Desde madres solteras hasta estudiantes, los repartidores de plataformas exigen al gobierno seguridad social
Edgar Balderas se convirtió en repartidor hace tres años, después de quedarse sin empleo durante la pandemia de Covid-19.
A pesar de dedicarse a este trabajo 40 horas o más cada semana, cuando tuvo un accidente durante una entrega que lo obligó a quedarse en cama un mes completo, no tuvo derecho a un pago por incapacidad por la forma de contratación que hay para los repartidores.
“No tuve incapacidad, no tuve como tal un apoyo de la aplicación”, expresó en entrevista para Animal Político. “No hubo respuesta, simplemente me mandaron un correo [que decía] ‘Lamentamos lo que te sucedió y esperemos que pronto te vuelvas a conectar’”.
Edgar se sintió decepcionado por la respuesta de las aplicaciones, además de quedarse sin ingresos durante un mes, lo cual lo impactó gravemente al ser padre soltero. Esta también fue una de las razones por las que quiso mantener su trabajo como repartidor, ya que le permite llevar a sus hijos a la escuela y estar con ellos en sus actividades.
Como Edgar, Mauricio Martínez, estudiante y repartidor, se quedó sin el apoyo de las plataformas cuando tuvo un accidente hace nueve meses. A pesar de que algunas plataformas, como Didi, ofrecen a sus repartidores un seguro durante el pedido, el joven señaló que al resultar herido no tuvo una respuesta por parte de la plataforma.
“Se le marcó unas cinco o seis veces, jamás hubo respuesta, nadie agarró el teléfono”, lamentó. “Tendría que regularse más, que sí hubiera una respuesta inmediata en caso de algún accidente o robo a los compañeros”.
Para madres y padres solteros, estudiantes y personas que se quedaron sin trabajo durante la pandemia de COVID-19, ser repartidor de comida de plataformas digitales ha sido una manera de salir adelante y poder sostenerse económicamente. Sin embargo, los repartidores siguen exigiendo que se les brinden derechos como seguridad social y apoyo en caso de accidentes, al enfrentar constantemente riesgos al salir a las calles para entregar comida.
“¿Quién cuidaría a mis hijos?”: mamás solteras piden respeto a la flexibilidad de horarios
Beatriz Luciano trabaja como repartidora desde hace cuatro años porque la flexibilidad de horarios y no exclusividad le permite realizar labores de cuidados como madre soltera, algo que no podría hacer si tuviera un empleo de tiempo completo con horario corrido.
“Yo puedo escoger el horario en el que puedo trabajar. Por ejemplo, tengo tres hijos y los tengo que llevar a diferentes escuelas. Tengo que ir a recogerlos, firmas de boletas… esto me da la facilidad para hacer mi comida y mis labores de casa, y esta facilidad no la tenemos cuando regularizan un trabajo”, compartió en entrevista con Animal Político.
Al ser la única persona encargada de los tres niños, su principal preocupación es que se vea acorralada si una iniciativa de ley para regular el trabajo de los repartidores, como la que la presidenta Claudia Sheinbaum se comprometió a presentar en este mes, no contempla la flexibilidad en horarios.
“¿Quién cuidaría a mis hijos? ¿Quién los llevaría, los traería, estaría pendiente de sus actividades? ¿De su educación?”, remarcó.
Hacen rodada para pedir diálogo con la Secretaría de Trabajo
Por ello, se sumó a la rodada que hicieron decenas de repartidores, quienes llegaron a las oficinas de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social (STPS) en la Ciudad de México, con la demanda para el titular Marath Bolaños de que se establezcan mesas de diálogo para que se escuchen las necesidades y preocupaciones de los repartidores.
La manifestación se produjo en el marco del compromiso que hizo la presidenta Sheinbaum, en su primer día como mandataria federal, de presentar una iniciativa de ley que contemple a los repartidores de plataformas digitales.
Repartidores advirtieron que una iniciativa que los subordine como trabajadores de una empresa podría repercutir en la flexibilidad que ahorita tienen para los horarios laborales, así como para prestar servicios en distintas plataformas sin exclusividad en alguna.
Tras el ingreso de un comité pequeño al edificio, se acordó que estas mesas de trabajo comiencen este martes con una participación de representantes de los repartidores, de las plataformas, y funcionarios federales.
Flexibilidad, seguridad social y no discriminación, piden repartidores
Para plantear sus demandas, los repartidores hicieron el “Decálogo de Repas”, con 10 puntos concisos que contienen sus necesidades.
En un primer punto, piden que existan definiciones claras sobre el tipo de trabajo que se hace para las plataformas digitales, al identificar a los repartidores como prestadores de servicios independientes, sin exclusividad ni restricciones.
“Se reconoce la libertad de horario, multiconexión y conexión geográfica, defendiendo la flexibilidad y autonomía como pilares de la economía colaborativa”, exponen en el texto.
Esto, apuntan, va de la mano con las prestaciones laborales, pues piden que a quienes registran 40 horas o más de trabajo a la semana –como en los empleos regulados– puedan acceder a seguridad social con contribución de las plataformas.
Asimismo, piden que se generen mecanismos para atender casos reportados de discriminación, violencia de género y de acoso, pues han denunciado que en ocasiones los trabajadores de restaurantes o plazas comerciales donde recogen pedidos han cometido actos de discriminación en su contra; o bien mujeres repartidoras han sido acosadas por clientes.
En materia económica, piden que se aseguren compensaciones justas por su labor “con tarifas claras que consideren distancias y condiciones climáticas o geográficas”, y transparencia en casos de desactivación de colaboradores y aclaraciones.
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La periodista venezolana Mirelis Morales relata su intento por legalizarse en EE.UU. y cómo se vio obligada a abandonar el trámite migratorio durante el gobierno de Trump.
Migrar a Miami nunca estuvo en mis planes. Sin la posibilidad de una green card, no me atrevía ni a soñarlo. Pero la aprobación del Estatus de Protección Temporal para los venezolanos (TPS por sus siglas en inglés) en marzo de 2022 me abrió un camino de permanecer legal en Estados Unidos que parecía improbable.
Mi travesía migratoria había comenzado en junio de 2018, cuando me fui a Perú en un acto desesperado por salir de la crisis humanitaria que ahogaba a Venezuela.
La aprobación del Permiso Temporal de Permanencia (PTP) en Perú se convirtió en un salvavidas para salir con mi hijo de 1 año y medio a un país que me prometía un poco de normalidad.
Perú me devolvió la calma. Sin embargo, la pandemia de covid me hizo cuestionar qué tan conveniente era seguir sola allí con un niño de 4 años. La idea de que pudiera contagiarme y no tener quién cuidara de mi hijo, me hizo pensar que debía buscar un nuevo destino donde tuviera red de apoyo. Entonces, ya en 2021, pensé en Miami o en Madrid.
Pero la duda volvía a surgir: “¿Cómo logro sacarme los papeles en Estados Unidos?”. Frente a mi falta de opciones, decidí que lo mejor era irme a Madrid y solicitar una visa humanitaria. Antes, quise hacer una parada en Miami para pasar Navidad con mi hermano y recargarme de abrazos luego de meses de aislamiento.
Ese era mi plan. Sólo que no contaba con que las fronteras de España seguían cerradas para los no residentes y me tocó quedarme en Miami con la esperanza de que ese asunto se resolviera lo más pronto posible.
Entonces, pasó lo inesperado.
El gobierno de Joe Biden aprobó el TPS para los venezolanos que estuvieran indocumentados en el país, como una medida de protección humanitaria ante la crisis que persistía en Venezuela. El TPS te daba la opción de obtener tanto el seguro social, como el permiso de trabajo. Y eso lo cambió todo.
Miami se convirtió en un refugio. Me permitió estar cerca de mis afectos, me concedió el privilegio de trabajar como periodista, me permitió formalizar mi negocio editorial y hasta me dio una segunda oportunidad de encontrar el amor.
El último lugar donde pensaba vivir me abría un mundo de posibilidades. De modo que inicié con determinación mis trámites para obtener “mi visa para un sueño”, como tantas veces le escuché decir a Juan Luis Guerra.
Sólo que nadie me preparó para la pieza que me tocó bailar.
El efecto Trump
“Mirelis, tienes premios, publicaciones, reconocimientos… Puedes pedir una visa de talentos extraordinarios”, me decían mis conocidos.
Todo indicaba que mi perfil calificaba. Así que contacté a un abogado que les había hecho el trámite a otros periodistas venezolanos y desembolsé los primeros US$6.000.
Lo hice con los ojos cerrados, porque ellos habían logrado conseguir sus papeles. ¿Por qué yo no?
Pasé un año armando mi expediente. Un año recabando evidencias –hasta debajo de las piedras– para demostrar los 10 criterios que me avalaban como una persona sobresaliente en mi área.
Cada carta de respaldo ameritaba una búsqueda casi detectivesca para ubicar a la persona responsable de la firma y luego un lobby para convencerlo de que no era un caso inventado. Hubo muchos que se negaron. Otros ni lo dudaron.
Tenía toda mi esperanza puesta en este proceso. No sólo porque me abría la posibilidad de una residencia –y el camino hacia la ciudadanía– sino porque me permitía darle un estatus a mi hijo y a mi pareja que, para ese entonces, tenía más de 11 años a la espera de la entrevista por solicitud de asilo.
Pagué otros US$3.500 entre gastos administrativos y el servicio exprés para obtener respuesta en 15 días. Ello sin contar el gasto en traducciones certificadas.
“Esto es una inversión a futuro”, me repetía cada vez que me tocaba desembolsar más dinero.
El 15 de febrero de 2024 se envió mi expediente. El 27 de febrero llegó la respuesta: caso rechazado. Sabía que existía esa posibilidad. Igual, no pude evitar la frustración ni la impotencia. Lloré hasta que no pude más. Me sentía tan vulnerable…
¿Ahora qué? Tenía la posibilidad de apelar. Pero preferí pedir una segunda opinión.
“Tu caso está mal de base. No tiene sentido apelar. Lo mejor es armar uno nuevo”, me dijo otro abogado.
La buena noticia es que tenía otra oportunidad. La mala es que debía pagar US$12.570 entre honorarios y gastos administrativos.
“Esto es una inversión a futuro”, me volvía a decir.
Me embarqué en armar otro caso. Esta vez más exhaustivo.
¿El resultado?
Un expediente de 700 páginas con pruebas suficientes para demostrar mis aportes en el campo del periodismo, mi rol liderando investigaciones periodísticas en reconocidas organizaciones como BBC y The New York Times, mis publicaciones en los medios más importantes del mundo, mi papel como jurado del trabajo de otros periodistas y mi participación en instituciones periodísticas internacionales.
La solicitud se envió el 24 de enero de 2025, cuatro días después de que Donald Trump asumiera su segundo mandato.
A los días llegó una notificación de Uscis (el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos) en la que solicitaba evidencias adicionales. “¡¿Qué más quieren de mí?!”, pensé. Se envió lo requerido y sólo quedaba esperar.
Se había hecho tan buen trabajo que estaba segura de que esta vez sí obtendría una respuesta positiva. Debía lograr que me aprobaran al menos 3 criterios de los 10 expuestos. Me aceptaron 4.
Solo que no me dieron la residencia, porque, según el funcionario, “no tenía el high-level of expertise requerido” para este tipo de visas.
A juicio de mi abogado, Uscis se había excedido en el uso de la discrecionalidad. A criterio de muchos, mi caso había caído en el hoyo generado por el “efecto Trump”.
Tenía el derecho de apelar ante una corte federal por incumplimiento de la ley. Pero lo descarté al saber que el trámite podía demorar dos años y suponía desembolsar otros US$10.000 sin garantía de nada.
Para aquel momento, el futuro del TPS ya pendía de un hilo. La Secretaría de Estado y el Departamento de Seguridad Nacional luchaban por revocarlo de forma definitiva.
Se habían abierto varias demandas contra la decisión. Un juez determinó que el gobierno no podía interferir. Se asomó la posibilidad de una extensión hasta octubre de 2026. Sin embargo, nada era definitivo. Mi TPS se vencía en septiembre de 2025 y tenía el tiempo en contra.
Mi abogado me propuso optar por la visa O, a través de una empresa que me patrocinara. Otros US$4.000 que debía sumar a mi abultada deuda de la tarjeta de crédito.
Decidí quemar mi último cartucho, a sabiendas de que esa opción no me daba residencia ni ciudadanía. Sólo 3 años de permanencia legal, renovables por tres años más. El tiempo suficiente para que el país tomara otro rumbo migratorio y las aguas se calmaran. Pensé.
Lo que se suponía era un trámite sencillo, terminó por demorarse más de cinco meses y entré en desesperación.
Mi abogado y su equipo estaban colapsados. No respondían los mensajes. Nadie sabía el estatus de mi solicitud. Ni tampoco me daban la cara.
Cuando finalmente se dispusieron a cerrar el expediente para enviarlo, me enteré de las repercusiones tributarias y decidí desistir.
No era sostenible económicamente para mí.
España: otro cantar
Hasta entonces, había gastado más de US$25.000 sin obtener ningún resultado.
Fueron más de dos años de un intenso desgaste emocional y financiero, dentro de un contexto país cada vez más hostil contra los migrantes, en especial contra los venezolanos.
La única opción que me quedaba para extender mi permanencia en Estados Unidos era acogerme a un asilo extemporáneo, pero, con mis papás en Venezuela, estaba negada ya que eso habría supuesto no poder salir de EE.UU. durante años.
Madrid se abría, de nuevo, como una alternativa.
Por esas cosas del destino, llegué a una publicación en Instagram sobre la visa de nómada digital en España. Pedí una cita con un gestor para conocer con detalle los requerimientos y esa reunión me pintó un panorama más esperanzador: podría obtener la residencia en un plazo de 20 días hábiles y a los dos años optar por la nacionalidad.
Era eso o regresarme a Venezuela.
Fueron días muy complicados emocionalmente. Irme de Estados Unidos implicaba dejar lo más valioso que había construido en los últimos cinco años: mi familia. Y por mucho que mi abogado intentó resarcir el daño con la exoneración del último pago, nada ni nadie me devolvería esa pérdida.
Me tomó un mes cerrar mi vida en Miami. Metí lo que pude en cuatro maletas y viajé a Caracas con el único propósito de renovar mi pasaporte y el de mi hijo para seguir a Madrid.
Tenía la opción de pedir la visa en la embajada de España en Caracas, pero lo descarté al no saber con certeza cuánto duraría el trámite por la vía consular.
Aterricé en Madrid el 8 de septiembre de 2025.
A la semana me reuní con el gestor para entregarle los requisitos de la visa de nómada digital: documentos de mi empresa, estados de cuenta para avalar que gano más de 2.200 euros (unos US$2.580), seguro privado, mis antecedentes penales en Estados Unidos y Venezuela, así como una carta en la que explicara que podía ejercer mis funciones a distancia. Nada más.
Presentamos los documentos el 2 de octubre de 2025. Al mes recibí la noticia: mi residencia en España había sido aprobada por tres años. ¡No lo podía creer!
La resolución llegó en el tiempo establecido y a un costo que no superó los US$825.
Después de tantas vueltas, finalmente había logrado una respuesta afirmativa. De camino a casa, las lágrimas se me salían solas.
Aún no asimilo la sensación de desarraigo que me dejó la salida intempestiva de Miami. De una u otra forma, sentí que Estados Unidos me expulsó. Y me quedó ese mal sabor de no haber logrado permanecer en el país, a pesar de haber hecho las cosas bien.
Cuando me preguntan qué tal va mi adaptación, siempre respondo lo mismo: “No sé si Madrid sea mi lugar, pero, al menos, me ha hecho sentir más que bienvenida”.
España me ha permitido algo que había olvidado en Estados Unidos: ahorrar. Hasta entonces, mi sueldo se iba directo al bolsillo de los abogados y no me quedaba para mucho más. Mi pareja era quien asumía casi toda la carga económica.
Ahora logré recuperar un poco mi autonomía financiera al salir de mis deudas y el dinero me alcanza para cubrir mis gastos: renta, comida, colegio, entretenimiento.
Aquí volví a sentir la libertad de no tener que depender de un auto para moverme de un lugar a otro. El día que llevé a mi hijo caminando al colegio no me lo podía creer.
Ya no tengo que andar contando millas para saber cuánto gastaré en gasolina o en peaje. El sistema de transporte público en España te permite llegar a cualquier parte y te puedes mover por Madrid a una tarifa plana mensual de 32,7 euros (unos US$38).
No falta quien te mete miedo con la cuota que hay que pagar por ser trabajadora autónoma o quien me advierte que tenga cuidado con Hacienda, que no perdonó ni a la mismísima Shakira.
Pero, con todo y eso, aquí he experimentado una sensación que no tenía desde la llegada de Trump a Estados Unidos: sentirme a salvo.
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