Inmersos en los bosques más remotos del mundo, existen pueblos indígenas que viven separados del resto de la sociedad. Son al menos 200 grupos —conocidos como Pueblos Indígenas en Aislamiento Voluntario y Contacto Inicial (PIACI)— que desde hace siglos conservan sus culturas, lenguas y modos de vida en lo más profundo de la naturaleza. Allí resisten a los impactos de la minería, incendios forestales, industrias petroleras y madereras, así como el narcotráfico, carreteras y pistas de aterrizaje ilícitas que destruyen los territorios que habitan, mismos que han protegido por generaciones y que ahora están en grave peligro.

La Organización de las Naciones Unidas (ONU) señala que estos pueblos residen en países como Bolivia, Brasil, Colombia, Ecuador, India, Indonesia, Papúa Nueva Guinea, Perú y Venezuela. En sitios ricos en recursos naturales —y de los que dependen estrictamente— los pueblos aislados se dedican a la caza y la recolección como medios de subsistencia, por lo que cualquier cambio en la naturaleza alteraría su supervivencia.

“Los pueblos indígenas en aislamiento voluntario y contacto inicial son los mejores protectores del bosque. Donde se protegen sus derechos colectivos a las tierras y territorios, los bosques prosperan, junto con sus sociedades. Y su supervivencia no sólo es crucial para la protección de nuestro planeta, sino que también es crucial para la protección de la diversidad cultural y lingüística”, afirma la ONU.

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“El gran reto que tienen los gobiernos de todos estos países es trabajar con las organizaciones y representantes indígenas en territorio. De esta manera se puede armar una ruta, porque los pueblos indígenas entendemos cómo es la convivencia permanente con los PIACI, y cómo poder proteger y garantizar sus derechos. Hemos dicho a cada Estado que es importante encontrarnos para poder trabajar en conjunto, es la única manera”, afirma Juan Bay, presidente de la Nacionalidad Waorani del Ecuador (NAWE).

Perú y los defensores de la Amazonía

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Perú cuenta con registros de la existencia de, al menos, 14 pueblos indígenas en aislamiento y contacto inicial. En la zona fronteriza de este país con Ecuador, se encuentran los bosques con mejor estado de conservación de toda la Amazonía —recuerda Pichilingue— y eso ha permitido que una fracción de estos pueblos encuentren posibilidades de seguir subsistiendo.

“Muchos de ellos seguramente han tenido que huir de otras partes de la Amazonía y se han refugiado en estos bosques, no en los últimos años, sino a lo largo de varias décadas, incluso siglos de presión”, agrega el especialista.

En el país las amenazas tanto a los pueblos aislados, como a los bosques, son significativas. Van desde la invasión al territorio por la agricultura y actividades ilegales como el narcotráfico, la presencia de carreteras y pistas de aterrizaje clandestinas, así como los otorgamientos del Estado de bloques petroleros, minería o concesiones forestales, y la falta de titulación de territorios indígenas para su protección.

Además, los madereros ilegales han dado de qué hablar en julio del 2024, debido a una serie de enfrentamientos violentos con un grupo de indígenas aislados Mashco Piro, en el río Pariamanu, quienes son sobrevivientes de contactos forzados y abusos durante el auge del caucho en Perú en el siglo XIX.

“Con la madera ilegal, lo que se hace es generar una serie de caminos que atraviesan el territorio amazónico para poder transportar los productos —eso pasa también en el caso de la coca— lo que los lleva a atravesar espacios donde pueden estar estos pueblos, y generar contactos y enfrentamientos directos”, describe Miguel Macedo, antropólogo y coordinador de Política públicas y gestión de los bienes comunes, que incluye el tema PIACI, en el Instituto del Bien Común (IBC).

“Los territorios indígenas que tienen mayor deforestación son aquellos que tienen algún tipo de reconocimiento, pero no son titulados. Cuando existe la opción de que un territorio se cree en favor de los pueblos indígenas y este todavía no es declarado formalmente, se crea una mayor presión de recursos pensando en aprovechar todo antes de que se dé la titularidad”, agrega el experto.

Macedo recuerda que, según los estudios colaborativos entre el IBC y la Red Amazónica de Información Socioambiental Georreferenciada (RAISG), está demostrado que en un 47 % de territorios indígenas, comunidades y reservas indígenas reconocidas en Perú, el nivel de conservación de bosques es más alto, sitios en donde también existe una mayor conservación de carbono, con reservas de hasta un 80 %.

“Eso da cuenta de la importancia de estas áreas, no sólo para estos pueblos, sino para la humanidad. Es fundamental darles el espacio y la titularidad de las tierras para que puedan hacer respetar sus derechos y, a su vez, puedan apoyar en la conservación y la protección tanto de la cobertura boscosa, como de los stocks de carbono que hay en la Amazonía”, dice el especialista.

Sin embargo, los procesos de reconocimiento territorial indígena en Perú han sido tardíos. La Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana (Aidesep) —organización que agrupa a los pueblos indígenas de la Amazonía del Perú— ha trabajado en la gestión de al menos diez reservas indígenas para la protección de los PIACI, pero la mitad se han atrasado por el incumplimiento gubernamental de los plazos, motivo por el que, incluso, han interpuesto demandas por inacción del Estado.

“Las reservas no deben ser entendidas o protegidas como entidades individuales, como si fueran islas. En Aidesep hablan de corredores territoriales, en IBC tenemos la idea de trabajar a nivel de paisaje, pero se trata de integrar estas reservas con las áreas protegidas y comunidades, para que se haga un manejo territorial en el cual haya aprovechamiento de recursos de manera sostenible y que, con las zonas de protección, se pueda alcanzar un equilibrio entre la mejora de la calidad de vida de la población y la conservación de recursos a largo plazo”, concluye Macedo.

Colombia y las grandes deudas del Estado

Es claro que tanto los PIACI, como sus bosques, corren serio peligro. Esta situación no es muy disímil entre los países latinoamericanos en los que habitan estos indígenas, coinciden los expertos consultados por Mongabay Latam. Las presiones de la llamada “sociedad occidental” se acercan cada vez más a sus territorios, sin importar si se encuentran en la Amazonía o en el Gran Chaco, sitios que representan algunos de los últimos reductos de agua, aire y biodiversidad del mundo, por lo que su destrucción implica un riesgo para toda la humanidad.

El poco interés de los Estados por protegerlos, el narcotráfico, la minería con uso de mercurio, incendios forestales, extracción de hidrocarburos, obras de infraestructura y la presencia de madereras ilegales y legales, entre otras actividades lícitas e ilícitas, amenazan la intangibilidad e integridad de los territorios ocupados por los PIACI, afirma el Grupo de Trabajo Internacional para la Protección de los Pueblos Indígenas en Aislamiento y Contacto Inicial (GTI-PIACI), alianza integrada por 21 organizaciones indígenas y de la sociedad civil de Brasil, Bolivia, Colombia, Ecuador, Paraguay, Perú, Suriname y Venezuela.

En Colombia, se tiene confirmada la existencia de dos pueblos indígenas aislados, pero se cree que puede haber entre 12 y 15 pueblos más por comprobar. Los mayores riesgos que enfrentan están relacionados con la nueva relación que existe entre narcotráfico y minería en los ríos amazónicos —con su consecuente presencia de grupos armados—, y a los que se suma a la ausencia de entidades gubernamentales que son las responsables de la protección, describe Daniel Aristizabal, secretario general del GTI-PIACI.

“Tenemos una deuda con ellos, de garantizar que sus bosques existan y de respetar su condición intrínseca. Es decir, respetarlos simplemente porque existen. Es cierto que sus bosques son reservorios de carbono, que hay acervos genéticos, que son zonas de alta biodiversidad y que regulan el clima, pero el simple hecho de que hay otras personas que no han decidido participar de este proyecto colonizador y globalizador, es argumento suficiente para protegerlos. Esperamos que en el futuro, a pesar de lo incierto, ellos sigan ejerciendo esta decisión (de estar aislados) hasta cuando consideren que es pertinente”, explica Aristizabal.

Aunque estos pueblos realizan un buen manejo y conservación del bosque, no hay que olvidar que “no se debe asignar a ellos la responsabilidad que le compete al Estado y sus entidades”, asevera el experto.

En Colombia se dio un proceso interesante del 2013 al 2018 para la formulación de una política pública —el Decreto 1232, que regula la materia y crea un sistema de protección para pueblos en aislamiento en el país—, en colaboración con las comunidades indígenas, sobre todo, aquellas vecinas de los pueblos aislados. Sin embargo, su implementación, que busca una articulación entre entidades del gobierno y autoridades indígenas, ha resultado muy precaria, sostiene Aristizabal.

“La deuda histórica que tiene el país es la implementación de este decreto, con todo su rigor. En muchas instancias, las estrategias de protección que están vigentes son aquellas que son lideradas por las organizaciones indígenas”, describe el experto.

Ecuador y el extractivismo

En Ecuador, de manera oficial, se tiene identificados a tres pueblos en aislamiento voluntario: tagaeri, taromenane y dugakaeri, cuyas tierras han sido históricamente invadidas por misioneros evangélicos y, posteriormente, por la industria petrolera al interior del Parque Nacional Yasuní.

Aunque en agosto del 2023, la ciudadanía ecuatoriana decidió en una consulta popular —con el 58.95 % de los votos— dejar bajo tierra el petróleo del Yasuní y la expulsión de las empresas dentro del parque, el cumplimiento no se ha hecho efectivo.

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“En la cosmovisión y la vivencia de los pueblos en aislamiento voluntario, ellos recorren, protegen y monitorean su territorio por la presencia de las petroleras”, explica Juan Bay, presidente de la Nacionalidad Waorani del Ecuador (NAWE). “Ha habido choques y los pueblos se han asomado a algunos puntos críticos en donde ellos se sienten amenazados y han buscado la manera de hacer presencia, para que los pueblos Waorani también podamos generar una alerta. Los pueblos necesitan su libertad y garantizar sus derechos, por eso el Estado ecuatoriano tiene que escuchar y articular, para en conjunto poder protegerlos”, dice el líder indígena.

El pueblo Waorani fue obligado al contacto hace seis décadas debido al ingreso de las empresas petroleras en sus territorios, lo que provocó graves afectaciones ambientales al contaminar los ríos, la selva y el aire que respiran, dice la NAWE a través de un comunicado con motivo de la próxima celebración de la Cumbre Internacional por el Yasuní, a finales de agosto del 2024. Estas amenazas han puesto en riesgo sus medios de vida, sus derechos y están llevando a la región amazónica a un peligroso punto de no retorno, aseveran.

La industria petrolera ha dejado impactos que los pueblos aislados siguen pagando: los “pasivos ambientales antiguos y actuales que no se han limpiado”, sostiene Enrique Vela, antropólogo especialista en Derechos Humanos y grupos vulnerables, consultor sobre pueblos en aislamiento del Fondo Ecuatoriano Populorum Progressio (FEPP). “Puede ser que los aislados no consuman el agua contaminada y con metales pesados, pero el animal que cazan sí. Eso les afectará indirectamente”, dice el experto.

A pesar que desde el año 1999 se creó la Zona Intangible Tagaeri–Taromenane para proteger a los pueblos en aislamiento y a la biodiversidad del Yasuní, en el Ecuador falta una verdadera política de protección, ya que “tenemos una política que ha sido revisada, presentada y actualizada, pero nunca ha sido formalizada”, agrega Vela.

“Eso realmente es un problema, porque no se tiene una guía que diga por dónde ir. También existe una falta de recursos humanos y económicos para la protección del territorio y no sólo para una de las instituciones, porque el trabajo de protección tiene que ser integral”, sostiene el especialista.

De continuar con esta situación “no hay futuro para los pueblos aislados”, asevera Vela. En su perspectiva, habría que continuar desarrollando la política pública, la ley de protección de los pueblos aislados, el fortalecimiento institucional, el mejoramiento de calidad vida de personas que viven en la Zona Intangible y la coordinación de las instituciones y organizaciones de la sociedad civil, bajo el eje transversal de la protección de los pueblos aislados.

“Un solo enfoque, que no priorice lo ambiental sobre lo humano y viceversa, sino que veamos con los mismos ojos que los pueblos aislados ven al territorio: somos parte de un ecosistema y no estamos por encima”, dice el especialista.

En ello coincide Eduardo Pichilingue Ramos, quien también ha dirigido investigaciones y procesos de acompañamiento a los PIACI en el Ecuador. “Creo que hay que dar un salto grande en la comprensión de lo que son los pueblos aislados. Para muchos gobiernos y para mucha gente que ocupa cargos de decisión, son pequeños grupos de indígenas que representan un estorbo para el desarrollo de proyectos de inversión, de infraestructura y de explotación de recursos”, dice Pichilingue.

Sin embargo, no son vistos como legítimos dueños de esos bosques que, al final, “ni siquiera están enterados de que nuestros países existen sobre sus territorios. Creo que ahí está el mayor reto: que se comience a comprender la real naturaleza de la existencia de los pueblos indígenas aislados y se dé ese salto para respetarlos”, concluye.

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