Mujeres se suman a denuncias contra Opus Dei por explotación laboral
Ocho mujeres mexicanas que fueron parte del Opus Dei como numerarias auxiliares -la categoría correspondiente al servicio doméstico- enviaron una carta al vicario de la institución religiosa ante la descalificación de testimonios y denuncias de explotación, trabajos forzados, sometimiento y trata de personas al interior de la organización.
“¿Acaso usted sabe lo que hay detrás de todos esos servicios de los que goza diariamente?”, es la pregunta con la que inicia la carta dirigida a Carlos Antonio Núñez Aispuro, vicario de la Prelatura de la Santa Cruz y el Opus Dei en México, de la que Animal Político tiene copia.
Las denuncias contra el Opus Dei han sobrepasado fronteras; ya que cada vez se suman más denuncias de numerarias auxiliares no sólo en México, sino también en otros países de América Latina, Europa y Estados Unidos.
La serie El Minuto Heróico, de la periodista catalana Mónica Terribas que estrenó en la plataforma Max el 7 de febrero pasado, presentó los testimonios de 13 mujeres de distintos países que desde los años 80 a los 2000 fueron parte de la organización católica en diferentes categorías. Dos de ellas pertenecieron como “numerarias auxiliares”, que es la forma en la que se incluye en la estructura a mujeres pobres para luego someterlas como criadas y trabajar, sin reconocimiento y remuneración, para las residencias e instituciones como servicio doméstico de los miembros de élite.
Como lo publicó Animal Político en el reportaje Las Mucamas de Dios: tres mexicanas narran cómo fueron sometidas a explotación Laboral por el Opus Dei; durante décadas, las mujeres auxiliares eran obligadas a someterse a promesas de castidad, autoflagelación y limpiar los inmuebles de la institución sin paga con la promesa de ser santificadas ante Dios.
Las firmantes de la misiva hablan de la necesidad de remunerar el trabajo de las numerarias auxiliares, que por años dieron su vida a la limpieza y cuidado de las instalaciones del Opus Dei. Además de la insensibilidad con la que la Prelatura en México ha descalificado sus denuncias y testimonios.
En esta ocasión, las auxiliares lo hacen a través de un posicionamiento oficial conjunto utilizando únicamente las iniciales de sus nombres, ya que posterior al reportaje de Animal Político recibieron amenazas por parte de la institución católica.
Las mujeres respaldan las denuncias realizadas en Animal Político, así como en la serie de Max El Minuto Heróico, pues a pesar de las diferencias geográficas y temporales, las historias son las mismas: condiciones de encierro, trabajo de más de 12 horas al día, además de que eran enviadas sin consentimiento a otros territorios del país.
Afirman que, por los abusos y explotación, varias de ellas vivían con transtornos de depresión e incluso experimentaron intentos de suicidio. Agregan que en el Opus Dei no hay interés por el estado de salud de las auxiliares, quienes por el trabajo forzado padecen problemas de salud que incluso derivaron en diagnósticos de enfermedades crónicas.
“Ustedes los varones sólo saben que existimos porque tienen los servicios resueltos”, les dicen a sacerdotes y hombres numerarios laicos que residen en las casas de la Obra, a quienes las auxiliares sirven a diario casi sin descanso.
“Ninguna familia obliga a su hija más querida a trabajar más de 14 horas diarias, sin seguridad social, sin un sueldo real y al servicio de las necesidades de los demás 24/7”, relatan en la carta en referencia a que ellas reciben el nombramiento de “hijas” o “hermanas” pequeñas de la fraternidad religiosa.
Además, afirman que las escuelas de la Obra para formación de numerarias auxiliares son “montadas” y sólo funcionaron a manera de semilleros para atraer a mujeres con vocación para ser numerarias auxiliares, ya que ninguna de ellas tuvo la oportunidad de estudiar el bachillerato o una carrera universitaria a nivel profesional.
“Ni se imagina la vida de las administraciones simplemente porque usted y todos los que pueden y deben hacerlo no indagan y ni se interesan de verdad por el cuidado de las auxiliares, piensan que como fueron creadas por Dios desde la eternidad para sólo realizar los trabajos del hogar no se cansan ni se enferman como si fuesen de piedra o de hierro”, relatan en la misiva.
Aseguran que por los años de servicio gratuito al Opus Dei, las mujeres que salen de la institución católica durante la tercera edad deberían ser pensionadas o remuneradas económicamente por los trabajos que realizaron por décadas.
“Opus Dei nunca ha tenido la intención de dañar a integrantes de su familia espiritual”
La carta de las mujeres fue en respuesta a lo que Carlos Antonio Núñez Aispuro dijo en declaraciones al periódico El Norte sobre los testimonios presentados en la serie El minuto heroico. El vicario los calificó como “inexactos” y argumentó que “la institución nunca ha tenido la intención de dañar a los integrantes de su familia espiritual”.
Afirmó que, desde su postura, las acusaciones son inexistentes, además de que el documental toma “una muestra muy pequeña de mujeres”, quienes relataron las normas, promesas y sumisión a las que eran sometidas al interior de la Obra; sin embargo el vicario negó que haya reclutamiento, trata de personas, servidumbre y tampoco tratos abusivos.
Además, refirió que a través de las denuncias se ha hecho una reflexión al interior del Opus Dei para hacer cambios en su estructura, además de un protocolo de acompañamiento para personas que quieran denunciar de malas prácticas o salir de la Obra.
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Las acusaciones contra el Opus Dei en América Latina
En el reportaje Las Mucamas de Dios, publicado en Animal Político, tres mujeres mexicanas relataron la manera en que fueron captadas desde edades tempranas, incluso algunas siendo menores de edad; para ser formadas como “sirvientas profesionales” y después forzadas a trabajar sin retribución por medio de manipulación emocional e intimidaciones.
En México se tiene registro de, al menos, seis escuelas en modalidad de internado donde se captaba a niñas de escasos recursos a partir de los 14 años con la promesa de recibir formación educativa en “hospitalidad”. Estas se encuentran en los estados de Morelos, Jalisco, Estado de México, Coahuila, Tlaxcala y la Ciudad de México.
Sin embargo, mientras estudiaban en esos centros educativos alejadas de sus familias, se les impuso tener “vocación” de numerarias auxiliares y algunas pasaron de 10 a 40 años limpiando las casas, haciendo comida y servicios de cuidado sin obtener pago económico.
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En Argentina estos abusos ya se investigan como trata de personas y explotación laboral a través de las denuncias de 43 mujeres de ese país, en Paraguay y Bolivia pesa una acusación formal sobre el Opus Dei.
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Hasta 7 naciones o territorios en el Caribe están dando apoyo logístico al ejército estadounidense en su despliegue militar.
La creciente campaña de presión militar del presidente estadounidense Donald Trump sobre Nicolás Maduro en Venezuela cuenta con la oposición de muchos líderes latinoamericanos, pero el apoyo logístico de varias naciones en el Caribe.
En el arco geográfico que va de República Dominicana a Trinidad y Tobago han surgido distintos aliados a la “Operación Lanza del Sur” de Estados Unidos con roles disímiles.
El enorme despliegue de fuerzas militares de la primera potencia del mundo necesita todo tipo de asistencia: pistas de aterrizaje, puntos de abastecimiento, radares en puestos avanzados, maniobras o campamentos para sus soldados. También misiones de reconocimiento o espacio para almacenar equipos.
En agosto de este año, Trump ordenó el envío de tres buques de guerra de la Armada al Caribe Sur para interceptar embarcaciones sospechosas de transportar drogas que salían de Venezuela. Hasta la fecha Estados Unidos realizó más de 20 ataques contra estos botes en aguas internacionales, que causaron la muerte de más de 80 personas.
Desde entonces, el despliegue acumula en aguas de la región al menos 12 buques de guerra, un submarino nuclear, aviones, helicópteros y drones, además dos portaviones: el USS Gerald R. Ford y el Iwo Jima. Se cree que el número de efectivos militares supera ya los 15.000.
“En general, es probable que los aliados en el Caribe proporcionen vigilancia, logística o apoyo de contingencia, siendo la República Dominicana la nación que más explícitamente lo está haciendo”, le dice a BBC Mundo Evan Ellis, profesor e investigador de estudios latinoamericanos en el Instituto de Estudios Estratégicos de la Escuela de Guerra del Ejército de Estados Unidos.
“Pero todos evitarán ser puntos de lanzamiento de ataques ofensivos, a menos que las circunstancias cambien”, añade.
Washington asegura que su objetivo es frenar el tráfico de drogas hacia EE.UU., pero tanto Caracas como numerosos observadores creen que lo que se pretende es forzar un cambio de gobierno en Venezuela.
De hecho, la mayor parte del tráfico de drogas que los carteles latinoamericanos envían al norte el pasa por el Océano Pacífico oriental -el 74% de los envíos según la DEA- y no es ahí donde se concentran ahora mismo las operaciones militares.
“El hecho de que la administración Trump presente las operaciones antidroga como un acto de autodefensa nacional marca un giro profundo en la política exterior estadounidense”, afirma Björn Beam, responsable de Investigación Tecnológica y analista geopolítico senior de la firma Arcano Research.
Beam explica que al declarar un “conflicto armado” contra actores no estatales que operan desde territorio venezolano, Washington ha difuminado la frontera entre la lucha contra el terrorismo y el cambio de régimen.
“El resultado es una operación jurídicamente flexible, que podría evolucionar desde ataques limitados en el mar hasta acciones selectivas en tierra, todo ello sin necesidad de contar con la aprobación del Congreso”, añade.
Hasta el momento, además de Puerto Rico y las Islas Vírgenes estadounidenses, República Dominicana y Trinidad y Tobago le han dado acceso a EE.UU. a sus infraestructuras, pero hay más.
Estas son hasta la fecha las islas y territorios que están dando cobertura al ejército estadounidense:
Aruba, Curazao y Bonaire
Aruba, Curazao y Bonaire están a 80 kilómetros de Venezuela. Son territorios de ultramar que pertenecen a los Países Bajos y aunque poseen un estatus especial y de autogobierno, su uso para cualquier ataque requeriría, en teoría, autorización del país europeo.
Estados Unidos tiene una base de operaciones avanzada en Curazao y una más pequeña en Aruba. Su misión, según fuentes oficiales, es la detección y monitoreo aéreo de presuntas actividades de narcotráfico aéreo y marítimo.
En sus conversaciones con diplomáticos y altos rangos del ejército, Ellis nota nerviosismo.
“Creo que parte de su preocupación radica en que si Venezuela percibe que apoyan militarmente a Estados Unidos, podría dirigir operaciones contra ellos. Aunque probablemente Maduro no sería tan insensato, hay inquietud ante un posible escenario como este”, dice el experto militar.
Hace tan solo unas semanas, el portal de monitoreo aéreo Flightradar24 documentó la presencia de bombarderos estadounidenses sobrevolando el espacio aéreo entre Aruba y Curazao.
Trinidad y Tobago
A 11 kilómetros de la costa este venezolana, estas islas son las más cercanas a Venezuela y por lo tanto las más expuestas. Durante mucho tiempo han sido uno de los países más perjudicados por el flujo de migrantes venezolanos y las actividades de diferentes grupos criminales.
El gobierno de Kamala Prisad-Bisisier -que asumió en mayo- ha mostrado posiciones muy proestadounidenses desde el principio. En sus primeros meses al frente del país, se reunió con el jefe del Estado Mayor Conjunto, Dan Caine, para estrechar lazos y favorecer el intercambio de datos de inteligencia militar.
Recientemente el gobierno de Trinidad y Tobago recibió buques de guerra estadounidenses y facilitó entrenamiento de fuerzas especiales de Estados Unidos. Prisad-Bisisier confirmó que infantes de marina estadounidenses operan en el aeropuerto de Tobago, trabajando en una pista, en una carretera y que están instalando y modernizando un radar. Además, varios aviones militares han usado la isla para reabastecerse de combustible.
El gobierno justifica el proyecto como parte de la seguridad nacional y la lucha contra el narcotráfico en sus aguas.
“Han apoyado mucho la operación de las fuerzas estadounidenses y ven con buenos ojos la presencia de infantes de marina en el territorio, pero han dejado muy claro que, a menos que Venezuela los ataque, no se lanzarán operaciones ofensivas estadounidenses desde su territorio. Esa es la línea trazada”, explica Ellis.
República Dominicana
Es otro de los países que se ha visto gravemente afectado por el flujo de drogas, el crimen organizado y la migración en la región y es el que más abiertamente ofreció apoyo logístico a la “Operación Lanza del Sur”.
Desde la primera administración de Trump, el gobierno de Luis Abinader siempre ha estado muy alineado con Washington. República Dominicana se beneficia enormemente del turismo que llega desde Estados Unidos y del acceso al mercado estadounidense a través del Tratado de Libre Comercio CAFTA-DR.
“Esta lucha contra el narcotráfico constituye una prioridad para su administración [la de Trump], por tratarse de una amenaza que afecta la estabilidad nacional y regional”, afirmó Abinader.
“Esta lucha es esencial para proteger a nuestras familias y para preservar la estabilidad. Ningún país puede ni debe enfrentarla sin aliados”, añadió.
En medio de la escalada con Venezuela, el secretario de Defensa, Pete Hegseth, visitó República Dominicana y firmó una serie de acuerdos, que incluían el uso militar de zonas restringidas de la Base Aérea de San Isidro y del Aeropuerto Internacional de Las Américas.
Además, República Dominicana permite el reabastecimiento de combustible a naves estadounidenses, traslado de equipos y de personal técnico a través de su territorio.
“A Abinader le interesa la cooperación de Trump para contener el problema de Haití, pero la estrategia de las autoridades de República Dominicana de posicionarse como un aliado clave de Washington responde a la ambición de tener un papel más importante en los asuntos regionales”, estima el profesor de la Escuela de Guerra del Ejército de Estados Unidos.
“Por ejemplo, recientemente, el país solicitó integrarse como miembro asociado de Caricom, un espacio clave para el comercio y la cooperación de las naciones del Caribe, lo que aumentaría considerablemente su cooperación en temas como el intercambio de información de inteligencia contra el crimen organizado”, dice Ellis.
El apoyo a las operaciones de Estados Unidos se presenta como temporal, técnico y limitado, enfocado en reforzar vigilancia aérea y marítima contra el crimen organizado transnacional.
Granada
La distancia entre la isla de Granada y Venezuela es de aproximadamente 145 km en línea recta a través del mar Caribe.
EE.UU. solicitó instalar equipos de radar y personal técnico de forma temporal en el Aeropuerto Internacional Maurice Bishop. Ellis señala que esta solicitud se remonta al mandato de Biden o incluso antes, pero al parecer está siendo efectiva ahora.
“Como parte de la lucha contra el narcotráfico, Granada necesita un radar para su aeropuerto que le dé visibilidad sobre vuelos con posibles cargamentos. El ejército estadounidense estaba de visita, pero no ha trascendido públicamente si era para la instalación o se llevaron a cabo conversaciones técnicas que ayuden a instalarlo”, afirma Ellis.
Washington es uno de los principales socios comerciales de Granada. El país se beneficia de la Iniciativa de la Cuenca del Caribe (ICC), que otorga entrada libre de aranceles a muchos de sus productos.
Granada y Estados Unidos han firmado varios tratados para facilitar la cooperación policial y el intercambio de información y el ejército de EE.UU. ha proporcionado capacitación y equipo a las fuerzas de seguridad granadinas.
Puerto Rico e Islas Vírgenes de EE.UU.
Los dos territorios estadounidenses, que se encuentran aproximadamente a 800 kilómetros de Venezuela, se están utilizando para albergar personal militar y brindar apoyo logístico a las operaciones.
Según una investigación gráfica realizada por la agencia Reuters, la estación naval estadounidense Roosevelt Road -una antigua base de la Guerra Fría clausurada en 2004- se encuentra en proceso de modernización, con la repavimentación y la ampliación de las pistas, en las que ya están operando aeronaves de gran tamaño, como el gigantesco Boeing C-17 Globemaster, usado por las fuerzas estadounidenses para el transporte rápido de tropas y de suministros.
Además, la Administración Federal de Aviación (FAA) anunció una zona de vuelo restringida que afectará el espacio aéreo frente a la costa sureste de Puerto Rico desde el 1 de noviembre de 2025 hasta el 31 de marzo de 2026.
Esto facilitaría las operaciones militares de alta intensidad cerca del Aeropuerto José Aponte de la Torre. Allí han sido desplegados los cazas F-35 de última generación movilizados por el Pentágono y se han visto operaciones de aviones de combate y transporte.
En estas instalaciones se queda la mayor parte del personal terrestre.
También hay registro de aviones militares en el Aeropuerto Henry E. Rohlsen de Islas Vírgenes, que funciona como plataforma operativa y logística para despliegues regionales.
En Saint Croix, la mayor de las Islas Vírgenes estadounidenses, se aloja personal militar adicional en el “Man Camp” de Port Hamilton Refining and Transportation (PHRT).
Y el Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales (CSIS) reportó que la Base Naval que Estados Unidos tiene en la Bahía de Guantánamo (Cuba) ha aumentado el número del personal militar estacionado permanentemente.
¿Desde donde se lanzaría?
Todo este progresivo aumento de fuerzas lleva a una pregunta. Si hay una operación de Estados Unidos, ¿cuál es el punto en el que se lanzararía?
“Cualquier operación se lanzaría desde múltiples puntos. Personalmente, creo que podríamos ver ataques terrestres limitados antes de una operación de derribo importante”, cree Ellis.
“Si hubiera ataques terrestres limitados, probablemente provendrían de misiles estadounidenses, tal vez los misiles Tomahawk. Porque Venezuela aún tiene algunas defensas aéreas bajo su control. No son las mejores, pero los sistemas rusos S-300, por ejemplo, representan una amenaza para las aeronaves de Estados Unidos”, añade.
Por eso, cree el experto, no se lanzarían los F-18 de los portaaviones mientras esas defensas aéreas siguieran funcionando.
“Quizás podríamos ver el despliegue militar de algunas Fuerzas de Operaciones Especiales en el terreno, pero si tuviera que adivinar, diría que los ataques iniciales serían con misiles, simplemente porque es la forma más segura de hacerlo”.
“También se podrían lanzar misiles desde submarinos, ya que con un submarino se puede llegar relativamente cerca. Pero si se realizara una operación mayor, probablemente se necesitarían múltiples bases”.
Según el CSIS, las fuerzas estadounidenses comprometidas actualmente son insuficientes para un desembarco anfibio o una invasión terrestre. Esto requeriría al menos 50.000 soldados. “Sin embargo, los recursos aéreos y navales acumulados en los últimos tres meses han proporcionado suficiente potencia de fuego al Caribe para lanzar ataques aéreos y con misiles contra Venezuela”, explican los expertos del think tank.
Mapas por Caroline Souza y diseño de imagen por Daniel Arce, del Equipo de periodismo visual de BBC Mundo
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