Construir condiciones para la integración de las personas migrantes, fortalecer el sistema de asilo, atender y reducir las violencias hacia las personas en tránsito por México, eliminar la privación de la libertad por razones migratorias, desmilitarizar el control migratorio, proteger a las infancias y adolescencias, así como privilegiar una atención con perspectiva de género son algunas de las propuestas que la sociedad civil busca sean contempladas por la nueva administración del gobierno federal.

La iniciativa “11 ejes para una nueva política migratoria y de asilo 2024-2030” fue presentada por asociaciones, redes activistas, defensoras y acompañantes de población en situación de movilidad como un programa urgente para atender el contexto actual en el que las violaciones a los derechos humanos de las personas migrantes son la regla y no la excepción, reclaman en el documento que las reúne y amplía.

Ante ello, se requieren acciones concretas que deben contemplar, al mismo tiempo, invertir en la integración duradera de personas en situación de movilidad humana. Hasta ahora, sostienen, ha prevalecido y crecido un discurso negativo, provocativo y divisivo en torno a las migraciones, mientras las políticas migratorias se basan en un enfoque de seguridad nacional y criminalización más que de derechos humanos.

Los 11 ejes también incorporan la prevención, atención y erradicación de la discriminación racial en contra de personas migrantes, la atención a la violencia basada en género, el fortalecimiento de la política exterior en materia de migración y asilo con perspectiva regional y multicausal, el fortalecimiento de acciones binacionales para las personas mexicanas, y el reconocimiento del cambio climático y los desastres como causa estructural e irreversible de la movilidad forzada.

En su documento, las organizaciones recuerdan que durante 2023, 140 mil 812 personas presentaron una solicitud de asilo y se registraron 778 mil 907 eventos de detención migratoria. Además, 214 mil 849 personas mexicanas fueron deportadas desde Estados Unidos y 11 mil se vieron obligadas a desplazarse internamente de su lugar de residencia habitual.

“La presencia de personas migrantes en el país es una realidad; sin embargo, se carece de políticas, datos, leyes y presupuestos que sustenten una estrategia realmente articulada respecto a la presencia y la permanencia de quienes desean establecerse en México, de manera permanente o temporal, o de quienes fueron retornadas o deportadas, sean mexicanas o no. Por ello, urge abordar la gestión de la movilidad humana desde una perspectiva de derechos humanos, interseccional y de integración sostenible”, señala la propuesta.

Solo de esa manera todas las personas que se ven forzadas a dejar su lugar de origen podrían recibir la protección y garantía de sus derechos, así como seguridad en localidades de acogida, tránsito o destino. Para lograrlo –precisan las organizaciones– se requiere al mismo tiempo reconocer la diversidad entre las personas en situación de movilidad humana que pasan o se quedan en México.

En ese sentido, las asociaciones proponen medidas y acciones diferenciadas de acuerdo con el tipo de población y las causas de su migración, que busquen en todo momento la mayor protección de grupos históricamente discriminados como niñas, niños y adolescentes, mujeres víctimas de violencia, población LGBTIQ+, personas adultas mayores, afrodescendientes, indígenas, con discapacidad, y otros.

De hecho, Human Rights Watch –subrayan– ha denunciado secuestros, abusos sexuales y extorsiones a manos del crimen organizado y de autoridades migratorias en contra de personas que se encuentran esperando su cita CBP One y están en riesgo de ser privadas de la libertad en estaciones migratorias o retornadas al sur del país para evitar que se presenten en los puertos de entrada de Estados Unidos.

Del mismo modo, se han documentado casos de desalojos forzados mediante tratos violentos, engaños, intimidación y amenazas contra la población en espera de su cita CBP One o respuesta de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados, incluso coaccionadas por el personal migratorio, lo que ha provocado que puedan perder su cita.

Discriminación y exclusión

Respecto a la discriminación y exclusión, las organizaciones puntualizan que ambos son factores que incrementan la vulnerabilidad de las personas en movilidad. Una de las acciones que mayormente incide en la vulneración de sus derechos es el perfilamiento racial, una serie de prácticas basadas en estereotipos y prejuicios que pretenden justificar el uso de la fuerza policial o el señalamiento de algún delito.

El documento recupera que, de acuerdo con la Encuesta Nacional contra la Discriminación 2022, el 29 % de las personas migrantes de 15 años o más aseguró haber sufrido discriminación en los últimos meses. Entre estas, el 15 % declaró que se sintió discriminada por su tono de piel y el 5 % por pertenecer a un pueblo indígena o afrodescendiente.

“En términos de política migratoria, esta realidad representa un reto, ya que exige la ampliación de enfoques tanto en los marcos normativos como en los mecanismos y principios vinculantes de garantía hacia el bienestar y desarrollo psicosocial pleno de las personas en contextos de movilidad humana, pero también hacia el fomento de una perspectiva antirracista”, alertan las organizaciones en el documento.

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Ante ello, organizaciones, academias y agencias de Naciones Unidas han documentado y denunciado, por un lado, la militarización de la política migratoria y, por otro, prácticas que niegan derechos y protección a personas y que se basan en sus fenotipos, “olores”, apariencia física y pertenencias a un determinado grupo étnico o nacional.

La discriminación racial, alertan, ha sido más notoria en las revisiones migratorias, en las que se intercepta a personas, frecuentemente con base en prejuicios y estereotipos que pueden considerarse perfilamiento racial, y que principalmente ejercen el Instituto Nacional de Migración (INM) y la Guardia Nacional (GN). Esto vulnera la dignidad de las personas y generalmente implica abusos de autoridad y uso desproporcionado de la fuerza, sostienen.

Como ejemplo citan el feminicidio de Victoria Salazar, mujer salvadoreña refugiada en México desde 2018, que murió a causa del sometimiento de policías municipales en Tulum, Quintana Roo, en 2021, después de ser víctima de perfilamiento racial.

Otro ejemplo es el de un grupo de personas originarias de una comunidad tseltal en Chiapas, que en 2015 emprendieron un viaje hacia Sonora para emplearse como jornaleras agrícolas, fueron detenidas por el INM, trasladadas a Querétaro y con el argumento de que “no parecían” mexicanas, se les inició un procedimiento de deportación a Guatemala. Una de ellas confesó que fue torturada para confesar no ser mexicana.

A partir de ello, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación declaró como inconstitucionales los artículos 97 y 98 de la Ley de Migración, que regulan las acciones de revisiones migratorias en carreteras, lo que sigue sin ser acatado por las autoridades migratorias.