
Cuatro comisiones estatales de búsqueda –una correspondiente a una entidad no gobernada por Morena, y tres de administraciones encabezadas por gobernadores del partido en el poder– negaron conocer información alguna del “censo casa por casa” o actualización del Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas (RNPDNO) instruido por el presidente Andrés Manuel López Obrador.
Los organismos de Jalisco, Michoacán, Quintana Roo y Sonora dijeron no tener relación alguna con ese “censo casa por casa”, en respuesta a solicitudes de información pública ingresadas por Animal Político para conocer el número total de indicios derivados del cruce de bases de datos federales recibidos por las comisiones, así como la cantidad de visitas a domicilio, identificaciones positivas y bajas realizadas entre el 1 de febrero y el 30 de septiembre de este año.

“Sin embargo, por lo que respecta a esta Comisión estatal de búsqueda de personas del estado de Jalisco (COBUPEJ) desconocemos información alguna respecto a los resultados, procesos y levantamiento del nuevo censo de personas desaparecidas 2023”, precisó el organismo de esa entidad.
La actualización del RNPDNO mediante visitas “casa por casa” tiene como antecedente la puesta en marcha de un programa de búsqueda en vida mediante el cruce de bases de datos de trámites civiles y de salud, según declaró desde enero el entonces subsecretario de Derechos Humanos, Alejandro Encinas.
Unos meses después, el 31 de julio López Obrador dijo que la cifra de desaparecidos era menor a la que consignaba el registro, e involucró a los servidores de la nación en las acciones de verificación.
Tres semanas después, al ser desplazada de la estrategia, la excomisionada nacional de búsqueda, Karla Quintana, renunció a su cargo. Un par de meses después declararía que el censo no se estaba haciendo por las autoridades indicadas, y tenía la intención deliberada de reducir las cifras de desaparición en el país.
Para ese momento, Encinas ya había confirmado que el censo lo haría la Secretaría de Bienestar, conforme a un convenio de colaboración suscrito con la Comisión Nacional de Búsqueda. Dicho convenio establece que Bienestar puede dar acompañamiento e información de actividades de búsqueda en coordinación con la comisión.

Pese a los anuncios públicos del gobierno federal, que llegaron en varias ocasiones a la conferencia mañanera, la comisión estatal de búsqueda de Michoacán –adscrita a la administración encabezada por el morenista Alfredo Ramírez Bedolla– rechazó conocer siquiera los antecedentes del ejercicio, mientras otras entidades proporcionaron incluso las cifras totales de indicios, visitas a domicilio e identificaciones positivas.
“Como autoridad primaria y siendo parte del Sistema Nacional de Búsqueda, realizamos un constante registro y actualización del Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas. Desconocemos si el Gobierno Federal ha implementado programa alguno referente al tema planteado. No obstante ello se sugiere que la petición sea redirigida a la Secretaría de Bienestar”, informó el organismo.
Pese a que el jueves 21 de septiembre gobernadores de Morena se reunieron en Palacio Nacional, según dijeron, para que el gobierno de la Ciudad de México compartiera con las entidades su estrategia en materia de búsqueda y el mismo gobernador de Sonora, Alfonso Durazo, publicó en sus redes sociales que ahí se había acordado construir el “padrón nacional de personas desaparecidas”, la comisión de búsqueda de ese estado no tiene información precisa al respecto.
El organismo no proporcionó cifra alguna sobre coincidencias derivadas del cruce de bases de datos, visitas a domicilio o identificaciones positivas en el periodo solicitado, y se limitó a explicar que habitualmente le eran remitidos indicios vía correo electrónico en una Bitácora Única, que es una herramienta de búsqueda e identificación organizadora y concentradora de la información sobre personas desaparecidas y no localizadas, por lo que la usan constantemente en sus acciones de búsqueda.
La propia comisión de búsqueda de la Ciudad de México, por un detalle nominal, dedujo que “comisión estatal” refería al organismo del Estado de México, pese a que la solicitud de información fue expresamente dirigida al primer ente. Apenas el 6 de diciembre, Martí Batres, jefe de gobierno de la capital, aseguró en una tarjeta informativa que ningún dato de personas no localizadas ha sido borrado y que en próximos días se darán a conocer los detalles de la estrategia de búsqueda de la ciudad, que hasta ahora se desconoce.

Otra comisión que se desligó de la actualización nacional fue la de Quintana Roo, entidad gobernada por la morenista Mara Lezama. Tras retomar y volver a citar en su documento de respuesta las declaraciones públicas del presidente Andrés Manuel López Obrador y del entonces subsecretario de Derechos Humanos Alejandro Encinas en torno al “censo casa por casa”, señaló:
“Sobre esta información ni se niega ni se afirma ya que no son hechos propios, toda vez que el gobierno del estado de Quintana Roo no se ha pronunciado ni ha emitido algún comunicado al respecto, y que de conformidad al artículo primero de la Constitución Política del estado libre y soberano de Quintana Roo, constituye un estado libre en tanto sus miembros determinan la organización, funcionamiento y fines de la comunidad que integran”.
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Otras, como Guerrero, dijeron únicamente no haber recibido información de ese tipo, o justificaron que era responsabilidad de la Secretaría de Gobernación o de la Secretaría de Bienestar proporcionarla, como fue el caso de Morelos, Oaxaca, San Luis Potosí, Sinaloa y Zacatecas. Por su parte, Tlaxcala reservó la información pretextando confidencialidad.
En tanto, las cifras totales de indicios, visitas a domicilio, identificaciones positivas y bajas proporcionadas por las comisiones estatales de 12 entidades demuestran que en el periodo del 1 de febrero al 30 de septiembre de 2023, los reportes de nuevas desapariciones que permanecen en ese estatus fueron más del doble que las pruebas de vida obtenidas como parte del “censo casa por casa”, lo que hace imposible una reducción masiva del registro nacional.

La violencia digital está aumentando y millones de mujeres y niñas sufren abusos en línea cada año, lo que las está alejando de internet.
La violencia digital es una de las formas de abuso que más se está incrementando y está alejando a las mujeres de internet. Desde el acoso y el troleo hasta las deepfakes y el doxing, millones de mujeres y niñas sufren hostigamiento virtual cada año.
Según la Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT), el organismo especializado de las Naciones Unidas para las tecnologías digitales, alrededor de seis mil millones de personas utilizan internet en todo el mundo, y 280 millones más hombres que mujeres estuvieron conectados este año.
Las mujeres, las niñas y las personas no conformes con su género tienen más probabilidades de ser víctimas de violencia y sufrir consecuencias más graves y duraderas debido a su género, según la ONU.
Estudios en todo el mundo muestran que hasta el 58 % de las mujeres y niñas han sido víctimas de violencia en línea, según la organización de la ONU para las Mujeres.
El troleo consiste en publicar mensajes intencionalmente provocativos u ofensivos en línea para molestar a alguien, provocar una reacción o causar problemas.
Según el Centro para la Lucha contra el Odio Digital (CCDH), una ONG británico-estadounidense que busca frenar la propagación del discurso de odio y la desinformación en internet, existen dos tipos principales de troles:
Existen muchas razones por las que las personas pueden trolear en línea, y la diferencia varía de un trol a otro.
Los troles suelen disfrutar molestando a quienes atacan, por lo que si su víctima responde, esto solo los anima a continuar.
El troleo puede causar altos niveles de ansiedad y baja autoestima en la víctima.
El doxing se refiere a la divulgación de información privada sobre personas en internet, generalmente con malas intenciones.
Puede tener consecuencias en la vida real, como acoso, amenazas e incluso violencia física.
En 2021, J.K. Rowling, autora de Harry Potter, declaró haber sido víctima de doxing después de que una fotografía tomada fuera de su casa, que revelaba su dirección, circulara en línea.
Sin embargo, la policía declaró que no se tomarían medidas contra los activistas que la señalaron.
Desde abril de 2022, Facebook e Instagram (propiedad de Meta) prohíben compartir la dirección particular de una persona, incluso si aparece en registros públicos o noticias.
Los usuarios pueden seguir compartiendo su propia dirección, pero otros no pueden compartirla.
Este cambio se realizó siguiendo las recomendaciones de la Junta de Supervisión de Meta para fortalecer la protección de la privacidad y reducir los riesgos del doxing.
Los deepfakes son videos, imágenes o clips de audio creados con inteligencia artificial para que parezcan reales.
Pueden usarse para diversión o incluso para investigación científica, pero a veces se emplean para suplantar la identidad de políticos o líderes mundiales con el fin de engañar deliberadamente al público.
También se utilizan cada vez más para crear videos o imágenes pornográficas de famosos o de gente común.
Una encuesta reciente de la policía en Reino Unido reveló que “una de cada cuatro personas considera que no hay nada de malo en crear y compartir deepfakes sexuales, o se siente neutral al respecto, incluso cuando la persona representada no ha dado su consentimiento”.
Compartir o amenazar con compartir imágenes íntimas sin consentimiento es un delito penal en Reino Unido, que ahora se incluye en la Ley de Seguridad en Línea de 2023. Esto abarca las imágenes fabricadas o manipuladas, incluidas los deepfakes.
Muchos otros países, como Australia e Irlanda, cuentan con leyes similares para proteger a las personas del abuso con imágenes íntimas.
Los niños y jóvenes pueden ser objetivos de manipulación y grooming en línea.
Los agresores pueden usar plataformas en internet para establecer una relación de confianza con el menor y abusar de él.
Este abuso puede ocurrir en línea o el agresor puede concertar una cita con el niño o niña en persona con la intención de abusar de ellos.
El abuso también puede ocurrir cuando otros graban, suben o comparten contenido dañino en línea.
Ya sea que el abuso ocurra en internet o fuera de éste, puede tener un impacto duradero en el bienestar general del niño, provocando ansiedad, autolesiones, trastornos alimenticios, pensamientos suicidas o incluso suicidio.
El ciberacoso, o acoso en línea, se produce cuando alguien se enfrenta a un comportamiento acosador en redes sociales, aplicaciones de mensajería, juegos en línea y otros lugares de internet.
El acoso puede ocurrir tanto en línea como fuera de ella al mismo tiempo, y en ocasiones la persona que lo realiza es conocida de la víctima.
También es común sufrir acoso por parte de personas que no conoces en persona, pero que conoces de comunidades en línea, juegos o redes sociales. El abusador también puede ser anónimo.
Estos son algunos consejos para reducir el riesgo de ser víctima de abuso en línea, según la ONU.
Para prevenir eficazmente la violencia en línea facilitada por la tecnología, es fundamental comprender su especificidad y su impacto en las mujeres y las niñas, afirma la ONU.
Un estudio de ONU Mujeres de 2021 en la región de los Estados árabes reveló que el 60% de las mujeres usuarias de internet habían estado expuestas a violencia en línea ese año.
Un estudio europeo reveló que las mujeres tienen 27 veces más probabilidades de sufrir acoso en línea que los hombres, y otro análisis reveló que el 92% de las mujeres reportaron que la violencia en línea afecta negativamente su bienestar.
Las mujeres en la vida pública, como políticas, periodistas y defensoras de los derechos humanos, son especialmente blanco de ataques, y los riesgos son aún mayores para las mujeres negras, las personas LGBTQI+ y las mujeres con discapacidad, según la ONU.
La organización lanzó hasta el 10 de diciembre una campaña para erradicar la violencia digital contra todas las mujeres y niñas.
La campaña insta a los gobiernos a proteger la información personal y a penalizar la violencia digital, y pide a las grandes empresas tecnológicas eliminar el contenido dañino.
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