Nueva secretaria de Bienestar avaló cancelar estancias sin probar que había corrupción
Ariadna Montiel, la nueva secretaria de Bienestar y Rocío García, nombrada este 11 de enero como subsecretaria, promovieron la cancelación de las estancias infantiles por haber encontrado supuesta corrupción en su operación, pero en realidad solo tenían una evaluación que enlistaba incumplimientos y sus respectivas recomendaciones como “usar bote de basura con tapa”, “usar uñas cortas y sin esmalte”, “usar cubrebocas al servir alimentos” o que “los cepillos dentales de los niños tengan su nombre”.
En dicha evaluación –obtenida por Animal Político a través de solicitudes de transparencia– no existe ninguna referencia a la corrupción por “niños fantasma” con lo que justificaron la eliminación del subsidio a las instancias infantiles para sustituirlo por un programa de entrega directa de dinero a las madres.
La encargada de hacer dicha evaluación fue la nueva subsecretaria de Bienestar, Rocío García Pérez, entonces directora del DIF; y los resultados fueron presentados por la entonces subsecretaria de Bienestar, y ahora titular, Ariadna Montiel frente al presidente Andrés Manuel López Obrador en la conferencia del 18 de febrero de 2019.
En conferencia de prensa junto a @Mary_Luisa_AG, dimos a conocer información sobre el diagnóstico de las #EstanciasInfantiles. #QueremosBienestar para todas nuestras niños y niños.
Conoce más pic.twitter.com/xpcHy2Gl6L
— Ariadna Montiel Reyes (@A_MontielR) February 18, 2019
Rocío García no había tenido experiencia previa al respecto, pues entre sus cargos está “directora territorial” en la alcaldía Gustavo A. Madero, subdirectora de publicidad en la Secretaría de Transporte y Vialidad; encargada de la dirección de Seguridad al turista en la Secretaría de Turismo en el Distrito Federal y directora de Vinculación Interinstitucional del Instituto para la Atención de Adultos Mayores de la Ciudad de México. Y como directora del DIF, condicionó la entrega en efectivo del 2% y hasta 4% de salario a los empleados de mandos medios y superiores para un supuesto programa del que no existe rastro oficial, como reveló Animal Político. Pese a que los afectados denunciaron ante la Secretaría de la Función Pública, la investigación no avanzó.
En tanto, Ariadna Montiel presentó los resultados del estudio “Inconsistencias del programa. Evaluación DIF Nacional”, en las que aseguró que 40% de las estancias infantiles existentes hasta ese momento estaban en “rojo” y representaban un “riesgo para las niñas y niños”; 26% estaban en “amarillo” por estar en “situaciones que pueden representar riesgo para las niñas y los niños y requieren ser atendidas a corto plazo”; mientras que 4% estaban sin actividad y solo 30% “no presenta situaciones de riesgo”.
También dijo que habían identificado 244 mil niños registrados en las estancias, pero “hay 80 mil niños que no vimos en las supervisiones, porque llega el personal del DIF, supervisa el tema de atención y cuidados, y cuenta a los niños, y el DIF no logró registrar a más de 80,000 niños”.
Dicho estudio nunca se hizo público, pese a que en él se basó la decisión del presidente Andrés Manuel López Obrador para eliminar el programa que había funcionado desde 2007 y estaba dirigido a las familias más vulnerables, es decir, a las madres trabajadoras que no tienen servicio de estancia en el IMSS, el ISSSTE, CENDI, o no pueden pagar una privada.
Por lo tanto, este medio solicitó el “estudio” o el sustento técnico de dicha información, pero la Secretaría de Bienestar entregó un PDF con la evaluación del programa de estancias infantiles en el que no existe ninguna referencia a lo informado por la subsecretaria Montiel.
Mientras que el DIF entregó un archivo de Excel donde sí están enlistadas las observaciones de “irregularidades” encontradas en la revisión a las estancias. Sin embargo, al analizar los datos, solo incluyen a 5 mil 500 estancias, aunque hasta 2018 existían 9 mil 126 registradas en el padrón oficial. Es decir, solo revisaron o registraron 60% del total.
Cada una de las estancias tiene más de un incumplimiento, por eso es que por su “gravedad” están clasificadas en 17 mil en “rojo” y 11 mil en “amarillo”, enlistadas en una tabla de Excel y con su respectiva “recomendación”.
Al revisar las “rojas” aparecen estancias como “Uchetik”, cuya “observación” fue que “el número de asistentes educativos deberá ser de acuerdo al número de niños inscritos” y que “los botes de basura deberán tener tapa”; se trata de un inmueble ubicado en el municipio de Zinacantán, Chiapas, uno de los más pobres del país y donde las mujeres se organizan en pequeñas cooperativas para vender sus bordados y obtener ingresos.
En la estancia “Pequeños Solecitos”, también en ese municipio, la observación fue que “todo el personal de la estancia infantil deberá evitar uñas largas accesorios (pulseras anillos aretes y collares)”, una región donde las mujeres usan collares tradicionales.
También estaba en rojo la estancia “Osos perezosos” en el municipio de Animas Trujano, en Oaxaca, cuyas recomendaciones tenían qué ver con la higiene: “la estancia infantil debe tener un espacio suficiente , delimitado, higiénico y ordenado para realizar el filtro, se observó falta de cortina en filtro”, que “el área de juego exterior los montables deberán estar en buen estado y limpios” y que “la planeación deberá surgir como resultado de las necesidades detectadas en las cédulas de evaluación y desarrollo infantil y sus respectivos formatos de retroalimentación por grupo y en el período correspondiente”.
En “amarillo” fueron ubicadas estancias como “Pequeños angelitos” en Aguascalientes, cuya recomendación fue que el personal “debe tener uñas cortas y sin esmalte”; en “Mundo de Peques” en La Paz, Baja California Sur, les recomendaron “usar cubrebocas para servir los alimentos”. En “Mis primeras Palabras” ubicada en Venustiano Carranza, Chiapas, la recomendación fue que “los alimentos refrigerados deben estar en recipientes con tapa”.
Lo más parecido a una recomendación por las condiciones de “seguridad” fue en “Libemol”, en el Estado de México, cuyas recomendaciones eran que “el baño requiere bordes o cintas antiderrapantes”, o “contar con un espacio suficiente, delimitado, higiénico y ordenado” para la revisión de los niños al entrar. Y en “Los súper amigos”, en Veracruz, tuvo la recomendación de “garantizar que los niños utilicen su propio cepillo dental, e identificarlos con el nombre del niño o la niña”.
En el listado aparecen 1,672 estancias “sin actividad”, pero según los reportes se debían a razones como vacaciones, falta de ingreso para pagar trámites de operación o cuestiones externas, como lo ocurrido en Ocozocoautla, Chiapas, donde hubo “un brote de dengue hemorrágico por lo que las autoridades sanitarias fumigaron y la estancia infantil “Mis pequeños angelitos” suspendió labores para realizar la limpieza del área y juguetes”. Solo 45 estancias aparecieron como “canceladas”.
No existió planeación
Animal Político también pidió la documentación o minutas de trabajo que dieran cuenta de las reuniones o sesiones donde la Secretaría de Bienestar mediante las cuales diseñaron el cambio de estrategia. Es decir, eliminar el programa de estancias infantiles y sustituirlos por el Programa de Apoyo para el Bienestar de Niños y Niñas, hijos de Madres Trabajadoras, pero la Secretaría de Bienestar respondió que no tenía ninguna documentación al respecto.
También se solicitó la documentación que diera cuenta del análisis de los resultados, es decir, que explicaran cómo encontraron las diversas inconsistencias “como domicilios que responden a otra circunscripción, domicilios que no existen y beneficiarios no localizados, entre otras”, que también informó Montiel, pero tanto Bienestar como el DIF respondieron que no contaban con dicha información.
El programa de estancias infantiles consistía en que el gobierno subsidiaba a las más de 9 mil estancias que se habían constituido durante 12 años de operación. Les entregaba 900 pesos mensuales por cada niño inscrito, mientras que las madres solo pagaban una cuota de acuerdo a su nivel socioeconómico, que iban de los 50 a los 150 pesos semanales. La Secretaría de Desarrollo Social capacitaba a las educadoras y pagaba un seguro de accidentes para el inmueble; el DIF realizaba supervisiones de operación y Protección Civil, sobre infraestructura.
Las estancias también significaban una fuente de empleo para mujeres a veces en su mismo domicilio, pues podían acondicionar un espacio en sus casas o rentaban alguno, se inscribían en el programa, recibían apoyo gubernamental para comprar equipo y hacer adecuaciones, y ofrecía el servicio de cuidado a sus vecinas.
Ahora, el gobierno solo entrega 1,600 pesos bimestrales directamente a las madres, y ellas deciden a quién pagarle para que cuiden a sus hijos o gastarlo en otra cosa. Mientras que no existe información oficial de cuántas sobrevivieron porque el gobierno dejó de supervisarlas.
El Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval) revisó al programa de estancias infantiles en 2018 y encontró que 96.5% de las usuarias consideró que la atención y cuidado de sus hijos tuvo un impacto positivo en el desarrollo del lenguaje, en el 96% de los casos desarrollaron habilidades sociales y un 97.5% observaron una mejora en el desarrollo motriz de los niños.
Además, 93.9% de las personas beneficiarias consideraron que el programa “contribuyó a mejorar su calidad de vida y la de sus hijos, ya que les brindó la posibilidad de contar con empleo, salud mental, salud física e ingresos monetarios”.
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Casi siete años después de la imposición de sanciones por parte de EU la exportación petrolera de Venezuela parece haberse recuperado de forma significativa gracias a la contribución de la llamada flota fantasma. BBC Mundo te cuenta de qué se trata.
Cuando en 2019 el presidente de EE.UU., Donald Trump, impuso sanciones a la industria petrolera de Venezuela para presionar al gobierno de Nicolás Maduro, las exportaciones de crudo venezolano cayeron hasta unos 495.000 barriles diarios. Seis años más tarde, las sanciones siguen en pie, pero las exportaciones petroleras de Venezuela han vuelto a crecer hasta ubicarse en torno al millón de barriles diarios.
Aunque se trata de una cantidad pequeña para un país que en 1998 -antes de la llegada al poder de Hugo Chávez- producía tres millones de barriles diarios, esta recuperación de parte de la exportación de crudo es un indicativo de que las sanciones contra Venezuela no están funcionando como EE.UU. esperaba.
Y es que el gobierno de Maduro ha ido encontrando la manera de ir reactivando la producción y de crear nuevas vías para vender el crudo venezolano esquivando las sanciones.
En esa tarea de comercialización ha jugado un rol central la llamada “flota fantasma”: una serie de tanqueros petroleros que por medio de distintas estratagemas logran ocultar su labor como barcos de transporte de petróleo sancionado por las autoridades estadounidenses.
Una de estas embarcaciones fue interceptada e incautada este miércoles por las fuerzas militares de EE.UU. cuando se encontraba en aguas frente a las costas de Venezuela.
“Acabamos de incautar un petrolero frente a la costa de Venezuela, un petrolero grande, muy grande; de hecho, el más grande que se haya incautado jamás”, dijo Trump al anunciar la operación ante la prensa en la Casa Blanca.
El gobierno de Maduro reaccionó calificando la incautación como “un robo descarado y un acto de piratería” y dijo que acudirá ante instancias internacionales existentes para denunciar lo ocurrido.
Esta acción estadounidense aumenta las tensiones con Caracas que se han ido intensificando desde que en agosto de este año el gobierno de Trump inició un gran despliegue militar en aguas del Caribe con el objetivo oficial de combatir el narcotráfico, pero que muchos analistas creen que tiene como objetivo final forzar un cambio de régimen en Venezuela.
Más allá de su posible objetivo político, la medida tiene un impacto económico pues dificulta aún más las exportaciones petroleras venezolanas al meter presión sobre la flota fantasma.
Pero, ¿qué sabemos sobre cómo operan estas embarcaciones?
Un fenómeno en auge
La utilización de flotas fantasmas es un fenómeno en aumento que ocurre no solamente en el caso venezolano, sino también de otros dos países petroleros sometidos a sanciones por parte de EE.UU. y de potencias occidentales: Rusia e Irán.
La empresa de inteligencia financiera S&P Global estima que uno de cada cinco petroleros en el mundo son usados para vender de contrabando petróleo procedente de países bajo sanciones.
De estos, el 10% transportarían solamente crudo venezolano, un 20% haría lo mismo con el iraní, mientras que 50% se dedica en exclusiva al petróleo ruso. El 20% restante no estaría atado a ningún país en particular y puede transportar petróleo de más de uno de estos países.
Según estimaciones de la firma de análisis marítimo Windward, la flota clandestina cuenta con unas 1.300 embarcaciones.
Las sanciones petroleras buscan desincentivar a países o empresas a adquirir o involucrarse en cualquier operación relacionada con crudo procedente de los países castigados.
Ante ello, los países sancionados optan por ofrecer su petróleo con grandes descuentos para que haya operadores, empresas o países que estén dispuestos a correr el riesgo de comprarlo, aplicando -eso sí- algunos trucos para disimular su origen.
Barcos que engañan
Una de las estrategias más frecuentes que aplican estos tanqueros para evadir las sanciones es cambiar con frecuencia -a veces varias veces en un mes- de nombre o de bandera.
En el caso, por ejemplo, del petrolero incautado este miércoles, se trata de un barco llamado The Skipper, según informó CBS News, socia en EE.UU. de la BBC.
Esa misma cadena dijo que se trata de un barco sancionado por el departamento del Tesoro de EE.UU. desde 2022 debido a su supuesto rol en una red de contrabando de petróleo que ayuda a financiar a la Guardia Revolucionaria de Irán, así como a la milicia chiita libanesa Hezbolá.
CBS indicó que al momento de ser sancionado el petrolero tenía por nombre Adisa (inicialmente se llamaba The Tokyo) y era una de las embarcaciones vinculadas con el magnate petrolero ruso Viktor Artemov, quien también se encuentra bajo sanciones.
Al referirse a ese tanquero este miércoles, la fiscal general de EE.UU., Pam Bondi, dijo en la red social X que esa nave era usada para transportar petróleo procedente de Venezuela e Irán, dos países bajo sanciones.
Un elemento interesante sobre The Skipper es que es un barco con 20 años de antigüedad y ese es otro elemento usual entre los tanqueros de las flotas fantasma: muchos son barcos viejos, pues las grandes navieras suelen deshacerse de estos barcos cuando tienen 15 años de servicio y luego de 25 años suelen ser enviados al desguace.
Justamente otro truco aplicado por estos barcos es usurpar la identidad de alguno de esos barcos enviados a desguace, emitiendo los números de registro únicos que la Organización Marítima Internacional le otorgó a esas embarcaciones. Así se convierten en lo que se conoce como barcos zombis, pues lo que hacen es similar a alguien que usa la identidad de una persona muerta.
Un caso de este tipo relacionado con Venezuela ocurrió en abril pasado cuando un barco llamado Varada llegó a aguas de Malasia, tras un viaje que había iniciado dos meses antes en Venezuela.
La embarcación juntaba dos elementos sospechosos: tenía 32 años y la bandera de las Comoras, popular entre barcos que no quieren ser detectados.
Una investigación de la agencia Bloomberg descubrió que se trataba de un barco zombi, pues el verdadero Varada había sido desguazado en 2017 en Bangladesh.
Otras formas habituales de operar de los barcos de flotas fantasmas consiste en “disfrazar” el origen del crudo transfiriéndolo en aguas internacionales a petroleros sin problemas legales con otras banderas, que son los que se encargan de llevar el crudo hasta su destino, presentándolo como procedente de un país no sancionado.
Ese fenómeno se produjo, por ejemplo, en el caso de las exportaciones petroleras venezolanas hacia China durante el primer gobierno de Trump. Según expertos consultados por BBC Mundo hubo un momento en el que en las estadísticas oficiales de comercio de China aparecía como si ese país no estaba adquiriendo crudo venezolano cuando, en realidad, sí lo estaba haciendo.
Esto era posible porque ciertas refinerías compraban el petróleo a estos barcos que habían adquirido la carga en aguas internacionales y que la presentaban como procedente de países no sancionados.
Un último truco usual entre este tipo de tanqueros consiste de desactivar el sistema de identificación automática, a través del cual se transmiten datos como el nombre, la bandera, la posición, la velocidad o el rumbo de la embarcación. La manipulación de estos datos permite ocultar la identidad, ubicación y rumbo de las naves.
Una flota fantasma en aparente crecimiento
La investigación de Bloomberg en abril detectó el caso de cuatro barcos zombis que transportaban crudo venezolano.
La agencia de noticias recurrió al análisis de imágenes satelitales y las comparó con fotos históricas de los cuatro barcos cuyos nombres y números de identificación estaban usando.
Más recientemente, la ONG Transparencia Venezuela emitió un informe basado en la observación de lo que ocurrió en los puertos petroleros de ese país en octubre de este año.
Según ese reporte, hubo 71 tanqueros extranjeros en modo visible en los puertos de la petrolera venezolana Pdvsa, de los cuales 15 están bajo sanciones y nueve se relacionan con flotas fantasmas.
Transparencia encontró que en promedio hubo 24 petroleros que estaban ubicados cerca de tres puertos en el occidente y oriente de Venezuela y que estaban operando en modo furtivo, pues no tenían activas sus señales reglamentarias de posicionamiento.
De igual modo, Transparencia afirma haber detectado seis operaciones de transferencia de carga de un buque a otro, cerca de la bahía de Amuay, en el occidente del país.
De igual modo, hubo una mayoría de barcos con banderas de países considerados como paraísos regulatorios, por tener normas de supervisión laxas, lo que termina facilitando las operaciones de este tipo de embarcaciones.
Así, de los 71 barcos, 29 tenían la bandera de Panamá, seis de las islas Comoras y cinco de Malta.
En su informe, Transparencia indica que 38 de estos petroleros pasaron más de 20 días sin tocar puerto, algo que contrasta con los barcos de la petrolera estadounidense Chevron (autorizada por Washington para operar en Venezuela) que al llegar toman su carga y se marchan en un plazo máximo de seis días.
“La permanencia extendida en las áreas portuarias del país, sin llegar directamente a las terminales petroleras, arroja serias dudas sobre el tipo de operaciones que esos buques realizan”, señaló Transparencia en relación con los barcos que tardaban muchos días sin tocar puerto.
En todo caso, dado que la operación de intercepción e incautación realizada este miércoles se originó en el portaviones Gerald Ford -el más grande del mundo-, que ahora forma parte del masivo despliegue de fuerzas realizado por EE.UU. en aguas del Caribe frente a Venezuela, es probable que la posibilidad del gobierno de Maduro de recurrir a la flota fantasma se vea limitada de una forma importante.
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