SEP acata a medias orden de Inai; crea sitio sobre asambleas de nuevos libros de texto, pero publica sólo fotos
La Secretaría de Educación Pública (SEP) creó una página web de las asambleas para diseñar los nuevos libros de texto, en acato a la orden del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (Inai), pero omitió subir las actas de los encuentros o enlaces a los videos de las discusiones con personal docente y padres de familia.
En el sitio “Asambleas de análisis del Plan y los Programas de Estudio para el diseño de los Libros de Texto Gratuitos para la Educación Básica”, la SEP publicó los planes y programas de estudio de preescolar, primaria y secundaria, 16 álbumes fotográficos de eventos en los que se dialogó sobre el tema y la lista de 12 estados en los que se habrían dado encuentros.
También se encuentran los enlaces a los formularios con cuestionarios de opinión sobre el “Análisis del Plan y los Programas de Estudio para el diseño de los Libros de Texto Gratuitos para la Educación Básica”, por estado, pero no pueden consultarse porque los formularios fueron cerrados y ya no admiten respuestas.
Sin embargo, no incluyó las actas, minutas o cualquier documento con el que se pueda conocer la discusión que se dio sobre los nuevos materiales, aunque el propio Comité de Transparencia de la SEP determinó desde el pasado 14 de agosto que debían desclasificarse las “asambleas y análisis del plan y los programas de estudio para el diseño de los libros de texto gratuitos para la educación básica 2022“.
De acuerdo con el acta de la Séptima sesión extraordinaria del Comité de Transparencia de la SEP, se consideró precedente la desclasificación de la información, “toda vez que los libros de texto gratuito para el ciclo escolar 2023-2024 ya fueron impresos y están en proceso de distribución y que, por su relevancia, la discusión sobre su contenido se ha llevado al foro público, siendo de interés conocer los elementos que se tomaron en cuenta para su elaboración”.
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Las galerías incluidas corresponden a las asambleas celebradas en Veracruz, Campeche, Yucatán, Quintana Roo, Tamaulipas, Nuevo León, Coahuila, Durango, Puebla, Oaxaca, Chiapas, Tabasco, Guerrero, Morelos, Querétaro y Zacatecas.
Las asambleas de las que no se presentaron fotografías fueron realizadas en San Luis Potosí, Aguascalientes, Nayarit, Sinaloa, Michoacán, Guanajuato, Jalisco, Colima, Estado de México, Ciudad de México, Tlaxcala e Hidalgo.
Sin información sobre lo que se discutió en las asambleas
En junio pasado, Animal Político publicó que la SEP había reservado por cinco años la información sobre las asambleas para elaborar los nuevos planes de estudio y libros de texto, con el argumento de que los datos sobre estos encuentros podrían obstaculizar la producción de los materiales educativos para el ciclo escolar 2023-2024.
La información fue solicitada a través de transparencia, luego de que el titular de la Dirección de Materiales Educativos de la SEP, Marx Arriaga, difundiera en redes sociales documentos relacionados con estas asambleas para justificar que sí se consultaron los nuevos planes y libros de texto.
Arriaga hizo la difusión ante los cuestionamientos de padres de familia y asociaciones civiles que reclamaron la falta de mecanismos de participación para evaluar estos nuevos materiales, pertenecientes a lo que la SEP llama “Nueva Escuela Mexicana“.
De acuerdo con Arriaga, se habrían realizado 41 asambleas, con la asistencia de más de un millón de personas, aunque en la página de la SEP sobre estos encuentros sólo hay registro de 28 eventos.
En su Quinto Informe, la SEP aseguró que “se tiene registro de 56 mil 376 participaciones de la comunidad educativa en los diferentes niveles de educación básica. De manera virtual, 976 mil 238 participaciones entre respuestas a diagnóstico en línea, visualización de 32 asambleas estatales y conferencias sobre la Nueva Escuela Mexicana”.
Con estos datos, el gobierno afirma que un total de un millón 32 mil 614 personas participaron en las consultas, lo que no puede ser corroborado debido a que la dependencia ha omitido la publicación de las versiones públicas de los documentos de asistencia y las actas sobre estos encuentros.
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En noviembre pasado, durante su comparecencia por el quinto informe de la SEP, Leticia Ramírez mencionó en el Senado de la República que “a veces es difícil creer que realmente se consulta, pero nosotros tenemos claro cómo debe consultarse, es seguro, y puedo decirles que hubo un millón 14 mil 600 participantes en el plan de estudios”.
Ramírez aseguró que la información de las discusiones “se abrió, está a disposición de quien quiera, quiénes participaron”, porque la SEP “no tiene nada que ocultar de las consultas que se realizaron, los titulares de los estados saben cómo estuvimos trabajando, lo saben los docentes que participaron… son miles de gentes que estuvieron participando, y creo yo que debe reconocerse”.
Los reclamos y recursos legales por las consultas
Animal Político dio a conocer el 15 de mayo pasado que los libros de texto gratuitos para nivel primaria fueron impresos sin que se cumpliera con el proceso de elaboración que dicta la Ley General de Educación, que establece que previo a su elaboración deben publicarse los planes de estudio en el Diario Oficial de la Federación, y que los materiales deben ser consultados entre profesores y padres de familia de todo el país.
Días después, la Unión Nacional de Padres de Familia anunció que interpuso un amparo contra los nuevos libros de texto, y acusó al gobierno de actuar “a espaldas de los mexicanos” con la “imposición” de los materiales sin respetar las consultas.
Este amparo fue concedido por una jueza federal el 26 de mayo, cuando ordenó a la SEP y a la Conaliteg la suspensión de la impresión de los nuevos libros para primaria, hasta verificar que cumplieran con los procedimientos legales respectivos.
En respuesta a esta decisión judicial, la SEP interpuso un recurso de revisión para buscar que se modificara o se revocara la suspensión, y aunque no se dio una resolución definitiva distribuyó los materiales que ya habían sido impresos.
Fue hasta el 18 de agosto, una semana antes del inicio del ciclo escolar 2023-2024, cuando la SEP publicó en el DOF los nuevos planes y programas de preescolar, primaria y secundaria.
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Empresas que operan en Colombia, Brasil, España y México aún continúan generando miles de millones de dólares gracias a la guerra en Gaza, según Francesca Albanese.
Francesca Albanese, relatora especial de la ONU, acusó la semana pasada a un gran número de empresas multinacionales de “beneficiarse del genocidio” en Gaza.
En un informe presentado al Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, la relatora especial para los territorios palestinos expuso la participación de empresas de todo el mundo en la campaña militar de Israel en Gaza.
Cinco de esas empresas operan y exportan desde América Latina y España.
“Mientras la vida en Gaza está siendo destruida y Cisjordania está bajo un ataque cada vez mayor, este informe muestra por qué continúa el genocidio de Israel: porque es lucrativo para muchos”, asegura el informe “De la economía de la ocupación a la economía del genocidio”.
Israel, que ha negado en reiteradas ocasiones la acusación de genocidio, rechazó el informe de la relatora de la ONU, lo calificó de “infundado” y afirmó que “entrará en el basurero de la historia”.
Dentro de las empresas acusadas por Albanese de participar en una “economía de genocidio” se encuentran la mexicana Orbia Advance Corporation y la brasileña Petrobras.
También aparece el grupo español Construcciones y Auxiliar de Ferrocarriles (CAF) y dos multinacionales, Drummond y Glencore, que exportan carbón a Israel desde Colombia.
BBC Mundo contactó a estas cinco empresas para conocer su opinión sobre las acusaciones. Dos de ellas, Orbia y CAF, no han respondido a nuestras solicitudes de comentarios hasta el momento de publicación de esta nota.
En las últimas semanas, Albanese ha emitido una serie de documentos instando a otros países a presionar e incluso sancionar a Israel para que ponga fin a sus ataques en la Franja de Gaza.
Este miércoles, el gobierno de Donald Trump anunció que impondrá sanciones contra Albanese, quien ha trabajado como investigadora independiente encargada de investigar los abusos de los derechos humanos en los territorios palestinos desde mayo de 2022.
La decisión del Departamento de Estado ocurre después de que fracasara una reciente campaña de presión por parte del gobierno de Trump para que la destituyeran de su cargo, mediante una declaración ante la ONU en donde la acusaron de “antisemitismo” y de tener “un implacable sesgo antiisraelí”.
La secretaria general de Amnistía Internacional, Agnès Callamard, calificó el anuncio de sanciones contra Albanese como un “ataque descarado”.
“Los relatores especiales no son nombrados para complacer a los gobiernos ni para ser populares, sino para cumplir con su mandato. El mandato de Francesca Albanese es defender los derechos humanos y el derecho internacional, esenciales en un momento en que está en juego la propia supervivencia de los palestinos en la Franja de Gaza ocupada”, aseguró.
El controvertido envío de carbón colombiano a Israel
Para mediados del año pasado, Colombia era el mayor proveedor de carbón a Israel con una participación de más del 50% del mercado, según el American Journal of Transportation.
En junio de 2024, el presidente colombiano Gustavo Petro, quien desde hace años ha condenado públicamente los ataques de Israel contra el pueblo palestino, anunció que su país suspendería las exportaciones de carbón a Israel.
Petro escribió en la red social X que las exportaciones de carbón solo se reanudarían “cuando cese el genocidio”.
Asimismo, publicó un borrador precisando que las exportaciones de carbón se reanudarían si Israel cumple una orden de la Corte Internacional de Justicia que le exige retirar sus tropas de la Franja de Gaza.
Pero de acuerdo con el informe de Francesca Albanese, Colombia ha seguido exportando carbón a Israel mediante al menos dos empresas multinacionales: la suiza Glencore y la estadounidense Drummond.
Un portavoz de Glencore le dijo a BBC Mundo que la empresa rechaza “categóricamente todas las acusaciones” contenidas en el informe y las considera “infundadas y sin fundamento jurídico alguno”.
Mientras tanto, Drummond respondió que tras el decreto de agosto de 2024, que prohíbe exportar carbón a Israel, la empresa le pidió al gobierno de Petro reconocer que existe un compromiso jurídico que permite la exportación del mineral a Israel.
Drummond precisó que, tras evaluar una serie de documentos, las autoridades competentes expidieron una autorización para una situación “jurídicamente consolidada”, en línea con lo establecido en el decreto que reconoce tales excepciones.
“Una vez expedida la correspondiente autorización por parte del gobierno nacional, la compañía procedió a cumplir con las obligaciones contractuales previamente establecidas”, finaliza el comunicado enviado a BBC Mundo.
Esto parece demostrar que la prohibición de exportaciones de carbón de Colombia a Israel anunciada por Petro no se ha cumplido.
“Al suministrar carbón, gas, petróleo y combustible a Israel, las empresas contribuyen a la infraestructura civil que Israel utiliza para consolidar su anexión permanente y la destrucción de la vida palestina”, denuncia el informe presentado por Albanese.
“Esta infraestructura abastece al ejército israelí mientras destruye Gaza (…) La naturaleza aparentemente civil de dicha infraestructura no exime a una empresa de su responsabilidad”.
Las acusaciones que Petrobras niega
El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, afirmó en la reciente cumbre de los BRICS que el mundo debe actuar para detener lo que describió como un “genocidio” israelí en Gaza.
“No podemos permanecer indiferentes ante el genocidio llevado a cabo por Israel en Gaza, el asesinato indiscriminado de civiles inocentes y el uso del hambre como arma de guerra”, afirmó el mandatario el domingo.
Lula ha sido un duro crítico de Israel desde que comenzó la guerra.
Ha acusado repetidamente a Israel de genocidio contra el pueblo palestino e incluso retiró al embajador de Brasil en Israel, pero, según el informe de Albanese, no ha prohibido las exportaciones de petróleo que, según varios reportes, abastecen de combustible los aviones y tanques israelíes.
Petrobras, una de las petroleras más grandes del mundo y mayoritariamente propiedad del Estado brasileño, estaría colaborando con dicho “genocidio”, según la relatora especial de la ONU.
El informe especifica que los gigantes petroleros BP y Chevron son las empresas que más aportan a las importaciones de crudo que necesita Israel.
“Cada conglomerado suministró efectivamente el 8% del petróleo crudo israelí entre octubre de 2023 y julio de 2024, complementado con envíos de petróleo crudo desde campos petrolíferos brasileños, en los que Petrobras tiene la mayor participación”, afirma el texto.
Petrobras le dijo a BBC Mundo que la empresa no le ha vendido “petróleo crudo ni fuelóleo a clientes israelíes durante el período mencionado” en el informe.
La empresa añadió que no se puede concluir que Petrobras haya exportado petróleo a Israel sólo por el hecho de que Petrobras tiene una gran participación en los campos petrolíferos brasileños.
“Petrobras no es el único productor y exportador de petróleo de Brasil”, especificó la empresa.
Añadió que “Petrobras respeta y promueve los derechos humanos” y trabaja conforme a “las leyes y normas internacionales, en particular el Pacto Mundial y los Principios Rectores sobre las Empresas y los Derechos Humanos de la ONU”.
Orbia “facilita el expansionismo” de Israel
La mexicana Orbia Advance Corporation también aparece en la lista, a través de su subsidiaria Netafim, de la que es propietaria en un 80%.
De acuerdo con el informe de la ONU, Netafim, líder mundial en tecnología de riego por goteo, proporciona infraestructura para explotar los recursos hídricos en la Cisjordania ocupada.
La misma fuente afirma que la empresa ha diseñado su tecnología agrícola en concordancia con las “necesidades expansionistas” de Israel.
“La tecnología de Netafim ha permitido la explotación de manera intensiva del agua y la tierra en Cisjordania, agotando aún más los recursos naturales palestinos”, afirma el informe.
“En el valle del Jordán, los sistemas de riego financiados por Netafim han facilitado la expansión de los cultivos israelíes, mientras que los agricultores palestinos, privados de agua y con el 93 % de sus tierras de secano, se ven desplazados, incapaces de competir con la producción israelí”, añade.
El informe también acusa a la empresa de perfeccionar sus métodos gracias a su colaboración con empresas israelíes que desarrollan tecnología militar.
Orbia Advance Corporation no respondió a las repetidas solicitudes de comentarios enviadas por BBC Mundo.
El grupo CAF “contribuye a consolidar asentamientos”
El grupo empresarial vasco CAF (Construcciones y Auxiliar de Ferrocarriles SA) también aparece en el informe presentado por Francesca Albanese como una empresa que se beneficia del conflicto en Gaza.
El reporte afirma que: “Varias empresas contribuyeron al desarrollo de carreteras e infraestructuras de transporte público fundamentales para establecer y ampliar las colonias (israelíes), y conectarlas con Israel al tiempo que excluían y segregaban a los palestinos”.
Según el texto, el grupo CAF forma parte de un consorcio con una empresa que figura en la base de datos de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH) que trabaja para mantener y ampliar la línea roja del tranvía de Jerusalén y construir una nueva línea verde, en un momento en que otras empresas españolas se han retirado de Israel debido a la presión internacional.
En 2024, la empresa catalana COMSA se retiró del consorcio tras haber ganado la construcción de la línea azul del tranvía de Jerusalén, mientras que la semana pasada la acerera vasca SIDENOR anunció que dejaría de suministrar acero a empresas israelíes.
La acerera vasca tomó la decisión luego de que surgieran reportes de que llevaba al menos diez meses suministrando barras de acero al fabricante de armas israelí IMI Systems (IMI), propiedad de Elbit Systems, uno de los gigantes armamentísticos de Israel.
Varias organizaciones internacionales, como Amnistía Internacional, han criticado duramente las inversiones de CAF en la región.
“CAF no puede seguir mirando para otro lado, y no cumplir las recomendaciones internacionales. Amnistía Internacional lleva años recordando a la empresa que el tren ligero contribuye al mantenimiento y consolidación de los asentamientos ilegales, a la ocupación ilegal y a la anexión de Jerusalén Este por parte de Israel”, aseguró Esteban Beltrán, director de Amnistía Internacional España, en una nota de prensa.
“Le pedimos a CAF, una vez más, que abandone este proyecto y cualquier licitación impulsada por el gobierno de Israel en el Territorio Palestino Ocupado”, añadió.
Beltrán además le pidió al gobierno español y al gobierno vasco, accionista de la compañía, que actúen con urgencia y evalúen “los vínculos entre CAF y la conducta ilegal de Israel”.
El grupo CAF no respondió a las solicitudes de comentarios de BBC Mundo.
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