
En México, más de 38 mil unidades productivas del programa Sembrando Vida se encuentran en riesgo debido a los impactos asociados al fracking, señala una investigación de CartoCrítica y la Alianza Mexicana contra el Fracking.
Con datos a 2019 de la Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH), en el país había registro de 7 mil 840 pozos fracturados, distribuidos en 68 municipios de siete estados: Tamaulipas, Veracruz, Nuevo León, Puebla, Coahuila, Tabasco y Chiapas, con un total de 35 mil 979 fracturas.
En tanto el “Mapa de unidades producción del programa Sembrando Vida”, de la Secretaría de Bienestar, ubica 499 mil 953 parcelas incorporadas al programa, las cuales están en 20 estados pero Chiapas, Veracruz y Tabasco concentran el 45% de ellas.

La investigación divide el riesgo por fracking de las unidades de producción en tres categorías a partir de su relación con la fractura hidráulica:
De acuerdo con la clasificación del nivel de riesgo de la investigación de CartoCrítica y la Alianza Mexicana contra el Fracking, 7 mil 581 unidades de Sembrando Vida, con un total de 18 mil 953 hectáreas, están a menos de 5 km de un pozo fracturado.
Veracruz concentra el 60% de estos predios, seguido de Tabasco, Puebla, Chiapas y Tamaulipas.
Y si se consideran las parcelas ubicadas en bloques de yacimientos no convencionales en espera de ser licitados, así como áreas con contratos y asignaciones vigentes, el número de productores afectados asciende a 38 mil 338.

Esto es una afectación a 95 mil 845 hectáreas, ubicadas en Veracruz (15 mil 437 unidades), Hidalgo (8 mil 230 unidades) y San Luis Potosí (9 mil 246 unidades).
Entre los cultivos con más afectaciones en la producción nacional dentro del programa Sembrando Vida están la naranja, sorgo, vainilla, tangerina, litchi, mandarina y maracuyá.
La investigación señala que, considerando el apoyo mensual de seis mil pesos del programa Sembrando Vida, en 2023 se erogaron aproximadamente 545 millones de pesos en parcelas potencialmente afectadas por su exposición a pozos fracturados.
De continuar con la práctica del frankenstein “se corre el riesgo de afectar a los beneficiarios de un proyecto que aspira a ser algo más que una transferencia económica (…) aspira a generar un medio de vida (…) Es claro que se trata de dos actividades que no pueden coexistir”.

La medida de paralización de los procesos migratorios afecta a las personas provenientes de 19 países no europeos.
El gobierno de Donald Trump anunció este martes la suspensión de las solicitudes de inmigración presentadas por ciudadanos de Venezuela, Cuba, Haití y otros 16 países no europeos, a los que les había restringido la posibilidad de viajar a Estados Unidos a principios de este año.
La decisión paraliza las solicitudes de residencia y ciudadanía pendientes de las personas procedentes de ese grupo de países y exige que todos los inmigrantes procedentes de esos estados “se sometan a un proceso de revisión exhaustiva”.
Además de los países latinoamericanos mencionados, la lista afecta a los ciudadanos de Afganistán, Burundi, Chad, Eritrea, Guinea Ecuatorial, Irán, Laos, Libia, Myanmar, República del Congo, Somalia, Sudán, Yemen, Sierra Leona, Togo y Turkmenistán.
La medida fue formalizada a través de un memorando del Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos en el que se anuncia un proceso exhaustivo de reevaluación, para analizar a fondo “las amenazas a la seguridad nacional y pública, así como cualquier otro motivo de inadmisibilidad o inelegibilidad”.
El texto oficial que detalla la nueva política hace referencia al ataque armado ocurrido la semana pasada en Washington D.C. contra dos miembros de la Guardia Nacional, uno de los cuales falleció.
Por ese ataque fue detenido como sospechoso Rahmanullah Lakanwal, un hombre afgano que había colaborado con las fuerzas estadounidenses en Kabul y que entró a EE.UU. en 2021, beneficiado por un programa que otorgó protección especial a los migrantes de ese país, tras la retirada de los militares de EE.UU. de ese país.
La oleada de restricciones ocurridas tras el ataque a los miembros de la Guardia Nacional sugiere un enfoque creciente del gobierno de Trump sobre la inmigración legal, enmarcado en la protección de la seguridad nacional.
Desde que volvió a la presidencia en enero, Trump firmó una orden ejecutiva en la que busca “proteger a los ciudadanos estadounidenses de extranjeros que puedan intentar cometer actos terroristas, representar amenazas a la seguridad nacional, promover ideologías de odio o explotar las leyes de inmigración con fines maliciosos”.
En ese contexto, Trump ha ordenado enviar a decenas de agentes federales a las principales ciudades de Estados Unidos para detener migrantes indocumentados y concretar deportaciones.
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