Después de 31 años viviendo en la ciudad de Los Ángeles, en Estados Unidos, Verónica tuvo que regresar a México en 2022 para renovar su pasaporte, pero por complicaciones burocráticas no pudo realizar el trámite. Desde entonces se tuvo que quedar en el país, del que es originaria, pero en el que tuvo que empezar de cero por su cuenta ante la falta de políticas públicas de apoyo para la reinserción de personas retornadas y/o deportadas.

“Las variaciones en el nombre de mi mamá en distintos documentos me han complicado el trámite de renovación del pasaporte, y no se ha podido aclarar su situación porque ella está en Estados Unidos y yo en México, y por eso he estado aquí parada… es un lío”, cuenta Verónica.

Al llegar a México, buscó a su hermano, a quien no veía desde que él tenía tres años y sólo se comunicaban para el envío de remesas con las que se suponía que debía construirles viviendas. Sin embargo, al encontrarse con él se enteró que “no había dinero, ni construcciones, ni nada”, por lo que tuvo que buscar dónde quedarse. Primero en espacios de Airbnb –que eran los únicos en los que no le pedían aval o documentos que no tenía por haber pasado más de tres décadas fuera del país–, y después con arrendatarios que la trataban mal y le cobraban de más al conocer su situación migratoria.

En la búsqueda de apoyo para regularizar sus documentos conoció al Instituto para las Mujeres en la Migración (IMUMI) y a la organización Pocha House.  “Fue esa comunidad en retorno la que me ayudó a encontrar un hogar temporal”, comentó, hasta que se estableció en la casa de su padre, a quien actualmente cuida de tiempo completo gracias a que el dinero que requiere lo recibe de sus hijas, que siguen viviendo y trabajando en Estados Unidos.

“Pasé por una fuerte depresión el primer año y medio, con dolores de estómago y otros malestares… es difícil, porque llegas a un país que no entiendes, aún hay cosas que yo no entiendo. Y ahora cuando la presidenta Sheinbaum presenta ‘México te abraza’ yo me pregunto ¿cómo te abraza? si no me siento bienvenida, no hay quien te ayude”, lamenta.

Debido a la falta de apoyo por parte de su familia en México, Verónica cortó comunicación con ellos. “Ahorita mi único apoyo es la comunidad en retorno, que me ha ayudado con documentos y a terminar la preparatoria; pronto espero poder entrar a la licenciatura”, platica; sin embargo, su aspiración es que se arreglen los problemas que tiene con los trámites, para poder volver con su madre y sus hijas a Los Ángeles.

“El Estado mexicano ha sido indolente con las necesidades que tenemos como mujeres y familias en contexto de retorno y deportación”, plantea Rossy Antúnez, originaria de la sierra mixe de Oaxaca, quien migró a los Estados Unidos a los 11 años y retornó a México por motivos educativos en 2009.

Actualmente trabaja en el IMUMI como encargada del área de familias transnacionales, e indica que, a lo largo de 14 años, la organización ha documentado “que hay barreras en el acceso a los derechos de la población deportada y retornada, principalmente por los documentos de identidad, que genera altos costos”, como en el caso de Verónica y de miles de personas que se encuentran en una situación similar, y que podrían incrementarse con las políticas antiinmigrantes del gobierno del presidente Donald Trump.

“Esto afecta no sólo a la persona deportada, sino a toda la estructura familiar, incluyendo a quienes nacieron en Estados Unidos y que por la deportación de su madre o padre tienen problemas, ya que aunque llevan varios años en México no cuentan con documentos como la CURP”, detalla.

En el caso de quienes son de origen mexicano, pero llevan varios años fuera, la socióloga y antropóloga social explica que llegan a tener problemáticas a nivel familiar, “pero también jurídicas, educativas y laborales, porque toda la huella social de su vida está en Estados Unidos, y regresan acá sin un historial, y sin redes sociales, lo que impacta sus vidas en distintas formas”.

Además, subraya que las personas retornadas y deportadas enfrentan riesgos ante el contexto de violencia que se vive en México, lo que en muchos casos las lleva a desplazarse forzadamente y enfrentar distintos impactos en la salud mental, sin acceso a atención médica por falta de documentos, “lo que los deja sin apoyo en el país que en primera instancia los había expulsado”.

Desde su experiencia como retornada, y con los casos que ha conocido como parte del equipo de IMUMI, Rossy apunta que la reinserción de las personas que vuelven a México tienen un panorama difícil que no se resuelve con la apertura de albergues, “porque las dificultades que se enfrentan van más allá de la frontera y del momento de recepción”, que es hasta donde llega la atención que actualmente brinda el gobierno mexicano.

Para las personas que son deportadas, y que fueron acusados de algún delito en Estados Unidos, las dificultades son mayores. Arturo Fabián Jiménez, académico del Colegio de la Frontera Norte (Colef), agrega que en estos casos, se enfrentan además al estigma que puede limitar su adaptación a la sociedad mexicana y a sus familias en México.

“Son procesos muy dolorosos, porque obligan a las personas a volver a sus lugares de origen, de donde muchas veces salieron por violencia, y sin ningún tipo de acompañamiento psicológico ni jurídico, más allá del que encuentran con algunas organizaciones, pero aún así viven situaciones difíciles”, indica el investigador.

Fabián Jiménez coincide con el IMUMI en que las dificultades que enfrentan “les impiden adaptarse, principalmente porque no hay un acompañamiento, y el que hay lo recibe una cantidad mínima de ellos, pero las estrategias no son claras ni están enfocadas a lo que ellos requieren, y que va más allá de un albergue temporal. No hay programas ni proyectos que actualmente estén explorando las necesidades de la población migrante, deportada o en retorno”.

“La estrategia ‘México te abraza’ ha sido un eufemismo”, plantean especialistas

En su primera semana como presidente de Estados Unidos, Donald Trump firmó 10 decretos sobre inmigración y emitió una serie de órdenes ejecutivas sobre deportaciones masivas y seguridad fronteriza, que amplían las prioridades de detención a cualquier persona que esté en el país sin documentos, y facilitan los procesos de deportación sin que los afectados comparezcan ante un juez.

Frente a este panorama, el gobierno anunció la estrategia “México te abraza”, que de acuerdo con las autoridades tiene como objetivo recibir a los connacionales repatriados con albergues, apoyos económicos a través de una tarjeta bancaria con 2 mil pesos mexicanos, trabajos temporales y afiliación al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).

Sin embargo, Rossy Antúnez considera que, hasta ahora, “la estrategia ‘México te abraza’ ha sido un eufemismo, porque hemos recibido casos de personas que han sido deportadas durante esta administración y de años pasados que no han tenido ninguna atención por parte del gobierno mexicano”.

“Esta estrategia no es vinculante, no es una política pública y sólo apoya a personas que están en la frontera, pero quienes están siendo deportados no están allá, sino que se están desplazando a otras ciudades, como la capital, donde hay poblaciones en situación de calle y que sufren consecuencias en su salud mental a causa de la deportación, la separación familiar y la falta de acceso a derechos de salud, educación, trabajo y vivienda”, expone la integrante del IMUMI.

Desde su perspectiva, “no hay una visión amplia de atención por parte del gobierno hacia las personas deportadas, principalmente hacia las mujeres, y no se está pensando en los procesos de reinserción”.

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Por su parte, Arturo Fabián destaca que para efectos de cumplir con los objetivos de las autoridades de mitigar las causas por las cuales las personas deciden migrar a Estados Unidos, es necesario que se tomen medidas enfocadas en la inserción de quienes retornen o sean deportados, “porque lo que ellos necesitan en integrarle lo más fácil posible y no enfrentar problemas”.

“Ahorita se viene nuevamente la amenaza por parte de Trump, y es difícil pensar que estamos preparados para recibir a las personas deportadas, porque no es cierto, no se ha querido hacer caso a lo que dice la academia ni las organizaciones de la sociedad civil… y es algo a lo que nos vamos a tener que enfrentar ante la llegada de un gobierno con intenciones de generar una crisis de deportación en México”, expresa.