Tres jueces diferentes decidieron no vincular a proceso por abuso sexual al padre de una menor de edad, a pesar de que existen evidencias de que violentó sexualmente a la niña cuando apenas tenía tres años.

Los jueces, dos hombres y una mujer, desestimaron un informe oficial de la Comisión de víctimas del Estado de México que refiere que la niña verbalizó la violencia sexual, y otro informe que elaboró una organización civil en el que la menor detalló hasta en 12 ocasiones que fue víctima de abusos de su padre.

Tampoco tuvieron en cuenta que la niña mostró cambios de humor, pesadillas, pérdida de apetito, regresiones en su desarrollo, conductas sexualizas, y reacciones psicosomáticas en la piel. Síntomas que organizaciones especializadas como Guardianes señalaron que son muy comunes en casos de abusos de menores.

La madre de la niña denunció el caso a finales de 2015, iniciando desde entonces una odisea judicial de más de cinco años, que tuvo su último episodio apenas el pasado marzo de este año. En ese entonces, luego de que un año antes un juez de distrito sí había visto indicios suficientes de abuso y concedió a la madre de la menor un amparo, vinculando a proceso al progenitor -aunque éste permaneció en libertad-, una jueza dejó sin efecto esa decisión.

La psicóloga Rosario Alfaro, directora de Guardianes, subrayó al respecto que la violencia sexual puede cometerse de múltiples formas. “Pensar que el abuso es solo la violación por penetración muestra mucha ignorancia sobre el tema”, criticó la especialista, quien también recalcó que, especialmente en menores víctimas a manos de familiares, es comun que a su corta edad muestren afecto hacia sus agresores. Por lo que hizo un llamado a que la justicia tenga una visión “mucho más amplia”, y a que prevalezca el interés superior de la niñez en el cumplimiento de la Ley para la Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes.

Sin embargo, nada de esto fue tomado en cuenta, denunció la madre de la menor, que, frustrada, dijo que no sabe qué más tiene que hacer para que los jueces protejan a su hija.

La agresión

Raquel no se llama así y su hija tampoco se llama Andrea. Pero nada más sentarse en la banca de un parque discreto al sur de la Ciudad de México pone como condición para la entrevista que sus identidades queden protegidas. Por ahora, tampoco quiere que se revele el nombre del padre. No por protegerlo, dice, sino porque, a pesar del último revés que le dio la jueza, va a continuar peleando ante la justicia y no quiere que ningún detalle pueda comprometer el caso.

La primera alerta, narra la mujer, comenzó en noviembre de 2015. En ese entonces, ella y su hija Andrea, que en ese entonces tenía tres años, estaban en el domicilio de sus padres, en la alcaldía Álvaro Obregón, cuando la niña sorpendió a todos quitándose la ropa de cintura para abajo.

Al llamarle la atención su madre, la menor le respondió que su padre le había enseñado a quitarse la ropa.

Raquel dice que se preocupó por la escena, aunque pensó que era una anécdota.

Sin embargo, un par de semanas después, ya en diciembre, la abuela de Andrea también observó que la niña jugaba de un modo extraño con sus muñecas, a las que ponía boca abajo y decía que a ellas también les gustaba jugar en esta posición.

El 30 de diciembre, Raquel decide denunciar en el Centro de Justicia de la Mujer de Cuautitlán Izcalli, Estado de México, donde se solicita a la Comisión de Atención a Víctimas mexiquense que hiciera un análisis psicológico de la menor.

En el informe, fechado en febrero de 2016, una psicóloga de la Comisión expuso que, “sin la intervención de la madre”, la niña volvió a referir “de manera espontanea” que su padre le había tocado de manera indebida sus genitales.

La psicóloga también indicó que, al intentar investigar más sobre el tocamiento, la niña se mostró “ansiosa e inquieta” y que “cambió radicalmente de tema”. Por lo que recomendó que se le diera seguimiento al caso.

Sin embargo, como parte de un acuerdo previo en un juzgado de lo familiar, en el que se determinó que el padre podía llevársela los fines de semana cada quince días, la niña continuó viendo a su progenitor.

Mientras tanto, las alertas de abuso iban en aumento.

Pesadillas, ronchas en la piel, regresión en el desarrollo…

A continuación, Raquel saca de las cajas varias hojas con fotografías en las que se aprecia que la menor se vestía con varios jerseys y abrigos hasta cubrirse por completo, y dibujos en los que la niña trazaba figuras con forma fálica.

La niña, además, había experimentado un retroceso en su lenguaje y en su desarrollo, volviendo a gatear y a meterse el dedo en la boca. Y se mostraba irascible, huraña, reacia a que la tocaran, con pesadillas frecuentes, y en ocasiones mostraba conductas sexualizadas.

Raquel también asegura que, cada vez que se acercaba la fecha en la que la niña se iba con su padre, a la menor se le llenaba de ronchas el cuello, el abdomen y las extremidades.

Ante estos síntomas, el Centro de Justicia de la Mujer de Cuatitlán pidió, por exhorto de un juez de lo familiar, el informe terapéutico de la menor, y esta vez la encargada de hacerlo fue la Asociación para el Desarrollo Integral de Personas Violadas (ADIVAC); una organización civil que dirige la psicóloga y activista Laura Martínez con más de 30 años de experiencia en la detección de violencia sexual en menores.

A lo largo de múltples sesiones, en la que la niña solo estaba acompañada de otros tres menores y la psicóloga, Andrea volvió a expresar hasta en 12 ocasiones por medio de terapias, dibujos, y juegos con muñecos anatómicos, que fue violentada sexualmente por su padre.

En su informe, ADIVAC concluyó que Andrea “sí verbalizó la violencia sexual de la que fue víctima”, y aconsejó que para protegerla se cancelaran de inmediato las visitas del padre.

En noviembre de 2018, un juez de lo familiar decretó la suspensión de las visitas supervisadas en las instalaciones del Centro de Convivencia Familiar, ordenando, además, que el progenitor se sometiera a un examen psicológico forense, el cual arrojó que éste necesitaba tratamiento “para aprender a controlar sus emociones”.

La decisión del juez, aunque llegó tres años después de la denuncia por los abusos, supuso un pequeño alivio para Raquel. Aunque solo se trató de una victoria en el terreno administrativo, porque en el terreno de lo penal la odisea continúa.

La odisea judicial

Raquel denunció a su expareja ante el Ministerio Público de Cuautitlán, Estado de México, en diciembre de 2015. De ahí pasaron cuatro años hasta que en septiembre de 2019 un juez de control radicado en Cuatitlán Izcalli valorase todos los elementos de prueba anteriormente expuestos y decidiera que no eran suficientes para que el progenitor enfrentara la justicia.

Unos meses antes, en febrero de 2019, el padre de Andrea se había defendido de las imputaciones en una declaración inicial por escrito, en la que hizo alusión a un certificado médico realizado a petición del Ministerio Público donde se concluye que la niña no fue penetrada: “Lo cual acredita que mi hija no ha sido agredida sexualmente”, subrayó.

El progenitor también expuso que, en una entrevista del Ministerio Público a la niña, ésta expresó que cuando juega con su padre “se siente feliz” y que “su papá no le tocaba partes de su cuerpo cuando jugaban”.

Un juez de lo familiar -el mismo que dos años más tarde suspendería las visitas tras el informe de ADIVAC- también dijo que, en una de las audiencias, había sido testigo de una escena en la que la niña “salió corriendo a abrazar a su papá”. Esto fue empleado por el padre como argumento en su defensa, para recalcar que la niña sentía cariño y afecto hacia él, y que en ningún momento la había violentado.

A partir de todo lo anterior, el hombre señaló que la niña había sido “dirigida” por su madre para acusarlo de violencia sexual, como parte del pleito legal que mantenían por la guarda y custodia de Andrea. Argumento que los jueces aceptaron, apuntando que el señalamiento de la menor “se apreciaba inducido”.

Como se señaló, con estos argumentos el juez de control no vio indicios suficientes para iniciar un juicio. Raquel, entonces, apeló la decisión. Pero otro juez, el magistrado del segundo tribunal de alzada en materia penal de Tlalnepantla, Estado de México, también ratificó la no vinculación, al considerar que “no se evidenciaba la existencia de tocamientos lascivos en el cuerpo de la menor por parte de su padre, y de haberse desplegado, debía acreditarse que revestían la naturaleza de eróticos o sexuales”.

El juez también dijo que el informe de la Comisión estatal de Víctimas, en el que la niña expresó violencia sexual, no era concluyente. En cuanto al informe de ADIVAC, señaló que era llamativo que se hiciera tres años después de que la madre interpusiera la denuncia penal en 2015, y que las aseveraciones de la niña “pudieron estar viciadas” con el fin de complacer a su madre, o por temor a ella.

Al juez también le causó “suspicacia” que la menor pudiera referenciar un supuesto abuso cuando apenas tenía tres años, “siendo que en esa temporalidad no podía percatarse de si ese supuesto acto fue lúbrico o no”.

Además, la autoridad de apelación concluyó que “no es procedente” vincular el estado de salud de la niña, en cuanto a las ronchas y erupciones en la piel, ni el comportamiento sexualizado de la menor, con el supuesto abuso sexual.

De nueva cuenta, Raquel interpuso un amparo y esta vez el 10 de marzo de 2020 el juez de distrito Arturo Gamaliel Ruiz Jiménez le dio la razón. Este juez sí tomó en cuenta el informe de ADIVAC, señalando que no era válido el argumento de que fue realizado tres años después de la presunta agresión.

En cuanto al informe médico que corrobora que la niña no fue penetrada, el juez, coincidiendo con lo expuesto por la organización civil Guardianes, consideró que la violencia sexual no se limita a una penetración, señalando que debe tenerse “una connotación más amplia” del concepto de abuso.

Además, recordó que el “manoseo sexual” también “es una forma de violencia en contra de la mujer”. Por lo que, “juzgando con perspectiva de género y en atención al interés superior de la menor”, pidió que se realizara una nueva audiencia en la que se dictara la vinculación a proceso del padre, el presunto agresor.

Pero, ante esta nueva resolución, el progenitor también interpuso un recurso de revisión y la jueza Olga Estrever Escamilla coincidió con los argumentos ya expuestos anteriormente por otros dos jueces para no vincular a proceso y revocó la sentencia.

En un documento fechado en marzo pasado, la jueza reiteró que faltó información para poder calificar como “actos eróticos” los “tocamientos” a la niña y destacó que, en varias ocasiones, la niña dijo que quería mucho a su padre.

Precisamente, ese argumento de que la niña mostró públicamente afecto por su padre, más el hecho de que Raquel interpuso la denuncia penal mientras en otro proceso familiar peleaba por la custodia de la menor, fue tomado en cuenta por los tres jueces para determinar que existe una “animadversión” entre las partes y que el caso, básicamente, se reduce a un pleito de pareja por la custodia.

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“Mi trabajo es defender a mi hija”

Laura Martínez está en su despacho en una casona de la colonia María de la Ribera, que es la sede de ADIVAC. “Para nosotros es muy evidente que la niña sufrió violencia sexual”, subraya nada más empezar la entrevista. Aunque con gesto resignado dice que la decisión de los tres jueces en el caso de Andrea no le sorprende: “La justicia tiene una mentalidad adultocéntrica y los menores son invisibles”, critica. “Los jueces tienen que bajar su discurso al nivel de los niños para entender qué les sucede cuando dicen que les tocaron de manera indebida”.

Cuando se le cuestiona por el argumento de que la niña mostraba cariño por su presunto agresor, que fue tomado en cuenta por los tres jueces, Laura explica que en los casos de violencia sexual cometidos por familiares o amigos de la familia es muy común ese tipo de comportamiento en los menores.

“Es su papá y además le hacía regalos. Esto le generó una ambivalencia de emociones muy fuerte. Pero los jueces no se dan cuenta de eso y dicen: ‘ah, es que la niña dijo que lo quería. Ya no hay abuso’. Y se equivocan”.

Rosario Alfaro, directora de Guardianes, también expone que otras dos reacciones comunes en casos de abuso infantil son “la amnesia” y “la disociación”. “En un caso así es muy comun que los niños digan un día que sí los agredieron y al siguiente que lo quieren mucho, o que no se acuerdan. Esta especie de ‘síndrome de Estocolmo’, o amnesia, es su forma de defenderse del dolor y de olvidar la agresión”.

Tanto Laura Martínez como Rosario Alfaro coinciden en criticar que muchos jueces están reduciendo buena parte del tema de la violencia sexual a si hubo una penetración, una violación, cuando en casos como el de Andrea los menores muestran muchos otros síntomas de agresión, como las reacciones psicosomáticas de erupciones en la piel, o los síntomas ya expuestos de miedo, conductas sexualizadas, etc., los cuales tampoco fueron tomados en cuenta por los impartidores de justicia.

“En casos de violencia sexual a menores debe realizarse una investigación mucho más integral”, hace hincapié la directora de ADIVAC, que pide algo que, al menos en la teoría, no debería ser tan complicado: aplicar la ya existente Ley de Protección de los Derechos de la Infancia, e impartir justicia teniendo como referencia el interés superior de la niñez y una perspectiva de género.

“Si se respetara lo que ya está escrito en la ley y no se interpretara según a lo que cada juez le parezca, la situación sería muy distinta”, recalca la psicóloga. “Pero, por nuestra experiencia, a los que operan la justicia no les interesa nada de esto y eso es lo que está generando mucha impunidad en los casos de violencia sexual a menores”.

“La Ley de protección a niñas, niños y adolescentes es un gran avance, pero ahora hay que ponerla en práctica”, recalca Rosario Alfaro. “El problema es que nuestras leyes están hechas desde una base adulto-céntrica, y lo primero que hace falta en estos casos es poner el interés superior de los menores en el centro de todo”.

De vuelta al parquecito del sur de la Ciudad de México, Raquel comienza a ordenar de nuevo las carpetas que trajo consigo.

La decisión de la jueza fue un varapalo después de que otro juez, el único hasta el momento, le diera cierta esperanza. Pero no piensa tirar la toalla. Asegura que hace tiempo que tomó la decisión de dejar aparcado su empleo y su vida como la conocía para dedicarse 100% a este caso.

“Ahora mi trabajo es defender a mi hija”, sentencia la mujer, que toma la pila de carpetas y comienza a caminar de nuevo.