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El plan de AMLO contra adicciones: sin presupuesto, infraestructura y con mensajes contradictorios
El plan de AMLO contra adicciones: sin presupuesto, infraestructura y con mensajes contradictorios
Cuartoscuro
8 minutos de lectura
El plan de AMLO contra adicciones: sin presupuesto, infraestructura y con mensajes contradictorios
Aunque el gobierno federal habla de una nueva estrategia para combatir las adicciones, las declaraciones del presidente y la falta de recursos lo contradicen.
08 de noviembre, 2019
Por: Gonzalo Ortuño
@periodistagonzo 
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El gobierno federal relanzó su estrategia contra las adicciones anunciando un cambio en la manera de atender a la población y abordando la salud mental.

Por un lado, la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador busca la legalización de la mariguana y la no criminalización de los consumidores, pero por otro, en los spots de campaña y en sus discursos relaciona los problemas de adicciones con “la desatención a los jóvenes, la desintegración de las familias”, y “la pérdida de valores culturales, morales, espirituales”.

Ahí entra una gran contradicción, de acuerdo con Catalina Pérez Correa, especialista en política de drogas de América Latina y profesora de la División de Estudios Jurídicos del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE). 

Leer más: Expresidentes denuncian que prohibición de drogas no tiene bases científicas

La investigadora explica que la política de drogas no parece ser diferente a la de administraciones pasadas, porque no contempla la posibilidad de que haya un consumo adulto y responsable, pues se manda un mensaje de que el único consumo sano es el que no se hace. 

Además, la estrategia anunciada por el presidente aún no tiene recursos presupuestado para 2020, mientras que las partidas asignadas en el pasado al tema de adicciones tendrán un recorte. 

No solo eso, la estructura con la que cuenta el gobierno federal para tratar el tema tiene un déficit de personal especializado, como reconoció la misma Secretaría de Salud en entrevista. 

El problema del plan presentado por el gobierno federal, subraya Pérez Correa, es que se parte de la idea de que todo consumo muestra “un defecto en la personalidad o en la comunidad”, y que no distingue entre un consumo problemático de uno responsable. 

“Esta idea muy cristiana o puritana de decir que solamente la gente que está sola o la gente que tiene problemas afectivos busca el consumo de drogas es mentira. La gente busca drogas por muchas razones distintas, sentirse más energéticos, para tener experiencias distintas, otros con razones medicinales o para explorar”.

Una política de drogas distinta, afirma Correa, tendría que asumir que hay un porcentaje de personas que van a consumir y lo que se debe reducir son “los riesgos para las personas que van a consumir, retrasar los primeros consumos lo más posible”.

¿En qué consiste la nueva estrategia? 

Una de las claves del nuevo plan, de acuerdo con las autoridades, es la implementación de “un modelo de cobertura universal de servicios de salud”, donde una entidad se encargará de la atención en salud mental.

Se trata de la Comisión Nacional de Salud Mental y Adicciones (Conasamar) que aún no existe oficialmente, pero que según la estrategia, deberá coordinarse con otras entidades como el Instituto Mexicano de la Juventud (Imjuve) y las secretarías de Salud, Educación y Cultura.

Lorena Rodríguez-Bores Ramírez, secretaria técnica del Consejo Nacional de Salud Mental, explica que su objetivo es incidir en una reducción de consumo de sustancias para evitar trastornos adictivos en la población, por lo que buscarán fortalecer la prevención y atención, mediante campañas masivas de información y capacitación a personal médico. 

En el caso de adultos y jóvenes que ingieren drogas y sustancias ilícitas, sin problemas de adicción, la especialista dice que su consumo debe ser respetado y no estigmatizado o criminalizado. 

“A esa parte de las juventudes que ya consumen, les queremos fomentar el tema de consumo responsable y tratamos también de incidir en una reducción de consumo, para que no vay a llegar a un trastorno con sustancias, que si bien es la minoría, en lo que queremos incidir es en que no haya ese riesgo”, explica en entrevista. 

Sin embargo, reconoce que el gobierno federal mantendrá acciones para detener la oferta de drogas, “mientras que nosotros vamos a tratar de incidir en los factores que causan la demanda, abordar esos factores psicosociales, para evitar el consumo, en el caso de los menores”.

Al respecto, Pérez Correa dice que “básicamente es el mismo discurso que vimos en otros gobiernos, en el cual se dice que lo único que están haciendo es combatir la oferta pero de facto lo que termina pasando es que la oferta se combate persiguiendo el narcomenudeo, y lo delitos de narcomenudeo se llevan a los consumidores entre las patas, ese siempre ha sido el problema”.  

La especialista sostiene que la estrategia de “combatir la oferta” siempre termina siendo una política que persigue a consumidores, a productores campesinos y a narcomenudistas que resultan ser jóvenes que venden en las calles.

El Consejo Nacional de Salud Mental también está colaborando con las campañas antiadicciones que se transmiten en los tiempos oficiales de radio y televisión, en los que “no estamos tratando de causar miedo”, según su secretaria técnica, quien afirma que, hasta ahora, no ha salido ningún anuncio que mencione la palabra “droga”, ni la palabra “adicto”. 

Pero esto contrasta con las palabras del mismo López Obrador quien dijo que buscan mostrar “el sufrimiento que produce la drogadicción”. 

“Vamos también a mostrar esto, lo que daña el fentanilo, el cristal, cómo elaboran esas drogas hasta con raticidas, y vamos a utilizar todo el tiempo en radio, en televisión que tenemos, lo que se contrata de publicidad dirigido a eso; y los tiempos oficiales a lo mismo, a informar, a orientar”, señaló. 

De hecho, tras el multihomicidio contra familiares del activista Julián LeBarón en Bavispe, Sonora, el presidente relacionó a los responsables con el consumo de estupefacientes.

“Hay personas que están en el crimen organizado y ya con un nivel de descomposición extremo. Por lo general, los que cometen estos actos de crímenes, de asesinatos, son gentes drogadas. Eso está probado”, dijo este 7 de noviembre en su conferencia mañanera.

 

Faltan psiquiatras y centros de prevención

Las propias autoridades federales han reconocido que hay falta de infraestructura y personal para atender a la población. 

De acuerdo con Rodríguez-Bores Ramírez, en México hay 3.6 psiquiatras por cada 100 mil habitantes, de los cuales, el 60% está concentrado en la Ciudad de México; Monterrey, Nuevo León, y Guadalajara, Jalisco. 

En cuanto a infraestructura, el país cuenta solo con 45 Centros Integrales de Salud Mental (Cisamen), de los cuales solo el 30% tienen médicos; los demás son atendidos por trabajadores sociales. 

También se cuenta con 336 Centros de Atención Primaria de las Adicciones (CAPA), sin embargo no todos realizan actividades de prevención o atención a salud mental.

Ante este escenario, el Consejo Nacional de Salud Mental descarta construir más centros, pues buscan “aumentar su capacidad de atención”, y capacitar a personal no especializado para combatir el déficit en atención a la salud mental. 

Para capacitar a los trabajadores de salud, Rodríguez-Bores Ramírez asegura que utilizará la Guía de intervención mhGAP para los trastornos mentales, neurológicos y por consumo de sustancias en el nivel de atención de salud no especializada, un documento publicado por la Organización Panamericana de la Salud en 2016.

El objetivo, asegura, es crear una red de facilitadores, para capacitar a personal de los estados, que su vez puedan replicar ese aprendizaje a enfermeras, trabajadores sociales, promotores de la salud, y todo personal que no es especialista en salud mental, pero participa en la identificación, diagnóstico, abordaje y tratamiento de las personas con trastornos de este tipo.

El cálculo, de acuerdo con la especialista, es capacitar anualmente a entre 240 y 480 personas, un promedio de 20 al mes, cuya formación se dará en tres o cuatro días. 

Hasta ahora, detalla, se han capacitado a 120 facilitadores del centro de atención Línea de la Vida, el cual ofrece prevención y atención del consumo de sustancias, así como orientación a familiares.

Centros de Integración Juvenil

El gobierno federal anunció el 29 de octubre la estrategia junto con voluntarios e integrantes de los Centros de Integración Juvenil (CIJ), una asociación que se dedica a la atención y rehabilitación de adicciones en México y que depende, en su mayoría, del Estado, por lo que está sujeta a sus normas.

De los 2,108 establecimientos residenciales privados que atienden adicciones en México, 11 unidades de hospitalización son de CIJ, más 104 unidades de consulta externa.

De acuerdo con el Informe sobre la situación de drogas en México, de la Secretaría de Salud, 1,045 centros se encuentran registrados y apenas 348 son reconocidos por la Comisión Nacional contra las Adicciones (Conadic).

Catalina Pérez Correa advierte que justamente hay una falta de verificación en la que operan los centros privados, pues asegura que algunos de ellos pueden incurrir en actos de tortura o tratamientos que no están aprobados científicamente.

Te puede interesar: Malos tratos y tortura, el tratamiento en los centros de rehabilitación en México

La especialista asegura que el modelo con el que operan es el mismo, sin reducción de riesgos y daños ni información para los jóvenes que quieran consumir.

“Hay que ver todavía si implementan algunos programas de reducción de riesgos y daños, como intercambios de jeringas, o de lugares seguros para inyectar a quienes usan drogas inyectables. Campañas de prevención sobre el consumo para informar a las personas cuáles son las formas menos riesgosas de poder consumir”, menciona.

Datos del informe de salud muestran que en 2018, se atendieron 91,684 personas en la modalidad ambulatoria a través de la red de CAPAS, principalmente por consumo de alcohol y mariguana, mientras que en los en Centros de Integración Juvenil se atendieron 43,631 pacientes.

Recorte al presupuesto 

De acuerdo con Rodríguez-Bores Ramírez, por ahora no se cuenta con un monto establecido para la estrategia de manera integral, por lo que cada dependencia ha ido aportando recursos, sin embargo, esperan que exista una partida específica para el presupuesto de 2020.

En tanto, el diputado del PAN Éctor Jaime Ramírez Barba, integrante de la Comisión de Salud, expuso que para el programa de Prevención y Atención contra las Adicciones, del Ramo 12 Salud, en el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación 2020, se reduce el presupuesto 18.2 millones de pesos, 1.3% en términos reales.

También dijo que para la Conadic se proyecta un recorte de 50 millones, lo que implicará una reducción del 7%. 

El legislador sostuvo que el servicio contra el tema de adicciones en las instituciones públicas como el IMSS e ISSSTE se maneja de manera deficiente, por lo que propondrán un reajuste para no reducir en término reales el dinero sobre atención a adicciones en 2020. 

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Por qué el gobierno de Maduro expulsó de Venezuela a la oficina del Alto Comisionado de la ONU para derechos humanos
8 minutos de lectura
Por qué el gobierno de Maduro expulsó de Venezuela a la oficina del Alto Comisionado de la ONU para derechos humanos
Aunque el gobierno federal habla de una nueva estrategia para combatir las adicciones, las declaraciones del presidente y la falta de recursos lo contradicen.
23 de febrero, 2024
Por: BBC News Mundo
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Un arresto, un tuit y dos palabras, “desaparición forzada”, desataron en pocas horas una tormenta que terminó con la salida de Venezuela de la oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos.

La activista venezolana Rocío San Miguel fue detenida en Venezuela el viernes 9 de febrero junto a su hija, el padre de su hija, dos hermanos y una expareja.

Cuatro días después, el martes 13 de febrero, la oficina de la ONU publicó este tuit:

“#Venezuela: Seguimos con profunda preocupación la detención de la defensora de derechos humanos Rocío San Miguel. Su paradero sigue siendo desconocido, lo que podría calificar su detención como desaparición forzada. Instamos a su liberación inmediata y respeto a su derecho a la defensa legal”.

Aunque el Alto Comisionado había solicitado información en otras ocasiones sobre detenidos en Venezuela, esta era la primera vez que usaba el término “desaparición forzada” en sus cuentas de redes sociales para referirse a un caso específico.

Ese término enfureció al gobierno de Nicolás Maduro, al que le importa mucho más que no se le asocie con violaciones de derechos humanos a que se dude de su legitimidad, como hacen muchos gobiernos occidentales.

Pero no quedó ahí la crítica de un órgano de la ONU.

Al día siguiente, el miércoles 14 de febrero, el relator especial de la ONU sobre el derecho a la alimentación, Michael Fakhri, convocó una rueda de prensa en Caracas para informar sobre lo que vio durante una visita de dos semanas a cinco estados de Venezuela.

Dijo que el programa de distribución de alimentos del gobierno venezolano, conocido como bolsas o cajas CLAP, era gestionado por algunas autoridades como una “limosna caritativa” que “socava la dignidad humana de los receptores” y “se ha vuelto susceptible de clientelismo político y no aborda las causas profundas del hambre y la desnutrición en Venezuela”.

Fakhri aseguró que los presos en las cárceles le preocupaban “seriamente”, sobre todo los que permanecen en estaciones policiales. “Las autoridades no proporcionan a los detenidos ni comida ni agua ni baño ni asistencia sanitaria. Estos centros son inhumanos y degradantes y pueden constituir tortura”.

En sólo 48 horas, la ONU había criticado dos temas sagrados para el gobierno del presidente Maduro: las denuncias sobre desapariciones forzadas y el programa de distribución de alimentos, eje de sus políticas de asistencia social.

El relator especial de la ONU sobre el derecho a la alimentación, Michael Fakhri, criticó la gestión del programa de bolsas y cajas CLAP.
Getty Images
El relator especial de la ONU sobre el derecho a la alimentación, Michael Fakhri, criticó la gestión del programa de bolsas y cajas CLAP.

La expulsión

Tres días después del tuit del Alto Comisionado, el jueves 15 de febrero, el canciller venezolano Yván Gil anunció la expulsión de las 13 personas que integraban el equipo de la oficina en Venezuela y les daba 72 horas para abandonar el país.

El canciller indicó que la oficina del Alto Comisionado en Caracas se había convertido en “el bufete particular de los grupos golpistas y terroristas”, al mantener “una postura sesgada y parcializada para generar impunidad para las personas que planifican atentados, magnicidios”.

El fiscal general venezolano, Tarek William Saab, ya había informado para entonces que San Miguel había sido detenida y era investigada por su supuesta participación en “Brazalete Blanco”, una conspiración para asesinar a Maduro.

Sin embargo, no había dado explicaciones sobre las irregularidades denunciadas por los abogados de San Miguel: por qué fue detenida con sus familiares; por qué negaron al inicio de la detención que se encontraba en el Helicoide, la prisión del servicio de inteligencia; y por qué la mantuvieron en aislamiento durante diez días, sin contacto con parientes ni defensores.

“Dentro de los lapsos legales correspondientes y en estricto apego al respeto de los derechos humanos y garantías constitucionales se realizó la audiencia de presentación previo a una orden de aprehensión”, justificó Saab en una conferencia de prensa.

“¿Cómo explican que hasta ahora haya gente diciendo que hubo una desaparición forzada?”, dijo al cuestionar al Alto Comisionado y a las más de 200 organizaciones no gubernamentales locales que protestaron por el caso de la activista.

La Convención Interamericana sobre la Desaparición Forzada de Personas indica que este delito combina tres elementos: la privación de libertad contra la voluntad de la persona, la participación de funcionarios gubernamentales y la negativa a reconocer la privación de libertad o el ocultamiento de la suerte o el paradero de la persona desaparecida

San Miguel dirige Control Ciudadano, una ONG que promueve la contraloría de la fuerza armada venezolana. El Ministerio Público la acusó por los delitos de traición a la patria, conspiración, terrorismo y asociación.

Uno de sus allegados permanece detenido y los familiares fueron liberados, sometidos a régimen de presentación ante los tribunales y con prohibición de salida de Venezuela.

Cuatro días después del anuncio del canciller, el lunes 19 de febrero, Maduro confirmó que el personal de la oficina se había marchado del país el sábado 17 de febrero. Y cambió los términos de la expulsión: “Hasta que no rectifiquen, pidan perdón y se pueda restablecer una relación de respeto, esa oficina técnica no volverá a Venezuela”.

Rocío San Miguel fue detenida el viernes 9 de febrero.
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Rocío San Miguel fue detenida el viernes 9 de febrero.

La creación de la oficina

La oficina del Alto Comisionado de la ONU para los derechos humanos se instaló en Caracas a mediados de 2019, tras una visita de la expresidenta chilena Michelle Bachelet, quien ocupaba entonces el cargo de Alta Comisionada.

Preocupado por las denuncias sobre violaciones de derechos humanos en el país, el gobierno accedió a que la oficina del Alto Comisionado se instalara en Venezuela y monitoreara la situación con el fin de cooperar y evitar nuevos señalamientos negativos que tiñeran su imagen en el mundo.

El gobierno de Maduro quería acabar con lo que consideraba como una “visión selectiva y abiertamente parcializada sobre la verdadera situación de derechos humanos”.

Pero la instalación de la oficina no impidió que la Misión internacional independiente de determinación de los hechos sobre Venezuela, un mecanismo de la ONU con un mandato separado de la oficina del Alto Comisionado, investigara y documentara casos de ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas, detenciones arbitrarias, torturas y otros tratos crueles, inhumanos o degradantes cometidos desde 2014.

Ese año se registraron las primeras protestas contra el gobierno de Maduro en las que hubo decenas de muertos y heridos.

La presidenta de la misión independiente, Marta Valiñas, alertó que la forma en que San Miguel y sus familiares fueron detenidos responde a un patrón que los investigadores de la misión detectaron en testimonios de otras víctimas de violaciones de derechos humanos.

No era ese el lenguaje de la oficina del Alto Comisionado, mucho más ponderada y públicamente menos crítica.

Hasta que llegó el tuit tras la detención de San Miguel.

La salida del personal de la oficina llega en un momento de alta tensión en Venezuela a la espera de conocer la fecha definitiva de las elecciones presidenciales.

El gobierno denuncia una supuesta conspiración contra Maduro en medio de la presión nacional e internacional para exigir que se levante la inhabilitación política de María Corina Machado, elegida como la candidata opositora para desafiar a Maduro en las presidenciales.

Bachelet y Maduro
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El presidente venezolano, Nicolás Maduro, recibió a la exmandataria chilena Michelle Bachelet como Alta Comisionada de la ONU para los DD.HH. en junio de 2019.

Qué implica la salida

El abogado Alí Daniels, director de la ONG venezolana Acceso a la Justicia, explicó que la expulsión del personal de la oficina elimina la “única instancia imparcial e independiente en el país” a la que podían acudir las víctimas de violaciones de derechos humanos en Venezuela.

Era un sitio para escuchar a las víctimas. Allí no había miedo. No solo se les escuchaba, se les creía. Eso era un factor esencial para las víctimas porque era un acto de justicia. Y que estuviera en Caracas era una enorme ventaja que ahora se pierde”.

Daniels dijo que la oficina también podía interceder ante el gobierno frente a ciertos casos, lograba liberaciones y el cese de violaciones. “Ellos podían hacer más que nosotros”, afirmó en referencia a los activistas locales.

La socióloga Ligia Bolívar, quien fue fundadora de la ONG Provea y es investigadora del Centro de Derechos Humanos de la Universidad Católica Andrés Bello, señaló que el mayor aporte de la oficina fue “el acompañamiento a presos y familiares”.

“El gobierno es hermético, no establece puentes ni interacción con las ONG porque no reconoce su trabajo. La oficina hizo el vínculo entre presos políticos y comunes y sus familiares con las autoridades y se lograron acciones importantes desde el punto de vista humanitario”.

Bolívar precisó que si bien disminuye la capacidad de acción de la oficina porque no está en Venezuela, puede mantener sus labores desde otras sedes. “Lo que está tratando de evitar el gobierno es el monitoreo internacional. A partir de ahora se hará a distancia, como ocurre con otros países como Nicaragua”.

BBC Mundo pidió una entrevista con el Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, Volker Türk, para conocer los próximos pasos de la instancia, pero no obtuvo respuesta para la fecha de publicación de esta historia.

La nutricionista Susana Raffalli, activista por el derecho a la alimentación, recordó que la oficina construyó “un espacio de reunión entre los actores de la sociedad civil que ahora se pierde” y constituía “una fuente de información estructurada sobre el país para el Consejo de Derechos Humanos de la ONU”.

Raffalli advirtió que la campaña “Yo soy Rocío” y “Todos somos Rocío” no solo implica un acto de solidaridad con la activista, sino también el reconocimiento de que cualquiera en Venezuela puede ser víctima de una detención como la de San Miguel.

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