Las quejas contra el INM por presuntas violaciones a derechos humanos se disparan 200% en el sexenio de AMLO
La cantidad de quejas presentadas contra el Instituto Nacional de Migración (INM) por presuntas violaciones a los derechos humanos se ha disparado en 200% en lo que va del sexenio del presidente Andrés Manuel López Obrador, de acuerdo con datos oficiales.
En 2019, primer año completo del mandato de López Obrador, los expedientes de queja registrados por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) fueron 714, indican las cifras históricas del Sistema Nacional de Alerta de Violación a los Derechos Humanos. Para el cierre de 2022, el número cerró en 2 mil 141, lo que representa un incremento de 199.8%.
Con ello, además, el INM se ubicó en la tercera posición en este rubro entre instituciones las federales del país, solamente detrás del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), que tuvo 3 mil 789, y del Órgano Administrativo Desconcentrado Prevención y Readaptación Social, que tuvo 2 mil 679.
La tendencia al alza de las quejas en contra del INM ha sido una constante en lo que va del sexenio. Después de las 714 de 2019, la cifra subió a mil 044 en 2020, a mil 239 en 2021 y, finalmente, a las 2 mil 141 de 2022.
En este último año, las tres entidades donde se registraron más quejas fueron Chiapas, con 583; la Ciudad de México, con 249, y Tabasco, con 227.
Más abajo se ubicaron tres estados de la frontera norte del país: Sonora, con 182; Nuevo León, con 142, y Tamaulipas, con 119.
Las conductas más denunciadas son acciones u omisiones contra los derechos de personas migrantes y sus familias, falta de ética y honestidad por parte de funcionarios del INM, prestación indebida de servicios públicos y, en menor medida, omisión para brindar atención médica, detenciones arbitrarias y deportaciones ilegales.
Esta información se da a conocer mientras la labor del INM y de su titular, Francisco Garduño, están en el centro de la atención pública luego del incendio del 27 de marzo pasado en una estación del instituto en Ciudad Juárez, Chihuahua, que causó la muerte de 40 migrantes y heridas a una veintena.
La noche del domingo, Garduño fue vinculado a proceso por el delito de ejercicio indebido del servicio público derivado de lo ocurrido en Ciudad Juárez.
Durante la audiencia realizada en el Centro de Justicia Penal Federal de la localidad fronteriza, la representación de la Fiscalía General de la República (FGR) señaló que Garduño fue omiso dado que fue informado de las malas condiciones de la estación migratoria y no actuó para remediar el problema.
A pesar de ello, el funcionario enfrentará su proceso en libertad —como medida cautelar, el juez le ordenó que acuda cada 15 días a firmar—, permanecerá en el cargo y ha recibido el respaldo del presidente López Obrador. Cuestionado sobre la situación legal del funcionario, el mandatario únicamente dijo en su conferencia de prensa mañanera de este lunes que evitará hablar del tema para no generar “sensacionalismo”.
Garduño es el segundo titular del INM en esta administración. Asumió el puesto en 2019, tras la renuncia de Tonatiuh Guillén. Hasta antes de ser nombrado comisionado, era la cabeza del Órgano Administrativo Desconcentrado Prevención y Readaptación Social.
En lo que va de 2023, bajo su mando, el INM también ha sido una de las instituciones federales con más quejas en su contra. Los registros de la CNDH indican que entre enero y febrero se registraron 404 expedientes, solamente detrás de los mil 001 del IMSS y de los 498 del organismo a cargo de los penales de la Federación.
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Según el gobierno ucraniano, Rusia recluta a través de Telegram a niños y adolescentes ucranianos para llevar a cabo sabotajes y atentados con explosivos.
En julio de este año, un joven de 17 años viajó 800 kilómetros desde su casa en el este de Ucrania para recoger una bomba y un teléfono escondidos en un parque de la ciudad Rivne, al oeste del país.
Afirma que le prometieron US$2.000 por colocar la bomba en una furgoneta utilizada para el servicio militar obligatorio de Ucrania.
“Cuando estaba conectando los cables, pensé que podía explotar en ese momento. Pensé que podía morir”, declaró a la BBC.
Vlad es uno de los cientos de niños y adolescentes que, según el gobierno ucraniano, han sido reclutados en línea por Rusia y a quienes se les ha ofrecido dinero para llevar a cabo sabotajes u otros ataques contra su propio país. Cambiamos su nombre para proteger su anonimato.
Dice que le ordenaron configurar el teléfono para transmitir en directo la escena a su contacto, de modo que este pudiera detonar el dispositivo a distancia cuando alguien entrara en el vehículo.
Sin embargo, el Servicio de Seguridad de Ucrania (SBU) estaba vigilando y frustró el ataque. Vlad, ahora con 18 años, espera juicio por cargos de terrorismo que podrían acarrearle una pena de hasta 12 años de prisión.
Sentado en el centro de detención de Rivne, férreamente custodiado, junto a su abogado, reconoce que pudo haber participado en un asesinato.
“Lo pensé. Pero a nadie le caen bien los reclutadores”, afirma. “Pensé: bueno, seré como todos los demás”.
Cómo reclutan a los jóvenes
El SBU afirma que en los últimos dos años se ha identificado a más de 800 ucranianos reclutados por Rusia, 240 de ellos menores de edad, algunos de tan solo 11 años.
Sin embargo, la experta en ciberseguridad Anastasiia Apetyk, que imparte cursos sobre seguridad en internet en Ucrania, tiene conocimiento de casos aún más extremos: “Intentaron reclutar a niños de nueve o diez años”.
Andriy Nebytov, subdirector de la Policía Nacional de Ucrania, cree que existe una estrategia deliberada para buscar a personas vulnerables que puedan ser manipuladas.
“Los niños no siempre comprenden del todo las consecuencias de sus actos”, afirma.
Alega que “el enemigo no tiene reparos en utilizar a menores para fabricar explosivos con productos químicos domésticos y colocarlos en diversos lugares, como oficinas de reclutamiento militar o comisarías”.
El SBU afirma que el reclutamiento se realiza principalmente a través de la aplicación Telegram, pero también en TikTok e incluso en plataformas de videojuegos.
Según las autoridades, quienes son reclutados casi siempre están motivados por el dinero, más que por simpatías prorrusas.
Vlad asegura que no apoya a Rusia y que no tenía antecedentes penales.
Se unió a dos canales de Telegram y publicó que buscaba trabajo remoto. Media hora después, un hombre que se hacía llamar Roman le respondió. Cuando hablaron por teléfono más tarde, Vlad cuenta que Roman hablaba ruso con acento callejero.
Vlad relata que al principio se mostró reacio, pero que lo convencieron para realizar una serie de tareas cada vez más peligrosas.
Primero, le ordenaron recoger una granada, pero al llegar al lugar indicado, no estaba. Aun así, le pagaron US$30.
Unos días después, surgió otro encargo: incendiar una furgoneta de un centro de reclutamiento, grabarlo y huir.
Por ese ataque, Vlad asegura haber recibido unos US$100 en criptomonedas, mucho menos de los US$1.500 que le habían prometido. Roman le dijo que recibiría el resto si colocaba la bomba en Rivne.
Dinero por sembrar el caos
Los canales de Telegram que ha visto la BBC donde se lleva a cabo el reclutamiento no son explícitamente prorrusos, pero amplifican la indignación que sienten algunos ucranianos hacia el servicio militar obligatorio, plagado de acusaciones de brutalidad y corrupción.
Usando un teléfono desechable y un alias, nos unimos a varios canales de los que nos habían contado.
Los canales contenían vídeos de incendios y explosiones que, según afirmaban los administradores, se habían llevado a cabo bajo sus órdenes. La BBC no ha podido verificar las circunstancias que muestran esos vídeos.
Una cuenta con la que nos pusimos en contacto ofreció de inmediato un pago, en criptomonedas o mediante transferencia bancaria, por provocar incendios. Nos indicaron que contactáramos con una segunda cuenta para obtener más detalles y después recibimos un mensaje con una lista de precios que detallaba cuánto ofrecían pagar por diferentes objetivos.
Los pagos oscilaban entre US$1.500 por incendiar una oficina de correos y 3.000 por un banco. Explicaron que los bancos valían más porque el cristal de seguridad dificultaba los ataques.
“Hay que verter gasolina dentro o lanzar varios cócteles molotov adentro”, aconsejaba la cuenta.
Incluso ucranianos comunes que buscan empleo pueden recibir ofertas de dinero para realizar sabotajes.
Encontramos anuncios que ofrecían una alta remuneración por trabajos de medio tiempo no especificados en diversos grupos ucranianos de Telegram no relacionados entre sí, incluidos algunos sobre refugiados o incluso consejos de belleza.
Al contactar con uno de ellos, un reclutador volvió a ofrecer miles de dólares por ataques incendiarios y nos pidió que enviáramos vídeos como prueba.
“Necesito todos los incendios que pueda conseguir”, escribió. “Encontrar a alguien de confianza es mucho más difícil que pagar. Por eso pago exactamente lo que digo y lo hago muy rápido, normalmente un par de horas después de recibir el vídeo”.
La BBC denunció varios de estos canales, cuentas, chats y bots a Telegram, que eliminó algunos, pero no la mayoría.
Uno de los canales que sigue activo ha crecido en más de 750 suscriptores desde que empezamos a monitorizarlo; también permanece abierta una cuenta que, como informamos a Telegram, nos ofreció directamente un pago por un ataque incendiario.
En un comunicado, Telegram afirmó: “Las incitaciones a la violencia o a la destrucción de la propiedad están explícitamente prohibidas en Telegram y se eliminan inmediatamente al detectarlas”.
Funcionarios ucranianos han nombrado públicamente a miembros de los servicios de inteligencia rusos sospechosos de ser responsables de este tipo de sabotajes.
La BBC no ha podido verificar de forma independiente que el propio Estado ruso sea responsable.
Sin embargo, varios gobiernos europeos han afirmado tener pruebas de que agentes rusos reclutan a jóvenes para llevar a cabo actos de vandalismo, incendios o inclusive vigilancia en sus países.
En Reino Unido, seis hombres fueron encarcelados por su participación en un ataque incendiario, ordenado por Rusia, contra un almacén de Londres que suministraba ayuda a Ucrania.
En Ucrania cientos de presuntos saboteadores esperan juicio, pero para otros las consecuencias pueden ser mortales: varios sospechosos murieron por cuenta de los explosivos que llevaban consigo.
El SBU afirma que agentes rusos han detonado deliberadamente dispositivos a distancia, a sabiendas de que sus agentes morirían.
En marzo, un joven de 17 años murió y otro de 15 resultó gravemente herido cuando explotó una bomba que, según se cree, llevaban a una estación de tren en Ivano-Frankivsk.
La BBC remitió las acusaciones del SBU a la Embajada rusa en Londres, que en un comunicado acusó a Ucrania de una campaña de sabotaje similar utilizando a ciudadanos rusos.
“Las prácticas que ustedes mencionan se han convertido en una marca registrada de los servicios especiales ucranianos. En particular, el reclutamiento de civiles, incluidos niños, para llevar a cabo incendios, sabotajes o atentados con bombas contra personas, edificios o vehículos”, señala el comunicado.
Aunque se han publicado informes que atribuyen actos de sabotaje dentro de Rusia al reclutamiento ucraniano a través de Telegram, es muy difícil verificar exactamente quién está detrás de estos ataques.
Mientras tanto, Vlad tiene un mensaje para quienes se sientan tentados por los reclutadores.
“No vale la pena. O te engañan y vas a la cárcel como yo, o acabas con una bomba en las manos que te volará por los aires”, afirma.
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