En octubre de 2019, Daniel –cuyo nombre ha sido cambiado– huyó de la crisis humanitaria en Venezuela. Su mamá ya residía en México de manera regular, por lo que buscaba internarse en México para iniciar el proceso de reconocimiento de la condición de refugiado ante la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (Comar), a lo que tiene derecho por ley.

Sin hacer el análisis de riesgo en su caso y procesar su solicitud, a lo que está obligado, el Instituto Nacional de Migración lo intimidó, lo hizo pasar falsamente como un turista, determinó su rechazo inmediato y lo envió de regreso a su país. Mientras se decidía eso, en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM), como ha ocurrido en muchos otros casos, lo incomunicaron. 

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A sus 20 años, Daniel llegó a México una segunda vez por la vía aérea. Los abogados le habían dado instrucciones claras, relata ahora a Animal Político. Sabe que estaba en todo su derecho de solicitar asilo en México. No dejaba de estar nervioso por su experiencia anterior, pero llegaba determinado. Presentó sus documentos y el amparo.

“No es una experiencia grata, no me gustó para nada, por el hecho de que me metieran ahí me sentí muy mal, cómo es posible si vengo acá a hacer cumplir algo que está en la ley; sé que es totalmente legal, y me parece insensato que algo como eso ocurra, que el INM no esté al tanto de los lineamientos que existen para los extranjeros y que me hayan tratado así. El trato que dan es paupérrimo, pésimo”, sostiene. 

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Ahí el tiempo se desdibujó, al mismo tiempo que el trauma le ha impedido recordar algunos detalles, pero está seguro de que permaneció por lo menos dos días en ese primer “cuartito”, y algunos más en un espacio similar. “Uno trata de bloquear los recuerdos, pero nunca pensé pasar tanto tiempo esperando; es una historia… mal”, resume con un suspiro.

Del “cuartito” recuerda varias historias de extranjeros en las mismas condiciones y que solo comió un sandwich y probó ahí, por primera vez, el agua de pepino. Luego lo hicieron pasar con “el director”, donde vivió intimidación. Después de varias amenazas y expresiones groseras, accedió a dejarlo entrar al país, pero solo para enviarlo a la estación migratoria de Las Agujas.

“Como no podían ejecutar el rechazo, lo que decidieron pese a que su normativa, que son las normas para estaciones migratorias y estancias provisionales –porque al final el área de detención de aeropuertos es una estación provisional, que tiene prohibido detener de forma prolongada a personas en esas estancias provisionales–, es que lo tuvieron incomunicado entre cuatro y cinco días, y lo intimidaban y le mentían con la finalidad de que se desistiera”, explica Carranca. 

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Le restringieron los alimentos, el aire, la luz y finalmente terminó en una estancia migratoria en Iztapalapa, donde vivió otras carencias e incluso amenazas de agresiones físicas. Lo liberaron después de más de 10 días. En ese contexto, explica Carranca, Daniel acumuló dos amparos, de los que luego se trataron de negar los efectos pues él ya había sido puesto en libertad.

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Sin embargo, hoy exige que el Estado asuma su responsabilidad, que haya justicia y que nadie más tenga que pasar por lo mismo que él. El caso hoy llega a la Corte como un reclamo de responsabilidad patrimonial del Estado, un mecanismo diseñado en principio para que la administración pública repare económicamente pérdidas materiales por actividades irregulares o que no están obligados a soportar los particulares.

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“El caso que está en la Suprema Corte busca que este mecanismo pueda reparar violaciones de derechos humanos, y que sea un mecanismo útil para repararlas. Estamos buscando su reinterpretación y sobre todo que sea capaz de analizar lo que ha hecho el Instituto Nacional de Migración en aeropuertos contra solicitantes de la condición de refugiado”, detalla el especialista de la Clínica. 

“Yo quisiera que se hiciera justicia, la verdad –dice Daniel– porque lleva muchos años este caso y no ha ocurrido nada. ¿Cómo es posible que todo eso pasó y el INM como si nada? Siento que sí debería de otorgarse, primero, un reparo porque es un ataque hacia mí como extranjero, y lo otro que creo que sería lo más importante es que no viniera otra persona y le ocurriera lo mismo. Quisiera que empiece a tomarse en cuenta la condición de refugiado”, señala.

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Ministra Batres propone rechazar el amparo a Daniel

El 30 de marzo de 2023, la ministra Norma Piña, presidenta de la Suprema Corte, admitió a trámite el recurso presentado por la defensa legal de Daniel, a través del cual busca que se reconozcan las violaciones al debido proceso, acceso a la justicia, a la no devolución y a la libertad personal cometidas en este caso. 

En primera instancia, este “recurso de revisión” fue turnado a la ponencia del ministro Luis María Aguilar Morales para que realizará el proyecto de sentencia para resolver este asunto. 

No obstante, debido al retiro del ministro Aguilar Morales en noviembre del año pasado, en diciembre de 2024 el caso pasó a manos de la ministra Lenia Batres Guadarrama, quien en menos de un mes elaboró el proyecto de sentencia, en el que rechaza conceder la protección de la justicia a Daniel. 

“Esta Segunda Sala de la SCJN considera que el asunto no reúne los requisitos necesarios de procedencia y, por lo tanto, no amerita un estudio de fondo”, señala el proyecto. 

Esto al considerar que desde el principio la Suprema Corte no debió admitir el recurso presentado desde el 2023, debido a que Daniel no combatió de forma adecuada la sentencia de amparo original. 

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Según el proyecto, en su recurso de revisión Daniel únicamente reiteró parte de los argumentos que ya habían sido propuestos anteriormente en su demanda de amparo ante un juzgado y respecto de los cuales un tribunal colegiado ya había dado respuesta, en la que se señaló que el procedimiento para la acreditación de responsabilidad patrimonial del Estado resulta un mecanismo suficiente de acceso a la justicia y que no imposibilita una reparación integral del daño. 

“Sin que ello se traduzca en que (Daniel) haya combatido eficazmente la respuesta que el tribunal colegiado dio a sus conceptos de violación respecto de la inconstitucionalidad de las normas, sino más bien, en el presente recurso, solamente reitera, como se dijo, argumentos en los cuales ya se le dio respuesta, los cuales no confronta”, señala el proyecto. 

“Daniel fue víctima, pero las violaciones quedarán impunes porque el sistema de justicia en México no tiene voluntad para reconocer víctimas y repararlas”, señaló Carranca, de la Clínica de Refugiados de la Ibero. 

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Esto ocurre pese a que en el propio proyecto la ministra señala que sí se acreditan los requisitos para considerar el caso como de “interés excepcional”, lo que implicaría fijar los alcances sobre la constitucionalidad de diversos artículos en materia migratoria del país.