Defender la autonomía, presupuesto a la baja, violencia e inseguridad: los principales retos para la siguiente rectoría de la UNAM
El nuevo rector o rectora de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) tendrá el reto de defender la autonomía universitaria de los embates que ha sufrido desde distintos frentes, con un presupuesto que no se incrementa pese al aumento en la matrícula, además de atender las problemáticas relacionadas la inseguridad y la violencia de género, tal como han reconocido los propios aspirantes a suceder a Enrique Graue.
Los 10 finalistas para ocupar la rectoría en el periodo 2023-2027 —Laura Susana Acosta, Sergio Manuel Alcocer, Luis Agustín Álvarez Icaza, Raúl Contreras Bustamante, Patricia Dávila, Germán Fajardo Dolci, William Henry Lee, Leonardo Lomelí, Imanol Ordorika y Guadalupe Valencia—, consideran que atender estos temas resulta prioritario como parte del proyecto universitario en los siguientes años, por lo que sus planes de trabajo se encuentran concentrados en ellos.
Estos son los puntos de mayor prioridad para atender durante la siguiente gestión de la UNAM, desde el punto de vista de los distintos aspirantes:
Defensa de la autonomía
En los proyectos de los aspirantes destaca la promesa de defender la autonomía, misma que afirman que ha sido atacada en los últimos tiempos. Y es que, en repetidas ocasiones, el presidente Andrés Manuel López Obrador ha acusado que la institución se ha “derechizado” y —aunque asegura que no se meterá en el proceso de renovación de la rectoría— ha expresado que la UNAM debe reformarse.
Al respecto, Raúl Juan Contreras Bustamante —actual director de la Facultad de Derecho— señaló que “de manera recurrente, y aún en los últimos tiempos, la Universidad ha sufrido injustificados embates contra sus instituciones de gobierno”, por lo que consideró necesario “la defensa, el ejercicio y el fortalecimiento” de ésta, como base de cualquier estrategia que busque “salvaguardar la esencia de la UNAM y ampliar sus alcances institucionales”.
“Somos una institución del Estado Mexicano, pero no subordinada a ningún poder ni a otra instancia del gobierno, sino al servicio de la sociedad mexicana. Hoy más que nunca la capacidad de construir y mantener una relación de respeto mutuo con los tres niveles de gobierno —cuidadosa, equilibrada y prudente; colaborativa en todo lo posible, pero firme—, debe ser una característica indispensable y una convicción propia de quien ocupe la Rectoría”, indicó.
Laura Susana Acosta Torres —directora de la Escuela Nacional de Estudios Superiores (ENES) Unidad León—, coincidió con que “es imperante cuidar y defender la autonomía universitaria, ante cualquier embate e intento de desestabilización, así como ejercer transversalmente la democracia con una amplia participación y escucha de la comunidad universitaria”.
Sergio Manuel Alcocer —director del Instituto de Ingeniería—, expresó que a la defensa de la autonomía universitaria debe sumarse la de “la pluralidad, la crítica y la tolerancia, sin permitir la injerencia de instancias externas, sean éstas públicas, privadas o sociales, gubernamentales o no, políticas o empresariales, religiosas o de cualquier otra naturaleza”.
Patricia Dávila —titular de la Secretaría de Desarrollo Institucional—, consideró que este tema es un “compromiso ineludible”, mismo que deberá hacerse “de manera decidida, abierta y valiente”.
Para Germán Fajardo —director de la Facultad de Medicina—, esta defensa implica “establecer una sana relación entre la institución, el Estado mexicano y la sociedad, e implica solventar de manera efectiva y creativa las situaciones y problemas propios de una institución educativa”, mientras que para Imanol Ordorika —director general de Evaluación Institucional y exintegrante del Consejo Estudiantil Universitario (CEU)—, ello permitirá a la UNAM “hacer frente a presiones, interferencias e imposiciones de fuerzas externas”.
Más alumnos con menos presupuesto
De acuerdo con Leonardo Lomelí —de la Facultad de Economía—, la UNAM ha atravesado por un crecimiento de la población estudiantil “en un periodo de altibajos presupuestales”, ya que en el periodo 2016-2023 la universidad tuvo una reducción presupuestal de 4.7% en términos reales, mientras que en el mismo periodo la matrícula creció 7.8%, lo que “ha afectado el desarrollo de diversos proyectos de investigación en áreas prioritarias”.
Mientras que para Guadalupe Valencia —coordinadora de Humanidades—, el problema es aún más profundo, ya que este fenómeno “ocurre mientras en el país crece el número de quienes no logran acceder a la educación media superior y superior”, por lo que propuso que, si bien no es posible recibir a más estudiantes en las aulas, “la UNAM `puede, y creo que debe hacerlo, contribuir a la oferta educativa por otras vías”.
Sobre este punto, Sergio Alcocer indicó que “los índices de cobertura, la demanda social y las necesidades del país reclaman impulsar un aumento bien planeado con opciones de pertinencia social, científica y humanística, con abordajes multidisciplinarios”, y también impulsa la creación de más espacios en modalidad no escolarizada, virtual e híbrida, así como la mejora de los instrumentos de ingreso.
En el tema del presupuesto, los aspirantes coinciden en que este tendrá que aplicarse de manera eficiente y transparente, de tal forma que permita mejorar la infraestructura y tecnologías con las que cuentan los distintos planteles de la universidad.
Germán Fajardo señaló que “la infraestructura de los espacios universitarios para el desarrollo académico, cultural, artístico y deportivo de los integrantes de la comunidad universitaria es indispensable. De igual manera es necesario mejorar la conectividad de la internet, ya que es vital para el desarrollo de estrategias y acciones encaminadas al uso de tecnologías”.
William Henry Lee —investigador del Instituto de Astronomía— consideró que los retos relacionados con el crecimiento de la UNAM “son tanto logísticos como de planeación de recursos y de gestión administrativa y jurídica. Aunado a ello tenemos la responsabilidad institucional de las reservas ecológicas y lo que conlleva estar insertos en zonas urbanas de manera al paso de terceros”.
“En términos reales, considerando el ajuste inflacionario anual hay una disminución del subsidio federal y es importante gestionar su suficiencia”, destacó Lee.
Para 2024, el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación propone un presupuesto de 50 mil 418 millones 425 mil pesos para la UNAM, lo que en términos reales equivale a un aumento del 0.90% con respecto a 2023, cuando las aportaciones federales que recibió ascendieron a 47 mil 659 millones 117 mil pesos.
Inseguridad y violencia de género
Luis Agustín Álvarez Icaza —secretario Administrativo— destacó en su proyecto que existen “conflictos y la presencia de violencia de distintos tipos al interior de los planteles universitarios”, además de “episodios de violencia de género” en la UNAM.
La aspirante Patricia Dávila señaló que es un tema “importante y sensible”, ya que “la situación que prevalece en el país hace muy complicado controlar los riesgos que enfrenta la comunidad fuera de la Universidad, pero sí podemos fomentar la seguridad dentro de ella”.
Lomelí Vanegas refirió que es prioritario atender la violencia escolar (bullying), pues “después de la pandemia hay que ser especialmente vigilante, debido a la falta de desarrollo de habilidades sociales por parte de alumnos que estuvieron aislados”, y la violencia académica, con buenas prácticas docentes y la libertad de cátedra.
También se reconoció que en la UNAM “existen situaciones de violencia de género, en algunas entidades no atendidas, provocando en las víctimas desesperación por la apatía e impunidad”, por lo que Laura Susana Acosta afirmó que “es imperante cuidar a todas las personas que integran la comunidad universitaria, y con la premisa “Yo sí te creo” dar acompañamiento humano a todas las víctimas, desde el inicio de la queja hasta la sanción”.
Alcocer expuso que “la violencia de género ha sido un movilizador central entre la comunidad en los últimos años. De ella ha devenido un conjunto de reformas a la legislación universitaria, la creación de una dependencia especializada en la administración central y modificaciones a lineamientos y protocolos de atención. Esta demanda reformas más amplias y profundas dirigidas a establecer una cultura de igualdad de género”.
Imanol Ordorika, por su parte, indicó que existen distintas manifestaciones de la desigualdad de género en la universidad: la segregación vertical y horizontal; discriminación, ambientes sexistas y prejuicios de género; violencia de género, acoso y hostigamiento, y división sexual del trabajo, que devalúan las capacidades y aportes de las mujeres y los colectivos LGBTQI+.
Cifras presentadas por Guadalupe Valencia evidenciaron que se han recibido mil 500 quejas por situaciones de violencia de género entre 2015 y 2023, que han tenido en sus conclusiones 244 amonestaciones, casi 500 suspensiones, 73 expulsiones de estudiantes y casi 200 rescisiones de contrato.
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La captura del expresidente Nicolás Maduro ha abierto una etapa de incertidumbre no solo en Venezuela, sino también en el país que hasta ahora ha sido su principal aliado.
“Cuba está lista para caer”, declaró el presidente Donald Trump un solo día después de que el sábado 3 de enero fuerzas estadounidenses atacaran Caracas de madrugada y se llevaran a Maduro y su esposa, Cilia Flores, para juzgarlos en Nueva York.
Trump ha reiterado en los pasados días que el régimen cubano se sostiene por el suministro de petróleo de Venezuela y, si este se corta, quedará sin ingresos y colapsará por sí solo sin necesidad de una intervención militar.
Desde La Habana, las autoridades condenaron reiteradamente la operación estadounidense en Caracas y prometieron defenderse en caso de ataque, pero en ningún momento han refutado el pronunciamiento de Trump sobre la situación límite de la economía cubana.
En este contexto, surgen varias preguntas: ¿cómo está hoy Cuba? ¿Cómo le impactarán los cambios en Venezuela? ¿Puede realmente colapsar como dice Trump?
Una economía al límite
La economía cubana atraviesa una situación crítica, algo que ni siquiera el gobierno trata ya de ocultar.
El presidente, Miguel Díaz-Canel, reconoció que “no se trata de una crisis más”, sino de “la acumulación de distorsiones, adversidades, dificultades y errores propios, exacerbados por un cerco externo extremadamente agresivo”.
El país lleva años atrapado en la recesión, incapaz de pagar sus múltiples deudas u obtener financiación externa, con una producción en retroceso y sin lograr garantizar el suministro de alimentos y productos básicos a la población, golpeada a diario por cortes de electricidad de varias horas.
El producto interior bruto (PIB) se contrajo más de un 4% hasta el tercer trimestre de 2025, según el último dato oficial, y el cierre del año apuntaba a un resultado incluso peor por el agravamiento de la crisis energética y el impacto del huracán Melissa.
El gran problema es que la debacle afecta a todos los sectores, comenzando por el productivo.
La producción industrial en 2024 fue la más baja en 40 años, según los datos más recientes del gobierno, y todo apunta a que en 2025 se habría reducido aún más.
La agricultura está bajo mínimos por el ineficiente sistema de gestión estatal, la falta de fertilizantes y combustible; el turismo internacional —una fuente clave de divisas— cerró 2025 con cifras estimadas por debajo de los dos millones de visitantes, las peores en más de 20 años con excepción de la pandemia.
A esto se suma una grave escasez de medicamentos en un contexto de brotes simultáneos de dengue, zika y chikungunya, y la reducción al mínimo de la cartilla de racionamiento, que desde hace años no garantiza la supervivencia de las familias.
Los cubanos también sufren la inflación: el peso cubano ha caído en picado frente al dólar en los últimos años y el último dato de junio de 2025 refleja una subida interanual del 14,75% en los precios al consumidor.
Por si fuera poco, el embargo financiero y comercial que EE.UU. impone a Cuba desde 1960, endurecido por Trump en sus dos mandatos, aporta una losa extra a la pesada carga que ya soporta una economía derrotada, sin apenas margen de maniobra y aislada de los mercados internacionales.
Lo más delicado de la crisis cubana, en todo caso, es la situación límite en la que se encuentra su sistema energético.
“En muchas partes del país los cortes eléctricos no bajan de 20 horas al día. Quiere decir que solamente tienen luz cuatro horas, y eso es una situación difícil”, indica a BBC Mundo el economista Omar Everleny, exdirector del centro de estudios de la economía cubana de la Universidad de la Habana.
Al margen del precario estado de las centrales eléctricas en la isla, los apagones responden sobre todo a la escasez del petróleo que las abastece; una escasez cuyo impacto se extiende al transporte, la producción y la vida cotidiana.
Cuba necesita unos 110.000 barriles diarios para funcionar con normalidad y produce por su cuenta aproximadamente 40.000, por lo que depende en gran parte del crudo que recibe del exterior.
Más en concreto, de dos proveedores casi exclusivos: Venezuela y México.
¿Cuánto depende del petróleo de Venezuela?
La relación económica entre Cuba y Venezuela se ha reducido en los últimos años a un intercambio muy específico.
“Cuba aporta servicios médicos, educacionales, entrenadores deportivos y ahora se confirmó -aunque ya lo sabíamos- que también de seguridad y militares a cambio de petróleo venezolano”, indica a BBC Mundo el economista Ricardo Torres, investigador del Centro de Estudios Latinoamericanos y Latinos de la American University en Washington DC.
Esto se debe, señala, a que Venezuela apenas exporta otros bienes, Cuba carece de divisas para pagar sus compras de crudo y tampoco existen ya inversiones bilaterales relevantes desde la retirada de PDVSA de la isla en 2017.
Durante años, el petróleo de Venezuela fue el principal sostén del sistema energético cubano, con el envío de unos 100.000 barriles diarios en la cumbre de la alianza entre Hugo Chávez y Fidel Castro a inicios de este siglo.
El flujo, sin embargo, se ha ido reduciendo de forma sostenida según diferentes estimaciones, a falta de datos oficiales fiables.
Omar Everleny explica que de aquellos niveles iniciales se pasó a promedios “de 58.000 barriles diarios, luego a 38.000 y finalmente, en 2025, nunca se sobrepasaron los 30.000 y en algunos meses llegaron a caer hasta los 18.000”.
“Cuba ya estaba adaptándose a esa disminución sistemática del flujo desde Venezuela”, puntualiza.
La agencia Reuters estima que Venezuela envió a Cuba un promedio de 27.000 barriles diarios, según datos de seguimiento de tanqueros y documentos de PDVSA, lo que estaría cubriendo, hasta ahora, casi la mitad del déficit energético que arrastra la isla.
¿Y del crudo de México?
En el caso de México, la petrolera estatal Pemex confirmó en diciembre, en un informe presentado ante autoridades bursátiles de Estados Unidos, que su filial Gasolinas Bienestar había enviado a Cuba unos 17.200 barriles diarios de crudo y 2.000 barriles diarios de derivados entre enero y septiembre de 2025, con un valor aproximado de US$400 millones.
El portal de noticias mexicano Proceso recoge que en los diez primeros meses de 2025 los envíos de petróleo mexicano a Cuba crecieron un 121% en comparación con el mismo período del año anterior.
Ante esto, surge una pregunta: Si Cuba está en bancarrota, ¿cómo hace frente a los pagos del petróleo mexicano?
Ni la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, ni Pemex ni su subsidiaria han ofrecido una respuesta clara.
Preguntada por un periodista local, Sheinbaum afirmó en una rueda de prensa que los envíos de petróleo mexicano a Cuba van por dos vías: “contratos” y “ayuda humanitaria”.
Pese a los datos antes mencionados, la presidenta aseguró que “no se está enviando más petróleo del que se había enviado históricamente, no hay un envío particular”.
Cuba despliega personal médico en México (se otorgaron 3.650 visados a doctores en los últimos 7 años, según el último dato oficial de la cancillería mexicana el pasado octubre) pero se desconoce si este servicio se remunera en parte con petróleo.
“Supongo que Cuba no está pagando por ese petróleo porque, si Cuba pudiera comprar petróleo cuando lo necesita, lo compraría en cualquier lugar. El problema es que no tiene dinero y le debe a todo el mundo”, sentencia el economista Ricardo Torres.
En todo caso, la falta de claridad sobre su naturaleza y los mecanismos de pago ha puesto los envíos de crudo mexicano a Cuba en el foco de debate.
Lo que hasta ahora era un intercambio discreto ha pasado a adquirir una dimensión geopolítica, ya que determina en gran medida la supervivencia energética de Cuba, especialmente si se corta el flujo del suministro venezolano.
Esto no ha pasado desapercibido en Estados Unidos: altos funcionarios y congresistas han comenzado a prestar atención a los envíos de petróleo mexicano a Cuba, según indican fuentes de Washington a medios como Reuters y Financial Times, si bien por ahora no se han emitido amenazas o sugerido posibles sanciones al gobierno de Sheinbaum.
¿Caerá Cuba, como dice Trump?
Entonces, ¿qué espera a Cuba en 2026? ¿Se quedará sin combustible? ¿Puede colapsar como dice Trump?
Cualquier respuesta a estas preguntas sería especulativa, por lo que solo es posible analizar el escenario actual en busca de pistas.
El gobierno cubano ha prometido que 2026 será un año de recuperación económica, con un crecimiento del 1% del PIB si se recuperan el turismo, las exportaciones, la producción, los servicios y la financiación.
Sin embargo, ni los más optimistas dentro y fuera de la isla creen que esto sea posible.
La posible reducción del suministro de petróleo podría dejar casi a oscuras un país que ya sufre cortes eléctricos de varias horas al día, dificultar aún más la producción y el transporte de bienes básicos y disuadir a posibles visitantes extranjeros.
A esto se suma que unos 2,7 millones de cubanos han huido de la isla desde la pandemia en un éxodo migratorio masivo, según datos del demógrafo cubano Juan Carlos Albizu Campos.
Con ellos Cuba no solo ha perdido más de una cuarta parte de su población -de más de 11 millones a entre 8 y 9 millones según diferentes cálculos- sino también a una parte importante de los jóvenes cualificados que podrían ayudar a sacar adelante su economía.
Un corte total del petróleo venezolano, cerca de un tercio de la demanda energética de Cuba, representaría un golpe devastador.
“Si esto pasa, y creo que va a pasar, pondría al país en una situación límite, porque ¿cuánto más puedes quitarle la electricidad a la gente? Ya sería quitársela completamente”, indica el economista Ricardo Torres.
Torres opina que, aun manteniendo el suministro mexicano, el sistema eléctrico y el transporte de la isla estarían en riesgo de paralización casi completa.
El economista recuerda, además, que Trump todavía tiene cartas bajo la manga para dañar aún más a Cuba, como suspender los vuelos, eliminar o reducir los envíos de dinero, o cortar completamente las exportaciones de algunos productos exentos del embargo estadounidense.
Los expertos no creen, en todo caso, que una asfixia económica total de la economía cubana fuerce necesariamente un cambio político.
El reciente éxodo se llevó a las pocas figuras que quedaban de la oposición dentro de la isla gobernada por el Partido Comunista (único legal) y el régimen de Díaz-Canel ha intensificado su represión sobre la disidencia hasta prácticamente desactivarla desde las históricas protestas del 11 de julio de 2021.
“Aunque nos devuelvan a la época de las cavernas, esto no va a cambiar”, declaró un cubano desde el anonimato a BBC Mundo, en una frase que encarna el ambiente de pesimismo y resignación que impera dentro de la isla.
Por otra parte, las opciones de ayuda externa a corto plazo son limitadas: los aportes de aliados lejanos como Rusia o China han sido hasta ahora marginales en comparación con el petróleo venezolano.
Cuba acumula además importantes deudas con ellos, por lo que no se espera que redoblen sus inversiones o amplíen su financiación, y tampoco se vislumbran otras fuentes de financiación externa para un país excluido de los circuitos internacionales de crédito y en situación de morosidad con sus acreedores, entre ellos el Club de París.
Así, más que un colapso inmediato e inminente, lo que la mayoría de los expertos vaticinan para Cuba es una profundización de la crisis hacia un punto límite difícil de sostener.
“Ya la gente en Cuba está sobreviviendo. Si tú tienes apagones, falta de medicamentos, comida y transporte, estás en un nivel mínimo de sobrevivencia. Entonces, pasar del piso no sé si se pueda, pero estamos muy cerca del último lugar a donde se puede bajar”, apunta el economista Omar Everleny.
Sin un solo indicio de salida a la crisis, las consecuencias en términos políticos, sociales y humanitarios de llegar a ese escenario extremo es, por el momento, una incógnita.
BBC Mundo solicitó a autoridades cubanas una entrevista para este artículo, pero no obtuvo respuesta.
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