Luego de que en comisiones del Senado se aprobaron reformas a la Ley de Amparo para evitar que los jueces puedan detener obras y normas generales, activistas se pronunciaron en contra de estas modificaciones por considerar que violan el derecho al acceso a la justicia.
“Expresamos nuestro rechazo al dictamen y su aprobación, pues resulta regresivo y contrario al derecho al acceso a la justicia de las personas, sobre todo de aquellas en situación de vulnerabilidad”, se lee en el comunicado de México Unido Contra la Delincuencia.
La organización explicó que el objetivo de esta reforma es quitar poder y alcance a la figura del amparo.
“Es privar a la ciudadanía, organizaciones, comunidades, víctimas e incluso a otras autoridades que funjan como contrapesos democráticos de la posibilidad de defender derechos humanos ante la impunidad, violencia y autoritarismo estatal”.
El recurso de amparo es utilizado por la sociedad civil con el objetivo de salvaguardar sus derechos y protegerse de arbitrariedades cometidas por distintas autoridades.
“Hacemos un enérgico llamado para que el Pleno del Senado rechace este dictamen por atentar contra el derecho al acceso a la justicia de cientos de personas que ven en el amparo una última esperanza para ser reparadas ante abusos y omisiones de las autoridades gubernamentales”, detalló la organización.
El colectivo Sélvame del Tren, quien ha ganado diversos amparos para frenar las obras del Tren Maya, también se pronunció en contra de lo aprobado en el Senado y solicitó una audiencia con la senadora de Morena, Olga Sánchez Cordero, ex ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
“La figura de la suspensión provisional en el juicio de amparo indirecto, frente a normas generales, pretende mantener en el estado en que se encuentran los justiciables a fin de evitar la violación a derechos humanos, o bien, evitar a que se sigan perpetuando y mantener así el acto reclamado”, detallaron.
Ambas organizaciones hicieron un llamado a que el Senado no apruebe las normas y realice un parlamento abierto para escuchar a expertos en la materia.
Este 10 de abril, las comisiones unidas de Justicia y de Estudios Legislativos Segunda del Senado aprobaron, con 19 votos a favor y 13 en contra, reformas a la Ley de Amparo para evitar que jueces suspendan obras y normas generales.
La iniciativa, impulsada por el senador de Morena, Ricardo Monreal, modifica los artículos 129 y 148 de dicha ley reglamentaria de los artículos 103 y 107 constitucionales.
De este modo, en casos excepcionales, los jueces jurisdiccionales no podrán decretar la suspensión de leyes generales reclamadas en juicios de amparo cuando su entrada en vigor pueda causar perjuicios graves al interés social o contravenir disposiciones de orden público.
Mientras las manifestaciones contra medidas migratorias de Donald Trump crecen, en Paramount, donde el 36% de los vecinos nació en otro país, reivindican el rol de estos en la comunidad.
“¿Van para la guerra, con todas esas armas?”, interpela un hombre a los miembros de la Guardia Nacional que lo observan impasibles, fusiles en mano, desde el otro lado de la verja.
Estamos en Paramount, una localidad del sur de los Ángeles en la que el sábado se registraron enfrentamientos entre agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) y un grupo de manifestantes que habían llegado tras correrse la voz de que se estaban llevando a cabo redadas de deportación en la zona.
Disturbios como aquel llevaron al presidente Donald Trump a intervenir, tras dos días de protestas aisladas por las operaciones migratorias, ordenando el envío de 2.000 uniformados como los que tenemos enfrente para ayudar a “restaurar la ley y el orden” en la metrópolis californiana.
“Es una maniobra que solo escalará la tensión”, advirtió el gobernador de California, el demócrata Gavin Newsom, adelantándose a lo que un día después se registraría en el centro de Los Ángeles, con cientos de manifestantes bloqueando accesos, agentes tratando de dispersarlos con gas lacrimógeno y granadas aturdidoras, y quema de vehículos.
“Ustedes están haciendo su trabajo, pero nosotros no somos el enemigo”, grita el hombre apostado en la valla ante los soldados a horas de que se den esas escenas de caos.
Puede que su voz destaque entre la decena de personas que se ha congregado este domingo para hacerle saber a la Guardia Nacional que su presencia no es bienvenida.
Pero su sentir es ampliamente compartido en este municipio de unos 51.000 habitantes en los que uno de cada ocho es de origen latino y el 36% nació en otro país, según datos del censo.
“Aquí solo hay gente trabajadora, porque este barrio lo levantaron los inmigrantes”, reivindica, mientras otro vecino ondea la bandera mexicana, dos jóvenes alzan unas pancartas en repudio a ICE y varios coches tocan la bocina al pasar.
Como cada fin de semana, tres de esos inmigrantes que contribuyeron a que Paramount sea el municipio que es se reúnen al otro lado de la calle para charlar de las novedades familiares y de la actualidad.
Apostados en sus vehículos de trabajo, la conversación de Juan, Rogelio y Héctor se centra este domingo en cómo en ese mismo lugar, en el parqueo de la tienda Home Depot, fue donde la víspera se encendieron las tensiones entre manifestantes y agentes federales.
“Se ve que se habían surgido informaciones de que estaban haciendo redadas justo aquí”, explica Juan, mexicano de 63 años que llegó desde Jalisco a Estados Unidos cuando tenía 17.
“Y eso trajo a gente que, en la confusión, terminó armando disturbios”, explica.
En un mensaje enviado a la BBC, el Departamento de Seguridad Nacional negó que ICE hubiera realizado operaciones en la zona el sábado.
Aunque informó que en las llevadas a cabo en Los Ángeles en la última semana detuvieron a 118 indocumentados, el golpe migratorio más duro contra esta ciudad considerada “santuario” desde que Trump llegara al poder con la promesa de llevar a cabo “la mayor deportación de la historia del país”.
Sea como fuere, los tres amigos dicen estar tranquilos — “no tenemos ningún problema, tenemos todos los papeles en regla”–, aunque reconocen que son muchos los vecinos indocumentados que viven el contexto con miedo.
“Es por eso que hoy no ves a nadie aquí”, sigue Juan, quien aun así prefirió no dar su apellido. “Generalmente, aunque más entre semana, puedes ver aquí 20 o 30 camionetas de jornaleros a la espera de que los contraten”, explica.
Uno de los pocos que este domingo llegó a ofrecerse para trabajar es Pedro, quien pidió ser identificado con seudónimo.
“Techos, reparación, pintura”, se lee en el cartel que ha pegado en el parabrisas de su vieja pick-up azul, aparcada discretamente en una esquina.
“La vida aquí es muy cara y mi pensión no alcanza”, dice este salvadoreño que lleva cinco décadas en EE.UU. y que con sus 70 años bien cumplidos está en edad de jubilarse.
“Por eso tengo que venir a rebuscarme cada día”, cuenta.
Lo hace con la tranquilidad que le da el haber regularizado su situación migratoria en el año 2000, pero sin poder evitar la angustia que le genera ver a sus vecinos sufrir.
“Esto no va a acabar aquí. Las redadas van a seguir. Se está volviendo invivible con este presidente”, dice, y añade que está valorando volverse a El Salvador.
Algunos de los vecinos buscaron consuelo y acompañamiento ante la adversidad en la iglesia cristiana a la que acuden cada domingo, Chapel of Change, situado a apenas unos metros del Home Depot y del escenario de los enfrentamientos.
Unas 200 personas, la mayoría familias de origen hispano, escuchan con atención el sermón en el que los llaman a abrazarse a la fe.
“Aquí buscamos unidad y rezamos por todos”, le dice a BBC Mundo Irene Ramírez, una de las pastoras de la iglesia, que describe a la comunidad como “vibrante, unida y orientada a la familia”.
El pastor principal de la iglesia, Bryan Worth, lo suscribe.
“Con los años Paramount se ha vuelto un municipio muy vibrante”, le explica a la BBC.
“En los 80 Paramount solía ser una de las peores ciudades pequeñas de la nación, pero los líderes cívicos, del sector educativo y los que estamos al frente de las iglesias se aliaron para transformar la comunidad, para que estuviera más unida, fuera más pacífica en general”, subraya.
“Nunca pensé que las escenas que echaban en la tele íbamos a tenerlas aquí”, se lamenta Dora Sanchez, quien ayuda en las labores de la iglesia.
“Todo es muy impactante”, añade, sin imaginarse lo que aún estaba por llegar.
A medida que las horas avanzan, la tensión este domingo sigue escalando, las escenas volviéndose más caóticas en las calles del centro de Los Ángeles y la fricción entre el gobierno federal y el estatal profundizándose.
Ante el llamado de Newsom para que retire a la Guardia Nacional de las calles y las duras críticas de gobernadores demócratas que subrayan que la medida es “un alarmante abuso de poder”, Trump se mantiene firme en su postura.
“Turbas violentas e insurrectas acosan y atacan a nuestros agentes federales para intentar detener nuestras operaciones de deportación. Pero estos disturbios ilegales solo refuerzan nuestra determinación”, la explicó en su red social TruthSocial.
“Se restablecerá el orden, los inmigrantes indocumentados serán expulsados y Los Ángeles será libre”.
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