
A cinco años de la construcción del proyecto Tren Maya del expresidente Andrés Manuel López Obrador en la Península de Yucatán, la actual titular de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), Alicia Bárcena Ibarra, reconoció ante medios de comunicación el daño que este megaproyecto causó en el ecosistema forestal de la selva maya.
La Semarnat ratificó que realiza recorridos en la zona del Tren Maya para identificar cuáles serán las acciones de restauración que deberán aplicarse. Además, ya trabajan en el análisis de un posible decreto de área natural protegida para el sistema de cavernas y cenotes de la zona de Quintana Roo.
En la reunión, Marina Robles García, subsecretaria de Biodiversidad y Restauración Ambiental, habló de las acciones que se realizarán en la península; mientras que Sergio Graf Montero, director general de la Comisión Nacional Forestal, señaló cuáles serán las medidas de restauración de bosque y manglar.
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Robles García también destacó que, junto con la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (Conanp), se analiza el procedimiento a seguir para decretar al sistema de cavernas bajo la figura de reserva de la biosfera.
“Lo que tendríamos que considerar para conservar bajo una figura tipo Reserva de la Biósfera, por ejemplo. Esto que Pedro [Álvarez-Icaza Longoria, titular de la Conanp] y la secretaria mencionan, que es el sistema de cavernas y cenotes de la zona de Quintana Roo, y que forma parte de las acciones de compensación que nos parecen importantes tener”, señaló.
La titular de Semarnat habló también de quién debe pagar esa restauración, a lo que la subsecretaría de Biodiversidad y Restauración Ambiental reafirmó que quien tiene que hacerlo es “quien hizo la obra”.
Las acciones de restauración, según informó la subsecretaria de Biodiversidad y Restauración Ambiental en la Semarnat, están dirigidas en diferentes sentidos. Por un lado, en mejorar los pasos de fauna junto con la eliminación de malla en los alrededores del tren.
“Ha sido una de las grandes preocupaciones de la comunidad, de especialistas en la zona y también de las comunidades que habitan ahí y eso tiene que ver, no solamente con pasos de fauna sino también con la eliminación de zonas que quedaron con malla, que no es necesario que tengan malla y que realmente impiden el flujo de la fauna”, explicó Robles García.
Otra de las acciones que se están revisando es la creación de caminos secundarios que se estaban realizando como consecuencia del proyecto Tren Maya.
Para atender lo anterior, Mariana Boy Tamborrell, titular de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) se encuentra revisando particularmente este caso.
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“Mariana está revisando y hemos parado el avance de algunos de los caminos secundarios que se estaban haciendo”, agregó.
La Semarnat explicó que realizan visitas a la zona del Tren Maya, ya que se encuentran trabajando en el diseño de compensaciones para ver si pueden cubrir las expectativas y los problemas que grupos de personas ven de forma cotidiana en el sitio.
Mariana Robles García dijo que, desde la Semarnat, no solo están pensando en el manejo del proyecto de restauración para Yucatán por las afectaciones que generó la infraestructura del Tren Maya que impulsó López Obrador en su sexenio, sino también por el conjunto de actividades que suceden en la península de Yucatán.
“El control y mejor manejo de la industria porcícola es también muy importante y también, el avance de los menonitas en varios de los sitios de la península”, señaló la subsecretaria.
Además de este sector, la Semarnat destacó que trabajarán en acción coordinada con el problema del desarrollo inmobiliario en la península, respecto a cómo ordenar y cómo colocar un mejor manejo a este tipo de desarrollo.
“Es parte también de lo que Mariana y el equipo de la Profepa han estado haciendo. Y esto nos lleva a lo que hemos identificado como dos de los grandes pasivos que se han acumulado y ha acrecentado con el desarrollo y el crecimiento poblacional de Yucatán, que son el problema del manejo de residuos y de las aguas residuales”, añadió.
La titular Alicia Bárcena Ibarra señaló que, por una obra como el Tren Maya, la península de Yucatán requiere una restauración integral en la que tiene que haber reforestación.
Sobre esto, Sergio Graf Montero, director general de la Comisión Nacional Forestal (Conafor) habló del trabajo de reforestación que planean implementar en la península.
El funcionario señaló que además de este trabajo de compensación establecido por los daños relacionados con cualquier infraestructura, como lo es el megaproyecto ferroviario de Tren Maya, existe compensación por cambio uso de suelo que se da al fondo forestal.
Con él, se hace un programa de restauración que va alineado con las acciones que presentó la subsecretaria, Marina Robles García.
“Sacaremos acciones para la restauración de manglares degradados en toda la península de Yucatán. Apoyar a la restauración productiva con estos grupos de productores, chicleros que trabajan la selva y que son enriquecimiento de acahuales para producir especies de utilidad”, explicó Graf Montero.
El director de la Conafor dijo que estas acciones de restauración también se hacen en terrenos de otros, es decir, de personas que necesitan mejorar sus medios de vida.
“Lo que estamos buscando también es impulsar una restauración que le genere beneficios a la población propietaria de los terrenos que queremos también restaurar en el conjunto de la península”, agregó.

Sobre el trabajo con las comunidades, Bárcena Ibarra habló de la visita que tuvieron con chicleros que producen chicle del zapote (manilkara zapote) y que tienen un manejo de la selva muy interesante en Quintana Roo.
Para la titular de la Semarnat, las comunidades son las que pueden ayudar en la restauración.
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“¿Para qué van a contratar los consorcios que están en el Tren Maya empresas que vienen, plantan un árbol, en lugar de contratar los consorcios que están en el Tren Maya empresas que vienen, plantan un árbol y se les muere al día siguiente. Las propias comunidades pueden ser las que nos ayuden a restaurar el ecosistema forestal”, apuntó Bárcena Ibarra.

Casi siete años después de la imposición de sanciones por parte de EU la exportación petrolera de Venezuela parece haberse recuperado de forma significativa gracias a la contribución de la llamada flota fantasma. BBC Mundo te cuenta de qué se trata.
Cuando en 2019 el presidente de EE.UU., Donald Trump, impuso sanciones a la industria petrolera de Venezuela para presionar al gobierno de Nicolás Maduro, las exportaciones de crudo venezolano cayeron hasta unos 495.000 barriles diarios. Seis años más tarde, las sanciones siguen en pie, pero las exportaciones petroleras de Venezuela han vuelto a crecer hasta ubicarse en torno al millón de barriles diarios.
Aunque se trata de una cantidad pequeña para un país que en 1998 -antes de la llegada al poder de Hugo Chávez- producía tres millones de barriles diarios, esta recuperación de parte de la exportación de crudo es un indicativo de que las sanciones contra Venezuela no están funcionando como EE.UU. esperaba.
Y es que el gobierno de Maduro ha ido encontrando la manera de ir reactivando la producción y de crear nuevas vías para vender el crudo venezolano esquivando las sanciones.
En esa tarea de comercialización ha jugado un rol central la llamada “flota fantasma”: una serie de tanqueros petroleros que por medio de distintas estratagemas logran ocultar su labor como barcos de transporte de petróleo sancionado por las autoridades estadounidenses.
Una de estas embarcaciones fue interceptada e incautada este miércoles por las fuerzas militares de EE.UU. cuando se encontraba en aguas frente a las costas de Venezuela.
“Acabamos de incautar un petrolero frente a la costa de Venezuela, un petrolero grande, muy grande; de hecho, el más grande que se haya incautado jamás”, dijo Trump al anunciar la operación ante la prensa en la Casa Blanca.
El gobierno de Maduro reaccionó calificando la incautación como “un robo descarado y un acto de piratería” y dijo que acudirá ante instancias internacionales existentes para denunciar lo ocurrido.
Esta acción estadounidense aumenta las tensiones con Caracas que se han ido intensificando desde que en agosto de este año el gobierno de Trump inició un gran despliegue militar en aguas del Caribe con el objetivo oficial de combatir el narcotráfico, pero que muchos analistas creen que tiene como objetivo final forzar un cambio de régimen en Venezuela.
Más allá de su posible objetivo político, la medida tiene un impacto económico pues dificulta aún más las exportaciones petroleras venezolanas al meter presión sobre la flota fantasma.
Pero, ¿qué sabemos sobre cómo operan estas embarcaciones?
La utilización de flotas fantasmas es un fenómeno en aumento que ocurre no solamente en el caso venezolano, sino también de otros dos países petroleros sometidos a sanciones por parte de EE.UU. y de potencias occidentales: Rusia e Irán.
La empresa de inteligencia financiera S&P Global estima que uno de cada cinco petroleros en el mundo son usados para vender de contrabando petróleo procedente de países bajo sanciones.
De estos, el 10% transportarían solamente crudo venezolano, un 20% haría lo mismo con el iraní, mientras que 50% se dedica en exclusiva al petróleo ruso. El 20% restante no estaría atado a ningún país en particular y puede transportar petróleo de más de uno de estos países.
Según estimaciones de la firma de análisis marítimo Windward, la flota clandestina cuenta con unas 1.300 embarcaciones.
Las sanciones petroleras buscan desincentivar a países o empresas a adquirir o involucrarse en cualquier operación relacionada con crudo procedente de los países castigados.
Ante ello, los países sancionados optan por ofrecer su petróleo con grandes descuentos para que haya operadores, empresas o países que estén dispuestos a correr el riesgo de comprarlo, aplicando -eso sí- algunos trucos para disimular su origen.
Una de las estrategias más frecuentes que aplican estos tanqueros para evadir las sanciones es cambiar con frecuencia -a veces varias veces en un mes- de nombre o de bandera.
En el caso, por ejemplo, del petrolero incautado este miércoles, se trata de un barco llamado The Skipper, según informó CBS News, socia en EE.UU. de la BBC.
Esa misma cadena dijo que se trata de un barco sancionado por el departamento del Tesoro de EE.UU. desde 2022 debido a su supuesto rol en una red de contrabando de petróleo que ayuda a financiar a la Guardia Revolucionaria de Irán, así como a la milicia chiita libanesa Hezbolá.
CBS indicó que al momento de ser sancionado el petrolero tenía por nombre Adisa (inicialmente se llamaba The Tokyo) y era una de las embarcaciones vinculadas con el magnate petrolero ruso Viktor Artemov, quien también se encuentra bajo sanciones.
Al referirse a ese tanquero este miércoles, la fiscal general de EE.UU., Pam Bondi, dijo en la red social X que esa nave era usada para transportar petróleo procedente de Venezuela e Irán, dos países bajo sanciones.
Un elemento interesante sobre The Skipper es que es un barco con 20 años de antigüedad y ese es otro elemento usual entre los tanqueros de las flotas fantasma: muchos son barcos viejos, pues las grandes navieras suelen deshacerse de estos barcos cuando tienen 15 años de servicio y luego de 25 años suelen ser enviados al desguace.
Justamente otro truco aplicado por estos barcos es usurpar la identidad de alguno de esos barcos enviados a desguace, emitiendo los números de registro únicos que la Organización Marítima Internacional le otorgó a esas embarcaciones. Así se convierten en lo que se conoce como barcos zombis, pues lo que hacen es similar a alguien que usa la identidad de una persona muerta.
Un caso de este tipo relacionado con Venezuela ocurrió en abril pasado cuando un barco llamado Varada llegó a aguas de Malasia, tras un viaje que había iniciado dos meses antes en Venezuela.
La embarcación juntaba dos elementos sospechosos: tenía 32 años y la bandera de las Comoras, popular entre barcos que no quieren ser detectados.
Una investigación de la agencia Bloomberg descubrió que se trataba de un barco zombi, pues el verdadero Varada había sido desguazado en 2017 en Bangladesh.
Otras formas habituales de operar de los barcos de flotas fantasmas consiste en “disfrazar” el origen del crudo transfiriéndolo en aguas internacionales a petroleros sin problemas legales con otras banderas, que son los que se encargan de llevar el crudo hasta su destino, presentándolo como procedente de un país no sancionado.
Ese fenómeno se produjo, por ejemplo, en el caso de las exportaciones petroleras venezolanas hacia China durante el primer gobierno de Trump. Según expertos consultados por BBC Mundo hubo un momento en el que en las estadísticas oficiales de comercio de China aparecía como si ese país no estaba adquiriendo crudo venezolano cuando, en realidad, sí lo estaba haciendo.
Esto era posible porque ciertas refinerías compraban el petróleo a estos barcos que habían adquirido la carga en aguas internacionales y que la presentaban como procedente de países no sancionados.
Un último truco usual entre este tipo de tanqueros consiste de desactivar el sistema de identificación automática, a través del cual se transmiten datos como el nombre, la bandera, la posición, la velocidad o el rumbo de la embarcación. La manipulación de estos datos permite ocultar la identidad, ubicación y rumbo de las naves.
La investigación de Bloomberg en abril detectó el caso de cuatro barcos zombis que transportaban crudo venezolano.
La agencia de noticias recurrió al análisis de imágenes satelitales y las comparó con fotos históricas de los cuatro barcos cuyos nombres y números de identificación estaban usando.
Más recientemente, la ONG Transparencia Venezuela emitió un informe basado en la observación de lo que ocurrió en los puertos petroleros de ese país en octubre de este año.
Según ese reporte, hubo 71 tanqueros extranjeros en modo visible en los puertos de la petrolera venezolana Pdvsa, de los cuales 15 están bajo sanciones y nueve se relacionan con flotas fantasmas.
Transparencia encontró que en promedio hubo 24 petroleros que estaban ubicados cerca de tres puertos en el occidente y oriente de Venezuela y que estaban operando en modo furtivo, pues no tenían activas sus señales reglamentarias de posicionamiento.
De igual modo, Transparencia afirma haber detectado seis operaciones de transferencia de carga de un buque a otro, cerca de la bahía de Amuay, en el occidente del país.
De igual modo, hubo una mayoría de barcos con banderas de países considerados como paraísos regulatorios, por tener normas de supervisión laxas, lo que termina facilitando las operaciones de este tipo de embarcaciones.
Así, de los 71 barcos, 29 tenían la bandera de Panamá, seis de las islas Comoras y cinco de Malta.
En su informe, Transparencia indica que 38 de estos petroleros pasaron más de 20 días sin tocar puerto, algo que contrasta con los barcos de la petrolera estadounidense Chevron (autorizada por Washington para operar en Venezuela) que al llegar toman su carga y se marchan en un plazo máximo de seis días.
“La permanencia extendida en las áreas portuarias del país, sin llegar directamente a las terminales petroleras, arroja serias dudas sobre el tipo de operaciones que esos buques realizan”, señaló Transparencia en relación con los barcos que tardaban muchos días sin tocar puerto.
En todo caso, dado que la operación de intercepción e incautación realizada este miércoles se originó en el portaviones Gerald Ford -el más grande del mundo-, que ahora forma parte del masivo despliegue de fuerzas realizado por EE.UU. en aguas del Caribe frente a Venezuela, es probable que la posibilidad del gobierno de Maduro de recurrir a la flota fantasma se vea limitada de una forma importante.
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