El programa Sembrando Vida no ha propiciado significativamente la introducción de nuevos cultivos ni la sustitución de antiguos cultivos ilegales. Esto pese a que se trata del cuarto lugar con más presupuesto –29.4 mil millones de pesos– entre los 30 programas prioritarios del gobierno federal.
Aunque el Gobierno de México lo planteó, en diversas comunicaciones públicas, como un programa que podría contribuir a la reducción de la siembra de enervantes; y para que las personas no se vieran en la necesidad de cultivar sustancias ilegales, solo el 10% de los beneficiarios se ubican en municipios con antecedentes de cultivos ilícitos, que además no han cambiado sustancialmente.
Así lo revela el informe Sembrando Vida en municipios con antecedentes de cultivos ilícitos, de Noria Research, que al mismo tiempo, identifica lagunas de información que siguen obstaculizando la comprensión del cultivo de plantas declaradas ilícitas en México, así como la posible relación de ese fenómeno con la implementación de Sembrando Vida.
“Observamos una reducción global de la superficie sembrada con cultivos legales al mismo tiempo que un incremento del valor de producción. Dependiendo de los contextos, esta tendencia refleja un aumento de los precios al productor y/o una mejora de los rendimientos, pero no se observa una modificación sustancial de los tipos de cultivos legales sembrados”, destaca el documento.
De acuerdo con la investigación detallada en el informe, para diciembre de 2021, 10% de los beneficiarios de Sembrando Vida se encontraban en 46 municipios con antecedentes de cultivos ilícitos en Chihuahua, Sinaloa, Durango, Nayarit, Guerrero y Oaxaca.
Si bien en México la generación de alternativas económicas legales y subsidios por parte del gobierno federal con un compromiso de no involucramiento en actividades ilícitas –que contemplan las reglas de operación del programa– es una apuesta sin precedente según el documento, tras tres años de lanzamiento de Sembrando Vida, las campañas de destrucción de cultivos ilícitos están lejos de haber cesado, en contraposición a la sustitución voluntaria.
De esta manera, entre 2019 y 2021, las fuerzas armadas reportaron haber destruido 35 mil 419 hectáreas de amapola y 6 mil 709 de marihuana en el marco de sus “operaciones de combate al narcotráfico”, tarea en la que se ocuparon 3 mil 500 elementos durante todo el año.
“Las Fuerzas Armadas, a su vez, registraron una reducción de las destrucciones de amapola y marihuana, aunque un uso proporcionalmente mayor de la fumigación aérea desde el inicio del programa en nuestros municipios de interés. Sin embargo, esta tendencia parece estar vinculada a factores ajenos al programa”, puntualiza el informe.
En enero de 2021, el programa Sembrando Vida inició con 392 mil 915 beneficiarios a nivel nacional y cerró el año con 449 mil 939 en diciembre, con lo que llegó a un promedio anual de 422 mil 870. Los municipios de interés del estudio –con un aproximado de 70% de población en pobreza y 74% de hogares rurales– concentraron un promedio anual de 40 mil 815 beneficiarios, apenas un 10%.
Mediante la comparación del periodo de cinco años anteriores a la operación de Sembrando Vida, el informe concluye que no se expandió significativamente la proporción de la superficie cultivada ocupada por frutales o por cultivos industriales –que incluyen café, cacao o agave, por ejemplo– aun cuando esos suelen ser los más impulsados por el programa, de tal manera que este no parece estar modificando sustancialmente los escenarios de cultivos ilícitos.
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ASF detecta irregularidades en Sembrando Vida
Ante el abandono del campo mexicano, la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador se enfocó en el programa Sembrando Vida, que, según el gobierno federal, tiene la finalidad de generar autoempleo e incentivar a las y los trabajadores del campo a convertirse en productores y desde 2018 presumió el objetivo de revertir el descuido al sector por parte de gobiernos anteriores.
Para estar dentro del programa, según sus reglas de operación, las personas trabajadoras agrícolas deben cumplir con habitar en municipios de medio a muy alto grado de rezago social, por debajo de la línea de pobreza por ingresos rural, pero al mismo tiempo tienen que acreditar la propiedad o posesión individual de 2.5 hectáreas —25 mil metros cuadrados— para trabajar en proyectos agroforestales que no se ubiquen a más de 20 kilómetros de su domicilio. A ello añaden más de cinco características específicas del terreno. Todo para obtener 6 mil pesos mensuales.
Sin embargo, en la Montaña Guerrerense, según documentó Animal Político, donde no hay acceso a servicios o empleo, en muchos casos tampoco existen terrenos suficientes para cumplir con esos requisitos. Por ejemplo, en Calpanapa, municipio de Cochoapa el Grande, uno de los más pobres de México, hay cerca de 50 personas inscritas en el programa, mientras que entre un 70 y 80% de sus 336 habitantes sigue migrando a otros estados para trabajar en el campo.
Por otro lado, en su evaluación más reciente, correspondiente a los recursos ejercidos en 2021, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) consignó que Sembrando Vida otorgó apoyos económicos a un total de 481 mil 205 personas en 20 estados. Sin embargo, de los 968 municipios donde se distribuyeron, 456 no correspondían a localidades marginadas, además de que no hubo mecanismos de control, en general, para probar el cumplimiento de los requisitos de elegibilidad.
Para 2023, Sembrando Vida tiene una meta de 455 mil 749 beneficiarios en más de 25 mil localidades de 23 estados. Tomando en cuenta las estimaciones del Inegi, que indican que alrededor de 2.5 millones de personas laboran en el campo, la población beneficiada por el programa representaría apenas 19% del total de personas dedicadas al trabajo agrícola en México.
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Imagina que se libra una batalla en la sala de juntas de una empresa multimillonaria que desarrolla una tecnología futurista potencialmente capaz de salvar o destruir el mundo.
Su director ejecutivo, que cuenta con el apoyo de los líderes mundiales, es derrocado por directivos de alto nivel que se vuelven contra él, provocando una reacción del resto de la empresa que exige despedirlos a ellos.
No es el guion de una serie de Netflix, sino los últimos días en OpenAI.
Periodistas, inversores y aficionados a la tecnología han estado observando los acontecimientos como si de una producción de ficción se tratara, aunque las opiniones difieren sobre si sería un thriller o una comedia.
¿Qué pasa con OpenAi?
La batalla en la cúspide de OpenAI, la empresa creadora del chatbot de inteligencia artificial ChatGPT, comenzó repentinamente el pasado viernes, cuando la junta directiva anunció el despido del cofundador y director ejecutivo Sam Altman.
En una publicación en un blog, la junta acusó a Altman de no ser “consistentemente sincero en sus comunicaciones” y alegó que, como resultado, había “perdido confianza” en su liderazgo.
Sólo hay seis personas en esa junta y dos de ellos eran Sam Altman y otro cofundador, Greg Brockman, quien renunció después de que el primero fuera despedido.
Cuatro figuras muy cercanas a Altman y la empresa entraron de inmediato en acción, tomando por sorpresa a toda la comunidad tecnológica, incluidos –supuestamente– sus propios inversores.
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Elon Musk, también cofundador de OpenAI, escribió en X (antes Twitter) que estaba “muy preocupado”.
Ilya Sutskever, el científico jefe de la empresa, era miembro de esa junta y escribió que “no tomaría medidas tan drásticas a menos que lo considerara absolutamente necesario”.
Ahora Sutskever ha expresado su pesar por la decisión y es uno de los muchos firmantes de una explosiva carta dirigida a la junta directiva, en la que piden el regreso de Altman y Brockman y amenazan con abandonar OpenAI si esto no sucede.
¿Qué causó el conflicto?
Entonces, ¿qué fue lo que desató esta rápida bola de nieve? En realidad aún no lo sabemos, pero se barajan algunas opciones.
Hay informes de que Altman consideraba algunos proyectos de hardware, como la financiación y el desarrollo de un chip de IA, lo que supondría una dirección bastante diferente en OpenAI. ¿Había asumido algunos compromisos de los que la junta no estaba al tanto?
¿O podría reducirse a una fuente de conflicto muy antigua y muy humana, como el dinero?
En una nota interna cuyo contenido se difundió ampliamente, la junta dejó claro que no acusaba a Altman de “malversación financiera”.
Pero sabemos que OpenAI se fundó como una organización sin fines de lucro; es decir, una empresa que no pretende ganar dinero. Recibe suficientes ingresos para cubrir sus propios costos de funcionamiento y cualquier exceso se reinvierte en el negocio. La mayoría de las organizaciones benéficas son sin fines de lucro.
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En 2019 se estableció una nueva rama de la compañía que sí buscaba obtener beneficios. La firma expuso cómo coexistirían las dos. La parte sin fines de lucro lideraría a la que obtuviera ganancias y se impondría un límite a los rendimientos que los inversores pudieran obtener.
No todo el mundo estaba contento con esto y se dijo que fue una razón fundamental tras la decisión de Elon Musk de abandonar la corporación.
OpenAI, sin embargo, se encuentra ahora en la circunstancia favorable de valer una enorme cantidad de dinero.
Según informes, una venta de acciones de empleados que no se llegó a materializar esta semana fue valorada en $86 mil millones de dólares.
¿Podría haber presiones para dar más poder a la parte lucrativa del negocio?
¿Cómo terminará esto?
OpenAI está detrás de la inteligencia artificial general (AGI por sus siglas en inglés). Todavía no existe y es fuente de preocupación y asombro.
Es básicamente la idea de que algún día habrá herramientas de inteligencia artificial que puedan realizar una serie de tareas tan bien o mejor que los humanos (es decir, nosotros) en la actualidad.
La AGI tiene el potencial de cambiar toda la forma en que hacemos las cosas. Empleos, dinero, educación… todo eso queda en el aire cuando las máquinas pueden hacer cosas. Es, o será, un fenómeno increíblemente poderoso.
¿Está OpenAI más cerca de eso de lo que creemos? ¿Lo sabe Altman? En un discurso muy reciente, afirmó que lo que vendría el próximo año haría que el actual bot ChatGPT pareciera como “un familiar extravagante”.
Creo que eso es menos probable. Emmett Shear, el nuevo director ejecutivo interino de OpenAI, publicó en X que “la junta no destituyó a Sam por un desacuerdo específico sobre seguridad“.
También anunció que habrá una investigación sobre lo sucedido.
Pero Microsoft, el mayor inversor de OpenAI, ha decidido no arriesgarse a que Altman se lleve esta tecnología a otra parte.
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Anunció que el emprendedor se unirá al gigante tecnológico con sede en Seattle para liderar un equipo de investigación de IA aún por conformar. Su cofundador Greg Brockman lo acompañará y, a juzgar por la cantidad de empleados que publicaban hoy en X, parece que también se llevará a algunos de los mejores talentos de OpenAI.
Al parecer, Microsoft está dispuesto a igualar el salario de cualquier empleado de OpenAI que desee dejar la empresa.
Muchos miembros del personal de OpenAI compartían la misma publicación en X, que dice: “OpenAI no es nada sin su gente”.
¿Es eso una advertencia para Shear de que va a tener que contratar personal nuevo? Un compañero de la BBC que estaba frente a la sede de OpenAI me dijo el lunes que a las 09:30 en San Francisco no se veía llegar gente a trabajar.
O, ¿quizá es simplemente un recordatorio de que, a pesar de que esta corporación trabaja en una forma de tecnología que está reconfigurando el mundo, se trata en el fondo de un drama muy humano?
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