Organizaciones piden a la Suprema Corte revocar intervención de la Guardia Nacional en tareas migratorias
Organizaciones de la sociedad civil presentaron un recurso ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) para que resuelva la acción de inconstitucionalidad 62/2019, que señala que las atribuciones legales de control y verificación migratoria de la Guardia Nacional son contrarias a los derechos humanos.
A tres años de haber sido presentada por la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), la Corte permanece sin resolverla, mientras los abusos y violaciones a derechos humanos en contextos migratorios crecen, subrayaron el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, el Colectivo de Observación y Monitoreo de Derechos Humanos en el Sureste Mexicano y los Programas de Seguridad Ciudadana y Asuntos Migratorios de la Universidad Iberoamericana de la Ciudad de México.
En la acción de inconstitucionalidad a la que refiere el recurso amicus curiae –información o datos provistos, de manera voluntaria, por terceros ajenos a un caso–, la CNDH considera que los apartados de la Ley de la Guardia Nacional que le permiten inspeccionar y vigilar la entrada y salida de personas en el país, así como verificar si los extranjeros cumplen con las obligaciones que establece la Ley de Migración, transgreden los derechos de libertad de tránsito, seguridad personal, a la intimidad, de protección de datos personales, al igual que la prohibición de injerencias arbitrarias.
Alejandra Elizalde, coordinadora del programa de género y migración de la organización Formación y Capacitación AC, radicada en San Cristóbal de las Casas, Chiapas, y parte del Colectivo de Observación y Monitoreo de Derechos Humanos en el Sureste Mexicano, detalló en entrevista que las agrupaciones ha detectado efectos muy serios en violaciones a derechos humanos desde que la Guardia Nacional se incorporó a los procesos de control migratorio. En particular, el Colectivo ha documentado un incremento en el número de quejas y testimonios que reciben, principalmente en la atención a mujeres.
Por lo tanto, consideró que el recuso presentado es un elemento más para la labor de incidencia y denuncia con el fin de revocar la incorporación de la Guardia Nacional, así como de las fuerzas militarizadas, en los territorios en general pero particularmente en los flujos migratorios. En él, se recaba la información documentada por las organizaciones sobre abusos y violaciones a los derechos de personas migrantes y sujetas de protección internacional cometidos por elementos de la GN, cuya composición es castrense en más de un 80%.
La información presentada, de acuerdo con las organizaciones, permitirá que para resolver la acción de inconstitucionalidad, que gira en torno a las facultades consignadas en el artículo 9 de la Ley de la Guardia Nacional, la Suprema Corte cuente con insumos sobre los riesgos y consecuencias que esto tiene para los derechos humanos de las personas migrantes.
Elizalde recordó que desde su propia formación, la Guardia Nacional fue, en buena medida, una respuesta a las nuevas políticas migratorias mexicanas, que a su vez están ligadas a intereses geopolíticos regionales: “Nace para el control migratorio, cuando no habría ninguna razón para ello. Se supone que este país reconoce la migración como un derecho humano básico”.
A esto se suma que la detención migratoria es inconstitucional, y esa ha sido una de las principales funciones de la Guardia Nacional, de acuerdo con las organizaciones, lo cual incluye la privación de la libertad de personas en estaciones migratorias y su resguardo, así como revisiones en retenes, estaciones de autobuses y aeropuertos.
Violación a derechos, práctica sistemática de la Guardia Nacional
La contención en las fronteras como uno de los principales motivos de creación de la Guardia Nacional se ha reflejado en el despliegue de sus elementos en puntos limítrofes: para febrero de 2022, de 99 mil 946 elementos desplegados en México, 15 mil 882 estaban ubicados en los estados fronterizos con Estados Unidos y 9 mil 298 en la frontera sur.
Las organizaciones que suscribieron el recurso han documentado en particular, de acuerdo con Elizalde, violaciones a los derechos humanos de migrantes, como agresiones, abuso de la fuerza, encapsulamiento y dispersión de personas en tránsito, de la misma manera el uso de armas de fuego que causaron la ejecución extrajudicial de un migrante, así como casos de tortura en estaciones migratorias.
“De unos meses para acá, detectamos una modificación incluso de la presencia de la Guardia en el manejo de caravanas. En esta última, no fue la Guardia la que dispersó, pero sí se documentó abuso de la fuerza, agresión directa, dispersión particularmente en lo que se ha llamado caravanas o éxodos de personas migrantes con niveles de violencia altísimos, pero también perfilación racial, discriminación y violencia directa a personas en puntos de control migratorio”, agregó la defensora.
Animal Político publicó que la política migratoria mexicana ha experimentado un proceso de militarización verificable a partir de tres elementos: la intervención de la Guardia Nacional en su ejecución, la toma de control migratorio por parte de las Fuerzas Armadas, y la colocación de militares y exmilitares en puestos clave del Instituto Nacional de Migración, según detalla el informe “Bajo la bota. Militarización de la política migratoria en México”.
Por ejemplo, en el estado de Chihuahua, un 90% de las personas ingresadas a estaciones migratorias han sido puestas a disposición por la Guardia Nacional, cuyos elementos no actúan como garantes de derechos, sino como agentes de contención y deportación, o incluso generadores de riesgos para las personas migrantes y sus familias.
Elizalde precisó que el accionar de la Guardia Nacional ha funcionado en paralelo a la respuesta sistemática del Estado mexicano a la presión de Estados Unidos a endurecer la política y generar procesos de control de flujo cada vez más estrictos. Por ello, el planteamiento de fondo es eliminar la participación de la GN en tareas migratorias sobre la base de que la migración es un derecho humano fundamental, por lo que el enfoque tendría que ser de seguridad humana más que de seguridad nacional.
Además, recordó, la ley migratoria mexicana reconoce este derecho y debería empezar a implementarse en la realidad; por ejemplo, en su armonización con las leyes que protegen los derechos de niñas, niños y adolescentes, con lo cual quedaría abiertamente prohibida su detención y la de sus familias, que sigue sucediendo: “Es empezar a implementar la ley con mayores elementos tanto de de capacitación como de capacidad operativa, e incluso de financiamiento, que garantizaran poner las necesidades de las personas en el centro frente a esta respuesta como una política migratoria más regional”.
En su más reciente informe sobre solicitantes de asilo, Human Rights Watch destacó igualmente que el Gobierno de México ha ampliado las funciones de las Fuerzas Armadas para intervenir en el control de la migración y reemplazar a autoridades civiles en un contexto donde se registran de manera generalizada detenciones arbitrarias, tortura, ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas y abusos.
Esta política, de acuerdo con la organización, está relacionada con la persistencia del gobierno estadounidense para presionar a México con el fin de que impida la llegada a la frontera de las personas migrantes y contribuya a bloquear el acceso al asilo en la frontera sur con políticas como el Título 42 y Quédate en México.
La información del recurso, señalan las organizaciones, debe incentivar a la SCJN a revisar a la brevedad la acción de inconstitucionalidad sobre la Ley de la Guardia Nacional. Ante los señalamientos de organismos internacionales y la documentación de violación a derechos, consideran esencial el escrutinio judicial del marco legal que faculta a la GN en materia de control y revisión migratoria, lo cual debería conducir a su declaración de inconstitucionalidad.
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En 2016 se creyó que Trump sería un problema para México y el resultado fue casi opuesto. Ahora llega un Trump más ambicioso y en México gobierna una mujer. Una coyuntura desafiante para dos países que se necesitan.
México es quizás el país más afectado en el mundo por lo que ocurre en Estados Unidos.
Las razones son de toda índole: por la frontera de 3.000 kilómetros que comparten, porque es su mayor socio comercial, porque millones de familias tienen miembros en ambos países.
Pero si es el más afectado por razones estructurales, también lo es por razones coyunturales.
Donald Trump fue elegido este martes como nuevo presidente de Estados Unidos en parte gracias a su agenda agresiva hacia México, la cual incluye altos aranceles a las importaciones desde ese país y la deportación de mexicanos indocumentados que estén en territorio estadounidense.
La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, quiso calmar los ánimos en su conferencia de prensa del miércoles: “No hay motivo ninguno de preocupación (…) México siempre será un país independiente y soberano. Va a haber buena relación. No competimos entre nosotros, nos complementamos (…) Hay mucha unidad y mucha fortaleza de la economía mexicana”.
Sin embargo, las señales de alarma están prendidas.
“Para Sheinbaum va a ser un desafío enorme”, dice Juan Gabriel Tokatlián, doctor en relaciones internacionales. “Si esta política de desalojar migrantes es llevada a cabo y si hace un proteccionismo a ultranza concentrado en Estados Unidos, va a ser una situación muy complicada para México”.
Estos son los cuatro ámbitos sobre los cuales va a girar la compleja relación entre México y Estados Unidos durante los próximos 4 años.
1. Economía
El miércoles, el peso mexicano registró su peor marca en dos años, de casi 21 pesos por dólar, debido a la victoria de Trump.
Aunque la devaluación es una tendencia normal en países emergentes tras las elecciones en la primera economía del mundo y fue en principio una caída menos drástica de lo esperado, los inversionistas extranjeros creen que las restricciones comerciales prometidas por Trump pueden afectar el desempeño de la economía mexicana.
Por varias razones.
Las remesas que los mexicanos en Estados Unidos envían cada mes a sus familiares son uno de los pilares de la economía de consumo de este país: están, según cifras oficiales, entre el segundo y tercer mayor ingreso después del turismo y las ventas del petróleo.
Esa fuente de ingresos se puede ver afectada por las deportaciones y los aranceles de Trump.
En campaña, el republicano también dijo que piensa imponer aranceles del 25% a las importaciones de México si el país no detiene el tráfico ilegal de migrantes.
También aseguró que va a sancionar el transbordo de productos chinos a través de México e imponer una tarifa de 500% a los automóviles producidos por empresas chinas en México.
Según el centro de estudios Capital Economics, un arancel del 10% a los productos importados de México significaría una reducción del 1.5% del PIB mexicano.
Durante el primer gobierno de Trump, entre 2017 y 2021, la guerra comercial con China benefició a México, ya que empresas que producían allá acercaron sus fábricas a EE.UU. radicándolas en el país latinoamericano.
Gracias a esto, el año pasado México se convirtió en el mayor importador a Estados Unidos del mundo, entre otras razones porque goza de un Tratado de Libre Comercio que facilita la importación de productos de un país a otro.
El TLCAN, asimismo firmado con Canadá, tendrá que ser ratificado en 2026 por los tres países.
Aunque en 2020 Trump accedió a firmarlo, lo más probable es que ahora lo use como mecanismo de negociación frente a dos de sus grandes obsesiones: la batalla comercial con China y la migración.
“La pregunta es qué tipo de proteccionismo quiere Trump: si es concentrado en Estados Unidos, sin contemplar a Canadá y México, o si lo hace con ellos pero evitando la triangulación con China”, explica Tokatlián.
2. Migración
El otro gran eje de la relación bilateral va a ser la migración.
Trump prometió deportar un millón de migrantes indocumentados al año y dijo que va a reanudar la construcción del muro fronterizo entre los dos países.
Ambas promesas son difíciles de cumplir, según expertos, porque son costosas y pueden afectar a la economía estadounidense, que en parte depende de la mano de obra migrante.
Sin embargo, con que solo una parte de la “deportación masiva” prometida se realice ya hay razones para la preocupación en México.
Se estima que 5 millones mexicanos están en Estados Unidos en situación irregular.
“México va a insistir en el diálogo y va a informar lo que ya está haciendo”, dice Yanerit Morgan, una diplomática y académica mexicana.
Para evitar los aranceles, el gobierno de Andrés Manuel López Obrador accedió a detener migrantes y logró reducir el flujo de personas que ingresaba a Estados Unidos.
“Sheinbaum va a seguir con esa política, pero va a tener que fortalecer mucho la red consultar en Estados Unidos, no solo por las deportaciones, sino por el trato a los mexicanos allá”, dice Morgan.
La nueva mandataria mexicana ha insistido en que la migración transnacional debe ser atendida a través de soluciones sociales en los países de origen, una iniciativa que en principio no aparece en el manual trumpista.
3. Narcotráfico
A la ecuación se añade el complejo tema del tráfico ilegal de drogas.
Más de 80.000 personas murieron en Estados Unidos el año pasado por cuenta del fentanilo, un potente opioide que se produce y trafica desde México.
Trump prometió que va a bombardear los laboratorios de fentanilo en México, bloquear los puertos mexicanos que transporten sus precursores y designar a los cárteles mexicanos como organizaciones terroristas.
Ninguna de estas iniciativas ha sido comentada por Sheinbaum, pero al menos en principio suenan como medidas que en México tocarían la sensible fibra de la injerencia.
En julio, la relación bilateral entró en crisis debido a la detención en Estados Unidos del capo mexicano Ismael “El Mayo” Zambada. La operación no fue notificada al gobierno mexicano y eso generó disgusto en el Palacio Nacional.
Aunque los dos gobiernos tendrán mandatarios nuevos cuando Trump se juramente en enero, el tema inevitablemente va a ser abordado con este antecedente y bajo la preocupación histórica mexicana, aunque marcada en este gobierno, de proteger su soberanía.
4. Política
Todo lo anterior va a depender de la relación que entablen los jefes de Estado, quienes, en principio, son muy destinos: él, conservador y capitalista, ganó en parte gracias a su rechazo de lo que llama “feminismo radical”; ella, de izquierda y crítica del neoliberalismo, tiene una profunda preocupación por la causa feminista.
En los dos años y medio que AMLO y Trump coincidieron se estableció una relación cordial, pragmática, proclive a la negociación, que dejó a muchos sorprendidos por sus diferencias ideológicas.
AMLO llegó a escribir un libro titulado “Oye, Trump” en el que explicaba la importancia de los migrantes para Estados Unidos y proponía medidas no policiales para atender la migración.
Los expertos esperan que Sheinbaum mantenga el pragmatismo de su antecesor. Antes de las elecciones ella dijo en que va a trabajar con quien quiera que ganase.
“Sheinbaum tiene suficiente carácter como para tener un diálogo interesante, importante, horizontal con él. Ella llegó con un fuerte apoyo popular y eso es algo que Trump no puede negar”, dice Morgan.
La relación bilateral ha pasado por todo tipo de coyunturas difíciles. En 2016 se creyó que Trump sería un problema para México y el resultado fue casi opuesto. Ahora llega un Trump distinto, quizá más ambicioso, y en México gobierna la primer mujer presidenta, una “progresista” y “ambientalista”, que goza de un notable apoyo popular. Se viene, en todo caso, otra coyuntura desafiante.
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