Pemex registra 270 derrames y fugas de alto impacto ambiental de 2018 a 2024
La madrugada del 16 de septiembre se soltó un aguacero en Ojital Viejo, Veracruz, que cubrió todo de negro: los troncos, las plantas, los cultivos, el arroyo y los animales de los alrededores. Aunque los pobladores lo reportaron a primera hora, nadie llegó por ser día festivo.
El petróleo que pintó a Ojital Viejo inició como una fuga un mes antes. Al principio, confundieron el olor que salía del ducto con el asfalto de la carretera que se estaba pavimentando. Cuando encontraron la ruptura, llamaron a Petróleos Mexicanos (Pemex), que mandó a una cuadrilla de uniformados para hacer los trabajos de limpieza.
“Pero no se llevaron lo que se había derramado y se quedó estancado en el arroyo”, cuenta Romualdo García de Luna, abuelo del consejo de la comunidad.
El aguacero arrastró los residuos estancados del derrame, contaminó el arroyo y lo que encontró a su paso. Para el 16 de septiembre todo estaba bajo una capa negra con olor a solvente que permaneció en el aire por semanas. Este fue uno de los últimos grandes derrames del año que se sumaría a los 270 en escala grave y moderada que ocurrieron en el sexenio pasado, de acuerdo con información oficial obtenida para este reportaje.
Ojital Viejo es una comunidad del municipio de Papantla, al centro-norte de Veracruz, con alrededor de 700 habitantes. Como parte de la región Totonacapan, su lengua materna es el totonaca y tienen un Consejo de Abuelos que funge como una figura de autoridad encargada de transmitir el conocimiento ancestral y participar en la toma de decisiones.
Cerca de la comunidad, a sólo 20 minutos por carretera, está Poza Rica, una ciudad con historial petrolero debido a sus yacimientos descubiertos en la década de los 50.
Dada la historia de la región, en Ojital Viejo eran conocidos los derrames y las fugas, pero nunca habían vivido algo como el pasado 16 de septiembre. Sin embargo, tuvieron que pasar dos días y un cierre por parte de la población de la carretera El Chote – Coatzintla, que conecta a Poza Rica y Papantla, para que Pemex enviara a su personal.
“No nos quedó de otra, sabemos que afectamos a terceros (con el cierre de la carretera), pero no fue porque quisiéramos, fue porque todo estaba contaminado: el arroyo, la fauna, lo acuático, lo terrestre y más de ocho kilómetros de nuestros cultivos”, señala el abuelo Romualdo.
Cerraron la carretera un par de días y negociaron dar quince más para que Pemex hiciera los trabajos de limpieza. De lo contrario, tomarían las instalaciones petroleras en Poza Rica.
Aunque la empresa envió a un representante con un grupo de trabajadores, un mes después del derrame no había avances significativos para el pueblo, que también reportó actitudes de intimidación y discriminación durante el proceso. La población decidió hacer una denuncia ante la Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente (ASEA), que es el organismo regulador de la industria de hidrocarburos en México.
El 17 de octubre, la ASEA informó en un comunicado que había tenido una reunión con el Ayuntamiento de Papantla para dialogar sobre el derrame, donde aseguró que impondría “medidas de urgente aplicación para la atención ambiental”.
Pemex reportó 270 derrames de petróleo moderados y graves
Históricamente, Veracruz y Tabasco han sido las entidades con mayor producción de petróleo en México. Se trata de estados colindantes con el Golfo de México, en donde se concentran los yacimientos de hidrocarburos. Sin embargo, la presencia de la industria petrolera también ha traído daños ambientales.
Así como ocurrió en Ojital Viejo, los pescadores del río Pánuco han abandonado sus trabajos debido a la contaminación; en Papantla, los productores agrícolas denuncian daños en sus cultivos de azúcar y soya; y al sur, las comunidades cercanas al río Coatzacoalcos no encuentran qué pescar por la mortandad de peces.
En un desglose del último sexenio, de diciembre de 2018 a julio de 2024, el Centro de Coordinación y Apoyo a Emergencias (CCAE) de Pemex reportó a nivel nacional 270 derrames y fugas en escala moderada y grave, principalmente, al suelo y el agua, de acuerdo con información proporcionada vía transparencia a Causa Natura Media.
De los 270 derrames y fugas en escala grave y moderada, Tabasco refleja 70 y Veracruz 62, ocupando el primero y segundo lugar, respectivamente. Lo que representa el 50.7 % del total de derrames ocurridos en todo el país.
Si se suman aquellos catalogados como de menor impacto, la cifra asciende en todo el país a más de 6 mil en este mismo periodo.
Esta información oficial no toma en cuenta los derrames generados por tomas clandestinas. Asimismo, los datos están dados hasta julio de 2024 porque se trata de la información disponible de Pemex al momento de realizar la solicitud de información.
Es importante resaltar que el CCAE ha cambiado los registros de las cifras previamente reportadas. En una solicitud de información realizada en el 2023 por Causa Natura Media, el total de derrames en escala moderada y grave para Tabasco era de 80 hasta 2022.
“Es preocupante que exista esta falta de políticas públicas y esta negativa para aceptar que existen estos incidentes. Coloca a la autoridad en una total violación de derechos humanos”, señala Alejandra Jiménez, integrante de la Coordinadora Regional de Acción Solidaria en Defensa del Territorio Huasteca-Totonacapan (CORASON), una red de colectivos y comunidades que surgió en 2015.
Jiménez ha acompañado a las comunidades de la Huasteca-Totonacapan en las denuncias de varios derrames de petróleo. “No es sólo de las últimas administraciones, vemos que por años ha habido una falta de políticas públicas para atender los incidentes generados por la industria de hidrocarburos”, apunta en entrevista.
Durante cuatro sexenios, de 2000 a 2018, Pemex reportó 7 mil 276 fugas y derrames de distinta escala, de acuerdo con cifras oficiales publicadas en sus Informes de Sustentabilidad. Si se suma el estimado de 2019 a 2024, la cifra se eleva a más de 13 mil incidentes.
Hay que considerar que el incremento ha sido en número de derrames y fugas. Si se habla del volumen derramado por barril, la cifra ha ido disminuyendo. Siendo la más alta en el sexenio del expresidente Vicente Fox (2000 – 2006) con más de 288 mil barriles derramados, seguido por Felipe Calderón (2006 – 2012) con más de 166 mil barriles, posteriormente López Obrador con más de 15 mil hasta 2023 y, finalmente, Enrique Peña Nieto (2012 – 2018) con más de 11 mil barriles.
Frente a las cifras diversas, organizaciones de la sociedad civil como la Alianza Mexicana contra el Fracking han pedido que exista una plataforma pública donde cualquier ciudadano pueda acceder a la información sobre estos derrames: cuántos son, dónde se han generado, cuáles son las medidas de mitigación y de remediación que se toman.
Para Jiménez, la falta de transparencia se ve potenciada en las comunidades campesinas e indígenas que son las más afectadas.
“Notamos que aquí la industria pone menos atención porque sabe que existen condiciones que le permiten no hacer las reparaciones como deben de ser. A diferencia de una ciudad donde sabe que van a llegar los medios de comunicación, con una sociedad civil dispuesta a denunciar y organizaciones que van a cubrir con mayor facilidad estas denuncias”, apunta.
Comunidades entre el petróleo debido a los derrames
El abuelo Romualdo supo que los naranjales que crecen en Ojital Viejo tardarán cinco años en ser comestibles varias semanas después del derrame. Se lo dijo un químico al que consultó en una búsqueda de información para entender qué pasaría después.
“Para mí fue un ecocidio”, dice el abuelo Romualdo, enlistando los animales que no pudieron rescatar, los cultivos y el arroyo que siguieron contaminados aún después de los trabajos de limpieza y los comentarios sobre enfermedades crónico-degenerativas en regiones con historial petrolero.
“Después de todo eso, empecé a organizarme para ver la problemática más a profundidad, preocupado por la niñez que vive a la orilla del arroyo, pensando qué afectaciones van a tener en su salud cuando tengan 30 años”, señala.
En la búsqueda, el abuelo Romualdo visitó al alcalde de Ojital Viejo para pedirle que convocara a algunas comunidades de Veracruz que también vivieron derrames de petróleo.
Esta organización dio pie a la reunión de 11 agentes municipales que actualmente buscan proceder ante la ASEA y otras instancias como la Comisión Nacional del Agua (Conagua) y la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa).
Uno de los objetivos es hablar con la actual presidenta Claudia Sheinbaum para exponer las afectaciones que se están viviendo en el territorio Totonacapan. Así como llegar a un acuerdo con Pemex.
“Hay muchos pozos petroleros en la zona y por eso es que estamos pidiendo por escrito que la institución de Petróleos Mexicanos haga un compromiso con nosotros y que cada mes nos dé la información de cómo se va atendiendo esto”, indica el abuelo Romualdo.
¿Y Pemex?
“Se supone que cada año el sector de hidrocarburos a nivel mundial tiene más conocimientos e implementa mejores medidas, pero esto no le ha ocurrido a Pemex y, fundamentalmente, es porque la disminución de recursos, disminución de presupuesto, no ha venido acompañada con una mejora en las prácticas”, explica David Rosales, socio director de la consultora Elevation Ideas.
Para el 2025, Pemex recibió un presupuesto de 464 mil 255 millones de pesos, lo que posiciona a la paraestatal sobre otras dependencias como la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, pero representa una disminución del 3.6% (en términos nominales) respecto a 2024.
El actual Plan de Trabajo 2025-2030, presentado por la presidenta Claudia Sheinbaum, apuesta por continuar con la exploración, la producción y la refinación de petróleo y gas.
“Se implementarán acciones para incrementar las reservas de hidrocarburos con el objetivo de garantizar al menos diez años de consumo. Se llevará a cabo la perforación de 269 pozos exploratorios distribuidos en seis proyectos clave”, señala dicho Plan de Trabajo.
Para Rosales, uno de los errores que se ha cometido desde el sexenio pasado es hacer partícipe a la paraestatal en toda la cadena. “Insistimos en querer ver a Pemex como una empresa que ya no es, como si hubiera sido la caja chica para mantener las finanzas públicas nacionales”, apunta.
El consultor puntualiza que existe una alta producción en la extracción, pero el problema es que no se ha invertido en la fase previa de exploración, lo que repercute en la eficiencia del resto de la cadena. Así como “continuar refinando cuando nuestras refinerías no estaban en condiciones de ponerse a refinar más”.
Por su parte, desde 2015 la ASEA ha fungido como regulador de la industria de hidrocarburos. Lo que le otorga facultades como sancionar por los derrames y las fugas que se presenten. Sin embargo, Causa Natura Media documentó que sólo hubo 14 sanciones entre 2015 y 2022 frente a más de 5 mil derrames reportados durante el mismo periodo.
En otra solicitud de información más reciente, ASEA reportó un listado de 256 expedientes abiertos de 2015 a 2024 por derrames, pero ninguno concluyó en una sanción pecuniaria, que es el cobro monetario como consecuencia del incumplimiento de la ley.
“Yo te diría que el problema ya no está en regular, sino en el concepto final del ciclo regulatorio que es el enforcement, en español lo traduciría como el proceso de hacer que se cumpla la regulación”, explica Rosales.
El consultor señala que existe un conflicto en que la parte sancionada y la sancionadora pertenecen al Estado. “No hay cómo hacer que ASEA pueda ponerse a pelear con Pemex para imponer una sanción cuando el jefe es el mismo y le dice ‘déjame a éste en paz porque no quiero ni el daño reputacional, ni la multa, ni las obligaciones, ni el exceso de carga”, ejemplifica.
La reparación
Ahora que Ojital Viejo está en organización colectiva, otra de sus peticiones es una firma de convenio entre la comunidad, Pemex y el gobierno, en el que la paraestatal se comprometa a dar limpieza a todos sus ductos.
“Porque si no realiza el mantenimiento, nosotros estamos pagando las consecuencias, nosotros somos los que vivimos en estas comunidades”, expresa el abuelo Romualdo.
Asimismo, piden que se realice un estudio al aire para conocer el grado de contaminación. Si bien los impactos más tangibles están en el suelo, la información que existe sobre los componentes químicos en el aire es casi nula.
“Como pueblos originarios tenemos derecho a ser informados porque los pozos petroleros están en nuestros territorios y (las autoridades) nunca nos han dicho nada”, señala el abuelo Romualdo.
*Este reportaje fue publicado originalmente en Causa Natura Media.
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El párroco de Maryland ha accedido a ser el tutor en reserva de los hijos de varios de sus feligreses. Ante las redadas migratorias, cada vez más familias indocumentadas o de estatus mixto en California están dejando en manos de hermanos, primos, padrinos amigos o personas cercanas decisiones escolares o médicas que afecten a sus hijos.
De un día para otro el padre Vidal Rivas podría encontrarse a cargo de un bebé de 12 meses o de un adolescente de 17 años, a quien tendría que acoger en casa, alimentar, vestir y guiar hasta que termine el instituto.
También podría tener que encargarse de los trámites para que varios niños puedan volar al país de origen de sus padres y de acompañarlos hasta que se reúnan con ellos.
Y es que este carismático sacerdote, quien encabeza la parroquia episcopal de San Mateo en Hyattsville (Maryland, Estados Unidos), se comprometió a asumir la tutela temporal de 26 menores en caso de que sus padres sean deportados.
“Es una responsabilidad muy grande, que cambiaría completamente la vida de mi familia”, le reconoce a BBC Mundo. “Tanto mi esposa como yo somos conscientes de ello, sabemos lo que implica”.
Desde el inicio del segundo gobierno de Donald Trump, quien asumió la presidencia en enero con la promesa de llevar a cabo “la mayor deportación en la historia del país”, son muchos los migrantes indocumentados que se han apresurado a dejarlo todo atado por si son detenidos y expulsados.
Y han buscado en su entorno más cercano a figuras de confianza como el padre Rivas para que se ocupen del cuidado de sus hijos cuando no estén.
Es parte de lo que organizaciones y especialistas legales llaman un “plan de preparación familiar”, algo que cada vez más hogares con situaciones migratorias mixtas –con al menos uno de sus miembros indocumentado— están haciendo.
“Implica tener conversaciones incómodas y tomar decisiones dolorosas, pero ser precavido facilita las cosas a la hora de lidiar con una emergencia y con sus consecuencias”, le dijo a BBC Mundo Kristina Lovato, directora del Centro de Inmigración y Bienestar Infantil (CICW) de la Universidad de California en Berkeley.
“Mi hija no quedará en un limbo”
Hoy por hoy hay más de seis millones de hogares en condiciones migratorias mixtas en EE.UU., cerca del 5% del total, según cifras del centro de investigación Pew.
Y de acuerdo con los datos que maneja el CICW, al menos uno de los progenitores de 5,9 millones de niños no cuenta con papeles.
A eso hay que sumar los más de 500.000 que tienen padres amparados por la Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA, por sus siglas en inglés), un programa de la era Obama que los expertos aseguran que hoy se está “socavando”, y por el Estatus de Protección Temporal (TPS), que el actual gobierno busca revocar para ciudadanos de varios países.
Desde el inicio del año hasta septiembre, más de 400.000 personas habían sido deportadas, de acuerdo a las cifras más recientes hechas públicas por el Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés).
Y para el 16 de noviembre — los últimos datos oficiales– el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) mantenía en centros de detención de todo el país a 65.135 personas, la mayor cantidad reportada por la agencia desde su creación en 2003.
De los arrestados, el 48% no contaba con ningún cargo o condena penal en EE.UU. y permanecían en custodia por violaciones civiles de las leyes de inmigración estadounidenses.
La situación actual está impactando la moral de los feligreses de la iglesia de San Mateo, asegura su párroco.
Y es que el municipio al que pertenece, Hyattsville, un suburbio de Washington DC donde más del 40% de sus casi 21.000 residentes son latinos y un tercio nacieron en otro país, no se ha librado de las detenciones.
“La gente tiene demasiado miedo, aunque decir eso es poco. Es más bien terror a salir e incluso a estar en el templo”, subraya el padre Rivas, quien siendo oriundo de El Salvador, llegó a EE.UU. en 1998.
“Yo mismo soy inmigrante, y aunque vine con residencia por los sacerdotes que me trajeron a trabajar a este país, he visto el dolor de mi pueblo (durante la guerra civil salvadoreña, 1980-1992) y ahora lo veo aquí, miro a las personas cada día en sufrimiento”, señala.
Ante ello, el cura y miembros de su parroquia decidieron tomar acciones para que los fieles y la comunidad en general se sintieran más seguros.
Ahora los servicios religiosos son a puerta cerrada y varios voluntarios custodian la entrada y vigilan los alrededores.
También empezaron a animar a los devotos a que se preparen para cualquier eventualidad migratoria y busquen guardianes temporales para sus hijos, algo contemplado en la legislación estatal.
“Al hacerlo, descubrimos que muchas familias no tienen miembros con residencia (permanente o green card) o ciudadanía estadounidense. Es muy triste ver que no encuentran a nadie, les entra mucha desesperación”, se lamenta Rivas.
“Es ahí donde tuvimos que enseñarles a buscar a personas de confianza que pudieran servirles de tutores”, explica.
Como tantos otros, Mimi, una mujer indocumentada de 40 años y madre soltera de una adolescente de 16, encontró esa figura en el propio Rivas.
“Pasé muchos días y noches pensándolo. Y aunque fue una decisión muy difícil, sé que es la mejor”, le dice a BBC Mundo.
Asegura sentirse aliviada de saber que, si la deportaran, su hija no quedaría “en un limbo”. “Que pueda venir un trabajador social y llevársela, que quede en manos del gobierno y que la den en adopción” sería su mayor pesadilla, explica la mujer, cuyo nombre real y nacionalidad obviamos para proteger su identidad.
Lo que Mimi acordó con el padre Rivas es que se encargue de todo lo necesario para que la menor, diagnosticada en el espectro autista, se reúna con ella en su país de origen.
“Me gustaría que mi hija siguiera estudiando, que terminara sus estudios, pero por la situación nunca nos hemos separado y no creo que quiera estar sin mí”.
Ese es el encargo que Rivas recibió de algunos de los padres de los otros 25 menores para quienes se prestó como tutor temporal. Otros le pidieron que sus hijos se queden en EE.UU. al menos hasta terminar el instituto.
Hasta seis meses y revocable
Para que eso sea posible y esté amparado por la ley, todos ellos rellenaron y firmaron un formulario de designación parental para el inicio de la tutela de reserva.
“Es la ampliación de una figura legal que existe en Maryland desde la epidemia del sida en los 70”, le explica a BBC Mundo Cam Crockett, una abogada especializada en derecho de familia que lleva 40 años ejerciendo en el estado y fue una de las impulsoras de la actual ley de tutela de emergencia.
Desde que el Congreso estatal la aprobara por unanimidad en mayo de 2018, además de para casos de incapacidad mental o debilitamiento físico, permite a un adulto designar a un tutor en reserva para sus hijos por si fuera detenido por las autoridades migratorias o deportado.
“Se activa una vez ocurre la emergencia y dura seis meses, aunque los padres pueden revocarla en cualquier momento”, explica Crockett.
Los progenitores, quienes no pierden la patria potestad, dejan especificado en el formulario qué puede el tutor hacer en su nombre: desde inscribir a los menores en la escuela o ingresarlos en un hospital, hasta reservar vuelos y hoteles para ellos, recibir fondos o tomar decisiones financieras.
“Lo que les sugerimos es que piensen muy bien antes de elegir al potencial tutor, ya que puede que este tenga que acudir a un tribunal, o tomar un vuelo a otro país”, explica la abogada.
Y si quisieran que la situación se extendiese más allá de los 180 días, tendrían que buscar una tutela más permanente o valorar una custodia por terceros, para lo que la experta recomienda consultar el caso concreto con abogados.
Cambios de estado a estado
Sin embargo, la tutela en reserva no existe como tal en todas las legislaciones estatales de EE.UU.
“Por eso es muy importante que los interesados reciban un buen asesoramiento legal, del estado en el que viven, porque las leyes cambian estado a estado”, remarca Sharon Balmer Cartagena, la abogada que dirige el Proyecto de Defensa de la Infancia, Juventud y Familia de la organización Public Counsel.
“Porque hay muchos grupos, también online, en los que la gente aconseja sobre este tema, pero un consejo muy bueno en Texas podría ser uno muy malo en California”.
Por ejemplo en California, donde ejerce Balmer Cartagena, la tutela temporal no existe.
Allí la tutela otorga al designado la custodia legal y física total del niño y, para recuperar la patria potestad, los padres deben solicitarlo ante el juez, quien será el que decida cuál es la mejor opción para el menor.
“Puede ser una buena alternativa si los padres se sienten cómodos con el hecho de que la persona designada se convierta prácticamente en la progenitora de sus hijos”, señala la especialista.
“Pero ¿qué pasa si el tutor, digamos un primo, decide que ya no es beneficioso para el menor que tenga contacto con sus padres? Estaría en su derecho de así decidirlo”, prosigue.
“La tutela es para niños que van a quedarse con otra persona de forma permanente. A quienes quieran que sus hijos se reúnan eventualmente con ellos (en el país de origen) no se la recomendamos; ellos deberían optar por una declaración jurada de autorización de cuidadores”, explica.
Es por medio de ese acuerdo, más sencillo, que cada vez más familias indocumentadas o de estatus mixto en California están dejando en manos de hermanos, primos, padrinos o amigos decisiones escolares o médicas que afecten a sus hijos.
Balmer Cartagena reconoce que, cuando hacen presentaciones en la comunidad sobre cómo hacer un plan de preparación familiar, son muchos les dicen no tener a nadie en EE.UU. que pueda cumplir con ese rol.
“Lo que hacemos es animarlos a pensar de forma más amplia, porque hemos tenido casos en los que una maestra o la familia para la que nuestra clienta trabajaba de cuidadora los apoyaron brevemente para facilitar la reunificación tras una deportación”.
Más conciencia y preparación
Así como Public Counsel, otros grupos, voluntarios y activistas de prácticamente todos los estados del país llevan meses ofreciendo talleres sobre cómo preparar un plan de emergencia familiar y sesiones divulgativas bajo el título de “Conoce tus derechos”, donde insisten a los asistentes en que pueden retener información personal y negarse a firmar cualquier documento, reparten volantes y ofrecen asistencia legal por teléfono.
También reparten la “tarjeta roja“, disponible en 19 idiomas, que recuerda a los inmigrantes sus derechos constitucionales y resume los pasos a seguir a la hora de interactuar con agentes del ICE.
Y patrullas comunitarias recorren barrios y presencian redadas para asegurarse de que se cumplen todos los protocolos o para documentarlas en caso de que se estos se violen. Videos captados por estos voluntarios aparecen en las redes sociales a diario.
Funcionarios de la administración Trump han arremetido contra estas ONGs y voluntarios, alegando que lo que hacen es “ayudar” a los inmigrantes sin residencia legal a “desafiar” a los agentes del ICE y a “esconderse”.
“Ellos le dicen ‘Conoce tus derechos’, yo lo llamo ‘Cómo escapar del arresto'”, dijo en su momento Thomas D. Homan, nombrado “zar de la frontera” por Trump y quien está al frente de las operaciones de deportación.
Sea como fuere, en todo este esfuerzo encaja también una cada vez mayor conciencia de la necesidad de tener que anticiparse y tener listo, sobre todo, un plan que incluya el cuidado infantil.
“Ha habido una campaña relativamente exitosa en la comunidad inmigrante, y cuando hablo con mis clientes, me encuentro con preguntas más reflexivas y matizadas, porque las cuestiones básicas ya las conocen”, le dijo en marzo a BBC Mundo Kate Lincoln-Goldfinch, una abogada de inmigración que ejerce en la zona central del estado de Texas.
“Toda persona indocumentada necesita consultar su situación con un abogado de inmigración”, subraya, y estar bien preparado por si se da una emergencia. “Porque cuando hay una detención, es como en un incendio: nadie tiene tiempo para pensar y después actuar”, explicó.
“Así que es vital tomarse el tiempo de antemano, por muy desagradable que sea, de pensar en quién va a recoger a los niños; si la escuela tiene las autorizaciones que necesita; si hemos juntado los documentos en una carpeta, incluida la información sobre cuentas bancarias; si sabemos dónde están las llaves del coche y el seguro… Y tener todo eso claro y en un mismo lugar para que alguien que lo necesite pueda venir a recogerlo y manejar nuestras vidas por nosotros”, zanjó.
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