El sargazo, un alga marrón y pestilente producto del calentamiento global y la contaminación de los océanos, está llegando por toneladas este 2019 a las costas del caribe mexicano, provocando importantes afectaciones en la industria turística de Quintana Roo y de México.
Si bien es cierto que múltiples playas del Caribe están severamente afectadas, también lo es que no todas las playas tienen sargazo, o no reciben la misma cantidad de algas.
Por ello, la Red de Monitoreo del Sargazo de Cancún publica a diario en su página de Facebook un “semáforo del sargazo”, en el que detalla cuáles son las 60 playas del litoral caribeño más afectadas, y cuáles, por el contrario, están limpias, o tienen una afectación moderada.
De acuerdo con el último reporte de la Red publicado en su perfil de Facebook, de las 60 playas analizadas, 21 tienen el semáforo en verde, con presencia baja de sargazo.
Las playas con poco sargazo se concentran en el norte de Quintana Roo y en una parte de la isla de Cozumel.
En el noroeste, las playas limpias son: Punta Cocos, Holbox, Punta Mosquito y Chiquilá.
En el noreste: Isla Contoy, Isla Blanca, Costa Mujeres, e Isla Mujeres (incluyendo Isla Mujeres Norte, Playa del Faro, y Punta Sur).
En Cancún ciudad (municipio Benito Juárez) están limpias: Playa Langosta, Cancún Playa Tortugas, Cancún Playa Caracol, y Punta Cancún.
En Cozumel, frente al municipio de Solidaridad (Playa Del Carmen), los puntos con semáforo verde de sargazo están en la cara norte, oeste y sur: Isla de la Pasión, Cozumel Norte, Cozumel Muelle, Playa Chankanaab, Playa Mía, Playa Palancar, y El Cielo.
Hasta 30 playas presentan fuertes afectaciones por el recale del sargazo.
De estas, 14 tienen semáforo rojo; es decir, tienen afectación “excesiva” por sargazo, y se ubican en la parte centro-sur de Quintana Roo: Punta Piedra, Tulum Zona Arqueológica, Bahía Príncipe, Tankah, Xcacel, Akumal, Xpu-Ha, Barceló Maya, Puerto Aventuras, y Paamul.
En Cozumel, en la cara este de la isla, tienen semáforo rojo las siguientes playas: Punta Celarain, Playa Bush, Playa Bonita, y Punta Molas.
Otras 16 playas tienen semáforo naranja por “abundante” sargazo.
De norte a sur, las playas afectadas son: Cancún Playa Coral, Riviera Cancún, Moon Palace, Royalton Riviera, Bahía Petempich, Puerto Morelos, Punta Brava, Playa Paraíso, Punta Maroma, Punta Esmeralda, y Playa Del Carmen (incluyendo Playa Mamitas, playa Fundadores, y Playacar)
En Cozumel, también en la cara este de la isla, tienen abundante sargazo Playa Mezcalitos, Playa Chen Río, y Playa San Martín.
Otras nueve playas tienen semáforo amarillo por afectación “moderada” de sargazo: Playa del Niño, Puerto Juárez, Cancún Playa Gaviota Azul, Cancún Playa Chuc-Mool, Cancún Playa Merlín, Cancún Playa Ballenas, Cancún Playa Delfines.
En el sur de la entidad, Tulum Zona Hotelera y Arco Maya, también tienen semáforo amarillo.
Aquí puedes checar los reportes diarios de la Red.
Esteban Amaro, hidrobiólogo, consultor ambiental y director técnico de la Red de Monitoreo del Sargazo de Cancún, explicó en entrevista con Animal Político que la organización civil surgió en 2015, cuando comenzaron a producirse los primeros recales masivos de sargazo en las costas de Quintana Roo.
La Red de Monitoreo está integrada por biólogos, oceanólogos, ingenieros en informática, e hidrobiólogos, y elabora sus reportes de sargazo a partir de imágenes de satélite que les proporciona el Laboratorio de Oceanografía Óptica de la Universidad del Sur de la Florida, y el Sistema de Monitoreo Marino de la Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad (Conabio).
La Red también toma a diario sus propios videos y fotografías con una flotilla de 8 drones “que escudriñan prácticamente toda la costa, de norte a sur”. Y reciben videos y fotografías de los más de 40 mil seguidores que tienen en Facebook.
“Gracias a estos tres elementos, imágenes satelitales, imágenes de los drones, e imágenes de nuestros usuarios, podemos hacer un mapa semaforizado muy certero de cómo está la condición del sargazo en toda la parte norte y sur de Quintana Roo”, subrayó Esteban Amaro.
Además de los reportes de la Red de Monitoreo del Sargazo de Cancún, la Secretaría de Turismo de Quintana Roo también publica en sus redes sociales informes diarios sobre la situación de las playas en la entidad.
En la cuenta de Twitter @SedeturQROO, y con el hashtag #NiTodosLosDiasNienTodasLasPlayas, la dependencia estatal de Turismo publica fotografías de playas limpias de sargazo tomadas por Webcamsdemexico.com.
A nivel federa, la Secretaría de Marina es la encargada de recolectar el sargazo en mar abierto. Mientras que los gobiernos de municipios como Benito Juárez (Cancún), Solidaridad (Playa Del Carmen), y Tulum invierten recursos que reciben de las recaudaciones de zona federal marítimo y terrestre para la limpieza y contención del sargazo en aguas poco profundas de la costa y en las playas públicas.
Animal Político publicó ha dado seguimiento a las afectaciones por el sargazo a pequeños restauranteros, hoteleros, y turistas, así como cuáles son las claves que explican que esta crisis ambiental se haya agravado este año.
La Corte Suprema de Justicia argentina confirmó las dos condenas previas que recibió la exmandataria por el delito de administración fraudulenta durante sus gobiernos.
La Corte Suprema de Justicia de Argentina confirmó la condena a 6 años de prisión e inhabilitación perpetua para ocupar cargos públicos de la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner, por el delito de administración fraudulenta en perjuicio del Estado.
Kirchner, quien podrá acceder al beneficio de la prisión domiciliaria debido a su edad (72 años), fue acusada de haber otorgado obras viales millonarias a un socio y presunto testaferro durante sus dos gobiernos, entre 2007 y 2015.
El máximo tribunal rechazó el pedido de la Fiscalía de duplicar la pena a 12 años de prisión y agregar el delito de asociación ilícita.
La exmandataria, quien también ofició de vicepresidenta durante el mandato de Alberto Fernández (2019-2023), anunció días atrás que se presentaría como candidata a diputada en los próximos comicios legislativos en la provincia de Buenos Aires, en septiembre.
Sin embargo, la confirmación de su condena por la máxima instancia judicial del país significa que ya no podrá presentarse a elecciones.
Kirchner, una figura muy polémica y divisiva en Argentina, es actualmente la presidenta del Partido Justicialista (PJ), nombre oficial del peronismo, la principal fuerza opositora al gobierno del economista libertario Javier Milei.
La exmandataria escuchó el anuncio de la Corte desde la sede del PJ, acompañada por legisladores y dirigentes de su espacio.
Militantes peronistas cortaron los principales accesos a la ciudad de Buenos Aires en la antesala del anuncio.
La expresidenta, quien niega los cargos en su contra, ha denunciado que es víctima del lawfare, una persecución política, mediática y judicial orquestada por sus rivales políticos.
También se ha comparado con sus pares Luiz Inácio Lula da Silva, en Brasil, y Rafael Correa, en Ecuador, quienes fueron condenados por las cortes de sus países por casos de corrupción (la condena de Lula fue anulada luego de que el brasileño pasara un año y medio en prisión, y en 2023 volvió a la presidencia; Correa está prófugo de la justicia desde 2018).
La expresidenta fue condenada por la llamada “causa Vialidad”, en la que se la acusó de haber direccionado obras públicas en la provincia patagónica de Santa Cruz, el bastión de los Kirchner, donde su difunto marido, Néstor Kirchner, gobernó durante más de una década antes de llegar a la presidencia y donde ella aún mantiene su residencia.
Según la Fiscalía, días antes de que él asumiera como jefe de Estado, en 2003, los Kirchner crearon una empresa constructora llamada Austral Construcciones, a la que luego le adjudicaron la mayoría de las obras viales que se realizaron en Santa Cruz.
Durante los 12 años en los que los Kirchner gobernaron el país, Austral Construcciones recibió licitaciones para construir 51 obras, el 79% de las obras de esa provincia patagónica.
Solo dos fueron finalizadas a tiempo y la mitad nunca se terminaron. Además, los fiscales señalaron que la empresa fue favorecida con sobreprecios millonarios, estimando que la “cartelización organizada” desde el gobierno perjudicó al Estado por más de US$1.000 millones.
De acuerdo con la causa, los Kirchner pusieron al frente de la constructora a un socio comercial y amigo de la familia, quien actuó como testaferro: Lázaro Báez, un exgerente del Banco de Santa Cruz que, según el Ministerio Público, no tenía experiencia en el rubro de la construcción.
Báez también fue condenado por esta causa, junto con otros siete exfuncionarios kirchneristas, incluyendo al exsecretario de Obras Públicas, José López, quien ya estaba detenido por otras causas de corrupción luego de que se lo descubriera arrojando bolsos llenos de dólares a un convento, en 2016.
La principal base de la defensa de la exmandataria fue que la Fiscalía no produjo evidencias -ni un solo documento o mensaje- que vincularan directa y personalmente a Cristina Kirchner con el otorgamiento de obras a Lázaro Báez.
“Entre la Presidencia de la Nación y las obras denunciadas existen doce instancias administrativas de carácter nacional y provincial”, detalló la propia expresidenta en su cuenta de X (entonces Twitter) cuando fue condenada en primera instancia, en diciembre de 2022.
Kirchner señaló que no se puede responsabilizar a un jefe de Estado por cómo se manejan las licitaciones públicas.
“El que ejecuta el presupuesto es el jefe de Gabinete, no el presidente o presidenta de la nación”, observó, agregando con ironía que en todo caso el Tribunal tendría que haber juzgado a quien fue el primer jefe de Gabinete del kirchnerismo entre 2003 y 2008: Alberto Fernández, con quien mantuvo una áspera relación cuando gobernaron juntos, antes de la llegada de Milei.
La expresidenta incluso remarcó que otro poder del Estado, el Congreso, aprobó esas inversiones en obra pública cuando sancionó la ley de presupuesto, incluso con algunos votos de la oposición.
Y su defensa también sostuvo que la Justicia no tiene potestad para juzgar cómo un gobierno, elegido democráticamente, distribuye la inversión pública.
No obstante, en noviembre de 2024, la Cámara Federal de Casación Penal confirmó la condena contra Kirchner.
Sentencia que, con la ratificación de la Corte Suprema -la última instancia judicial a la que podía apelar-, ahora queda firme, por lo que la líder política será detenida y no podrá participar en elecciones u ocupar cargos públicos de aquí en adelante.
El pasado domingo, durante un acto electoral y en medio de fuertes versiones en la prensa de que la Corte estaba por anunciar su decisión, Kirchner reiteró su denuncia de que sufre persecución política.
“Me quieren presa o muerta, pero lo que nunca van a poder evitar es que vuelva el pueblo”, afirmó.
En sus palabras, Kirchner estaba haciendo alusión al 1 de septiembre de 2022 cuando, tres meses antes de recibir la primera condena en la “causa Vialidad”, fue víctima de un intento de magnicidio.
Aunque un hombre disparó un arma a centímetros de su rostro, la entonces vicepresidenta no resultó herida porque la pistola, que estaba cargada, “no funcionó”, según revelaron las autoridades.
El agresor, Fernando Sabag Montiel, está imputado por homicidio agravado en grado de tentativa, con una pena prevista de 8 a 17 años.
Kirchner, quien la semana última anunció durante una entrevista que se presentaría como candidata a diputada para la Legislatura de la provincia de Buenos Aires -el bastión electoral del peronismo- en los próximos comicios legislativos de septiembre, también se mostró desafiante.
“Todo esto con editoriales que dicen ‘está acabada, acorralada’. Si estoy tan así, ¿por qué no me dejan competir y me derrotan políticamente?”, arengó.
“Dale, mirá cómo tiemblo”.
El lunes, en un encuentro político del peronismo, la exmandataria se refirió a sí misma como una “una fusilada que vive”.
También denunció una serie de actos de presunta corrupción durante el gobierno de Mauricio Macri, y dijo que dado que nadie había sido detenido por estos casos, ni tampoco por endeudar al país con el Fondo Monetario Internacional, para ella “estar presa es un certificado de dignidad”.
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