Algunas llevan meses, otras más de un año, viendo como sus hermanas e hijas se van deprimiendo y enfermando. De septiembre de 2023 a la fecha, más de 100 mujeres fueron trasladadas del Centro de Reinserción Social de La Pila, en la capital de San Luis Potosí, al Centro Penitenciario Único Femenil de Xolol (CPUFX), en la Huasteca potosina, a más de 300 kilómetros de distancia y cinco horas de viaje. La mayoría son originarias de la capital o de municipios del Altiplano potosino, que fueron alejadas de sus familias y sufren condiciones precarias. 

A raíz del último movimiento, el pasado 7 de enero, algunas familias comenzaron a articularse. Están preocupadas. “Las tienen en condiciones inhumanas”, denuncia el Colectivo de familiares de mujeres privadas de la libertad en los Centros Penitenciarios de La Pila y Xolol, por lo que se vive en ambas prisiones. En la capital, las internas pasan los días estresadas y temiendo el traslado a Xolol; en la Huasteca, sobreviven al aislamiento sin contar con servicios básicos, como agua y luz, desesperadas por la falta de trabajo, sin atención médica y soportando un calor húmedo que las sofoca. 

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Sin embargo, el estado potosino ha hecho oído sordos a las denuncias y reclamos de las familias. Confirmando que Xolol será la única prisión femenil en el estado y justificando su decisión en el cumplimiento de la recomendación 73/2019 de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), que exigía se cuente con, por lo menos, un Centro Femenil de Reinserción Social o que las mujeres estén separadas del área varonil -como se encontraban en la capital.

“Se llevaron a las primeras y se dieron cuenta que las instalaciones estaban mal. No les importó. Siguieron llevándoselas. Ya van en el cuarto traslado y, hasta ahora, dicen que van a rehabilitar las instalación, pero se necesita tirar y volver a construir el penal”, dice la señora Sara, cuyo nombre, como el del resto de familiares del Colectivo, fue cambiado para proteger la integridad de su familiar en prisión.

Sin embargo, el anuncio de inversión ha prendido las alertas del Colectivo. En días recientes, las custodias comenzaron a informar que serán nuevamente trasladadas, mientras se rehabilita el CPUFX, al penal en Tamazunchale, también en la Huasteca, sumando una horas más al trayecto de las familias que viajan a ver a sus internas. 

Violación de derechos de los hijos e hijas de las internas en penal femenil de San Luis Potosí

Se cumplió un mes desde la última visita que Sara pudo hacer a su hija. Ella quisiera que sus tres nietos vean más seguido a su mamá y también poder estar más al pendiente de la salud mental y física de la mayor de sus hijas, pero todo se ha complicado desde que se la llevaron. Ahora, para verla, tienen que viajar 10 horas en un solo día. Si el viaje es por su cuenta, gastan entre cinco mil y siete mil pesos; una inversión fuerte para la abuela y madre soltera, trabajadora de la maquila. 

“En la Constitución y en la Ley Nacional de Ejecución Penal se prevé que las personas privadas de libertad deben estar lo más cerca a sus domicilios, cuando están sentenciadas, y a su juzgado cuando estén en proceso. Es contrario a los derechos humanos romper el vínculo familiar que las sostiene, tanto emocional como físicamente, pero también a sus hijas e hijos. Además, esa lejanía implica la privación de otros recursos necesarios para ellas: emocionales, simbólicos, materiales y, dependiendo del caso, afecta también sus procedimientos penales”, explica Marcela Fernández, especialista y defensora de las mujeres privadas de la libertad. 

El Colectivo denuncia que son decenas de hogares los que están pasando por lo mismo que la señora Sara. Otras mamás solicitaron apoyo del gobierno potosino para poder visitar a sus hijas, hermanas y madres con mayor frecuencia. Esas señoras también organizan y son responsables de los viajes. Una tarea que deberían de asumir las autoridades.

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Desde agosto del año pasado, el DIF estatal proporcionó en cinco ocasiones, dos camiones por viaje, que con el último traslado de mujeres son insuficientes. Los viajes no son gratis, a las más de 50 familias se les piden videos agradeciendo al gobernador Ricardo Gallardo Cardona o a su esposa, la senadora Ruth González Silva. “Tenemos que enviar video dándole las gracias, cuando ellos les están quitando derechos a nuestras hijas”, denuncia una de las familiares. Esta es una práctica común en el gobierno potosino del Partido Verde cuando se trata de acciones asistencialistas. 

Lo que no se ve en las grabaciones de agradecimientos es la manera como las organizadoras se ven obligadas a acomodar a los niños y niñas que visitan a mamá. Sara comenta que la mayoría de las mujeres tienen entre dos y tres hijos, y el número de asientos son insuficientes para la multitud de infancias. Las familias cuentan que a los más chiquitos los aprietan de a tres o cuatro en los dos asientos del camión o viajan las 10 horas sentaditos en las piernas de sus abuelas o tías. Haciendo aún más pesado el trayecto. 

Los últimos viajes no han dado tiempo a las familias para organizarse. El último, por ejemplo, fue programado para el 16 de marzo, pero fueron avisadas tres días antes. Las mujeres dicen estar agradecidas; sin embargo, también comentan que la premura no les permite planificar su asistencia y comprar todo lo necesario para sus familiares recluidas. 

“Además del viaje, vamos cargando con productos de higiene personal, productos de limpieza, ropa, zapatos y comida. Les llevamos galones de pinol y cloro, para que les rinda hasta la siguiente visita”, dice una de las mujeres del Colectivo.

En cambio, el apoyo y la solidaridad a las familias de mujeres privadas de la libertad ha venido de las asociaciones civiles, principalmente de Pertenecer, quienes trabajan con la comunidad penitenciaria desde hace 11 años, y han asumido la responsabilidad de los viajes en dos ocasiones, del 31 de diciembre de 2023 al 6  de junio de 2024, cuando no existía diálogo ni apertura del Estado, y en este mes, organizando un viaje para el próximo 22 de marzo. 

Para el Colectivo, el apoyo de Perteneces debería de complementar la responsabilidad del Estado con los viajes de las familias, pues fueron las autoridades potosinas quienes decidieron alejar a las mujeres. La asociación civil no puede asumir la carga completa y las familias tampoco se pueden limitar a dos personas por viaje, que fue la última condición dada; principalmente por los hijos e hijas de las internas, que tienen derecho a estar cerca de ellas.  

Actualmente, si bien les va, los hijos e hijas pueden visitar a mamá solo una vez al mes. Esto ha traído problemas graves a las personas que cuidan de las infancias y adolescencias. “No se dan cuenta que descabezaron a las familias”, señala Sara. 

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La abuela narra que cuando su hija estaba cerca era más fácil que estuviera al pendiente de sus tres hijos. Pese a estar recluida en La Pila, ejercía cierto control y autoridad sobre sus niños. Pero, se la llevaron en un momento complicado, cuando su nieta mayor iba entrando a la adolescencia; la lejanía de su figura de autoridad la ha hecho más rebelde. La abuela ha pedido ayuda al DIF y a la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes, pero tampoco le han brindado soluciones.  

También es el caso de Mayela, otra abuela que se quedó al cuidado de tres niñas. Ella dice que su hija cumplirá pronto un año en el penal de Xolol y sus nietas solo han podido ir a ver a su mamá dos veces. “Ellas están mal, me preocupa mi hija, pero me preocupan más mis nietas. Las chicas lloran mucho, acá podían verla cada semana o cada 15 días. Ahora solo hablan, pero no es lo mismo”. 

Mayela menciona que son varias abuelas o tutoras las que están pasando por lo mismo que ella y Sara. “Yo nunca me había quejado. Reconocimos la culpa de mi hija y la apoyamos, pero con los traslados afectaron a mi familia entera, no solo a ella”, señala Mayela.    

La académica Marcela Fernández explica que los traslados también afectan el derecho a la familia, al cuidado, a la salud e, incluso, a la educación de los hijos e hijas de las internas; pues la carga de cuidados en México sigue enfocándose únicamente en las mujeres. 

“Constitucionalmente están prohibidas las penas trascendentes. Esto significa que una pena impuesta a una persona no puede trascender a su familia y, mucho menos a niños o niñas, sin embargo, esto es lo que en la realidad sucede”.  

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“Cuando estaba aquí en La Pila, casi siempre visitaba a mi hija dos veces por semana y la veía tranquila. Ahora es difícil, muy costoso y cansado visitarla. Si bien nos va, ahora podemos verla una vez al mes o una vez cada dos meses. La última vez que la vi estaba mal: deprimida y muy desesperada”, relata María.

El aislamiento es de los principales problemas de las internas en Xolos, pero no el único. Desde la manera cómo fueron trasladadas, pasando por las malas condiciones de vida, hasta la falta de trabajo, están afectando la salud mental y física de las mujeres privadas de su libertad. 

“Cuando prenden las luces [como a las tres de la madrugada] es porque ya está un policía esperando. Y, les gritan: ‘Órale, rápido, muévanse’ y se las llevan en las perreras, que son unas camionetas. En siete minutos hacen todo”, refiere Carmela. Su hermana le contó que muchas mujeres no alcanzan a agarrar su ropa o a ponerse los tenis, muchas llegaron sin nada a la Huasteca. Las familias se enteraron que sus hijas o hermanas fueron trasladadas hasta el día de visita. 

Tras más de cinco horas de viaje, las mujeres llegan al Centro Penitenciario Único Femenil de Xolol, que se localiza en una zona pantanosa en medio de la selva de Tancanhuitz, en pleno corazón de la zona Teenek. El clima es tropical, lo opuesto al semidesértico de la capital del estado. Podemos decir que para las personas que no están acostumbradas a él, el clima huasteco es extremo: el calor es sofocante a finales de la primavera y principios del verano, y el frío húmedo se clava en los huesos durante el invierno.

La señora María relata que durante 15 días, las recién llegadas son aisladas en lo que anteriormente era el ala femenil de la prisión, una zona aún más precaria que donde viven regularmente; esto con el fin de “desintoxicarlas”. En el área varonil de La Pila, en la capital, hay un problema grave de narcomenudeo que el Estado no ha podido controlar y afecta también a la comunidad femenil. “Cuando se llevaron a mi hija me tocó visitarla en una cancha. Es muy impactante llegar y ver que las tienen encerradas, aisladas, sin nada”, recuerda la madre. 

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Cuando las internas son llevadas a población las condiciones mejoran, pero no lo suficiente para vivir dignamente. El drenaje se desborda y los baños, que no tienen puertas, están constantemente tapados. El agua está contaminada y las mujeres sufren de infecciones estomacales y en la piel; también se las racionan, han tenido que quitarse el pudor para poder bañarse. “Para aprovechar el agua que les dan, se tienen que bañar juntas, hasta de cinco en una misma regadera”, relata María. 

Tienen frecuentemente problemas con la electricidad, que ha interferido y prolongado los procesos penales de las mujeres aún sin sentencia, que no pueden trasladarse a la capital, pero tampoco realizar videollamadas. La comida es mala. El médico es un hombre y hay escasez de medicamentos o están caducados. Las condiciones insalubres de vida han favorecido el aumento de plagas: viven entre ratas, cucarachas y ranas.

“Lo que las tiene más mal es la falta de trabajo”, señala Sara. En la capital, las mujeres privadas de la libertad trabajan en las fábricas, en el taller de costura o haciendo manualidades de foamy; en la Huasteca perdieron su fuente de ingresos y tuvieron que dejar de apoyar a sus hijos. A finales de 2024, se instaló una fábrica de focos que dió una decena de empleos; hace unas semanas llegó un horno y empezaron a hacer donas; sin embargo, las familias señalan que los empleos son insuficientes. 

Con los 10 millones de pesos anunciados para la renovación, se informó a las familias la construcción de un segundo piso en el penal, la renovación de los baños, la instalación de un gimnasio al aire libre y de aires acondicionados, y la llegada de un centro de lavado que será, según mencionan, una nueva oportunidad de trabajo para las internas.  

“Se habla del único penal femenil en el Xolol como un proyecto. Al principio se decía que todas estarían allá para diciembre de 2023. Hablan de un proyecto, pero ese proyecto no tiene pies ni cabeza. Aunque no lo quieran reconocer, es cruel e inhumano lo que le están haciendo y también lo que nos hacen a nosotros como familias”, reclama Sara.   

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Intento del gobierno por controlar las denuncias de las “condiciones inhumanas” en penal femenil de San Luis Potosí

La primer denuncia del Colectivo de familiares de mujeres privadas de la libertad en los Centros Penitenciarios de La Pila y Xolol fue pública a finales de enero, después vino un comunicado de prensa donde exigieron: “Las prisiones no pueden seguir siendo espacios de tortura, violencia y deshumanización para las mujeres. Al contrario, deben transformarse en lugares que posibiliten la verdadera reinserción social, basada en la justicia, la dignidad y el respeto a los derechos humanos”.  

Desde el Gobierno del Estado se ha intentado negar las denuncias de las familias. La directora de Prevención y Reinserción Social, Margot Montes Sándoval, mencionó, a finales de enero, que Xolol cumple cabalmente con los ejes de reinserción social y se prepara para el proceso de certificación internacional de la Asociación de Correccionales de América. Un mes antes se dio a conocer que el penal reprobó, por tercera ocasión consecutiva, la evaluación del Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria, elaborado por la CNDH. 

Mientras tanto, el Colectivo buscó acercamiento con autoridades federales. De nuevo, fueron las organizaciones de la sociedad civil, Educación y Ciudadanía A.C. (Educiac) y Lúminas Centro de Derechos Humanos, quienes respaldaron y se ampararon contra los traslados ilegales de mujeres. 

“Es indispensable el reconocimiento público y social de las obligaciones del Estado para garantizar los derechos humanos de las mujeres, que no se diluyen al ser privadas de la libertad. Los traslados son actos discriminatorios porque no consideran las necesidades específicas ni el impacto que tienen en la vida de las mujeres, que ya de por sí viven los impactos diferenciados y consecuencias desproporcionadas a partir de su encarcelamiento”, refiere la antropóloga Sofía Córdova, de Educiac.

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La diputada local morenista Gabriela López Torres tuvo acercamiento con otro grupo de familias afectadas por los traslados. Durante la sesión legislativa del 11 de febrero presentó un punto de acuerdo de urgente y obvia resolución que exhortaba a mejorar las condiciones de vida en Xolol y a proporcionar transporte a las familias; sin embargo, la bancada oficialista del Partido Verde Ecologista de México (PVEM) y el Partido del Trabajo votó en contra, turnando el punto de acuerdo a comisiones, que podrá tardar varios meses para su resolución. 

“Es un centro de reinserción donde la directora ha promovido la sororidad y los lazos de unión. Y ellas viven bien, viven felices, viven contentas, trabajan. Entonces, condiciones deplorables no tienen […] Quiero también reconocer ampliamente el trabajo de nuestra senadora Ruth González Silva, quienes en varias ocasiones les ha entregado kits menstruales”, intervino en tribuna la legisladora huasteca Roxanna Hernández Ramírez, del PVEM. 

El comentario de Hernández Ramírez causó indignación social. En medios de comunicación y en redes sociales, exinternas de Xolol y familiares de mujeres presas comenzaron a narrar las carencias y estragos de salud mental y física que se sufren en la prisión de Tancanhuitz. La diputada se vio obligada a pedir disculpas, entre los congresistas comenzaron las iniciativas de visitar el penal y el gobierno estatal tuvo que cambiar su estrategia mediática. 

El secretario Ruiz Contreras anunció la inversión y renovación de Xolol, mientras se informó del cambio en la dirección del penal. La comisión de Seguridad Pública del Congreso programó su visita para el 5 de marzo, que, al final, fue cancelada por falta de quórum. 

A pesar de las declaraciones a medios, los comunicados de prensa y las promesas hechas a las familias, las condiciones de vida no han mejorado en el penal de Xolol. Las familias mencionan que entre las mujeres privadas de la libertad hay muchas que son inocentes y otras más sin sentencia, cuyos procesos penales se han alentado por la lejanía de los juzgados y la falta de presupuesto para gasolinas. 

“Están encarceladas no como consecuencia de una sentencia firme, sino por un sistema que, en lugar de proteger la presunción de inocencia, termina castigándolas de manera anticipada. Esta realidad hace que la situación sea aún más grave, pues muchas de ellas ni siquiera deberían estar enfrentando estas condiciones, y su traslado a un centro penitenciario con aún mayores carencias solo agrava las violaciones a sus derechos”, señala la abogada Fátima Alvizo, de Lúminas.

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Para las familias del Colectivo, los traslados de mujeres reflejan la falta de perspectiva de género en la implementación de las políticas públicas en San Luis Potosí. Además, “la protección de los derechos humanos debe estar atravesada por la perspectiva de género porque las mujeres tienen necesidades diferenciadas; por ejemplo, siguen siendo las principales cuidadoras de niños y niñas”, agrega Marcela Fernández. 

“Duele lo que están viviendo y verlas así. Exigimos que mejoren las condiciones de vida; que se piense en ellas y en sus necesidades. Nosotras no estamos en desacuerdo de que exista un penal solo para ellas, pero no en Xolol, tan lejos y tan mal; que las traigan al penal de Rioverde (a 2 horas de la capital) o en algún otro lugar en San Luis capital”, solicita Sara.