Desaparición de la defensora Sandra Domínguez sacude a Oaxaca; exigen investigar amenazas en su contra
La imagen de una mujer con la bandera de México, que representa el emblema del gobierno de Claudia Sheinbaum, recorre las redes sociales, pero intervenida: la mujer aparece cubriéndose el rostro con las manos, la bandera arde en llamas, los colores verde y rojo fueron reemplazados por negro, y la imagen incluye una leyenda: “¡Nos falta Sandra!”.
El autor es Daniel, hermano de Sandra Domínguez Martínez, abogada, defensora mixe de Derechos Humanos en Oaxaca, quien está desaparecida desde hace 10 días.
Su familia, amistades, colegas y comunidad se han organizado para levantar la voz sobre su desaparición y la de su esposo, Alexander Hernández Hernández, y exigir una investigación exhaustiva y dar con su paradero.
“Como dice la diputada Aracely (Cruz), afín a la 4T y amiga de Sandra: ‘No podemos quedarnos con este discurso, porque si Sandra no llegó, entonces no llegaron todas’, tal como fue la consigna de la presidenta Claudia Sheinbaum”, dice Joaquín Galván, también amigo de Sandra y quien trabaja con ella en la defensa de Derechos Humanos.
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Desaparición de Sandra Domínguez en Oaxaca
La última vez que se vio a Sandra y a su pareja fue el 4 de octubre en María Lombardo, en la región de la Cuenca del Papaloapan.
La madre, Marina Martínez, grabó un video en el que pidió a la presidenta, Claudia Sheinbaum, que encuentren a su hija, y este domingo 13, la comunidad San Isidro Huayápam Mixe, de donde Sandra es originaria, se reunió para redactar un pronunciamiento para exigir al gobernador Salomón Jara, a Sheinbaum y la Fiscalía General de la República, la localización de la activista.
“Muy preocupados porque tenemos desaparecida a una hija del pueblo, y obviamente hay reclamos”, dice en entrevista Enrique Reyes Pérez, agente municipal de la comunidad San Isidro Huayápam Mixe.
“Estamos exigiendo, respetuosamente a las autoridades competentes de los tres niveles de gobierno que intensifiquen la búsqueda e investigación y localización de nuestra compañera Sandra”.
La defensora de Derechos Humanos de 38 años de edad se había enfrentado a funcionarios locales en defensa de los derechos humanos y había sido amenazada.
En los últimos cinco años, denunció la existencia de chats en los que funcionarios del gobierno de Oaxaca y federales compartían fotografías sexuales de mujeres indígenas. Entre los involucrados se encuentra el coordinador de delegados de la Paz Social, Donato Vargas Jiménez.
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Pero también Sandra se ha dedicado a casos de mujeres desaparecidas, junto con Joaquín, como Zayra Leticia Morales Loyola, joven que desapareció en octubre de 2020 en Huajuapan. Ahora, lamenta Joaquín, están usando las herramientas que aplicaron en otros casos, pero en la búsqueda de Sandra.
Sandra también litigó otros casos en Oaxaca, como el feminicidio disfrazado de suicidio de Fanny Guadalupe López Nolasco y el caso de suplantación de identidad de Pijy, una joven indígena que fue violada. De repente, su carpeta de investigación se cerró porque su agresor presentó a otra mujer como víctima para otorgarle el perdón, cuenta Joaquín.
El caso de Sandra es el tercero de una defensora desaparecida en los últimos tres años y medio en Oaxaca, antes fueron Irma Galindo, defensora mixteca de los bosques, desaparecida en octubre de 2021 en la Ciudad de México, y Claudia Uruchurtu, quien en marzo de 2021 fue víctima de desaparición forzada por parte de funcionarios públicos del gobierno municipal de Nochixtlán, Oaxaca, del partido Morena.
El vehículo de Sandra y Alexander, víctimas de desaparición, fue encontrado en Playa Vicente, en Veracruz, un lugar sitiado por el crimen organizado. Por ello, sus familiares y amigos no ven condiciones para realizar sus propias acciones de búsqueda, así que exigen a las autoridades hacer su trabajo, y garantizar la seguridad de las familias.
“Nuestra exigencia, yo con autorización de la familia, es que se solicite la intervención de la Fiscalía General de la República, y que dentro de las líneas de investigación, no se descarta su actividad como defensora de Derechos Humanos”, dice Joaquín.
El despacho de Sandra, en María Lombardo, sigue operando, y Joaquín considera que la Fiscalía estatal debió de haber sellado ese lugar, revisar las computadoras, los discos duros, los expedientes, y no lo han hecho.
“Una de las principales denuncias de Sandra fue contra funcionarios estatales vigentes. Entonces, cómo podemos confiar en una institución estatal cuando posiblemente haya conflicto de interés en esta investigación”, señala en entrevista con Animal Político.
“Hace más de dos días, los mismos funcionarios señalados por Sandra la revictimizaron públicamente en una conferencia de prensa de seguridad, imagínate qué grave el asunto”, comenta.
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Donato Vargas estuvo en una conferencia de prensa en Oaxaca y se deslindó de la desaparición de Sandra. Afirmó que las acusaciones relacionadas con el chat que denunció Sandra eran “golpeteo político”.
“Como paisano, como conocido, mi deseo es que aparezca con vida, que esté bien, que haya alguna información a través de sus familiares. Lo tengo que aclarar, no tengo nada, absolutamente nada en contra de ella, no tengo nada en contra de las personas que me señalan, es un tema político, de grilla al que ya me acostumbré porque vengo de la política”, dijo Vargas.
En tanto, el gobierno de Salomón Jara ofreció a la familia una mesa de trabajo con el secretario de gobierno, Jesús Romero López; sin embargo, la familia rechazó esa opción. Afirman que el secretario es muy amigo de los funcionarios denunciados por Sandra Dominguez. La exigencia es que el gobernador atienda directamente el caso.
“Cada caso que Sandra abordó fue con un enfoque sobre violencia sistémica, contra estructuras de poder, ya sea del Estado o del crimen organizado. Entonces, todo es posible. Que pudieran estar involucrados funcionarios del Estado mexicano sí, que pudieran estar involucrados personas del crimen organizado sí, o ambos en una colaboración, sí”, apunta el defensor Joaquín Galván.
Ya la oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos llamó a las autoridades de los tres niveles de gobierno a sumar esfuerzos para localizar a Sandra.
“Sólo así podemos tener la certeza de que tendremos una investigación apegada a su realidad como defensora de Derechos Humanos”, comenta Galván.
“Queremos tener a Sandra trabajando, denunciando, alzando la voz, como siempre lo hizo”, agrega.
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El presidente Noboa nombró a Sariha Moya como vicepresidenta encargada de Ecuador tras la suspensión de Abad por 150 días.
A solo tres meses de las elecciones en las que el presidente de Ecuador buscará renovar su mandato, el gobierno de Daniel Noboa desplazó a la vicepresidenta, Verónica Abad, de su cargo.
La decisión llega después de que el Ministerio de Trabajo suspendiera de manera temporal a Abad, que además es embajadora de la paz de Ecuador ante Israel, por haberse demorado en un trámite diplomático.
Para los abogados constitucionalistas consultados, la decisión es “absoluta y abiertamente inconstitucional” debido a la legitimidad de origen del cargo de vicepresidente que es el voto directo de una mayoría de ecuatorianos.
“Es llamativo que, a través de un sumario administrativo, una funcionaria designada por el presidente –que es la ministra de Trabajo– sancione a otra funcionaria que fue elegida a través del voto popular”, le dice a BBC Mundo Sebastián López, doctor en Derecho por la Universidad Andina Simón Bolívar, Quito.
La cartera de Trabajo anunció el sábado que suspendía a la vicepresidenta por 150 días por “abandono de trabajo” al no haberse presentado en la embajada de Ecuador en Turquía el 1 de septiembre como estaba dispuesto, sino el 9 de ese mes.
En su lugar, el presidente designó este lunes a Sariha Moya como vicepresidenta encargada de Ecuador. Moya, que en campaña había sido pensada para ocupar el cargo de ministra de Economía y Finanzas, estaba al frente de la secretaría de Planificación.
Para los analistas, la decisión del presidente de nombrar a una nueva “vicepresidenta encargada” para reemplazar a Abad debe ser leída en clave electoral.
Esto sería, dicen, porque Noboa, que buscará renovar su mandato en febrero, no quiere que Abad asuma en su lugar cuando él tenga que dimitir para empezar su campaña.
Abad asegura que en el último año Noboa no ha hecho otra cosa que inhabilitarla por varias vías para que no asuma la presidencia durante la campaña, tal como dispone la Constitución de Ecuador.
“Denuncio que [el presidente Noboa] ha vuelto a ejecutar una grosera violación a la Constitución y a las leyes ecuatorianas con un sumario administrativo no aplicable a funcionarios electos en urnas”, expresó Abad en un video difundido en sus redes oficiales este domingo.
Los motivos de la suspensión
Si bien el gobierno argumentó que esta decisión responde al cumplimiento del artículo 150 de la Constitución, que establece las normas para la renuncia del presidente o vicepresidente, los motivos parecen más políticos que institucionales.
La desconfianza de Noboa hacia Abad quedó expuesta a finales de 2023, cuando el presidente la nombró embajadora por la paz en Israel en un intento de mantenerla fuera del país y limitar su influencia en Ecuador.
“Es cuestionable que a través de un sumario administrativo se pretenda minar la legitimidad de una autoridad electa a través del voto popular directo”, dice el especialista en derecho Sebastián López.
En aquel momento, Abad señaló que su nombramiento como diplomática al mismo tiempo que debía ejercer el puesto de vicepresidenta no era más que una estrategia de Noboa para “alejarla” del poder.
Abad ha declarado que Noboa la ha presionado en más de una oportunidad para que renuncie a su cargo, mientras que desde el entorno de Noboa aseguran que no confían en ella para la posible sucesión temporal de la presidencia durante la campaña electoral.
Abad debía presentarse ante la embajada de su país en Turquía, país al que fue trasladada por razones de seguridad en medio del incremento de las tensiones por el conflicto de Israel en Gaza en Medio Oriente.
En ese contexto es que el Ministerio de Trabajo la sanciona por no presentarse en la fecha requerida.
“El presidente Noboa y sus ministros han preparado organizadamente la ruptura del orden constitucional y el evidente golpe de Estado que se prepara para el 6 de enero de 2025”, declaró Abad en un video que difundió en redes sociales.
Abad indicó en más de una oportunidad que se sentía perseguida y que había recibido presiones para renunciar, por eso pidió a la Asamblea que revise la resolución del Ministerio de Trabajo.
“La reciente suspensión de mi cargo como vicepresidenta es un claro reflejo de un gobierno que se ha desviado de su propósito, que ha optado por el camino de la represión y el miedo, en lugar de la transparencia y el respeto a la voluntad popular”, señaló.
Qué caminos abre la decisión
Para los especialistas en derecho, la decisión del gobierno abre un camino incierto en la política ecuatoriana que podría definirse en los próximos días.
Entre las posibilidades la vicepresidenta tiene la opción de cuestionar constitucionalmente, a través de una “acción de protección”, la decisión adoptada por el Ministerio de Trabajo.
“Pero me parece que los tiempos no le van a ser suficientes, a pesar de que tiene un mecanismo de impugnación”, dice el doctor en Derecho por la Universidad Andina Simón Bolívar.
Para el especialista, el recurso puede ser inefectivo porque hasta que finalmente se concrete la medida habrán pasado los 150 días de sanción y deberán presentarse a una nueva elección.
La vicepresidenta desplazada apunta a responsabilizar al Estado en el plano internacional. Es decir, un cuestionamiento ante el sistema interamericano de protección de los derechos humanos, algo que ya tiene antecedentes.
“Ecuador tendrá una responsabilidad y una condena internacional, pero muy poco de esto le importa al presidente actual”, opina el especialista.
“Lo que más me preocupa como profesor de Derecho Constitucional es cómo se ha trastocado el sentido constitucional y cómo se ha abusado de la institucionalidad”.
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