Desde hace casi cuatro años, repartidores de comida en la Ciudad de México han buscado derogar un impuesto por el “uso de vía” que aprobó el Congreso capitalino, pues han señalado que ellos serían los principales afectados. A semanas de que el asunto se resuelva en la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), exigen a ministros y ministras que se les considere y escuche antes de tomar su decisión final.

Las y los repartidores de aplicaciones como Didi, Uber y Rappi han señalado que el impuesto del 2% que fue aprobado en el Código Fiscal local en 2021, en su artículo 307 Ter, es inconstitucional y no les genera más derechos pese a que, en su momento, se les dijo que serviría para mejorar la calidad de las vialidades. 

La discusión se enmarca también en la reforma laboral de plataformas digitales, a la cual también se han opuesto agrupaciones de repartidores por considerar que los subordina a las empresas y condiciona su libertad para conectarse en los horarios que ellos quieran, en vez de tener un horario corrido de 8 horas como en otros empleos.

Frente a la votación que se llevará a cabo en la Segunda Sala de la Corte el próximo 14 de mayo con un proyecto de la ministra Lenia Batres, el vocero de Repartidores Unidos de México, Saúl Gómez, demandó que las y los ministros los escuchen y sepan a quiénes perjudica el impuesto sobre el que decidirán.

Impuesto del 2% a repartidores por “derecho de vía”

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De acuerdo con la legislación, el impuesto debe de ser pagado por la persona física o moral –como las empresas Uber, Didi y Rappi– y no se puede incluir en el costo total a cargo del usuario, ni cobrarse al tercero que haga la entrega, es decir los repartidores. Esto fue a su vez confirmado por la Segunda Sala de la Corte en diciembre de 2023, en la determinación del amparo en revisión 670/2022.

La ley capitalina estipula que este impuesto se podrá destinar “de manera preferente” –pero no obligatoria– al mantenimiento de la infraestructura de la Ciudad de México, a pesar de que en 2025 el Presupuesto de Egresos la clasificación programática contempló un gasto de 12 mil 142.76 millones de pesos para infraestructura urbana.

“Es un impuesto inconstitucional”

Actualmente, el impuesto no se ha consolidado debido a que está en revisión el amparo 681/2022, interpuesto por la plataforma Uber. Las y los integrantes de RUM lo han impulsado para que se confirme de forma definitiva este recurso por ser parte afectada, pero no están directamente vinculados con la empresa en la acción legal. 

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Gómez advirtió que si el impuesto llega a entrar en efecto, también incrementarían los precios para los clientes, lo cual impactaría negativamente en la demanda. 

“A nosotros nos va a afectar en que posiblemente a los clientes pues no les guste estar pagando tres, seis, nueve pesos más, porque al final de cuentas ellos van a preferir irse a la pizzería a formar o ir por sus hamburguesas que pagar este incremento”, expuso. “Nosotros nos vamos a quedar sin pedidos, porque no vamos a tener a quién atender”.

Asimismo, resaltó que se trata de un impuesto “inconstitucional” que no brinda nuevos derechos para los repartidores.

“Este es un es un impuesto inconstitucional que no da ningún tipo de derecho, que es meramente recaudatorio y que no ofrece ningún beneficio a las personas que están aportándolo”, expuso Gómez, también fundador de Ni Un Repartidor Menos.

Segunda Sala de la SCJN volverá a votar en mayo

El pasado 30 de abril, la Segunda Sala de la SCJN discutió el amparo en revisión 681/2022, en el cual se planteó confirmar de manera definitiva el amparo que un juez federal concedió en agosto de 2022 a la parte quejosa, Uber Portier México, por considerar inconstitucional el impuesto del 2%.

Sin embargo, el proyecto se desechó al no reunir la mayoría necesaria para analizar la inconstitucionalidad y ahora será la ministra Lenia Batres quien deberá redactar el proyecto que se votará en la sala el próximo 14 de mayo.

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A lo largo de las últimas semanas, integrantes de Repartidores Unidos de México han buscado acercarse a los ministros que votarán el amparo en revisión para expresar su punto de vista como terceros afectados, pues si bien el recurso admitido fue interpuesto por la empresa Uber, ellos también intentaron en su momento frenar este impuesto.

“Para nosotros significa que cuando ven a las plataformas y a quienes trabajamos en plataformas, ven un botín, ya sea político o económico, porque no tienen otra manera de justificar gastos”, señaló Gómez, de RUM. 

“Dicen que este 2% se va a usar para el bacheo de las calles, cuando ya hay un fondo para bachear calles en la Ciudad de México y las motos y bicis no generan la cantidad de baches que hay”.