La última vez que salieron a vigilar el mar fueron blanco de un ataque con arpones. Más de 50 embarcaciones fueron descubiertas pescado ilegalmente por la comisión de vigilancia que conforman pescadores de una cooperativa en Yucatán.
“Había con nosotros soldados de la Secretaría de Marina y no respondían (a los ataques de pescadores ilegales)”, cuenta José, uno de los encargados de la vigilancia, quien por motivos de seguridad pidió cambiar su nombre.
El resultado del encuentro fue: una embarcación incendiada y la huída de los pescadores furtivos. José recuerda que los vio llevarse cientos de kilos de pepino de mar, una especie de valor comercial en estado de sobreexplotación debido a la pesca furtiva que ha generado un negocio millonario en el mercado asiático.
En México se tienen registro de 50 especies de pepino de mar, pero sólo el marrón (Isostichopus fuscus) que habita en las costas del noroeste del país está listado en la NOM-059-SEMARNAT-2010 bajo la categoría de “sujeto a protección especial”. Mientras que en la península de Yucatán, el pepino de mar café (Isostichopus badionotus) se encuentra en estado crítico, de acuerdo con evaluaciones de investigadores.
Para hacer frente a la sobreexplotación se creó una veda permanente del pepino de mar en las costas de Yucatán. Asimismo, los pescadores han creado refugios pesqueros destinados a conservar especies como pulpo, langosta y pepino de mar para su repoblación. Lo que, a su vez, les ha llevado a organizar sus propios grupos de vigilancia pesquera.
Previo a diciembre de 2024 el único refugio decretado oficialmente era el de Celestún, pero en dicho mes la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural promulgó el refugio en Actam Chuleb, un área protegida frente a los municipios de San Felipe y Dzilam de Bravo. Y un tercero podría oficializarse ya que los pescadores de las cooperativas pesqueras del municipio Río Lagartos están en espera de que se apruebe el suyo.
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“La sobreexplotación que se ha dado sobre estas especies (de pepino de mar) no está relacionada con la pesca formal, sino, realmente es producto de la pesca ilegal y esta pesca furtiva nunca se ha detenido. Desde nuestro punto de vista se intensificó durante el 2020 y 2021 cuando se redujeron significativamente todas las actividades (por la pandemia), incluyendo la vigilancia por parte de las patrullas costeras”, explicó Miguel Ángel Olvera, investigador del Departamento de Recursos del Mar en el Centro de Investigación y de Estudios Avanzados (Cinvestav).
El investigador Olvera también es el responsable científico de la Estación Marina del Cinvestav en Telchac Puerto, donde tienen laboratorios para trabajar el cultivo de pepino de mar. Sus investigaciones comenzaron en 2008 enfocadas en la variante café de la especie, al que los pescadores en ocasiones llaman “badionotus” por su nombre científico.
“El badionotus es la especie más valiosa y fue la primera en la que se basó la pesquería, por lo que ha sido más explotada, a tal grado que actualmente es muy difícil conseguir organismos de esta especie”, señaló Olvera.
En el laboratorio también se trabaja con el pepino de mar lápiz (Holothuria floridana), que resultó más fácil de manejar al tener mejores condiciones para sus hábitos reproductivos. Sin embargo, Olvera advirtió que es una especie vulnerable debido a que es una alternativa para la captura pesquera.
El cultivo de pepino de mar tiene el objetivo de producir crías y juveniles para que posteriormente sean trasladados a la vida silvestre. Actualmente, existe una alianza entre el Cinvestav y las cooperativas de la comunidad de Río Lagartos, al oriente de la península de Yucatán, donde se han destinado zonas a jaulas flotantes que se colocan dentro de los canales de manglar para que el pepino de mar termine de desarrollarse.
Estos esfuerzos llevaron a que los pescadores de Río Lagartos ingresaran hace seis meses una solicitud para establecer un refugio pesquero. La resolución sigue en proceso.
“Sería la primera vez que tengamos un refugio pesquero, pero sabemos que da resultados. Nosotros lo hemos visto con otras especies como la langosta, tenemos buena captura cuando cerramos las temporadas y respetamos las zonas de no pesca”, explicó Ángel Rivero, presidente de la Cooperativa Pesquera de Río Lagartos.
En Celestún, municipio al poniente de la península de Yucatán, existe una zona de refugio pesquero desde el 2019. Su objetivo principal es la recuperación del pepino de mar, así como la repoblación de otras especies para la pesca como el pulpo maya (Octopus maya), el mero rojo (Epinephelus morio), la langosta (Panulirus argus) y el boquinete (Lachnolaimus maximus).
“Viendo los problemas de pesca ilegal y falta de ordenamiento pesquero nos decidimos por el refugio pesquero. Pensamos que era la mejor opción y no nos equivocamos, es una herramienta fundamental. Hemos tenido excelentes resultados y nos ha unido como pescadores”, expresó Ricardo Novelo, presidente de la Federación de Cooperativas del Puerto de Celestún y miembro de la directiva del refugio pesquero.
Novelo explicó que la repoblación del pepino de mar badionotus se ha dado a más de 25 metros de profundidad. Al ser una especie que se captura mediante el buceo o la pesca submarina resulta peligroso para los pescadores furtivos descender hasta esta zona.
Sin embargo, la zona de repoblación no se encuentra dentro del refugio de Celestún, por lo que los pescadores han planteado la posibilidad de trasladar algunos de estos organismos hacia el refugio para que estén bajo su protección y monitorear su crecimiento.
Mientras tanto, para hacer frente a la pesca ilegal formaron una comisión de vigilancia de 20 hombres y 20 mujeres que se turnan para vigilar el refugio y evitar que se pesquen las especies durante su temporada de veda. También supervisan que las capturas permitidas sean de manera artesanal, respetando las tallas y las artes de pesca que indica la ley.
Como parte de los retos, los pescadores hablan de la falta de concientización, por lo que están impulsando programas de capacitación tanto a pescadores artesanales como a niños y niñas en las escuelas para que se acerquen a la conservación de las especies. Además, hay planes de turismo ecológico para recorrer la zona de refugio e informar sobre los esfuerzos pesqueros.
“Tenemos que empezar a sembrar nuestros mares. Repoblar para que siempre tengamos estas especies para nosotros y para nuestros hijos y nietos que vienen atrás”, concluyó Novelo.
La anulación de la prórroga del TPS le impone a David el desafío de encontrar otra forma de permanecer legalmente en EE.UU. o marcharse a otro país antes de ser deportado.
David pensaba que su mayor reto aquella noche bajo cero era mantener el calor mientras caminaba sobre la nieve, hasta que se topó con una patrulla policial en Washington.
Un policía le pidió sus papeles en el trayecto que recorría cada noche para volver a casa después del trabajo. Al comprobar que era venezolano y tenía un Estatus de Protección Temporal (TPS, por sus siglas en inglés), el uniformado le dijo en perfecto español: “Disfrútalo mientras lo tengas”.
David no supo qué responder. El policía le hizo un gesto con la mano y lo despachó en inglés: “Go, go, go!”.
A finales de diciembre y a pocos días de abandonar la Casa Blanca, el gobierno del presidente Joe Biden aprobó una extensión del TPS para los venezolanos, una medida que permitía a casi 600.000 personas residir y trabajar legalmente en Estados Unidos, libres del riesgo de ser deportados.
Pero el miércoles 29 de enero, durante su segunda semana de mandato, el gobierno del presidente Donald Trump anuló esa prórroga, una decisión que dejará a sus beneficiarios sin un estatus migratorio legal en Estados Unidos y puede convertirlos en sujetos de deportación.
En el caso de David, su TPS vence el próximo 2 de abril.
“Es muy duro saber que ahora corro el riesgo de volver a Venezuela por perder el TPS”, dijo a BBC Mundo después de pedir que su verdadera identidad se mantuviera anónima.
“Salí huyendo de allá para sobrevivir, hice todo lo que me pidieron aquí y ahora vivo con miedo de que me agarren o me pase algo malo, como me ocurría en Venezuela”.
Su abogado le recomendó la misma alternativa que están considerando los beneficiarios del TPS que no disponen de otro estatus migratorio en Estados Unidos: introducir una petición de asilo ante un tribunal estadounidense.
Mientras tenga un proceso judicial en curso, David no puede ser deportado.
Trump emprendió una política de deportaciones masivas de indocumentados, que podría afectar a 11 millones de personas que viven en Estados Unidos sin un estatus migratorio legal.
Una de sus primeras medidas fue suspender el parole, un permiso humanitario que el gobierno de Biden concedió a 530.000 venezolanos, cubanos, nicaragüenses y haitianos, que llegaron a territorio estadounidense tras huir de las crisis en sus países.
David tenía una peluquería en el estado Aragua, en el centro norte de Venezuela.
Mientras le pintaba el cabello a una clienta, un muchacho entró al negocio y le preguntó si le faltaba mucho para atenderlo. Él le pidió que se sentara y esperara, pero el hombre se enfureció.
Sacó una pistola, amenazó a David y a sus clientas, les robó las carteras y varias máquinas de afeitar. Antes de marcharse, disparó contra la fachada de la peluquería, mientras todos se tiraron al suelo, escondiéndose detrás de las sillas dispuestas frente a los espejos.
“Traté de poner la denuncia en la policía y me dijeron que no lo hiciera, nadie podía meterse con el Tren de Aragua”, recordó David en referencia a la banda de crimen organizado venezolana que acaba de ser catalogada como una organización terrorista por el gobierno de Trump.
“Al día siguiente, me dejaron una nota en la puerta del negocio que decía: ‘Si no te vas del estado, ya sabes lo que les va a pasar a ti y a tu familia'”.
Aquel día de 2018 comenzaron siete años de historia migratoria para David. Se marchó de Aragua con su ropa y US$600, mientras su esposa y sus tres hijos esperaban a que él se instalara en Colombia.
Pero en el trayecto lo asaltaron y cruzó la frontera sin dinero ni pertenencias. Logró conservar el pasaporte porque lo escondió entre sus piernas cuando unos hombres armados asaltaron el autobús en el que viajaba dentro de Venezuela.
Una vez que llegó a Colombia, durmió en plazas donde se refugiaban otros migrantes y pasó tres días seguidos sin comer, hasta que un hombre le regaló una bolsa de caramelos que comenzó a vender por unidad, su primera oportunidad de generar ingresos fuera de Venezuela.
Con el tiempo logró trabajos más estables y pudo llevar a su esposa y sus hijos a Colombia. Pero su madre se quedó en Aragua. En medio de la pandemia, David logró ahorrar lo suficiente para visitarla.
Cuando llegó a casa de su madre, le dejó un poco de dinero para que comprara comida y preparara un almuerzo para la familia, mientras él salía a visitar a un amigo. Pero minutos después, ella lo llamó para decirle que unos hombres lo buscaban.
David volvió a huir a Colombia, esta vez sin despedirse de su madre.
“No sé cómo se enteraron de que había llegado”, lamenta. “Ahí fue cuando me di cuenta del nivel de control que el Tren de Aragua tenía en esa área y sobre todos nosotros”.
Después del confinamiento por el coronavirus, los salarios de David y su esposa en Colombia no alcanzaban para mantener a los niños, así que decidió marcharse a Estados Unidos.
Cruzó Centroamérica y México por tierra, sobrevivió a dos secuestros y entregó los US$1.800 que había ahorrado a hombres armados que lo golpearon hasta sacarle un diente.
Cuando llegó al norte de México, una madrugada de mediados de 2023, sintió miedo de lanzarse al río Bravo para cruzar la frontera hacia Estados Unidos. Pero a lo lejos, en el horizonte del desierto, se avistaban camionetas negras con fusiles que sobresalían por las ventanas.
“El agua estaba fría y la corriente era tan fuerte que me arrastró unos 60 metros. Sentía que me ahogaba pero logré cruzar agarrándome del monte que crecía en la orilla”.
David estuvo detenido durante semanas en un centro del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés), hasta que las autoridades migratorias le hicieron entrevistas en las que contó que había escapado por el Tren de Aragua y logró demostrar que tenía un “miedo creíble” de volver a Venezuela.
“Apenas pude, me acogí al TPS para poder trabajar y me mudé a casa de un amigo en Washington. Llevo un año y medio viviendo aquí, dedicado exclusivamente a hacer dinero para mantener a mi familia”.
En 1990, el Congreso de Estados Unidos creó la figura del TPS para migrantes que enfrentaban dificultades extremas si se veían obligados a regresar a sus países de origen, debido a conflictos armados, razones humanitarias o desastres naturales.
La secretaria del Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Kristi Noem, anunció que la prórroga del TPS había sido anulada el miércoles 29 de enero, durante una entrevista con la cadena de noticias Fox News.
“Vamos a seguir un proceso, evaluar a todos estos individuos que están en nuestro país, incluyendo a miembros del TdA”, dijo Noem usando las siglas del Tren de Aragua.
“Ayer estuve en Nueva York y la gente de este país quiere esta basura fuera”, aseguró Noem. “Quieren que sus comunidades estén seguras. Fue increíble ver a la gente caminar junto a nosotros en la calle temprano en la mañana y darnos las gracias”.
David encuentra paradójico que sea la presencia del Tren de Aragua en Estados Unidos lo que ahora le hace sentirse señalado como un criminal que merece ser deportado.
“Que seamos venezolanos no significa que todos seamos Tren de Aragua”. “Nos están estigmatizando porque venimos del mismo lugar, pero muchos hemos sido víctimas de ellos y estamos escapando de eso”.
El Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos ha identificado a presuntos miembros del Tren de Aragua en 16 estados, con un centenar de investigaciones federales relacionadas con la organización y al menos 50 detenciones y condenas judiciales.
“Ahora no solo me da miedo que me pare un policía en la calle, también me da miedo saber que el Tren está en Estados Unidos”.
La esposa y los hijos de David forman parte de un programa de ACNUR para ingresar a Estados Unidos como refugiados. Desde la investidura de Trump, el 20 de enero, el viaje de la familia fue postergado hasta confirmar si efectivamente el país estará dispuesto a recibirlos.
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