Sistema Nacional de Búsqueda avala protocolo homologado para localizar a personas desparecidas
Para entender mejor
Las personas integrantes del Sistema Nacional de Búsqueda aprobaron por unanimidad un nuevo Protocolo Homologado para la Búsqueda de Personas Desaparecidas.
De acuerdo con el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), el nuevo protocolo homologado fue elaborado junto con familias, personas expertas y el Consejo Nacional Ciudadano y tiene como objetivo fortalecer la actuacion inmediata, mejorar la coordinación institucional y asegurar el rigor técnico del Estado en los procesos de búsqueda.
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“Tras recibir el voto unánime, las instituciones disponen ahora de herramientas técnicas renovadas para operar con mayor eficacia”, publicó la Comisión Nacional de Búsqueda en sus redes sociales.
Ante el Sistema Nacional de Búsqueda, la Comisionada Martha Lidia Pérez presentó el Protocolo Homologado actualizado con familias.
Tras recibir el voto unánime, las instituciones disponen ahora de herramientas técnicas renovadas para operar con mayor eficacia. pic.twitter.com/bVwQLwx5yw
— Comisión Nal. de Búsqueda Mx (@Busqueda_MX) December 16, 2025
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Tras participar en la 2ª Sesión Ordinaria del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas, la ONU México reconoció los avances normativos e hicieron un llamado a la “pronta implementación de los avances registrados, a través de la coordinación interinstitucional y la participación conjunta con las familias”.
Con el nuevo protocolo se hará uso de la Plataforma Única de Identidad que empezó a funcionar el pasado 28 de noviembre, la cual permitirá el cruce de información continua de datos biométricos e identidad. Además de la activación de una alerta nacional y la implementación de la base nacional de carpetas de investigación.
De acuerdo con información de Presidencia, la Plataforma Única de Identidad funciona a partir de la CURP de mexicanos, y personas extranjeras que estén domiciliadas. Dicho mecanismo será últil para la generación de alertas, búsquedas y localización, y complementará con la incorporación de la CURP como mecanismo de identidad oficial con fotografía y huellas dactilares.
Respecto de la Base Nacional de Carpetas de Investigación de personas desaparecidas y no localizadas, se deberá abrir una carpeta de manera inmediata ante cualquier denuncia de desaparición y no esperar a las 72 horas.
Otros de los elementos incorporados es la alerta nacional de búsqueda, localización e identificación, la cual deberá activarse en todo el país hasta que la persona sea encontrada.
En la reunión estuvieron presentes el fiscal especializado en materia de Derechos Humanos, Ricardo Sánchez Pérez del Pozo de la FGR y las 32 fiscalías locales. Además de Marcela Figueroa, titular del SESNP, el titular de la Unidad para la Defensa de los Derechos Humanos, Froylán Enciso, la titular de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV), Yuriria Rodríguez.
Y representantes de la Secretaría de Relaciones Exteriores, de ONU México, del Comité Internacional de la Cruz Roja y de todas las Comisiones Locales de Búsqueda en el país.
En México hay alrededor de 127 mil personas desaparecidas. Por otro lado, el país también enfrenta una grave crisis forense con más de 72 mil personas fallecidas sin identificar en servicios forenses del país, contabilizadas entre 2006 y 2023. Además, de enero de 2006 al 30 de septiembre de 2024 se han registrado 3 mil 516 fosas clandestinas, de las que se han exhumado 8 mil 341 cuerpos y 52 mil 305 restos humanos.
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El acuerdo regula cómo ambas naciones deben repartirse el agua de los ríos Bravo y Colorado, que forman parte del límite territorial entre ambas.
La disputa sobre la implementación de un tratado firmado en 1944 que regula cómo Estados Unidos y México deben repartirse el agua de los ríos Bravo y Colorado, vuelve a intensificarse.
El presidente Donald Trump anunció este lunes que dio luz verde a la documentación para imponer un arancel del 5% a los productos procedentes de México si el país vecino “continúa incumpliendo” el tratado.
En un mensaje publicado en su red Truth Social, el mandatario subrayó que México debe más de 986 millones de metros cúbicos de agua a EE.UU. y estableció el 31 de diciembre como el plazo para que México entregue más de 246 millones de metros cúbicos de agua.
“Cuanto más tarde México en liberar el agua, más perjudicados resultarán nuestros agricultores”, advirtió Trump, instando al gobierno de Claudia Sheinbaum a “solucionar ya” la cuestión.
La implementación del tratado ha generado en el pasado fuertes protestas de agricultores mexicanos, según los cuales la extracción de agua para EE.U. en tiempos de sequía amenaza seriamente su medio de vida.
En abril, Trump ya había amenazado a México con aranceles e incluso sanciones por el tema del agua.
“México está incumpliendo su obligación. Esto …perjudica gravemente a los agricultores del sur de Texas”, escribió entonces Trump en su plataforma Truth Social.
“El mes pasado detuve los envíos de agua a Tijuana hasta que México cumpla con el Tratado de Aguas de 1944… y seguiremos intensificando las consecuencias, incluyendo aranceles y, quizás, incluso sanciones, hasta que México cumpla con el tratado y le dé a Texas el agua que le corresponde”, agregó.
La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, respondió en ese momento a Trump con un mensaje en su cuenta oficial de X.
“El día de ayer fue enviada al subsecretario del Departamento de Estado de Estados Unidos una propuesta integral para atender el envío de agua a Texas dentro del tratado de 1944, que incluye acciones de muy corto plazo. Han sido tres años de sequía y, en la medida de la disponibilidad de agua, México ha estado cumpliendo”.
“He instruido a los secretarios de Agricultura y Desarrollo Rural y Relaciones Exteriores, así como a la secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales que de inmediato hagan contacto con la Secretaría de Agricultura y el Departamento de Estado del gobierno de Estados Unidos. Estoy segura que, como en otros temas, se llegará a un acuerdo”, dijo la mandataria en abril.
¿Qué dice el tratado?
De alguna manera, se podría decir que el llamado Tratado de la Distribución de las Aguas Internacionales firmado por México y EE.UU. en 1944 tiene su origen en otro acuerdo alcanzado casi un siglo antes de esa fecha.
El Tratado de Paz, Amistad, Límites y Arreglo Definitivo (más conocido como Tratado de Guadalupe Hidalgo), firmado en 1848 al final de la guerra entre ambos países iniciada por la disputa de Texas, fue el que estableció que México cedería a EE.UU. más de la mitad de su territorio en aquel entonces.
Pero además, también fijó la frontera entre ambos países en el río Bravo -conocido como río Grande por los estadounidenses- y cuyas aguas han sido centro de conflicto en Chihuahua.
La ubicación estratégica del río hacía necesario un plan de distribución entre ambos actores. Tras años de negociación y varias propuestas fallidas, México y EE.UU. firmaron en Washington el tratado vigente en la actualidad.
Según el acuerdo, México se queda con dos tercios de la corriente principal del Bravo y cede a su vecino el resto, que no podrá ser menor de unos 432 millones de metros cúbicos (Mm3) anuales.
Como contraparte, EE.UU. cede a México cada año 1.850 Mm3 del río Colorado, que en su mayoría se encuentra en suelo estadounidense pero que también pasa por la frontera entre ambos países hasta desembocar en el golfo de California, entre los estados mexicanos de Baja California y Sonora.
El acuerdo también establece que la Comisión Internacional de Límites y Aguas (CILA), un organismo binacional, es el encargado de resolver las posibles diferencias en materia de límites.
El pacto estipula que EE.UU. cumplirá con su entrega de agua cada año, mientras que México podrá hacerlo en períodos de cinco años.
“Es de los mejores acuerdos que se han logrado en la historia con relación a EE.UU.”, afirmó en 2020 el expresidente Andrés Manuel López Obrador.
¿Debería reformarse el tratado?
Reformar o actualizar las condiciones de un tratado que fue firmado hace 76 años podría ser una de las opciones para tratar de solucionar conflictos.
Pero algunos analistas consideran que tanto los litros de agua acordados como la posibilidad de entregar su parte cada cinco años en lugar de anualmente son ventajas que México no debería perder.
Para los agricultores del lado mexicano de la frontera, lo que está en juego en tiempos de sequía agravada por el cambio climático, es algo mucho más inmediato que los vaivenes diplomáticos entre ambos países.
Los enfrentamientos de 2020 entre agricultores y la Guardia Nacional en Chihuahua tuvieron lugar tras la decisión del gobierno de extraer agua de la presa de la Boquilla para cumplir el tratado con EE.UU.
En ese entonces, el vocero de los agricultores, Salvador Alcantar, presidente de la Asociación de Usuarios de Riego de Chihuahua (Aurech), señaló que estaba en riesgo el futuro de unas 20.000 familias que viven del campo en la región.
Alcantar compartió con BBC Mundo uno de sus mayores temores:
“En 1995 no se abrieron las presas para sembrar y hubo una migración masiva desde nuestros municipios. Los hombres en edad productiva se marcharon para dar sustento a la familia, fue una desintegración familiar fuerte que aún estamos sufriendo”, recuerda.
“Y ese es el problema social que podemos volver a ver si no sembramos el año próximo”.
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