudad de México en donde los maestros, los directores han sido agredidos por los abusadores, una vez que se enteraron de la denuncia. Muchas veces las familias no creen lo que los niños dicen, entonces las mamás niegan el hecho y somos los maestros lo que quedamos expuestos”.
En el caso del abuso sexual en las escuelas, agregó, es claro, si alguien comente un delito de esa naturaleza, “tenemos que actuar en cuanto eso ocurra y estamos de acuerdo, sólo que nosotros no debemos ser responsables ante el ministerio público”, indicó el dirigente sindical.
El protocolo que cada entidad ajusta contiene además de su presentación, la exposición de objetivos y un marco conceptual, incluye acciones de Prevención, detección y actuación en casos de abuso sexual infantil, acoso escolar y maltrato.
En esas adaptaciones al documento por entidad se observa que Veracruz, al publicar el protocolo en septiembre de 2019 definió que los casos abuso sexual en las escuelas ocurren en diferentes formas, además del abuso sexual, como violación, estrupo, acoso sexual, hostigamiento, pederastia, corrupción y pornografía, conceptos que define el Código estatal en Materia Penal.
Otro como Yucatán fortalecieron la guía con las aportaciones de la fiscalía estatal, la Procuraduría de la Defensa del Menor y la Familia, la Comisión de Derechos Humanos del estado, la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas, la Unidad de Clínica e Investigación Victimológica de la Facultad de Psicología de la Universidad Autónoma de Yucatán y la Secretaría de las Mujeres.
Sindicato a la defensa
Lorenzo Gómez Morín, exsubsecretario de Educación Básica, aseguró que “es preocupante que hasta ahora no tengamos una política articulada para atender este que es un tema que va más allá de la escuela, que está relacionado con una política pública sobre el cuidado de la infancia”.
Hasta ahora, agregó, ha sido difícil dimensionar el problema en el país porque o no se denuncia y si se logra hacer no hay mecanismos para fincar responsabilidades de la dimensión de las agresiones. De los casos que se denuncian es poco probable que tengan un seguimiento por parte de la autoridad.
Refirió que para el diseño de una política se requiere establecer qué hacer frente a los procedimientos del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), en particular, como instancia de defensa de los maestros. “Es un problema real, presente. A mí me tocó enfrentarlo, los maestros, agresores, son defendidos por el sindicato”.
Explicó que más allá de los protocolos y guías que impulsa la SEP “se requiere de la acción, de la voluntad política para que no sean pocos los casos que concluyen en un castigo” a los agresores.
En 2010 se publicó el “Procedimiento para cesar al personal de la secretaría que acosó y abusó sexualmente de los alumnos: legislación, evidencia y recomendaciones para el cambio”, una investigación del ITAM. Ahí se identificó que los errores más comunes para levantar un acta administrativa eran: errores en la realización de la notificación del acta administrativa, falta de precisión o inconsistencias de la testimoniales vertidas por los testigos de cargo, la existencia de un testigo único, la inclusión de testimonios de oídas y el auxilio indebido a los testigos de cargo al rendir sus declaraciones.
“Entre los errores típicos podemos contar el no anotar con precisión la hora y el lugar del levantamiento, o bien, cometer errores al escribir el nombre del trabajador o su representante sindical”.
El estudio que se hizo entre 1998 a 2008 a partir de 229 actas por abuso sexual y 337 por acoso sexual reveló que 44.10% de las actas de abuso sexual y 48.65% de las de acoso sexual derivaron en una demanda, esto es, en un juicio de autorización de cese ante el Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje (TFCA).
En 20.96% de las actas de abuso fueron declaradas improcedentes, lo cual significa que no procede sanción alguna debido a errores en el levantamiento del acta, o bien, debido a que la evidencia presentada no respalda la comisión de la conducta presuntamente cometida.
Otro 10.92% fueron devueltas a la autoridad que las levantó por contener errores y sólo 2.18% de las actas de abuso terminaron en un dictamen de sanción con “una suspensión sin goce de sueldo por cierto número de días, y en menor medida, un cambio de adscripción”.
Ese estudio, el único de su tipo, señala que la duración promedio de un juicio de autorización de cese fue de 3.43 años.
Relacionado
El gobierno de Milei busca reintegrar al sistema financiero local los dólares no declarados por los argentinos.
A principios de 1975, Rubén Stupiello decidió vender una casa en Buenos Aires y depositar sus pesos en un banco argentino, atraído por una alta tasa de interés que le permitiría hacer más dinero con su dinero.
La estrategia le funcionó, pero la buena racha le duró poco.
Pocos meses después, el ministro de Economía argentino de aquella época, Celestino Rodrigo, anunció el 4 de junio de 1975 un paquete de medidas económicas que derivó en una devaluación del peso por encima del 100%.
Desconcertado por la situación, Rubén se apresuró a retirar su dinero del banco. Al hacerlo, notó que los pesos equivalentes al valor de una casa le alcanzaba con suerte para comprar un auto.
El “Rodrigazo”, como se conoció al plan económico de Celestino Rodríguez, terminó de convencer a muchos argentinos que la mejor forma de ahorrar en su país era en dólares y no en una moneda local que se ha caracterizado por perder valor desde entonces.
“En Argentina, no confiamos en nuestra moneda. Después de décadas de devaluaciones muy fuertes, sabemos que quien ahorró en pesos en los últimos 50 años perdió en comparación a quien ahorró en dólares”, le dice a BBC Mundo Guido Zack, doctor en Análisis Económico.
Pero ahorrar en dólares y depositar la divisa estadounidense en bancos tampoco resultó una garantía.
En el año 2001, en medio de una de las peores crisis económicas, el ministro de Economía de ese entonces, Domingo Cavallo, impuso restricciones al retiro de los dólares que los ahorristas tenían en el sistema bancario.
Esta medida, que se conoció como “Corralito”, terminó con la caída del gobierno de ese entonces y con una pesificación forzosa de esos ahorros en dólares a un tipo de cambio menor al que regía antes de la crisis.
A la desconfianza en el peso se sumó la desconfianza en los bancos, por lo que muchos ahorritas escondieron en sus casas los “verdes” (como se conoce en Argentina al dólar) para un uso futuro.
Así nació la expresión: “debajo del colchón”, una práctica que rápidamente se convirtió en hábito entre los argentinos.
El Instituto Nacional de Estadística y Censos calcula que unos US$246.000 millones están por fuera del sistema bancario argentino, según el informe “Balanza de pagos, posición de inversión internacional y deuda externa” de 2024.
La cifra supera ampliamente a las reservas internacionales del Banco Central de Argentina que rondan los US$38.300 millones y se calcula que representan el 45% del PIB del país.
Por eso, el gobierno de Javier Milei quiere reinsertar esos dólares en el sistema.
“Los que tienen los dólares bajo el colchón son los héroes que van a sacar adelante este país”, sostuvo el mandatario en el Congreso Económico Argentino de abril pasado.
“Ustedes no metieron dólares abajo del colchón porque odian al país. Lo hicieron porque del otro lado había un conjunto de delincuentes que les robaron con el impuesto inflacionario”, remató.
“Bajo del colchón”
En esa dirección, el gobierno anunció a mediados de mayo un plan que habilita a las personas con ahorros no declarados a utilizar ese dinero para comprar una propiedad de hasta US$43.000 o colocar hasta US$85.000 en plazos fijos en los bancos sin justificar su origen.
“Este cambio de régimen apunta a devolverle la libertad a la gente y dejar de pensar que la gente que se tuvo que refugiar en el mercado informal son delincuentes”, agregó el ministro de Economía, Luis Caputo.
La medida llega después del exitoso blanqueo de capitales por US$22.500 millones que alcanzó el gobierno el año pasado y del nuevo préstamo del FMI por US$20.000 millones.
“Me dijeron, no sé si es verdad, que hay más de US$200.000 millones bajo el colchón y Dios sabe dónde. Si ese dinero se invierte en Argentina, imaginen lo que sería ese país”, comentó la directora del organismo, Kristalina Georgieva, en un evento con legisladores organizado en Washington.
Pero, ¿de qué hablamos cuando los argentinos se refieren a los dólares “en el colchón” y qué nos dicen sobre el problema crónico de la escasez de divisas de su economía?
Santiago, un empresario gastronómico de 37 años, dice que nunca depositó sus ahorros en un banco y que adoptó esta posición, al igual que gran parte de los argentinos, al mirar la experiencia de su familia de las últimas décadas.
“Mi papá perdió US$40.000 en la década de 1990 de la noche a la mañana un día que el banco con el que operaba cerró. Después, en plena crisis de 2001, otro banco no le dejó sacar sus ahorros por un tiempo. No quiero que me pasé eso”, dice.
La expresión de los “dólares bajo del colchón” hace referencia a los ahorros no declarados, en moneda estadounidense, que no entran al sistema. Pueden estar escondidos en las casas, atesorados en las cajas de seguridad físicas de los bancos o depositados en cuentas en el exterior.
“La manera de protegernos de las devaluaciones y la inflación es ahorrar en moneda extranjera y ahorrar los dólares en billetes. Algunos, esos billetes los ponemos debajo del colchón, que es un eufemismo para decir que escondemos los dólares en nuestras casas”, dice Guido Zack.
De acuerdo al especialista, los incentivos para depositar los ahorros en pesos en el banco no logran compensar la inflación crónica por la que pasa el país. Por lo tanto, destinar los pesos a un plazo fijo en moneda local no siempre termina siendo favorable.
“En los últimos años ahorrar en moneda local en el sistema financiero no ha sido lo más conveniente para los argentinos. Pero eso es algo que debe cambiar, si queremos estabilizar nuestra economía”, añade.
Impacto en la economía
Esta práctica complica mucho la economía local.
Argentina ha sufrido constantes ciclos de estancamiento económico y en buena medida esto se debe a esta escasez crónica de dólares.
“En nuestro sistema bancario faltan esos US$250.000 millones de los argentinos que están fuera del sistema”, dice Zack.
La ausencia de estos dólares en los bancos se traduce en la escasez de reservas internacionales en el Banco Central, que es aquello que un país necesita importar más productos y así hacer crecer su economía.
Cuando los argentinos ahorran en dólares lo que hacen es básicamente sacarlos del circuito económico. Por lo tanto, estos no son dólares que se usen para consumir ni para prestarle a una empresa para que invierta. Por el contrario, son “dólares que están quietos”.
“Y ese es un gran problema de la economía argentina”, explica el economista.
Si toda persona que tiene capacidad de ahorro, en lugar de utilizarla para financiar inversión en la economía local, lo que hace es comprar dólares y sacarlos del sistema, va a haber mucha menos disponibilidad de dólares para prestarle a las empresas dice Zack.
También habrá muchos menos dólares para acumular reservas y estabilizar el tipo de cambio, que es uno de los principales problemas de la economía argentina de la última década.
“Tus dólares, tu decisión”
Para recuperar esos dólares que Argentina necesita, el gobierno de Milei presentó un plan que consiste en no preguntar sobre el origen del dinero no declarado que se utilice para comprar una propiedad o que se deposite en un banco.
“Tus dólares, tu decisión”, anunció el vocero presidencial de Javier Milei, Manuel Adorni, en una rueda de prensa el 22 de mayo pasado.
“Lo tuyo es tuyo y podés gastarlo como quieras sin tener que andar demostrando a cada rato de dónde lo sacaste. Los argentinos vuelven a ser inocentes hasta que la Agencia de Recaudación y Control Aduanero demuestre lo contrario”, agregó.
“Este cambio de régimen apunta a devolverle la libertad a la gente y dejar de pensar que la gente que se tuvo que refugiar en el mercado informal son delincuentes”, sostuvo el ministro de Economía, añadió Luis Caputo.
Esta medida, que se presenta a cinco meses de las elecciones de medio término en Argentina, ha generado controversia.
“¿Dónde están los incentivos? Parecen que si haces las cosas mal salís premiado y si las haces bien estás castigado. Los incentivos están totalmente cruzados”, dice el empresario gastronómico entrevistado por BBC Mundo sobre esta medida que permite blanquear dinero no declarado.
“El relajamiento de la información puede terminar por fomentar la informalidad. Si el Estado no puede controlar el origen de ese dinero, uno puede pensar: ¿Para qué voy a pagar mis impuestos? Y esa es una actitud muy egoísta y totalmente contraria a la solidaridad de un país”, comenta Zack.
Por su parte, la secretaria de Comunicaciones del FMI, Julia Kozack, recordó que Argentina se comprometió “a fortalecer la transparencia financiera y respetar las normas antilavado”.
“Cualquier medida nueva que pueda tener como objetivo alentar el uso de activos no declarados debe ser coherente con estos compromisos. Lo único que puedo decir ahora es que estamos viendo lo que está ocurriendo con suma atención”, alertó.
El gobierno argentino intenta por todos los medios sacar los dólares del colchón. Una ambición que comparten -y han intentado conseguir con poco éxito- los presidentes que antecedieron a Milei desde 1980 hasta la fecha.
La pregunta de fondo es si hoy existen los incentivos necesarios para que los argentinos recuperen la confianza en sus entidades financieras y, en última instancia, en su propia moneda.
Haz clic aquí para leer más historias de BBC News Mundo.
Suscríbete aquí a nuestro nuevo newsletter para recibir cada viernes una selección de nuestro mejor contenido de la semana.
Y recuerda que puedes recibir notificaciones en nuestra app. Descarga la última versión y actívalas.
Utilizamos cookies propias y de terceros para personalizar y mejorar el uso y la experiencia de nuestros usuarios en nuestro sitio web.
