Marina impone megaproyecto en Manzanillo; la Laguna de Cuyutlán, bajo amenaza
Activistas, ciudadanos e integrantes de la asociación Defensores del Medio Ambiente y Recursos del Mañana A.C. (Demarem) denuncian irregularidades en el proyecto que busca expandir el puerto de Manzanillo en Colima, a cargo de la Secretaría de Marina (Semar). El megaproyecto tendría un impacto directo en la Laguna de Cuyutlán, uno de los ecosistemas más importantes del Pacífico mexicano.
La Semar y la Administración del Sistema Portuario Nacional presentaron la Manifestación de Impacto Ambiental en Modalidad Regional (MIA-R) del proyecto “Desarrollo del Puerto Nuevo Manzanillo, en el Vaso II de la Laguna Cuyutlán”, documento elaborado por la Universidad de Colima para ser evaluado por la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat). Pero la propia MIA identifica impactos de magnitud alta que afectarían el ecosistema.
El proyecto contempla construir nueva infraestructura portuaria en el Vaso II de la Laguna de Cuyutlán, en el municipio de Manzanillo. Sin embargo, miembros de la Demarem advierten que el gobierno no cuenta con la participación ni el consentimiento de las comunidades. Señalan que se trata de “un proceso de pura simulación, que invisibiliza los impactos ambientales, sociales y culturales”.
Los activistas exigirán una consulta pública en términos del Artículo 34 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, que establece que toda manifestación de impacto ambiental debe ponerse a disposición del público para su revisión.
En julio pasado, el gobierno federal anunció una inversión pública de 55 mil 179 millones de pesos y privada de 241 mil 51 millones de pesos para obras prioritarias en nueve puertos del país durante la administración de Claudia Sheinbaum. En el caso de Manzanillo, la inversión asciende a 20 mil 500 millones de pesos de recursos públicos y 92 mil 184 millones de pesos privados.
La obra durará poco más de cinco años
De acuerdo con la MIA-Regional, el desarrollo se ubicará en la parte norte del canal de acceso al Vaso II de la Laguna de Cuyutlán, conocido como “Canal Tepalcates”, al sur de la cuenca del Río Chacala-Purificación, en la Región Hidrológica No. 15 Costa de Jalisco.
El proyecto tendrá una duración de cinco años y medio, concluyendo poco antes de finalizar la administración de Claudia Sheinbaum. Las obras contemplan dragado, instalación de tablestacado, construcción de canales de navegación y dársenas para buques de gran calado, además de la remoción de dos islas para instalar plataformas portuarias.
La infraestructura ocupará una superficie de 11.6 millones de metros cuadrados, con una inversión estimada en 131 mil 859 millones de pesos, financiados mediante recursos federales a través de la ASIPONA Manzanillo y la Dirección General de Puertos y Marina Mercante.
El desarrollo se ejecutará en dos etapas
Primera etapa: dragados, rellenos, tablestacado, formación de canales de navegación y dársenas, construcción de plataformas para Terminales Especializadas de Contenedores (TEC), un muelle de Pemex y dragado de mantenimiento en el canal Tepalcates.
Segunda etapa: infraestructura complementaria, como vialidades, vías férreas, edificaciones administrativas, casetas de aduana, corredores de servicios, redes de agua, drenaje, electricidad, fibra óptica y cercado perimetral.
En algunos casos, las vialidades y vías estarán soportadas por pilotes para cruzar la laguna.
Defensores advierten sobre impactos ambientales
La Semar y la Administración del Sistema Portuario Nacional Manzanillo S.A. de C.V., justificaron la ampliación del actual Puerto de Manzanillo con el argumento de “promover el desarrollo bajo un esquema socioambiental de la región centro occidente de nuestro país con alcance nacional e internacional”.
Señalan además que la demanda portuaria en Manzanillo se ha incrementado en la última década, lo que exige mayor capacidad para movilizar contenedores.
No obstante, la MIA identifica impactos de magnitud alta, como modificación del fondo lagunar, pérdida de cobertura vegetal y transformación del paisaje.
Las principales consecuencias de este proyecto serían:
- Destrucción de las salineras más importantes de México, con más de 300 años de tradición, poniendo en riesgo el sustento de más de 1,500 familias.
- Agudización de la escasez de agua potable, ya presente en la región.
- Despojo de pescadores y salineros de su modo de vida, atentando contra sus derechos humanos.
- Pérdida irreparable de biodiversidad y barreras naturales que protegen el territorio frente a fenómenos climáticos.
- Alteración de las corrientes marinas, lo que provocará erosión costera, pérdida de playas y afectaciones al turismo y la vivienda.
- Violación de múltiples derechos humanos, como el derecho a un medio ambiente sano, acceso al agua potable, a un trabajo digno y a la seguridad.
- Riesgo de incremento de violencia en la zona, derivado del control del puerto; además, hostigamiento y amenazas contra comunidades y colectivos.
- Descubrimiento ignorado de vestigios prehispánicos en la isla de los Cocodrilos, que quedarán en riesgo de pérdida total.
En un comunicado, Demarem y ciudadanos organizados denuncian que el proceso busca avalar la expansión del puerto “a costa de la Laguna de Cuyutlán”, y reiteran que “es mentira que el gobierno cuenta con la participación y el consentimiento de las comunidades: se trata de un proceso de pura simulación”.
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La medida de paralización de los procesos migratorios afecta a las personas provenientes de 19 países no europeos.
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La decisión paraliza las solicitudes de residencia y ciudadanía pendientes de las personas procedentes de ese grupo de países y exige que todos los inmigrantes procedentes de esos estados “se sometan a un proceso de revisión exhaustiva”.
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La oleada de restricciones ocurridas tras el ataque a los miembros de la Guardia Nacional sugiere un enfoque creciente del gobierno de Trump sobre la inmigración legal, enmarcado en la protección de la seguridad nacional.
Desde que volvió a la presidencia en enero, Trump firmó una orden ejecutiva en la que busca “proteger a los ciudadanos estadounidenses de extranjeros que puedan intentar cometer actos terroristas, representar amenazas a la seguridad nacional, promover ideologías de odio o explotar las leyes de inmigración con fines maliciosos”.
En ese contexto, Trump ha ordenado enviar a decenas de agentes federales a las principales ciudades de Estados Unidos para detener migrantes indocumentados y concretar deportaciones.
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