Nuevos casos de personas desaparecidas superan por más del doble a las localizadas con censo de AMLO
Los casos dados de baja del Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas (RNPDNO) como resultado de una pretendida actualización “casa por casa” son superados en más del doble por la cantidad de altas en el mismo periodo, es decir, reportes de nuevos casos de desaparición, lo que haría imposible una reducción masiva de la cifra global.
Doce comisiones estatales de búsqueda de personas desaparecidas aseguran que entre el 1 de febrero y el 30 de septiembre de 2023 hicieron un total de mil 314 identificaciones positivas tras realizar visitas a domicilio, luego de recibir más de 25 mil indicios de vida derivados del cruce de bases de datos a nivel federal.
Sin embargo, en ese periodo, en las mismas entidades se reportaron 2 mil 972 nuevos casos de personas desaparecidas que permanecen en ese estatus hasta hoy.
Las visitas “casa por casa” para la identificación de personas desaparecidas son parte de la actualización del registro o “censo” que instruyó el presidente Andrés Manuel López Obrador, quien el 31 de julio aseguró que la cifra global del Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas (RNPDNO) –113 mil hasta el cierre de esta publicación– debía ser menor, y que en tres meses se corregiría.
¿Qué es el “censo casa por casa” de personas desaparecidas que implementa gobierno de AMLO?
Esa instrucción tenía como antecedente el anuncio del 16 de enero por parte del entonces subsecretario de Derechos Humanos, Alejandro Encinas, de un programa de búsqueda en vida mediante el cruce de bases de datos de trámites de salud y civiles.
A partir de ello, en diversas solicitudes de información pública, Animal Político pidió a las comisiones estatales de búsqueda la cifra total de indicios recibidos, la de visitas realizadas a domicilio, la de pruebas de vida obtenidas y la de registros dados de baja.
Doce estados informaron las cifras totales, mientras que algunos desconocieron el “censo” o actualización del registro, y otros pretextaron no contar con la información.
Estos son algunos resultados del “censo casa por casa” de AMLO sobre personas desaparecidas
En todos los casos, la cifra de indicios de vida o coincidencias recibidas –derivada del cruce de bases de datos con el RNPDNO– fue mucho mayor a la de identificaciones positivas que obtuvieron finalmente mediante visitas a domicilio.
Por ejemplo, la comisión estatal de Baja California recibió dos listados, en lo que llamó primera y segunda etapa, fechados el 7 de mayo y el 3 de julio, que sumaban un total de 2 mil 068 indicios de vida.
Después, realizaron mil 4 visitas a domicilio –a partir de las coincidencias que realmente eran útiles–, y finalmente obtuvieron solo 135 pruebas de vida. Mientras eso ocurría, en la entidad se registraron 180 nuevas desapariciones.
El caso de Baja California Sur sobre personas desaparecidas
Baja California Sur también recibió dos bloques de indicios, el 2 de mayo y el 19 de julio, para un total de 577. A partir de estos, realizó solo 110 visitas a domicilio y finalmente, obtuvo 41 pruebas de vida.
Con ellas, dio de baja 26 registros, es decir, aquellos que le correspondían, pues la modificación al Registro Nacional solo puede hacerla la autoridad que inicialmente dio de alta el reporte. Al mismo tiempo, en ese periodo, 85 personas fueron reportadas y permanecen como desaparecidas en la entidad.
En tanto, en Nayarit y Puebla, el número de nuevas desapariciones –128 y 741– supera en seis y ocho veces, respectivamente, a la cifra total de identificaciones positivas –21 y 90– que se obtuvieron en ese periodo mediante el “censo casa por casa”.
En algunos estados, como Aguascalientes, Colima, Durango, Tabasco, Veracruz y Yucatán, el número de nuevas desapariciones reportadas es menor a las pruebas de vida obtenidas en el mismo periodo, pero igualmente siguieron desapareciendo otras personas mientras transcurría la actualización de registros.
Estado de México describe complejidad en indicios y visitas a domicilio
En respuesta a las solicitudes de información pública, la comisión de búsqueda del Estado de México describió a detalle la complejidad para la actualización del registro nacional de personas desaparecidas mediante visitas casa por casa a partir de indicios obtenidos mediante el cruce de bases de datos federales, como instruyó el presidente Andrés Manuel López Obrador.
De acuerdo con su propio recuento, la comisión estatal recibió tres bloques de indicios: el 13 de marzo, el 13 de junio y el 2 de julio.
En total, sumaron 15 mil 736, una cifra incluso mayor al histórico de personas desaparecidas que registra el estado. Sin embargo, no estaba lo suficientemente procesada, pues contenía homonimias, así como coincidencias anteriores a la fecha de desaparición.
De entrada, la entidad describe que estas listas surgieron a partir del cotejo o confronta masiva realizada por la Comisión Nacional de Búsqueda entre el RNPDNO y bases de datos del Registro Nacional de Población (Renapo), del padrón de vacunación de covid-19, de la Secretaría de Relaciones Exteriores, del Instituto Nacional Electoral, de la Secretaría de Educación Pública, de la institución nacional de seguros Agroasemex y de los Servicios Educativos Integrados al Estado de México (SEIEM).
“En principio cabe señalar que esta comisión tuvo que realizar un análisis para depurar los 15 mil 736 registros, puesto que algunos estaban incompletos, correspondían a homónimos o bien, la fecha del posible indicio de localización era anterior a la fecha de desaparición de las personas, por lo cual se tuvo que determinar cuáles en realidad eran útiles”, indica.
Así, la comisión determinó que del primer bloque, de 5 mil 634, solo mil 016 eran útiles; del segundo, que contenía mil 375, solo 691 podían utilizarse, y del tercero, que sumaba 8 mil 728, únicamente servían 2 mil 612.
Sin embargo, solo los dos primeros se consideraron para realizar visitas a domicilio, “en coordinación con la Comisión Nacional de Búsqueda de Personas, la Fiscalía General de Justicia del Estado de México y las células de búsqueda municipales”.
En tanto, el último bloque ya no fue considerado tras quejas por revictimización a las familias durante las visitas casa por casa.
“No obstante del resultado de visitas donde se constató que los datos habían sido registrados anteriormente a la desaparición, se recibieron quejas ciudadanas por considerar revictimizante acudir a los domicilios de familiares, sobre todo en los casos de larga data en los que la persona aún continúa desaparecida”, describe el documento proporcionado por la comisión local.
Información confidencial y participación de Bienestar
Además de las 20 entidades que desconocieron la actualización del registro o negaron la información, de las 12 que sí proporcionaron las cifras globales, prácticamente la mayoría argumentó que las pruebas documentales donde consta el número de indicios recibidos, visitas realizadas e identificaciones positivas son confidenciales por contener datos personales, y descartaron entregarlas incluso en su versión pública.
Estados como Zacatecas, Tlaxcala, Sinaloa, Morelos y Oaxaca se dijeron incompetentes para poseer la información solicitada.
En tanto, Nuevo León, por ejemplo, se contradijo: en una primera respuesta admitió haber recibido más de 2 mil indicios –sin detallar cuántas visitas e identificaciones positivas hizo con ellos–, mientras que después aseguró que no había localizado documento alguno con la información.
Yucatán, en cambio, presentó dos correos electrónicos, con fechas del 14 de junio y del 2 de julio, con el asunto Lista de personas desaparecidas y un Excel adjunto nombrado YUCATAN_Indicios –que reservó justificando la información personal que contiene–, remitidos por Rodrigo Velázquez Díaz, subdirector regional de operaciones de Búsqueda.
“Por instrucciones de la Comisionada Nacional de Búsqueda, me permito hacerle llegar la lista de casos de personas desaparecidas adjunta, que contiene al menos un indicio por caso, algunos con domicilios. Por lo que se solicita su amable colaboración para efecto de que se analice técnicamente, y emprender las acciones de búsqueda pertinentes para localizar a las personas desaparecidas cuyo nombre y Folio Único de Búsqueda se comparte en el archivo adjunto o, de ser el caso, que se localice el domicilio relacionado y se entreviste a personas vinculadas con la víctima como parte del seguimiento a las acciones de búsqueda que conduzcan al hallazgo de las personas desaparecidas o no localizadas”, se lee en los documentos.
La renuncia de Karla Quintana a comisión de búsqueda
El 23 de agosto, tras la presencia más protagónica de la Secretaría de Bienestar, que instruyó a finales de julio el presidente Andrés Manuel López Obrador, la excomisionada nacional de Búsqueda, Karla Quintana, presentó su renuncia porque la actualización o “censo” ya no se estaba llevando a cabo por autoridades especializadas y su intención no era obtener la mejor información posible, sino reducir la cifra total de personas desaparecidas.
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La comisión estatal de búsqueda de San Luis Potosí, por ejemplo, reconoció la existencia de la estrategia, e incluso la participación de la Secretaría de Bienestar, ya sin mencionar a la CNB; por la misma razón, dijo no ser responsable de proporcionar la información:
“Es de mencionarse que por instrucción del Presidente Andrés Manuel López Obrador, la Fiscalía General del Estado de San Luis Potosí, en coordinación con la Comisión Estatal de Búsqueda y personal de la Secretaría de Bienestar Delegación San Luis Potosí, se lleva a cabo un Programa Nacional, que fue instaurado por la Federación por conducto de la Secretaría de Gobernación, el cual tuvo como fecha límite de cumplimiento el día 13 de agosto del año en curso”.
Las altas y bajas las tienen que realizar autoridades buscadoras
Poco más de dos meses después de su renuncia, durante un seminario Karla Quintana subrayó que el RNPDNO no es una lista única o un Excel, sino un sistema y herramienta de búsqueda que permite que al menos 66 autoridades lo alimenten en más de un 90%: 33 comisiones de búsqueda y 33 fiscalías, más otras autoridades y particulares.
Del mismo modo, hizo énfasis en que hasta su renuncia, había una trazabilidad para la baja de registros, es decir, solo la podían llevar a cabo autoridades buscadoras, mediante firma electrónica y conforme a la ley.
En respuesta a las solicitudes de información pública, varias comisiones estatales de búsqueda admitieron que durante el periodo solicitado –hasta el 30 de septiembre– no siempre se habían encargado de dar de baja ellas mismas los registros asociados con identificaciones positivas mediante visitas a domicilio, pues en muchos casos, no fueron la autoridad responsable de dar de alta el registro.
Por ejemplo, Colima –que encontró 27 identificaciones positivas– aclaró que “solo pueden darse de baja en el portal correspondiente por la autoridad responsable de dichos registros, por lo que al no ser la autoridad competente para ello, las bajas de los registros se encuentran en trámite con las autoridades respectivas”.
El caso de Sonora y Tabasco
En tanto, la comisión de búsqueda de personas de Sonora indicó que por parte de la Comisión Nacional de Búsqueda les eran remitidos habitualmente indicios vía correo electrónico y una Bitácora Única que forma parte del RNPDNO, lo que consideraban una herramienta de búsqueda e identificación que organiza y concentra la información sobre personas desaparecidas y no localizadas, y que se utilizaba en sus acciones de búsqueda constantemente.
Tabasco, un estado donde la comisión encontró 56 identificaciones positivas en un periodo en el que solo se han reportado siete nuevas desapariciones, fue la única entidad que aclaró que los registros no eran dados de baja, sino que sufrían un cambio de clasificación de desaparecido a localizado. De esos 56 casos, la comisión realizó la modificación de 21.
Alejandro Encinas y los casos de personas desaparecidas
Meses antes, y poco después de que el entonces subsecretario de Derechos Humanos, Alejandro Encinas, declarara a mediados de enero que se emprendería un programa nacional de búsqueda en vida mediante el cruce de bases de datos de trámites civiles y de salud, la Secretaría de Gobernación firmó un convenio con la Secretaría de Bienestar el 3 de marzo de 2023.
Entre las líneas de acción que ahí se acordaron se estableció que la CNB solicitara a Bienestar acompañamiento para la implementación de acciones de búsqueda generalizada de personas desaparecidas y localizadas, sin que eso implicara en ningún sentido la transferencia de datos personales o sensibles.
También se acordó que Bienestar pudiera consultar información en sus registros y bases de datos para contribuir a búsqueda, localización e identificación.
En otros dos incisos, se agrega que, como parte de la estrategia, la Subsecretaría de Derechos Humanos, Población y Migración de la Segob o la CNB podrían coordinar esfuerzos de búsqueda entre Bienestar y otras autoridades buscadoras.
Se especifica, además, que Bienestar entregaría “información y resultados que deriven de las acciones de búsqueda generalizada y aquella que resulte de la consulta que se lleve a cabo en sus registros”.
Qué hace Bienestar en los casos de personas desaparecidas
Sin embargo, a unos días de la renuncia de Quintana –por su desacuerdo respecto a la forma y la intención de la actualización del registro, así como el creciente protagonismo que López Obrador le había dado a Bienestar, que no es una autoridad buscadora–, Encinas aseguró que el censo de personas desaparecidas lo haría la Secretaría de Bienestar conforme al convenio suscrito, que, de acuerdo con Quintana, inicialmente se trataba solo de un acuerdo de cooperación que igualmente se hacía con otras dependencias.
Más allá de la versión pública del convenio, la Secretaría de Bienestar y la Comisión Nacional de Búsqueda rechazaron proporcionar la información relativa a las minutas de reuniones para llevar a cabo la actualización del registro, así como al número de indicios encontrados y enviados, el total nacional de visitas a domicilio o el de identificaciones positivas.
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Mas de 350 palestinos han muerto desde el pasado 10 de octubre en Gaza, donde seis semanas después del inicio del alto el fuego la situación sigue siendo desesperada para la gran mayoría de sus habitantes.
Israel y Hamás sellaron el pasado 10 de octubre un acuerdo de cese el fuego que debía poner fin a dos años de un conflicto que ha devastado la Franja de Gaza.
Seis semanas después del inicio de ese cese de hostilidades, el derramamiento de sangre no ceja en Gaza, donde civiles palestinos siguen muriendo a diario por disparos o ataques israelíes.
La intensidad del conflicto se ha reducido, pero eso no ha evitado que la cifra de víctimas palestinas siga creciendo, aunque más lentamente.
La ayuda humanitaria, tras meses de férreo bloqueo, vuelve a entrar a la Franja, pero no en el volumen necesario para hacer frente a las necesidades de una población que sigue, en su gran mayoría, desplazada y en un territorio que se ha quedado prácticamente sin infraestructuras.
El alto el fuego ha permitido que la ONU empiece a reabrir las escuelas que opera en la Franja, la mayor parte de ellas dañadas por los bombardeos y que siguen sirviendo de refugio para muchas familias. El sistema sanitario también sigue siendo muy precario. Solo 36 de los hospitales de Gaza están parcialmente operativos, según Naciones Unidas.
Hamás, aunque ha quedado muy debilitado, se niega a desarmarse, como demostró al día siguiente de iniciarse el alto el fuego, cuando sacó a 7.000 milicianos armados a las calles para reafirmar el control sobre zonas de Gaza desocupadas por las tropas israelíes. Pero su hegemonía está siendo cuestionada por un nada desdeñable número de grupos armados han proliferado en la Franja dispuestos a hacerle frente.
En medio de todo esto, los palestinos aguardan a que el plan de paz que propuso el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, del que el alto el fuego solo constituía una primera fase, avance y pueda comenzar la reconstrucción de un territorio controlado aún en su mayoría por el ejército israelí.
Más de 350 muertos en ataques israelíes
El goteo de víctimas desde el día en que entró en vigor el alto el fuego no se ha detenido.
Más de 350 personas han muerto en Gaza en ataques israelíes desde entonces, lo que elevan la cifra total de víctimas palestinas desde el inicio del conflicto el 7 de octubre de 2023 a 70.100, muchas de ellas mujeres y niños, según cifras del ministerio de Sanidad de Gaza.
Los milicianos de Hamás continúan siendo objetivo del ejército israelí, pero la enorme mayoría de víctimas siguen siendo civiles, como el fotógrafo Mahmud Wadi, fallecido este martes en un ataque con dron en Jan Yunis. O los hermanos Fadi y Juma Abu Assi, de 8 y 11 años que, según su familia, estaban buscando leña para cocinar al este de esta misma ciudad cuando fueron alcanzados el pasado sábado por el fuego israelí.
Las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) aseguraron a la BBC que habían disparado sobre dos sospechosos que cruzaron la Línea Amarilla.
Esta demarcación, que delimita el territorio al que Israel aceptó retirarse tras el alto el fuego, no está claro para muchos palestinos, a veces con consecuencias fatales.
Pero las muertes no solo se han producido en las inmediaciones de la Línea Amarilla. Israel ha llevado a cabo bombardeos de zonas densamente pobladas en Gaza en respuesta, según las FDI, a ataques de Hamás.
En uno de ellos, en la noche del pasado 28 de octubre, murieron 104 palestinos en una oleada de bombardeos en Ciudad de Gaza, Beit Lahia, Bureij, Nuseirat y Jan Yunis, según el ministerio de Sanidad de la Franja. Israel alegó que actuó contra “decenas de objetivos terroristas”.
Tanto las FDI como Hamás se han acusado mutuamente de violar el alto el fuego en repetidas ocasiones.
El pasado 21 de noviembre, el portavoz de Unicef, Ricardo Pires, recordó que, desde el cese el fuego, dos niños han muerto de media cada día en Gaza.
“Esto no son estadísticas. Cada uno de ellos era un niño con una familia, un sueño, una vida truncada repetidamente por la violencia continuada”, dijo Pires a los periodistas.
Qué ha pasado con la ayuda humanitaria
El estricto bloqueo que Israel impuso en Gaza durante meses antes del alto el fuego, impidiendo el acceso de ayuda humanitaria a la Franja, provocó una hambruna que mató a más de 200 personas, según la propia denuncia de la ONU.
El acuerdo de alto el fuego alcanzado entre Israel y Hamás establecía que 600 camiones de ayuda humanitaria debían entrar diariamente a la Franja para satisfacer las necesidades básicas de sus 2,1 millones de habitantes.
Sin embargo, aunque desde el 10 de octubre Israel ha aflojado los controles y se ha permitido la entrada de ayuda, no se han alcanzado los niveles necesarios, según la ONU.
El acceso humanitario sigue estando muy restringido, tal y como denunciaron recientemente un grupo de expertos de Naciones Unidas, entre otras cosas porque solo se han reabierto dos de los seis pasos fronterizos.
“El volumen de camiones de ayuda que entran en Gaza nunca ha alcanzado el objetivo acordado de 600 al día y, con frecuencia, ha sido inferior a la mitad de esa cifra”, afirmaron los expertos, entre los que se encuentra Francesca Albanese, relatora especial de la ONU para los territorios palestinos.
Amnistía Internacional también ha denunciado que Israel sigue bloqueando “la entrada de equipos y materiales necesarios para reparar las infraestructuras vitales y retirar municiones sin explotar, escombros contaminados y aguas residuales”, señaló recientemente la organización en un comunicado.
Israel asegura que desde el inicio del alto el fuego han entrado en Gaza una media de 600 a 800 camiones diarios con alimentos, suministros para refugios y material médico, según la Coordinadora de Actividades Gubernamentales en los Territorios (COGAT). El 41% de esos camiones van al sector privado, según sus propias cifras.
Según la OCHA, la Oficina de Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios, aunque la frecuencia con la que los gazatíes comen ha mejorado en la mayoría de los hogares, “el consumo de alimentos sigue estando muy por debajo de los niveles anteriores al conflicto”, y la dieta se basa principalmente en cereales, legumbres y cantidades moderadas de lácteos y aceite, con un acceso muy limitado a alimentos nutritivos como la carne, las verduras y las frutas.
Tal y como relató a la BBC Sami Matar, de la ONG Anera, que gestiona una cocina comunitaria en Gaza, “nos vemos obligados a cocinar principalmente tres tipos de comidas a la semana: arroz, pasta y lentejas (…) Necesitamos que la comida sea más variada, para garantizar verduras frescas y proteínas esenciales como la carne y el pollo”.
Estos productos, asegura, “no pueden entrar en Gaza para su distribución como ayuda humanitaria”, y solo las importan vendedores locales, aunque muchos gazatíes no tienen dinero para comprarlas.
Quien ha dejado de operar en Gaza seis meses después de ponerse en marcha es la polémica Fundación Humanitaria de Gaza (GHF, por sus siglas en inglés), que crearon Estados Unidos e Israel para eludir el sistema tradicional de ayuda de la ONU. Cientos de personas murieron por disparos israelíes durante sus caóticas entregas de cajas de ayuda humanitaria.
Dónde está el ejército israelí
El acuerdo de alto el fuego establecía que el ejército israelí se retiraría de Gaza “en base a estándares, hitos y plazos” que debían ser acordados por todas las partes.
Un mapa que distribuyó la Casa Blanca entonces mostraba las tres etapas propuestas para la retirada de las tropas israelíes, que dejaba en la primera fase, la única que se ha acordado por el momento, bajo control israelí un 53% de Gaza, toda la franja que se extiende a lo largo de la frontera con Israel.
En las siguientes fases, este territorio debería reducirse hasta el 40% en la segunda etapa y hasta el 15% en la última, una suerte de “perímetro de seguridad” que “permanecería hasta que Gaza esté debidamente protegida frente a cualquier resurgimiento de la amenaza terrorista”.
Actualmente, las FDI permanecen tras la conocida como Línea Amarilla, en un territorio que, según una investigación de BBC Verify que analizó videos e imágenes satelitales, es mayor de lo previsto en el acuerdo con Hamás.
En algunos puntos, los marcadores colocados por las tropas israelíes para señalizar la división se encontraban cientos de metros más al interior de la Franja de lo que se esperaba según la línea de retirada.
En este territorio, Israel ha destruido además barrios enteros en lo que parecen demoliciones intencionadas. Según un análisis de BBC Verify, al menos 1.500 edificios fueron derribados en el primer mes tras el alto el fuego.
Israel alega que estas demoliciones no violan lo acordado ya que según los términos del cese al fuego, “todas las infraestructuras del terror, incluyendo túneles, deben ser desmantelados en Gaza. Israel actúa en respuesta a las amenazas, violaciones y la infraestructura del terror”, dijo un portavoz de las FDI.
Pero algunos analistas y expertos en derecho internacional opinan que estas demoliciones podrían estar violando las leyes de la guerra, que prohíben la destrucción de propiedad civil por parte de una potencia ocupante, así como poniendo en peligro el acuerdo de alto el fuego.
Más del 90% de la población de Gaza se ha visto desplazada durante los dos años de conflicto y la mayoría sigue viviendo en tiendas de campaña improvisadas.
Muchos no pueden regresar a sus hogares porque ya no están ahí. Según cifras de la ONU, el 80% de los edificios de la Franja han sido destruidos. En la Ciudad de Gaza, el principal núcleo urbano del territorio, esta cifra se eleva hasta el 92%.
Proliferación de grupos armados rivales de Hamás
En los últimos meses y, especialmente desde el inicio del alto el fuego, una serie de facciones armadas enfrentadas a Hamás han proliferado en la Franja de Gaza.
Entre ellos hay grupos que se apoyan en clanes familiares, bandas criminales y nuevas milicias, algunas de las cuales cuentan con el respaldo de Israel, como ha admitido el propio primer ministro Benjamin Netanyahu.
Hamás no parece estar dispuesto a ceder el control de la Franja y en las semanas posteriores al alto el fuego se han podido ver videos en redes sociales de sus milicianos propiciando palizas o ejecutando a plena luz del día de miembros de grupos rivales a los que acusan de colaborar con Israel.
Estas nuevas formaciones operan, cada uno en su porción de territorio, dentro de la Línea Amarilla, la parte de la Franja que sigue controlada por el ejército israelí.
Están, por ejemplo, las Fuerzas Populares, el grupo que lidera Yaser Abu Shabab en la zona de Rafah, que ha sido acusado de haber saqueado camiones de ayuda humanitaria enviados a Gaza durante la guerra. O las Fuerzas de Ataque Antiterrorista, que dirige Hossam al Astal en los alrededores de Jan Yunis. Otro de los grupos es el Ejército del Pueblo – Fuerzas del Norte, que está liderado por Ashraf al Mansi y que opera en el norte de la Franja.
Algunos de estos grupos aspiran a acabar formando parte de las futuras fuerzas policiales de Gaza y aseguran, aunque no está confirmado, que trabajan en coordinación con la Junta para la Paz, el organismo internacional que deberá administrar Gaza bajo el plan del presidente estadounidense Donald Trump.
Su despliegue despierta recelos entre parte de la población gazatí y de la Autoridad Nacional Palestina, que desconfía del apoyo que Israel parece prestar a algunos de estos grupos.
“Israel podría exigir la integración de estas milicias, debido a sus propias consideraciones políticas y de seguridad específicas”, señaló el general Anwar Rajab, portavoz de las fuerzas de seguridad de la Autoridad Palestina, a la corresponsal de la BBC en Medio Oriente Lucy Williamson.
Pero las exigencias de Israel, prosiguió, “no necesariamente benefician a los palestinos. Israel quiere seguir imponiendo su control de una u otra manera en la Franja de Gaza”.
Retorno de cuerpos de rehenes y de palestinos
En el acuerdo de alto el fuego, Hamás se comprometió a devolver en un plazo de 72 horas a los 20 rehenes israelíes vivos y los cadáveres de los 28 secuestrados que aún se encontraban en Gaza.
Según los términos de lo pactado, Israel debería devolver 15 cadáveres de palestinos en su poder por cada rehén fallecido en manos de Hamás.
Todos los rehenes vivos fueron liberados el 13 de octubre a cambio de 250 presos palestinos y 1.718 detenidos de Gaza.
Hasta ahora se han entregado los restos mortales de 26 secuestrados, 23 de ellos israelíes, así como un tailandés, un nepalí y un tanzano.
A cambio, Israel ha devuelto los cadáveres de 330 palestinos muertos durante la guerra. En su mayoría son cuerpos sin identificar de los que no está claro si fallecieron en Gaza o bajo custodia israelí, y algunos muestran signos de tortura, según han denunciado los doctores que los recibieron.
Israel ha acusado a Hamás de retrasar deliberadamente la recuperación de los cadáveres de los rehenes, mientras que Hamás ha insistido en que está luchando por encontrarlos bajo los escombros.
La lentitud de los avances ha supuesto que no se haya avanzado en la segunda fase del plan de paz del presidente Donald Trump para Gaza. Este incluye planes para la gobernanza de Gaza, la retirada de las tropas israelíes y el desarme de Hamás y la reconstrucción.
Hamás tomo 251 rehenes el 7 de octubre de 2023, cuando lanzó un ataque sorpresa sobre el sur de Israel en el que mató a más de 1.200 personas -en su mayoría civiles- que desencadenó una respuesta militar de una intensidad sin precedentes del ejército israelí sobre Gaza.
En qué punto se encuentra la negociación de la segunda fase del plan de paz
El cese de las hostilidades, el retorno de los rehenes, la retirada del ejército israelí de zonas de Gaza y la entrada de ayuda humanitaria forman parte de la primera fase del conocido como plan de paz de Trump para Gaza, que cuenta con 20 puntos.
Una vez alcanzado, la partes debían avanzar hacia las siguientes etapas, que prevén el despliegue de una Fuerza Internacional de Estabilización (FIE) y, en un futuro, el posible camino hacia el establecimiento de un Estado palestino, algo que el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu ha rechazado.
El pasado 17 de noviembre, el plan presentados por Estados Unidos recibió el espaldarazo del Consejo de Seguridad de la ONU, lo que permitiría avanzar desde el alto el fuego hacia la reconstrucción de la Franja.
La resolución prevé la creación de una “Junta para la paz” que supervisaría la gobernanza de un comité tecnocrático y apolítico palestino y supervisaría la reconstrucción de Gaza y la entrega de ayuda humanitaria, aunque no especifica quién formaría parte de esa junta.
Tampoco está claro por ahora qué países aportarían efectivos para esas fuerzas de estabilización, ni el papel que tendrá en Gaza la Autoridad Nacional Palestina, a la que el plan exige una reforma profunda.
El plan también prevé la desmilitarización de Hamás y otros grupos en la Franja, algo a lo que la milicia islamista se ha negado.
Según la resolución, la fuerza de estabilización colaborará con Israel y Egipto, junto con una fuerza policial palestina de nueva formación debidamente seleccionada, para ayudar a proteger las zonas fronterizas y garantizar el proceso de desarme permanente de los grupos armados no estatales, incluido Hamás.
La incertidumbre en torno a todas estas cuestiones ha frenado el inicio de la segunda fase del plan de paz, para la que aún no hay fecha.
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