Para entender mejor
Padres de niños con cáncer se pronunciaron contra el apoyo económico bimestral anunciado por el gobierno para los familiares de pacientes al mencionar que lo primordial debe ser resolver el problema de desabasto de medicamentos.
Y cuestionaron que si con ese dinero se busca “comprar conciencias y silencios con un recurso que no resuelve el problema que este gobierno ocasionó”.
A través de un comunicado, las organizaciones Movimiento Nacional por la Salud Papás de Niños con Cáncer A.C. y Fundación NICOATOLE Ynde Corazón A.C. fijaron su postura ante el anuncio en la conferencia de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo sobre el apoyo bimestral de 6,400 pesos para padres, madres y tutores de niñas y niños con cáncer.
“Nuestra respuesta es clara: primero es lo primero. Antes de otorgar estos apoyos económicos, el gobierno debe enfocarse en resolver el grave problema del desabasto de medicamentos y quimioterapias, la falta de insumos en los hospitales públicos y la escasez de médicos en todo el país”.
Las organizaciones destacaron que existe una deuda moral con miles de niñas y niños con cáncer y sus familias, “quienes han sufrido daños irreparables en su salud y en su vida debido a la larga crisis que ha afectado el sistema de salud pública durante casi seis años”.
Lamentaron que el expresidente Andrés Manuel López Obrador prometió en 14 ocasiones que se resolvería el desabasto de medicamentos, pero no se cumplió.
Dichas organizaciones invitaron a Claudia Sheinbaum a visitar los hospitales públicos y conversar con las familias para que conozca la realidad. Asimismo criticaron que el apoyo de 6 mil 400 pesos no sirve para revivir a los niños y niñas que han muerto por falta de medicamentos, no cubren los medicamentos oncológicos ni repara el daño causado.
Apenas el 4 de marzo, el Gobierno de México anunció la entrega de 6 mil 400 pesos a madres, padres o tutores de niños y niñas con cáncer que estén bajo tratamiento y se atiendan fuera de la seguridad social, es decir, a los pacientes del IMSS-Bienestar o de Institutos Nacionales de Salud.
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El nuevo apoyo se dará directamente a través de una tarjeta del Banco del Bienestar.
Eduardo Clark, subsecretario de Integración y Desarrollo del Sector Salud, explicó que durante el mes de marzo, los directores de hospitales del IMSS-Bienestar y los directores de hospitales infantiles generarán un padrón hospitalario de niños y niñas en control de cáncer.
Posteriormente, en abril, la Secretaría del Bienestar hará un empadronamiento de los tutores para que en ese mismo mes se comience a depositar el apoyo.
Durante el sexenio del presidente Andrés Manuel López Obrador, padres y madres de niños con cáncer se manifestaron en distintos estados de México por el desbasto de medicamentos para tratar sus enfermedades.
Al respecto, AMLO aseguró que con la creación del Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi), en lugar del Seguro Popular, se busca mejorar el acceso a la salud de los mexicanos, con atención y medicamentos gratuitos.
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Además, señaló que su gobierno se enfrentó a resistencias para cambiar el esquema de adquisición de medicamentos debido a la corrupción que predominó en el pasado.
Sin embargo, la investigación de Animal Político “No fuimos Dinamarca” encontró que el gasto del Seguro Popular para atender cáncer infantil entre 2012 y 2016 fue de 500 millones de pesos; en los años siguientes bajó a 300 millones de pesos, pero en 2021 el gasto solo fue de 21 millones de pesos; un recorte de 97%. El número de tratamientos pagados pasó de 1,600 en 2018 a 300 en 2021.
Además, mientras en el sexenio de Enrique Peña Nieto la aplicación de quimioterapias de manera privada se mantuvo estable, en el gobierno de López Obrador se mantuvo al alza. En 2020 hubo 67 mil quimioterapias aplicadas en hospitales de paga, en 2021, 76 mil; y en 2022, 64 mil; todas cifras mayores a las registradas en el sexenio de Enrique Peña Nieto.
No fue hasta julio de 2024 que López Obrador reconoció que el Insabi “no funcionó”, por lo que puso en marcha el IMSS-Bienestar, cuyo objetivo desde el 2022 es centralizar los servicios de salud.
En tanto, los padres y madres de niños con cáncer tuvieron que interponer amparos para que el gobierno se viera obligado a surtir sus medicamentos.
La hospitalización del papa Francisco ha evidenciado, según los expertos, un vacío normativo en el Vaticano que deja varias cuestiones sin resolver.
El papa Francisco, de 88 años, enfrenta una crisis de salud que mantiene en vilo a millones de católicos en todo el mundo.
Desde el 14 de febrero permanece ingresado en el Hospital Gemelli de Roma por una grave infección pulmonar que evolucionó a neumonía bilateral.
En los últimos días sufrió episodios de insuficiencia respiratoria aguda, lo que requirió intervenciones médicas urgentes -como la ventilación mecánica no invasiva- para facilitar su respiración.
Aunque el pontífice está consciente, su estado sigue siendo delicado al presentar un cuadro “complejo”, según los médicos.
Además de las preocupaciones por su salud, la hospitalización de Francisco ha evidenciado, según algunos expertos, un vacío normativo dentro de la Iglesia que deja sobre la mesa varias cuestiones sin resolver.
Una de ellas es qué sucede si un Papa no puede seguir gobernando, pero tampoco ha fallecido ni ha renunciado.
El Papa es la máxima autoridad de la Iglesia católica y del Estado Vaticano, por lo que su liderazgo es vital tanto en la dimensión religiosa como en la administrativa y la diplomática.
Como solo lleva unos días hospitalizado y mantiene la lucidez, de momento no se han observado trastornos importantes en la actividad de la Santa Sede.
“Los departamentos del Vaticano ya tenían su calendario programado. Este año se celebra el Jubileo y todo el programa ya estaba previsto”, indica a BBC Mundo Filipe Domingues, director del Centro Laico en Roma y especialista en asuntos del Vaticano.
El experto aclara que “los responsables de cada dicasterio pueden dirigir sus propias áreas, más o menos como ministros en un gobierno, por lo que no es necesario que el Papa tome cada decisión individualmente”.
Algunas tareas específicas sí están reservadas exclusivamente al pontífice, como los nombramientos de obispos, aprobar las canonizaciones de nuevos santos y sus mensajes a los fieles de los miércoles o domingos.
“Estos mensajes están saliendo, pero de manera limitada. Cuando él puede aprobarlos, se publican. Si no puede, tardan más en salir”, explica el experto.
Cuando el Papa no puede ejercer sus funciones de manera presencial, la administración de la Iglesia recae en la Curia Romana, el órgano de gobierno eclesiástico, y especialmente en el Secretario de Estado del Vaticano, cargo que actualmente ocupa el cardenal Pietro Parolin.
“Si el Papa no estuviera consciente, por ejemplo, todo seguiría más o menos igual: cada cardenal tiene su propio rol en el Vaticano y el secretario de Estado desempeña un papel muy importante en este contexto”.
Parolin supervisa asuntos diplomáticos y administrativos y actúa como una especie de “primer ministro” del Vaticano.
Sin embargo, su autoridad no sustituye la del Papa: el secretario de Estado “no puede tomar las decisiones que corresponden al pontífice, como por ejemplo el nombramiento de obispos”, subraya Domingues.
“Si el Papa no está consciente, no habrá nuevos nombramientos. Se tendrá que esperar -no existe un ‘vicepapa’- pero pueden seguir ejecutando los proyectos que ya estaban diseñados, manteniendo las prioridades del pontífice”, explica.
Mientras tanto, las celebraciones religiosas y eventos eclesiásticos siguen adelante.
Por ejemplo, el pasado domingo el arzobispo Rino Fisichella presidió la Misa Jubilar en la Basílica de San Pedro que originalmente debía oficiar el Papa.
En todo caso, aunque la Santa Sede cuenta con ciertos mecanismos para mantenerse operativa en ausencia de su líder, existen carencias en su sistema normativo que podrían plantear dificultades si la salud del pontífice se complica por un período más largo.
A diferencia de lo que ocurre en caso de fallecimiento o renuncia, donde existen normas bien establecidas para la sucesión, no hay un protocolo claro para delegar el liderazgo de la Iglesia si el Papa no puede ejercer plenamente sus funciones debido a una enfermedad grave.
La Santa Sede tampoco cuenta con un mecanismo para sustituir temporalmente al pontífice por enfermedad o incapacidad.
El director del Centro Laico atribuye esto, en parte, a la tradición e idiosincrasia de la Iglesia católica.
“Hay una comprensión de que el Papa es el sucesor de San Pedro, el líder de la Iglesia, y que su papel va más allá de un simple cargo. No es solo un puesto de trabajo que alguien ocupa temporalmente y luego deja”, explica.
Agrega que “uno de los títulos del Papa es ‘Vicario de Cristo’, lo que significa que es el principal representante de Cristo en la Tierra; por eso el planteamiento de ‘si ya no está bien, pongamos a otro’ no encaja con la lógica de la Iglesia”.
“La actitud es más bien: ‘Recemos por él para que mejore o pase por esta situación en paz. Y cuando llegue el momento, haremos lo que tengamos que hacer'”, explica el experto.
Los expertos señalan que el derecho canónico, que prevé procedimientos detallados para la sucesión papal en caso de muerte o renuncia, deja un vacío legal cuando el Papa sigue vivo pero no puede ejercer plenamente sus funciones.
El Canon 335 menciona la posibilidad de que la Santa Sede esté “vacante o totalmente impedida”, pero no define qué significa “totalmente impedida” ni establece pasos a seguir en ese escenario.
En el caso de los obispos, por ejemplo, la Iglesia sí tiene normas: según el Canon 412, una diócesis puede considerarse “impedida” si su obispo no puede ejercer su autoridad por razones de enfermedad, exilio o cualquier otra circunstancia, y el mando pasa a manos de un obispo auxiliar o vicario general.
Sin embargo, al no haber una disposición equivalente para el Papa, queda abierta la pregunta sobre quién debería asumir su rol en caso de incapacidad.
En teoría, si un Papa no pudiera continuar en su cargo por motivos de salud, la única solución sería su renuncia.
Esto ocurrió en 2013 con Benedicto XVI, quien dimitió alegando que su deterioro físico ya no le permitía ejercer su labor.
Francisco, consciente de esta posibilidad, confirmó en 2022 que había dejado escrita una carta de renuncia para ser utilizada en caso de incapacidad médica.
Sin embargo, existe la incógnita de cómo se activaría esta renuncia si el Papa ya no estuviera en condiciones de manifestar su voluntad, ya que el derecho canónico establece que una dimisión papal debe ser “libre y manifiesta”.
En el caso de Benedicto XVI (2005-2013) él mismo anunció públicamente su renuncia; pero, si Francisco quedara en coma o sufriera una demencia avanzada, se plantea la duda de quién decidiría si su dimisión redactada con anterioridad es válida.
“Si el Papa tuviera Alzheimer y llegara un momento en el que ya no pudiera tomar la decisión por sí mismo, alguien de la Secretaría de Estado debería hacer pública la carta y presentar un informe médico”, considera Domingues.
“No conocemos los detalles de la carta, pero se mencionó algún tipo de incapacidad. Supongo que se necesitaría una declaración médica que confirmara que la situación será prolongada y que probablemente no podrá recuperarse”, agrega.
Y, si por algún motivo se descarta esta opción, “la Iglesia simplemente continúa hasta que termine el pontificado, lo que sucede cuando el Papa fallece. Así que hay que seguir adelante. No es lo ideal, pero ha ocurrido antes en la historia”, apunta el experto.
Existen precedentes históricos de cartas de renuncia papales, como la de Pablo VI, quien redactó un documento para pedir que se aceptara su dimisión si enfermaba gravemente.
Sin embargo, su misiva nunca se utilizó y Pablo VI permaneció en el cargo desde 1963 hasta su fallecimiento en 1978.
Ante la falta de normas claras sobre la incapacidad papal, algunos especialistas en derecho canónico han propuesto reformas.
En 2021 un grupo de expertos sugirió que, en caso de que un Papa quedara completamente incapacitado, el Colegio de Cardenales debería asumir la gestión de la Iglesia y designar una comisión para evaluar periódicamente su estado de salud.
Esta propuesta implicaría que un comité médico revisara su estado de salud cada seis meses y, si se determinara que no puede seguir en su cargo, el Colegio de Cardenales podría activar un proceso para la elección de un sucesor.
Sin embargo, hasta ahora el Vaticano no ha aplicado ninguna de estas ideas, lo que significa que la Iglesia sigue sin un mecanismo formal para abordar la incapacidad prolongada de un Pontífice.
Preguntado sobre si existe debate dentro del Vaticano para reformar el derecho canónico en este sentido, Filipe Domingues dice “no haber escuchado nada al respecto”.
“No creo que haya planes en ese sentido, porque siempre existe la posibilidad de renuncia, y sigue siendo una opción”. afirma el director del Centro Laico.
Y agrega: “Por ahora estamos en una situación en la que él está consciente. Cada día informan de que está lúcido y al tanto de lo que le sucede a él y a la Iglesia. Todavía no hemos llegado a ese otro escenario”.
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