Crecen recursos para pensiones por discapacidad, pero disminuye porcentaje de beneficiarios
Para entender mejor
En lo que va del sexenio del presidente Andrés Manuel López Obrador, las pensiones para personas con discapacidad han llegado cada vez a un menor número de beneficiarios.
Si bien el presupuesto destinado a la pensión para el bienestar de las personas con discapacidad permanente, dependiente de la Secretaría del Bienestar, se incrementó de 8 mil 295.2 millones de pesos (en 2019) a 12 mil 5.9 millones de pesos (en 2020), y a 15 mil 500.8 millones (en 2021), la cobertura pasó de 39.2% a 12.8% y finalmente 16% de la población objetivo, respectivamente, en esos tres años, de acuerdo con el Informe de Evaluación de la Política de Desarrollo Social 2022 del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval).
La cobertura de los programas prioritarios corresponde al porcentaje de la población que está siendo atendida respecto a la población potencial u objetivo, es decir, el número de personas que el programa pretende alcanzar. En mayo de 2020, se modificó el artículo 4 de la Constitución Política de México para establecer la obligación del Estado de garantizar un apoyo económico a las personas con discapacidad permanente, dirigido a personas de 0 a 64 años de edad.
El documento del Coneval destaca que aunque la pensión inicialmente contemplaba solo un apoyo económico bimestral de mil 275 pesos, en 2020 se agregó un pago por única ocasión cuando la persona beneficiaria fallece, mientras que en 2022 se agregó el otorgamiento de vales para servicios de rehabilitación en establecimientos de salud públicos o privados. En las reglas de operación publicadas en el Diario Oficial de la Federación, se establece que para 2023 el apoyo mensual será de mil 475 pesos, aunque el pago se realiza de manera bimestral.
En julio del año pasado, la organización Yo También documentó que tras el nuevo registro de solicitudes durante junio de ese año, las pensiones para personas con discapacidad solo llegarían a alrededor de un 15% de quienes debían recibirlas. Basadas en datos de ocho de los 13 estados donde se habían instalado módulos para el empadronamiento, señalaron que a pesar de que en estos se buscaba afiliar a 333 mil 722 personas con discapacidad, únicamente se habían realizado 41 mil registros.
La Ficha de Monitoreo y Evaluación 2021-2022 del Coneval identificó que 80 programas y acciones de desarrollo social reportaron atender a grupos históricamente discriminados, de entre los cuales 17 atendieron únicamente a uno, mientras que 63 brindaron apoyos a más de uno, entre los que se encuentran población indígena, mujeres, personas con discapacidad, y niñas, niños y adolescentes.
Uno de los grupos más discriminados
El informe de Coneval destaca que en los últimos años, las personas con discapacidad siguen ocupando uno de los primeros lugares entre los grupos más discriminados, pues reportan mayores niveles de exclusión en al menos un ámbito social.
Pese a los avances en el marco normativo a nivel nacional en materia de no discriminación –detalla el organismo– aún persisten prácticas sociales e institucionales que general exclusión, particularmente hacia los grupos históricamente discriminados.
Según el consejo, entre 2019 y 2022 los cambios normativos más importantes vinculados al derecho a la no discriminación se enfocaron en tres rubros: mejorar la definición y alcance de la política de no discriminación, atender a grupos históricamente discriminados, y promover la igualdad entre mujeres y hombres. El documento destaca la incorporación a la ley de la salud física o mental como motivo de discriminación.
El análisis, a partir de la última versión de la Encuesta Nacional sobre Discriminación (Enadis), subraya que los principales grupos afectados por la discriminación son la población indígena, las personas con discacpaidad, las mujeres, las personas adultas mayores, y las niñas y niños de entre 9 y 11 años. Por ello, para el consejo es necesario actualizar los datos sobre discriminación para diseñar y aplicar políticas públicas en un marco de igualdad de oportunidades, reducción de brechas y supresión de la exclusión.
El informe enfatiza que en 2020, el 56.5% de la población con discapacidad contaba con un ingreso inferior a la línea de pobreza por ingresos, en comparación con un 52.5% de la población sin discapacidad. Eso significa que más de la mitad de las personas con discapacidad no tienen recursos suficientes para satisfacer sus necesidades alimentarias y no alimentarias. Aunado a ello, 18.6% de las personas que viven con una discapacidad percibe un ingreso menor a la línea de pobreza extrema por ingresos.
Además, señala que la población con discapacidad enfrenta múltiples barreras estructurales, como la discriminación, que resultan en su exclusión y pobreza. Aproximadamente 8.3 millones de personas en México tienen algún tipo de discapacidad, un 6.6% de la población. Estimaciones de 2020 –recupera el organismo– señalan que poco menos de la mitad (49.5%) se encontraba en situación de pobreza, y 10.2% de esta en pobreza extrema.
Por otro lado, casi la mitad de esta población no tiene acceso a la seguridad social. La brecha en el porcentaje de la población con discapacidad ocupada con seguridad social directa (25.7%) y la población sin discapacidad en esa misma circunstancia (38.2%) es de 12.5 puntos porcentuales. La segunda carencia en la que registraron mayor porcentaje es el rezago educativo, que alcanza el 45.9%, mientras que para la población sin discapacidad es de 17.3%.
“Al momento de diseñar una estrategia de formalización laboral, se deberán incluir medidas específicas para los grupos más afectados, como hablantes de lenguas indígenas, personas con discapacidad, jornaleros agrícolas, trabajo doméstico remunerado, entre otros”, concluye el organismo.
En materia de no discriminación, también indica como pendientes diseñar estrategias para afrontar los efectos de la emergencia sanitaria en grupos históricamente discriminados, tanto para su bienestar económico como para el ejercicio de sus derechos sociales; la atención integral para vincular acciones contra la violencia de género con programas y acciones para fomentar la autonomía de las mujeres, así como la orientación de la política pública hacia la igualdad de oportunidades.
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El mandatario firmó una orden ejecutiva sancionando a los funcionarios de la CPI que investigan a EE.UU. y sus aliados.
El presidente Donald Trump firmó una orden ejecutiva que sanciona a la Corte Penal Internacional (CPI), acusándola de “acciones ilegítimas e infundadas contra Estados Unidos y nuestro aliado cercano Israel”.
La medida impone restricciones financieras y de visado a las personas y sus familias que colaboren en las investigaciones de la CPI sobre ciudadanos estadounidenses o aliados. Trump firmó la medida mientras el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, visitaba Washington.
El tribunal, con sede en La Haya, dijo el viernes que “condena” la medida y dijo que Estados Unidos pretende “dañar su labor judicial independiente e imparcial”.
“La Corte respalda firmemente a su personal y se compromete a seguir brindando justicia y esperanza a millones de víctimas inocentes de atrocidades en todo el mundo, en todas las situaciones que se le presenten”, dijo en un comunicado.
“Seguiremos brindando justicia y esperanza a millones de víctimas de atrocidades en todo el mundo”, añadió.
En noviembre pasado, la CPI emitió una orden de arresto contra Netanyahu por presuntos crímenes de guerra en Gaza, lo que Israel niega. El tribunal también emitió una orden de arresto contra un comandante de Hamás.
Una hoja informativa de la Casa Blanca que circuló el jueves por la mañana acusaba a la CPI, con sede en La Haya, de crear una “vergonzosa equivalencia moral” entre Hamás e Israel al emitir las órdenes al mismo tiempo.
La orden ejecutiva de Trump dice que las recientes acciones de la CPI “sientan un precedente peligroso” que pone en peligro a los estadounidenses al exponerlos a “acoso, abuso y posible arresto”.
“Esta conducta maligna a su vez amenaza con infringir la soberanía de Estados Unidos y socava la importante labor de seguridad nacional y política exterior del gobierno de Estados Unidos y de nuestros aliados, incluido Israel”, dice la orden.
Añade que “ambas naciones [Estados Unidos e Israel] son democracias prósperas con ejércitos que se adhieren estrictamente a las leyes de guerra”.
No son las primeras sanciones
Estados Unidos no es miembro de la CPI y ha rechazado repetidamente cualquier jurisdicción del organismo sobre funcionarios o ciudadanos estadounidenses.
La Casa Blanca acusó a la CPI de imponer restricciones al derecho de Israel a la legítima defensa, y de ignorar a Irán y a los grupos antiisraelíes.
Trump ha criticado repetidamente a la corte y tomó varias medidas para sancionar al organismo durante su primer mandato.
En 2020, impuso sanciones a los funcionarios de la CPI que estaban investigando si las fuerzas estadounidenses habían cometido crímenes de guerra en Afganistán. Esas sanciones fueron levantadas por la administración del presidente Joe Biden.
El mes pasado, la Cámara de Representantes de Estados Unidos votó a favor de sancionar a la CPI, pero el proyecto de ley fracasó en el Senado. La CPI se fundó en 2002, tras la disolución de Yugoslavia y el genocidio de Ruanda, para investigar presuntas atrocidades. Más de 120 países han ratificado el Estatuto de Roma, que constituyó la CPI, mientras que otros 34 lo han firmado y podrían ratificarlo en el futuro.
Ni Estados Unidos ni Israel son parte del Estatuto de Roma. La CPI es un tribunal de última instancia y está destinada a intervenir únicamente cuando las autoridades nacionales no pueden o no quieren hacerlo.
Durante su mandato, el presidente Biden también criticó la orden de arresto de la CPI contra Netanyahu, calificando la medida de “escandalosa” y diciendo que no había equivalencia entre Israel y Hamás.
Trump insiste en su propuesta sobre Gaza
La firma de Trump de su última orden ejecutiva se produce después de que el martes, durante una conferencia de prensa conjunta con el primer ministro israelí, anunciara un plan para que Estados Unidos “se apodere” de Gaza, reasiente a su población palestina y convierta el territorio en la “Riviera del Medio Oriente”.
Después de que los líderes árabes y la ONU condenaran la idea, el presidente estadounidense la reiteró en su plataforma de redes sociales Truth Social el jueves.
“Israel entregaría la Franja de Gaza a Estados Unidos al concluir los combates”, escribió Trump.
Repitió que el plan implicaría reasentar a los palestinos y que no se desplegarían soldados estadounidenses.
La secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, dijo el miércoles que cualquier desplazamiento sería temporal.
El secretario de Estado Marco Rubio afirmó que los habitantes de Gaza se irían por un período “interino” mientras se lleva a cabo la reconstrucción, según la propuesta.
Trump firmó la orden que sanciona a la CPI mientras Netanyahu continuaba su visita en Washington, donde se reunió con legisladores republicanos y demócratas en el Capitolio.
El primer ministro israelí también le entregó a Trump como regalo un buscapersonas dorado.
Este es una referencia a la operación mortal de Israel contra la milicia libanesa Hezbolá en septiembre del año pasado, utilizando dispositivos de comunicación con trampas explosivas.
Decenas de personas murieron y miles resultaron heridas en los ataques.
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