Quejas contra Bienestar CDMX por presuntas violaciones a derechos de personas en situación de calle suben 180% este sexenio
Las quejas por violaciones a los derechos humanos de personas en situación de calle presuntamente cometidas por funcionarios de la Secretaría de Inclusión y Bienestar Social (Sibiso) crecieron 180% entre 2019 y 2022, periodo de la actual administración del Gobierno de la Ciudad de México.
Las personas que integran las poblaciones callejeras reclamaron ante la Comisión de Derechos Humanos local (CDHCM) y el Consejo para Prevenir y Eliminar la Discriminación en la Ciudad de México (Copred) que existió violencia física y verbal en su contra dentro de los albergues de la Sibiso, así como en los operativos de desalojos forzados en los que personal de la dependencia, a veces acompañado por policías, les invita a ingresar a estos espacios.
La Sibiso es la dependencia en la que se ha observado el mayor incremento en las quejas presentadas ante la CDHCM durante el sexenio de Claudia Sheinbaum: entre 2019 y 2022, en total tuvo 93 denuncias. En 2019 fueron 10 y para 2022 la cantidad se elevó a 28.
Antes, en el periodo de 2012 a 2018 —cuando se llamaba Secretaría de Desarrollo Social—, acumuló 49 reclamaciones. En total, en un periodo de 10 años, ha tenido 142.
La Sibiso también es la autoridad que recibió más denuncias por presuntos actos de discriminación contra personas en situación de calle ante el Copred. Entre 2013 y 2022, el Copred registró 106 quejas relacionadas con esta población y en 19 de ellas se identificó a funcionarios de la secretaría como posibles agresores, según información proporcionada a través de una solicitud de información.
Consultada sobre la situación, la Sibiso envió a Animal Político una tarjeta informativa en la que señaló que las quejas deben verse en su contexto y aseguró que quienes trabajan en la dependencia y sus albergues “tienen el imperativo ético de proporcionar atención, sensibilizar, contener y motivar a la población usuaria, con el fin de promover una convivencia armónica”.
“Es importante señalar que el grueso de las quejas se refiere a que hay reglas y horarios establecidos o a personas servidoras públicas que median en conflictos entre usuarios. Esto debe contextualizarse, además, en espacios donde se atiende a 2 mil 500 personas diariamente”, indicó.
Respecto del aumento de quejas, la titular de la CDHCM, Nashieli Ramírez, reconoció en entrevista que “en un periodo por lo menos de 10 años se han incrementado bastante las quejas que se interponen por presuntas violaciones a los derechos de esta población”, lo que a su parecer responde a que “algo pasó con el registro de cómo las catalogaban antes, porque no establecían cuando se trataba de personas en situación de calle”, además de que los quejosos cuentan con mayor información sobre cómo y dónde denunciar.
“Se han utilizado métodos que van en detrimento de la dignidad”
La explicación de la CDHCM sobre el aumento en las quejas contrasta con la de la asociación El Caracol, dedicada al acompañamiento y la defensa de derechos de personas en situación de calle, que alerta que el alza se debe a que las vulneraciones hacia esta población se han incrementado, en un contexto de opacidad de las instituciones.
Luis Enrique Hernández, director de El Caracol, señaló en entrevista que la organización ha acompañado diversos procesos de personas en situación de calle para interponer quejas contra los albergues de la Sibiso, “porque refieren que los baños son muy pocos para tantas personas y a veces no sirven, por la presencia de fauna nociva como chinches y cucarachas, y por maltratos que se dan del personal a las personas que buscan apoyo”.
Estas acusaciones coinciden con las descripciones de las quejas que ha recibido el Copred sobre presuntos actos de discriminación de funcionarios de la Sibiso, que en su mayoría se dan por maltratos contra las personas de poblaciones callejeras en los espacios destinados para su alojamiento.
Algunas de ellas refirieron actos como que “en el albergue Benito Juárez una persona en situación de calle que iba en silla de ruedas se acercó con el policía de la entrada, solicitándole permiso para bañarse, a lo que el oficial le dijo ‘dame 36 pesos, si no lárgate’, por lo que la persona se retiró”; que “en (en el albergue de) Coruña no permitieron asearse a una usuaria, ya que le dicen que solamente autorizan bañarse a pocas personas, y el personal obliga a entrar a los espacios de aseo a hombres y mujeres al mismo tiempo”, o que “no les proporcionan medicamento, y cuando se los dan, está caducado”.
Otros actos denunciados fueron los desalojos forzados. Quejosos indicaron que funcionarios llegan a los puntos de pernocta y tratan de convencerlos de ir a albergues. “Si nos negamos nos amedrentan”, dijeron, aunque, según el Protocolo interinstitucional de atención integral a personas que viven en situación de calle en la Ciudad de México, los retiros forzados están prohibidos por la propia autoridad.
A finales de enero, un desalojo forzado motivó una protesta de personas de poblaciones callejeras, quienes con el cierre de una avenida exigieron el cese de los operativos con los que en días previos habían intentado quitarles sus pertenencias y que se fueran de las inmediaciones del Metro Hidalgo, en la alcaldía Cuauhtémoc, donde llevan más de seis años viviendo.
Hernández lamentó que, con la intención de que haya menos personas en situación de calle, “se han utilizado métodos que van en detrimento de la dignidad y los derechos humanos de las personas”, mismos que se incrementaron de 2020 a 2022, en el marco de la pandemia de COVID-19, “porque no había sociedad civil observando el actuar de las autoridades”.
“Hay algunas personas que después de haber sido institucionalizadas en ese periodo, no sabemos dónde están, y en el caso de quienes permanecen en calle, los grupos han tenido que movilizarse a zonas mucho más lejanas y de difícil acceso, lo que los pone en situaciones de mayor riesgo”, dijo.
El director de El Caracol recordó que, hasta 2018, las autoridades capitalinas trabajaban con la población callejera apoyadas por la sociedad civil, que colaboraba para la implementación de acciones como un transporte que llevaba a las hijas e hijos de personas en situación de calle a la escuela, y con una supervisión constante a los albergues, lo que permitía la identificación de los usuarios para continuar con un seguimiento de los casos.
Sin embargo, “desde finales de 2018, cuando llegaron las nuevas autoridades, ya no nos permitieron el acceso a los albergues, cuando antes podíamos entrar, incluso porque llegamos a acompañar algunos procesos de personas que estaban dentro; teníamos la posibilidad de coordinar con distintas autoridades los procesos, pero ahora no podemos saber qué pasa con quienes llegan ahí, ni quiénes son, nuestra única referencia son las personas que hablan de situaciones de maltrato y condiciones que no son dignas”.
En los siete años previos a la actual administración, de 2012 a 2018, la CDHCM acumuló 383 quejas por presuntas violaciones a los derechos humanos de poblaciones callejeras, mientras que en los siguientes cuatro años, durante la gestión de Claudia Sheinbaum, se interpusieron 322.
En el periodo de 2012 a 2022, las quejas interpuestas ante el organismo por personas integrantes de las poblaciones callejeras se incrementaron 889%, al pasar de nueve a 89 por año.
La titular de la comisión explicó que, cada que reciben una denuncia por actos presuntamente ocurridos en albergues, personal de la institución acude a estos espacios para investigar los hechos, que en algunas ocasiones no se comprueban, y en otros se busca la conciliación de las partes, con el compromiso de las autoridades de tomar medidas.
La violencia interinstitucional
La dependencia que acumuló más quejas por presuntos actos de violencia contra personas en situación de calle es la Secretaría de Seguridad Ciudadana (255), seguida de la Sibiso, la Secretaría de Salud (71), la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (70), la alcaldía Cuauhtémoc (42) y el DIF (20).
Entre 2012 y 2022, también se quejaron de la alcaldía Benito Juárez (14), la Secretaría de Gobierno (14), la Consejería Jurídica (14), así como las alcaldías Venustiano Carranza (13), Coyoacán (9), Gustavo A. Madero (5) y Miguel Hidalgo (5).
Las dependencias con menos actos reclamados —uno cada una— fueron, entre otras, las alcaldías Cuajimalpa y Magdalena Contreras, la Junta Local de Conciliación y Arbitraje y Protección Civil.
Según los registros de quejas de la CDHCM, la mayoría de las quejas se dieron por la presunta violación al derecho de la seguridad jurídica (191), la integridad personal (133), la salud (96), la igualdad y no discriminación (94), la personalidad (77), un nivel de vida adecuado (60) y el de propiedad (60).
Por grupos específicos, la CDHCM cuenta con 39 quejas por posibles violaciones a los derechos humanos de niños y adolescentes, 10 de personas con discapacidad y nueve de adultos mayores.
“Esto muestra que las poblaciones callejeras viven un grado de hostigamiento alto; la pregunta es: ¿qué vamos a hacer con los impactos de violencia? Las huellas nada ni nadie se las va a borrar, estas personas se encuentran de por sí en condiciones difíciles por estar en la calle, y además tienen que aguantar agresiones todos los días”, cuestionó Enrique Hernández.
La importancia de conocer sus derechos
Una de las labores principales de El Caracol es informar a las personas de las poblaciones callejeras acerca de sus derechos y cómo defenderlos. Durante todo el año, educadoras de la asociación realizan talleres en los que hablan con las personas acerca de qué hacer en caso de que sufran alguna violencia, lo que —en opinión de Hernández— ha influido en que haya aumentado la cultura de denuncia.
“Para nosotros este trabajo ha sido muy importante, porque es una población que ha estado tan expuesta a la violencia que a veces la normaliza, pero en los talleres tienen la posibilidad de reflexionar acerca de sus derechos, y poco a poco van identificando qué tipo de violaciones han vivido. Además, se les explica que pueden ser acompañados para reclamar por ello”, dijo Hernández.
En los casos en los que las personas deciden poner una queja, las educadoras de la asociación inician el procedimiento a través de la línea telefónica de la CDHCM (55 5229 5600), y en algunos casos solicitan medidas precautorias.
“Las personas vienen a nuestras oficinas y desde aquí hacemos la llamada, con la presencia del educador, lo cual es importante porque les da seguridad, y nos permite contar con la información para dar seguimiento al procedimiento, que en algunas ocasiones implica presentarnos personalmente ante la comisión para ratificar las acusaciones, lo que ocurre también con compañía nuestra”, explicó Hernández.
La asociación también invita a las personas a que inicien procesos para recuperar sus documentos de identidad, ingresen a cursos de capacitación, tomen tratamientos contra las drogas y lleven a sus hijos a la escuela, de tal forma que se acerquen a la posibilidad de dejar de vivir en las calles.
“Compartimos con las autoridades la intención de invitar a la gente a dejar de vivir en la calle, pero nuestro método es distinto; con educación y sin violencia hemos logrado que varias personas recuperen su confianza y accedan a apoyos y servicios que les permitan también recuperar sus vidas”, dijo el activista.
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Durante más de seis meses Gurpreet viajó en su intento de cumplir el sueño americano. Pero no tuvo éxito y fue deportado.
Gurpreet estaba esposado, sus piernas atadas con una cadena que subía hasta su cintura. Él estaba siendo dirigido por la patrulla fronteriza de Estados Unidos hacia un C-17, un poderoso avión militar.
Era 3 de febrero de este año y después de meses de un largo viaje, él se dio cuenta de que el sueño de vivir en EE.UU. se había acabado. Estaba siendo deportado a su país, India.
“Sentí que el suelo se resbalaba debajo de mis piernas”.
Gurpreet, de 39 años, fue uno de los miles de indios que en los últimos años han gastado sus ahorros para cruzar varios continentes con la idea de entrar de forma ilegal a EE.UU. a través de su frontera sur y de ese modo escapar al desempleo que acosa a la India.
Se estima que hay unos 725.000 indios indocumentados viviendo en EE.UU., la tercera nacionalidad más numerosa después de los mexicanos y los salvadoreños, de acuerdo a las cifras del Pew Research Center de 2022.
Ahora Gurpreet se ha convertido en uno de los primeros indios indocumentados que han sido deportados desde que Donald Trump asumió la presidencia de EE.UU., con la promesa de hacer una deportación masiva como prioridad.
La intención de Gurpreet era solicitar asilo basado en las amenazas que él dice que recibió en India, pero -en el marco de la orden ejecutiva de Trump de devolver a los migrantes sin darles ni siquiera la posibilidad de una audiencia para solicitar asilo- fue enviado de vuelta sin que su caso fuese siquiera considerado.
Cadenas y esposas
Cerca de 3.700 indios fueron deportados durante la era de Joe Biden, pero las nuevas imágenes de estos migrantes siendo deportados con esposas y cadenas en los pies ha generado una fuerte reacción en India.
La oficina de la Patrulla Fronteriza de EE.UU. publicó un video en internet con esas imágenes, acompañadas de una música estrambótica y la advertencia: “Si cruzas de manera ilegal, serás expulsado”.
“Estuvimos sentados, esposados y encadenados por más de 40 horas. Incluso las mujeres fueron tratadas de la misma manera. Solo a los niños no los encadenaron”, le dice Gurpreet a la BBC en India.
“No nos permitían pararnos. Si queríamos usar el baño, teníamos que estar escoltados por un soldado y solo nos quitaban una de las esposas”, añade.
Los partidos de oposición en el parlamento indio protestaron frente a lo que señalaban era un “trato inhumano y degradante” para los deportados.
“Hay muchos comentarios de que el primer ministro de India, Narendra Modi, y Donald Trump son buenos amigos, entonces, ¿por qué permitió esto?”, le dijo a la BBC Priyanka Gandhi Vadra, un líder de la oposición.
Por su parte, Gurpreet dice: “El gobierno indio debió decir algo sobre esto. Ellos debieron decirle a EE.UU. que hiciera las deportaciones como las hacía antes, sin las cadenas ni las esposas”.
El vocero de la oficina de Relaciones Exteriores de India señaló que el gobierno ha comunicado a EE.UU. estas preocupaciones y, como consecuencia, en los siguientes vuelos no se encadenaron a las mujeres.
Pero las imágenes intimidantes y la retórica de Trump parecen haber conseguido el objetivo, al menos como efecto inmediato.
“Nadie va a tratar de ir a EE.UU., sobre todo por una ruta ilegal y complicada, mientras Trump esté en el poder”, dice Gurpreet.
A largo plazo, esto podría depender de si continúan las deportaciones, pero por ahora muchos de los traficantes indios, llamados localmente “agentes”, se han escondido por temor a redadas en su contra por parte de la policía india.
Gurpreet relata que las autoridades indias le pidieron el teléfono del “agente” que él había utilizado para ir hasta EE.UU., pero el traficante ya no podía ser localizado.
“No los culpo. Nosotros queríamos ir, era nuestra decisión. Ellos no vinieron a buscarnos”, señala Gurpreet.
Desempleo alto
Aunque las cifras del gobierno ponen la tasa de desempleo de apenas 3,2%, lo cierto es que la realidad es más precaria para muchos indios.
Solo el 22% de los trabajadores tienen salarios regulares. La mayoría de ellos son independientes y cerca de una quinta parte de ellos son “ayudantes sin paga”, que incluyen a decenas de mujeres que trabajan en negocios familiares.
“Dejamos India porque nos vimos obligados a hacerlo. Si tuviera un empleo que me pagara al menos 30.000 rupias (US$340) al mes, podría ayudar a mi familia y nunca pensaría en irme”, anota Gurpreet, quien tiene a su esposa, un bebé y su madre que dependen de él.
“Se puede decir lo que sea sobre la economía en el papel, pero necesitas ver la realidad en la calle. No hay oportunidades para nosotros, para trabajar o crear un negocio”, añade.
La compañía de camiones de Gurpreet estuvo entre las empresas, fuertemente dependientes del dinero en efectivo, que fueron duramente golpeadas cuando el gobierno indio, con apenas cuatro horas de aviso, retiró cerca del 86% de los billetes que estaban en circulación en el país.
Eso hizo, explica Gurpreet, que sus clientes no le pagaron más y él no pudo mantener a flote su negocio.
Y otro pequeño negocio que había montado, dedicado al manejo de logística para otras compañías, también colapsó debido a la pandemia del Covid-19.
También relata que pidió visas para viajar a Canadá y a Reino Unido, pero sus aplicaciones fueron rechazadas.
Entonces, con todos sus ahorros y con la ayuda de familiares, logró juntar cerca de US$45.000 para pagarle a un traficante para que lo ayudara en su viaje.
Una travesía de decenas de países
El 28 de agosto de 2024, él voló desde la Indiana hasta Guayana para iniciar su viaje a EE.UU.
Gurpreet marcó todas las paradas que hizo en un mapa que tiene en su teléfono.
Desde Guyana él viajó a través de Brasil, Bolivia, Perú, Ecuador y Colombia, la mayoría de las veces en bus, otras en carros y en bote y una parte pequeña en avión, pasando de traficante a traficante y detenido y liberado por algunas de las autoridades de los países.
En Colombia, los traficantes trataron de ponerlo en un avión hacia México, para de esa forma evitara atravesar el Tapón del Darién.
Pero la inmigración colombiana no le permitió abordar el avión, por lo que tuvo que hacer el peligroso viaje por la selva.
Un territorio denso e inhóspito entre Colombia y Panamá, el Tapón del Darién solo puede ser cruzado a pie, con riesgo de sufrir accidentes, enfermedades y ataques de bandas criminales.
El año anterior, 50 personas murieron intentando cruzar el Darién.
“No estaba asustado. He sido deportista toda mi vida, así que pensé que iba a estar bien. Pero fue la parte más dura. Caminamos durante cinco días por ríos y selvas. En muchas partes, mientras atravesaba un río, el agua me llegaba al pecho”, recuerda Gurpreet.
Cada grupo estaba acompañado por un contrabandista, o un “donker”, como Gurpreet y otros inmigrantes los llaman, una palabra aparentemente derivada del término “ruta del burro”, utilizado para referirse a los viajes de migración ilegal.
A la noche, levantaban carpas en la selva, comían un poco y trataban de descansar.
“Llovió todos los días que estuvimos ahí. Estábamos mojados hasta los huesos”, señala.
Primero los llevaron por unas montañas y después por un camino marcado con bolsas azules, que habían puesto los traficantes.
“Mi pie comenzó a hincharse, las uñas estaban destrozadas y las palmas de las manos estaban secas. Pero tuvimos la fortuna de no encontrarnos con ladrones”, explicó.
Cuando llegaron a Panamá, Gurpreet explica que él y cerca de 150 otros migrantes fueron detenidos y llevados a un lugar que lucía como una cárcel.
Tras 20 días detenidos fueron liberados y después, tras un mes de travesía, finalmente llegaron a México después de pasar por Costa Rica, Nicaragua, Honduras y Guatemala.
Gurpreet anota que ellos esperaron por cerca de un mes en México hasta que hubo una oportunidad de cruzar la frontera cerca de San Diego.
“No escalamos un muro. Hay una montaña cerca que escalamos. Y hay un alambre de púas que el ´donker´ cortó”, dijo.
Gurpreet entró en los EE.UU. el 15 de enero, cinco días antes de que el presidente Trump asumiera el cargo, creyendo que había llegado justo a tiempo, antes de que las fronteras se volvieran impenetrables y las reglas se tornaran más estrictas.
Una vez en San Diego, se entregó a la Patrulla Fronteriza de los EE. UU. y luego fue detenido por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por siglas en inglés).
Durante la administración Biden, los inmigrantes ilegales o indocumentados comparecían ante un oficial de inmigración que realizaba una entrevista preliminar para determinar si cada persona tenía un caso de asilo.
Si bien la mayoría de los indios emigraron por necesidad económica, algunos también se fueron por temor a la persecución debido a sus antecedentes religiosos o sociales, o su orientación sexual.
Si pasaban la entrevista, los liberaban, a la espera de una decisión sobre la concesión de asilo por parte de un juez de inmigración.
El proceso a menudo demoraba años, pero se les permitía permanecer en los EE.UU. mientras tanto.
Esto es lo que Gurpreet pensó que le sucedería. Había planeado buscar trabajo en una tienda de comestibles y luego dedicarse al transporte de camiones, un negocio con el que está familiarizado.
En cambio, menos de tres semanas después de entrar en los EE. UU., se encontró siendo conducido hacia ese avión C-17 y regresando al lugar de partida.
En su pequeña casa en Sultanpur Lodhi, una ciudad en el estado norteño de Punjab, Gurpreet ahora está tratando de encontrar trabajo para pagar el dinero que debe y mantener a su familia.
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