Reparto de utilidades 2025: cuándo depositan, cuál es la fecha límite y qué hacer si no me las pagan
El reparto de utilidades es una prestación a la que tienen derecho todas y todos los trabajadores de una empresa o una persona física y el cual está plasmado en la Constitución y en la Ley Federal del Trabajo (LFT).
Este derecho reconoce la labor de los empleados en la generación de ganancias para las empresas, por lo que cada año los trabajadores reciben una parte proporcional de las utilidades.
¿Cuándo depositan las utilidades y cuál es la fecha límite?
De acuerdo con la Procuraduría Federal del Trabajo (Profedet), el pago de utilidades para las empresas comenzó el pasado 1 de abril y tiene como fecha límite el 30 de mayo.
En tanto, para las personas físicas que empleen a otras el pago de utilidades comenzará el 1 de mayo y tendrá como fecha límite el 29 de junio.
Este derecho aplica para todas las personas que hayan trabajado en la empresa, incluso si ya no laboran en ella, siempre y cuando la relación laboral haya sido de al menos 60 días. No podrán recibir pago de utilidades directores, administradores, gerentes, socios o accionistas.
Sin embargo, hay algunas empresas que no están obligadas a pagar utilidades, estas son:
- Empresas nuevas durante su primer año de operación.
- El IMSS y otras instituciones públicas o con fines culturales, asistenciales o de beneficencia.
- Empresas con capital inferior al establecido por la Secretaría del Trabajo y Previsión Social de acuerdo a su industria
- Instituciones de asistencia privada sin fines de lucro y sin beneficiarios designados individualmente.
Recuerda que, según la Ley Federal del Trabajo, si no recibes el pago o lo recibes incompleto tienes un año para reclamo a partir de la fecha límite que te corresponda.
¿Cómo calcular el reparto de utilidades?
De acuerdo con el capítulo VIII de la Ley Federal del Trabajo, el porcentaje de utilidades que se reparten a los trabajadores es determinado por la Comisión Nacional para la Participación de los Trabajadores, que usualmente establece un 10 %.
Esta utilidad repartible se divide en dos partes iguales: la primera parte se reparte por igual entre todos, tomando en consideración el número de días trabajados por cada uno en el año, independientemente del monto de los salarios.
En tanto, la segunda parte se reparte en proporción al monto del salario devengado por el trabajo hecho durante un año. Esto según lo establecido en el artículo 123 de la LFT. No se considera para este cálculo ingresos como horas extra, bonificaciones o cualquier adicional, sin embargo, vacaciones, días festivos, o con goce de sueldo sí se consideran.
Una comisión integrada por el mismo número de representantes de los trabajadores y del patrón formulará un proyecto, que determine la participación de cada trabajador y lo fijará en lugar visible del establecimiento. Para esto, el patrón pondrá a disposición de la Comisión la lista de asistencia y de raya de los trabajadores y los demás elementos de que disponga.
¿Qué hacer si no me pagaron mis utilidades?
En caso de que no te hayan pagado tus utilidades o lo hagan de forma incompleta tienes derecho a presentarte a Conciliación y Arbitraje para resolver el problema y, en caso de que no se logre, también puedes hacer un juicio ante los Tribunales Laborales.
Puedes acercarte a la Procuraduría Federal de la Defensa del Trabajo (PROFEDET) para recibir asesoría y apoyo puedes llamar al 800 717 29 42 o al 800 911 78 77, al correo [email protected] o en alguna oficina (puedes encontrar las ubicaciones aquí)
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El secuestro y asesinato de 13 mineros ha sacudido a Perú, un país en el que la inseguridad se ha convertido en una de las principales preocupaciones.
El asesinato de 13 personas en una mina de Pataz, en el departamento de La Libertad, conmocionó a Perú y puso de relieve la crisis de seguridad que sufre el país.
Los cuerpos de los 13 trabajadores fueron hallados el domingo con indicios de haber sido ejecutados a sangre fría en un socavón dentro de una mina propiedad de la empresa Poderosa, después de días de rumores e informaciones sin confirmar sobre su presunto secuestro.
El episodio ha sacudido a un país en el que la inseguridad ciudadana se ha convertido en una de las principales preocupaciones de la población y copa el debate político.
El hecho de que la provincia de Pataz llevara en estado de emergencia desde febrero del año pasado para frenar la delincuencia no impidió las muertes y ha agravado las dudas en torno a la gestión de las autoridades.
El auge del crimen ha llevado al gobierno de la presidenta, Dina Boluarte, a declarar el estado de emergencia en diferentes lugares del país, incluida Lima, y la matanza de Pataz ha abierto el debate sobre si se le está dando la respuesta adecuada al problema.
Este mismo lunes, Boluarte declaró un toque de queda en Pataz y les otorgó el control de la zona de la minera a las Fuerzas Armadas.
Qué se sabe de la matanza de mineros de Pataz
El pasado viernes, después de días de especulaciones, la minera Poderosa denunció en un comunicado que un grupo de “mineros ilegales coludidos con criminales” atacaron una de sus instalaciones en la provincia de Pataz y secuestraron a 13 trabajadores.
Según relató la empresa, los trabajadores prestaban servicios a un “minero artesanal” que mantiene “un contrato de explotación” con la minera.
La empresa señaló que lo ocurrido “pone en evidencia el terrible deterioro de las condiciones de seguridad en Pataz”.
Denunció que la minería ilegal se ha adueñado de gran parte de sus instalaciones pese a la declaración del estado de emergencia y el despliegue de 800 policías en un operativo realizado la semana pasada.
El domingo, los medios peruanos informaron del hallazgo de 13 cadáveres en un socavón de la mina, confirmando los peores temores de los familiares, que fueron llegando a la zona desde diferentes lugares del país.
Fuentes policiales citadas por el medio peruano RPP indicaron que las víctimas se encontraban “maniatadas, vendadas y desnudas cuando fueron ejecutadas con un disparo en el cuello”.
Aunque no se ha publicado una lista oficial de víctimas, los medios peruanos ya han comenzado a difundir algunos nombres, y algunos familiares se han presentado en la morgue de la ciudad de Trujillo, donde esperan a que se completen los trámites legales y forenses con los cuerpos de sus seres queridos.
Enrique Carbonell, que se identificó como padre de uno de los trabajadores asesinados, se mostró muy crítico con la gestión de las autoridades en declaraciones a Canal N.
“No hay ni un puesto policial ni un puesto de auxilio rápido” en la zona, se quejó Carbonell.
Cuál es la situación de la minería ilegal en Perú
Según el relato de la compañía, las 13 personas fueron asesinadas tras ser secuestradas en el ataque de un grupo armado que se hizo con el control de la zona de las instalaciones en la que trabajaban.
Los ataques armados y las muertes en minas de Perú han aumentado y la compañía informó que ya son 39 los “colaboradores, mineros artesanales y trabajadores ultimados” por los grupos criminales que han tomado el control de la zona.
Perú tiene una inmensa riqueza minera. Es uno de los mayores productores de oro del mundo y aporta cerca del 4 % del suministro mundial.
Y muchos buscan, especialmente en el Perú rural, donde no abundan las oportunidades económicas, ganarse la vida en el negocio de la minería, un sector en el que prevalece la informalidad y en torno al que en los últimos años han proliferado los grupos criminales.
Muchas de las explotaciones clandestinas se encuentran en zonas de difícil acceso, con frecuencia en áreas de sierra o de selva, donde el Estado y sus fuerzas de seguridad tienen escasa presencia.
La extorsión, la trata de personas y la explotación sexual son algunos de los problemas que suelen acompañar a la expansión de estos grupos criminales.
El gobierno peruano estableció en 2017 el Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo), que permitía registrarse y formalizar su situación a los mineros artesanales.
Aunque nació como un mecanismo temporal, se ha ido prorrogando y los últimos intentos de ponerle fin se han topado con la fuerte oposición de los grupos de interés creados en torno a la minería artesanal.
Sus detractores denuncian que el Reinfo se ha convertido en la práctica en la vía que permite actividades ilícitas sin una fiscalización efectiva y está siendo utilizado por redes de crimen organizado implicadas en la minería ilegal para crear tapaderas y blanquear sus activos.
La minería ilegal ha sido identificada por los expertos como uno de los motores del aumento de la criminalidad y violencia que sufre Perú.
El país había registrado más de 640 homicidios hasta mediados de abril de este año, lo que supone un 19 % más que las contabilizadas en el mismo periodo del año anterior.
La respuesta del gobierno
Días antes de que se hallaran los cadáveres, el primer ministro peruano, Gustavo Adrianzén, puso en duda la veracidad de las informaciones sobre los 13 secuestrados en Pataz.
En una rueda de prensa el pasado miércoles, Adrianzén dijo: “Nuestros cuerpos de seguridad no tienen indicios de que el suceso reportado sea veraz”, y añadió que no constaba “ninguna denuncia hasta el momento”.
Pero Carbonell dijo que presentó la denuncia por la desaparición de su hijo en la noche del martes y calificó los comentarios de Adrianzén como “una mentira muy grande”.
Ya el lunes, con el país impactado por el hallazgo de los cuerpos, la presidenta, Dina Boluarte, ofreció un mensaje televisado al país en el que defendió que “desde el primer momento que se rumoreaba que había personas secuestradas, el Ejecutivo tomaba las acciones debidas”.
Boluarte declaró la imposición de un toque de queda en el distrito de Pataz entre las 06:00 am y las 06:00 pm, y anunció que las Fuerzas Armadas tomarán el control de la mina y establecerán una base militar.
La presidenta anunció también que se suspenderán todas las actividades mineras en Pataz por un periodo inicial de 30 días para “facilitar la instalación” de militares y policías en la zona.
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