Estados destinan 5 mil 925 pesos anuales en promedio por la búsqueda de cada persona desaparecida
En promedio, los estados de la República invierten solo 5 mil 925 pesos al año en la búsqueda de cada víctima de desaparición, es decir, menos de un salario mínimo. Al mismo tiempo, eso quiere decir que solo el 0.02% de sus presupuestos se destina a las comisiones estatales de búsqueda.
Además de que existe una muy baja inversión de recursos destinados a la búsqueda de personas, no hay garantía en las leyes y normas vigentes para dotar de presupuestos fijos a las comisiones de búsqueda, señalan las organizaciones Elementa DDHH y Política Colectiva en el informe “En búsqueda de presupuesto: la inversión de las Comisiones Locales de Búsqueda en 2022”, que se da a conocer este lunes.
El documento también recuerda que en la mayoría de los casos, estos organismos operan sin los recursos y personal suficiente, como publicó Animal Político en noviembre de 2022. A esto se suma que existen amplias diferencias sobre los recursos ejercidos por cada comisión, pues no hay ninguna relación entre el número de personas desaparecidas en un estado y su presupuesto asignado.
Las comisiones de búsqueda estatales surgieron a partir de la publicación, en 2017, de la Ley General en materia de desaparición de personas, desaparición cometida por particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas. Esto tras la insistencia de familias, organizaciones y organismos internacionales en torno a la necesidad de mecanismos de búsqueda extrajudiciales, frente a la falta de resultados de las fiscalías.
En los últimos 5 años se han conformado las comisiones de todos los estados; sin embargo, operan con limitaciones. 31 son órganos desconcentrados y una –en Oaxaca– es descentralizada, mientras que 28 están adscritas a las secretarías de gobierno, la de Coahuila depende del Poder Ejecutivo, la del Estado de México de la Secretaría de Justicia y Derechos Humanos, y la de Chihuahua de la fiscalía.
De acuerdo con el análisis elaborado por Elementa DDHH y Política Colectiva, que contempla los recursos estatales ejercidos durante todo el 2022 en comisiones de búsqueda –612.9 millones en total–, el estado que más invirtió fue Jalisco –111 millones de pesos–, entidad que ocupa el primer lugar en el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas (RNPDNO), con 14 mil 915 al 12 de noviembre.
Sin embargo, el segundo estado que más dinero otorgó a su comisión estatal destinó un 66% menos de recursos. “Sinaloa, que tenía para el cierre de 2022 un total de 5,263 personas desaparecidas, fue el segundo estado que más presupuesto invirtió pero fue casi tres veces menor al de Jalisco, con menos de 37 millones de pesos”, se lee en el documento.
A las dos entidades que encabezan la lista, les siguen Colima, con 33 millones de pesos; Zacatecas, con 29 y Nuevo León con 28. En tanto, entre las que menos destinaron están Querétaro y Yucatán con 3 millones de pesos; Tamaulipas, con poco más de un millón y el Estado de México con 366 mil 288 pesos. Adicional a esto, las comisiones estatales reciben un subsidio federal.
Inversión por persona desaparecida
Cuando se toma en cuenta la cifra total de personas desaparecidas que hay en cada entidad –de acuerdo con el RNPDNO que, aclaran las organizaciones, tiene sus debilidades–, Campeche, Oaxaca, Colima, Quintana Roo, San Luis Potosí y Tabasco están entre las que más recursos anuales destinan por víctima. Desde esa perspectiva, Jalisco solo invierte 7 mil 500 pesos por persona al año.
En tanto, el Estado de México, la tercera entidad con más personas desaparecidas, destinó solo 35 pesos por víctima, mientras que Tamaulipas, el segundo lugar según el RNPDNO, invirtió un equivalente a 108 pesos por persona.
Sin embargo, recuerdan las organizaciones, existe una dificultad a la hora de contrastar las cifras con otros datos. Por ejemplo, en Baja California, según su propia fiscalía, hay 17 mil 306 carpetas de investigación que no han sido reportadas al RNPDNO, que solo consigna 2 mil 403. Si se toman los datos de la fiscalía, el estado estaría invirtiendo solo mil 441 pesos por persona desaparecida, lo que lo convertiría en el que más víctimas tiene y el tercero que menos recursos destina.
De esta manera, mientras que el promedio nacional de inversión en comisiones locales de búsqueda en relación con el presupuesto total de las entidades es del 0.02%, ninguna superó el 0.17%. Las que más destinaron fueron Colima (0.17%) y Baja California Sur (0.12%), seguidas de Campeche, Jalisco y Zacatecas (0.08%). La Ciudad de México no llegó ni al promedio nacional.
Aunado a ello, el documento pone en perspectiva el tamaño de la inversión en búsqueda por parte de los estados frente a otros rubros: en promedio, las 32 entidades gastan 0.3% del total de sus presupuestos en comunicación social, es decir, 15 veces más; en viáticos 0.1%, que es cinco veces más, mientras que el pago de estímulos a servidores públicos alcanza el 1%, lo que significa 50 veces más.
Recursos, acciones y resultados
Un 0.02% de los presupuestos estatales invertido en las comisiones locales de búsqueda resulta muy poco ante una de las principales crisis nacionales, que hasta el cierre de esta publicación abarca 113 mil 137 personas desaparecidas y no localizadas, según el RNPDNO.
“Las prioridades de los gobiernos siempre se ven reflejadas en los presupuestos, entonces parece que este, que es uno de los problemas más importantes, no está siendo prioridad”, subraya en entrevista Luis Javier Moreno, colaborador de Política Colectiva.
El porcentaje respecto al total del presupuesto estatal es el indicador más importante para determinar qué tanta relevancia se le da al tema, sin embargo, los comparativos con otros rubros del gasto así como el monto que los recursos representan por persona desaparecida son una referencia para ponderar.
“La idea de sacar la inversión por persona viene a complementar no porque estrictamente así funcionen las comisiones, no es ‘tenemos tanto presupuesto para buscar a cada persona’, pero también nos ayuda a dimensionar la cantidad de dinero que se destina frente al tamaño del problema en cada uno de los estados”, agrega Renata Demichelis, de Elementa DDHH.
Además del presupuesto que cada entidad decide dar a su comisión local de búsqueda, reciben un subsidio por parte de la federación a través de la Comisión Nacional de Búsqueda. Sin embargo, ninguna de las dos fuentes de recurso garantiza un nivel de ingreso fijo y seguro, pues el subsidio, por ejemplo, tampoco está sujeto a diagnósticos, necesidades, requisitos y seguimiento precisos.
Sumado a esto, Moreno observa una falta de profesionalización a nivel nacional y local, lo que hace que haya muy poca rigurosidad al momento de desarrollar los formatos que son la base para el presupuesto. Esto crea un círculo vicioso en el que no se están desarrollando políticas concretas, específicas y de gran alcance para buscar a las personas.
“Hemos visto un grave problema en el financiamiento propio que le invierten los estados hacia las comisiones locales de búsqueda; incluso una buena práctica que identificamos es la de Veracruz, que es el único estado que en su ley etiqueta un porcentaje específico del presupuesto, que es el 0.025, pero ni siquiera lo cumplió”, explica Moreno.
Además, en ese estado hace unos días 32 colectivas decidieron instalar un plantón frente al Palacio de Gobierno en Xalapa para mostrar su malestar por la lentitud y falta de resultados en la búsqueda e identificación de personas desaparecidas. Entre sus demandas, exigen que la fiscalía estatal informe avances y estrategias, así como la manera en que se coordina y comunica con la comisión estatal de búsqueda.
Otra práctica destacable que documenta “En búsqueda de presupuesto: la inversión de las Comisiones Locales de Búsqueda en 2022” es la asignación, en el Estado de México, de 327 millones de pesos relacionados con ayudas económicas a familiares víctimas de desaparición.
“Definir cuánto recurso se otorgará desde el presupuesto es una buena práctica. Sin embargo, estos fondos deben tener mecanismos de transparencia en las Cuentas Públicas, situación que no se hizo constar por parte del gobierno estatal, pues no obtuvimos la información requerida para esta investigación sobre el año 2022”, apunta el informe.
Falta de voluntad y de montos fijos
Moreno destaca que el presupuesto que los estados reciben a nivel federal, comparado con el que invierten a nivel local, es considerablemente mayor. Eso se deriva de la grave crisis de recaudación que hay en los estados, donde la mayor parte del presupuesto viene de transferencias federales, pero también de la falta de voluntad para invertir y acercarse al tema de desaparición con mayores recursos.
Para Elementa DDHH y Política Colectiva, persiste la necesidad de que los gobiernos estatales adquieran obligaciones y responsabilidades de invertir un monto específico de recursos propios en el tema de búsqueda. Tener una herramienta como la que plantea la ley de Veracruz, siempre y cuando se cumpla, ayuda a que tanto ingresos propios como federales se destinen a atender la problemática.
Además de recursos fijos, las organizaciones consignan en el documento cuatro propuestas específicas más para mejorar la recaudación destinada al presupuesto de las comisiones locales de búsqueda: establecer una sobretasa mínima (0.05%) al impuesto sobre la nómina para destinarla a un fondo estatal de búsqueda o víctimas, y proponer al Congreso del Estado una contribución sobre derechos o trámites para destinarla a las comisiones.
También exhortar al Poder Ejecutivo de las entidades a revisar la compatibilidad de sus programas de ayuda con el apoyo a familiares víctimas de desaparición o a colectivos de búsqueda para aprovechar subejercicios en materia de ayudas sociales, subsidios y subvenciones –más de 5 mil 574 millones de pesos en 2022–, así como establecer en las legislaciones locales que un porcentaje específico del gasto en comunicación social y publicidad oficial se destine a la divulgación de fichas y canales de búsqueda.
Sin embargo, saber si los recursos están bien invertidos o realmente están ayudando a solucionar la crisis de desaparición en los estados es una tarea mucho más compleja que implicaría tener más información por parte de los estados. Por ejemplo, especifica Moreno, conocer con detalle los programas operativos anuales de las comisiones locales de búsqueda.
“¿Qué acciones están desarrollando y cuánto les están costando? Poder tener un seguimiento específico sobre esto es fundamental, y en materia presupuestaria mayores claridades… Si hay estados que no tienen ni siquiera los clasificadores presupuestarios más básicos, entonces no podemos esperar que tengan programas operativos anuales bien desarrollados”, señala.
De manera complementaria a eso, agrega Demichelis, está pendiente una mejora en el tema de rendición de cuentas. “Podemos tener el programa, el contrato, el presupuesto… Pero saber si eso efectivamente se está traduciendo en encontrar, identificar y prevenir la desaparición es imposible. No hay mecanismos activos de rendición de cuentas, por ejemplo que los congresos locales soliciten la comparecencia de los comisionados”, reclama.
Tampoco hay mecanismos activos que ayuden a evaluar cómo están funcionando los sistemas de búsqueda estatales, que contemplan la participación de todos los actores, ni cómo están logrando los consejos ciudadanos vincularse con las comisiones. Los procesos y la efectividad de las acciones siguen sin poder ser evaluadas por la carencia de estos mecanismos.
En este contexto, para 2024 el presupuesto total de la Comisión Nacional de Búsqueda no tendrá incrementos. En tanto, para las partidas U008, subsidios para las acciones de búsqueda de personas desaparecidas y no localizadas, y P026, determinación, ejecución y seguimiento a las acciones de búsqueda de personas desaparecidas y no localizadas –de donde provienen los recursos destinados a las comisiones de búsqueda estatales– se propone un incremento de 0.5% y un decremento de 1.4%, respectivamente, en términos reales.
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Aunque no se han revelado muchos detalles sobre la nueva agencia, un repaso a la trayectoria del fundador de Tesla puede dar algunas pistas.
Donald Trump le ha encargado a Elon Musk, el hombre más rico del mundo, la dirección del nuevo Departamento de Eficiencia Gubernamental (DOGE, por sus siglas en inglés).
Trump afirmó en redes sociales que Musk y Vivek Ramaswamy, excandidato en las primarias del Partido Republicano, “desmantelarán la burocracia gubernamental, reducirán las regulaciones excesivas, recortarán los gastos innecesarios y reestructurarán las agencias federales”.
El empresario tecnológico cuenta con una larga experiencia de liderazgo corporativo para cumplir ese objetivo que lleva meses defendiendo.
Pero su rol también le otorgaría una importante influencia sobre la política gubernamental y el entorno regulatorio en el que operan sus compañías, lo que plantea dudas razonables.
Qué se sabe del DOGE
De momento se conocen pocos detalles concretos sobre el próximo Departamento de Eficiencia Gubernamental, al que Trump llamó en un comunicado “el Proyecto Manhattan de nuestro tiempo”.
El presidente electo ha adelantado que el DOGE funcionará como una especie de consejo asesor que operará de forma externa mediante una asociación con la Oficina de Administración y Presupuesto de la Casa Blanca (OMB).
El departamento, anunció Trump, “brindará asesoramiento y orientación desde fuera del gobierno, y se asociará con la Casa Blanca y la Oficina de Administración y Presupuesto para impulsar una reforma estructural a gran escala y crear un enfoque empresarial para el gobierno nunca antes visto”.
“Espero que Elon y Vivek realicen cambios en la burocracia federal con miras a la eficiencia y, al mismo tiempo, para mejorar la vida de todos los estadounidenses. Es importante destacar que eliminaremos el despilfarro y el fraude masivos que existen en nuestro gasto gubernamental anual de US$6,5 billones”, agregó.
Y, en principio, no será permanente: Trump estima que el órgano completará su trabajo en 18 meses, y Musk cree que lo hará “mucho más rápido”.
Por su parte, Musk afirmó en un mitin del entonces candidato republicano en octubre que el presupuesto del gobierno estadounidense podría reducirse en “al menos” US$2 billones de un total de US$6,5 billones.
También ha sugerido con frecuencia que el número de empleados gubernamentales se puede reducir de forma significativa.
Por su parte, Ramaswamy expresó en el pasado su deseo de eliminar una serie de oficinas federales, entre ellas el Departamento de Educación, la Comisión Reguladora Nuclear, el Servicio de Impuestos Internos y el FBI.
El precedente de Twitter/X
En todo caso, la forma en la que Musk ha dirigido sus propias empresas puede dar pistas de lo que los estadounidenses pueden esperar que haga en el DOGE.
En octubre de 2022 se hizo cargo de la plataforma de redes sociales Twitter, a la que rebautizó como X, en un acuerdo de US$44.000 millones.
Musk renunció a las políticas de moderación de contenido y eliminó el veto a los usuarios considerados infractores de las reglas sobre discurso de odio y desinformación.
Uno de los usuarios a los que restituyó fue Trump, cuyo perfil había sido censurado tras el motín del Capitolio en enero de 2021 por seguir afirmando que las elecciones de 2020 habían sido amañadas en su contra.
La adquisición de Musk trajo cambios radicales a X, como la reducción de plantilla de unas 8.000 personas a 1.500.
En abril de 2023 le dijo a la BBC que su razonamiento para tomar esta medida era que “si toda la empresa se hunde, entonces nadie tendrá trabajo”.
“Su idea de eficiencia era despedir a mucha gente”, afirma Alex Waddan, profesor de política estadounidense en la Universidad de Leicester.
Como respuesta al éxodo de anunciantes por relajar las políticas de libertad de expresión de la plataforma, el empresario monetizó algunas funciones para aumentar los ingresos.
Convirtió las marcas azules, que antes indicaban que una cuenta de una figura pública era auténtica, en un modelo de suscripción y vinculó los pagos de publicidad a usuarios “verificados” con la cantidad de interacciones recibidas.
Pero estos cambios tuvieron algunas consecuencias no deseadas.
Tras un aluvión de críticas, X asignó marcas de oro o plata a las cuentas oficiales para evitar que se confundieran con falsas, lo que significa que las marcas azules solo indican que una cuenta es de pago.
Incentivar a los usuarios con una parte de los ingresos publicitarios también aportó una vía para que las llamadas “granjas de bots” ganaran dinero con interacciones a su contenido generado automáticamente. Musk ha dicho que su equipo ha eliminado de forma repetida las cuentas de bots.
Los críticos sostienen que sus cambios han dado prominencia al discurso de odio y la desinformación, aunque él sostiene que la red social es políticamente neutral.
“Como ’empresario en serie’, Musk ha sido implacable en su intento de mejorar la eficiencia institucional en sus propias compañías”, evalúa Thomas Gift, profesor de Ciencias Políticas y director del Centro de Política Estadounidense en el University College de Londres.
Añade que, aunque el papel principal de Musk será “reducir la maraña de burocracia que es el gobierno federal de Estados Unidos”, su puesto también le aportará influencia en la nueva administración.
“Si bien su papel en el Departamento de Eficiencia Gubernamental será más informal, no hay duda de que Trump lo escucha, al menos por el momento”, sentencia.
Musk contra las regulaciones
Elon Musk “es extremadamente antirregulaciones y odia que el gobierno o cualquier otra persona le diga qué hacer“, describió la periodista de investigación Kristen Grind en el podcast The Daily del diario estadounidense The New York Times.
El acrónimo DOGE ideado por Musk hace referencia a un meme de un perro Shiba Inu que luego dio su nombre a la criptomoneda Dogecoin. Él ha mencionado ambos con frecuencia.
Christopher Phelps, profesor de historia política moderna de Estados Unidos, interpreta que el nombre es “un guiño a la desregulación de las criptomonedas como parte de sus planes”.
Los precios de las criptomonedas aumentaron después de la elección de Trump, lo que hace pensar que el presidente entrante creará un entorno regulatorio relajado.
Pero los llamamientos desregulatorios de Musk también pueden atribuirse en parte a las frustraciones que ha padecido con sus otras empresas comerciales: la compañía de vehículos eléctricos Tesla y la firma de cohetes SpaceX.
El gobierno de Estados Unidos ha acusado repetidamente a Tesla de intentar evitar que sus trabajadores se sindicalicen, lo que en algunos casos podría infringir la ley federal.
Musk, cuyo patrimonio neto estimado alcanza los US$290.000 millones, ha afirmado anteriormente que “no está en contra de todos los sindicatos”, pero que el sindicato de trabajadores automotrices “tiene un historial de destrucción de productividad que impide a una empresa competir”.
En septiembre, Musk amenazó con demandar a la Administración Federal de Aviación por sus planes de multar a su compañía SpaceX con US$633.000 por supuestas infracciones de licencias relacionadas con algunos de sus lanzamientos de cohetes desde Cabo Cañaveral, en Florida.
Acusó a la agencia de “extralimitación regulatoria”.
También ha dicho en repetidas ocasiones que quiere colonizar Marte, y el programa Starship de SpaceX es un intento de hacer esto posible.
Pero en septiembre escribió que esto solo era una posibilidad “siempre que no se vea sofocada por la burocracia” y afirmó que la creación del DOGE era “el único camino para extender la vida más allá de la Tierra”.
¿Altruismo o interés?
Entonces, ¿hasta qué punto su motivación para asumir el rol en el gobierno responde a sus intereses comerciales?
Musk “se beneficiará personalmente de gran parte de la desregulación que promociona”, opina el profesor Phelps.
“Creo que poner a alguien que es multimillonario y dirige grandes corporaciones a cargo de un proyecto federal de desregulación es algo, por naturaleza, lleno de conflictos de intereses“.
Por su parte, el profesor Gift apunta que “no hay duda de que Musk tiene importantes intereses creados en el panorama regulatorio de Estados Unidos como resultado de sus muchas empresas comerciales”.
Al mismo tiempo, matiza, “es difícil afirmar que este sea el único motivo que lo impulsa”.
“Musk ha asumido enormes riesgos personales y políticos al salir del armario a favor de Trump, y muchas de sus actividades y retórica parecen mostrar a un individuo ideológicamente comprometido con causas en las que cree”.
El profesor Waddan coincide con este punto de vista: “es evidente que tiene algo en juego y un interés propio, pero igualmente puede creer sinceramente que hay demasiada regulación y demasiada burocracia gubernamental”.
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