Nuevos casos de personas desaparecidas superan por más del doble a las localizadas con censo de AMLO
Los casos dados de baja del Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas (RNPDNO) como resultado de una pretendida actualización “casa por casa” son superados en más del doble por la cantidad de altas en el mismo periodo, es decir, reportes de nuevos casos de desaparición, lo que haría imposible una reducción masiva de la cifra global.
Doce comisiones estatales de búsqueda de personas desaparecidas aseguran que entre el 1 de febrero y el 30 de septiembre de 2023 hicieron un total de mil 314 identificaciones positivas tras realizar visitas a domicilio, luego de recibir más de 25 mil indicios de vida derivados del cruce de bases de datos a nivel federal.
Sin embargo, en ese periodo, en las mismas entidades se reportaron 2 mil 972 nuevos casos de personas desaparecidas que permanecen en ese estatus hasta hoy.
Las visitas “casa por casa” para la identificación de personas desaparecidas son parte de la actualización del registro o “censo” que instruyó el presidente Andrés Manuel López Obrador, quien el 31 de julio aseguró que la cifra global del Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas (RNPDNO) –113 mil hasta el cierre de esta publicación– debía ser menor, y que en tres meses se corregiría.
¿Qué es el “censo casa por casa” de personas desaparecidas que implementa gobierno de AMLO?
Esa instrucción tenía como antecedente el anuncio del 16 de enero por parte del entonces subsecretario de Derechos Humanos, Alejandro Encinas, de un programa de búsqueda en vida mediante el cruce de bases de datos de trámites de salud y civiles.
A partir de ello, en diversas solicitudes de información pública, Animal Político pidió a las comisiones estatales de búsqueda la cifra total de indicios recibidos, la de visitas realizadas a domicilio, la de pruebas de vida obtenidas y la de registros dados de baja.
Doce estados informaron las cifras totales, mientras que algunos desconocieron el “censo” o actualización del registro, y otros pretextaron no contar con la información.
Estos son algunos resultados del “censo casa por casa” de AMLO sobre personas desaparecidas
En todos los casos, la cifra de indicios de vida o coincidencias recibidas –derivada del cruce de bases de datos con el RNPDNO– fue mucho mayor a la de identificaciones positivas que obtuvieron finalmente mediante visitas a domicilio.
Por ejemplo, la comisión estatal de Baja California recibió dos listados, en lo que llamó primera y segunda etapa, fechados el 7 de mayo y el 3 de julio, que sumaban un total de 2 mil 068 indicios de vida.
Después, realizaron mil 4 visitas a domicilio –a partir de las coincidencias que realmente eran útiles–, y finalmente obtuvieron solo 135 pruebas de vida. Mientras eso ocurría, en la entidad se registraron 180 nuevas desapariciones.
El caso de Baja California Sur sobre personas desaparecidas
Baja California Sur también recibió dos bloques de indicios, el 2 de mayo y el 19 de julio, para un total de 577. A partir de estos, realizó solo 110 visitas a domicilio y finalmente, obtuvo 41 pruebas de vida.
Con ellas, dio de baja 26 registros, es decir, aquellos que le correspondían, pues la modificación al Registro Nacional solo puede hacerla la autoridad que inicialmente dio de alta el reporte. Al mismo tiempo, en ese periodo, 85 personas fueron reportadas y permanecen como desaparecidas en la entidad.
En tanto, en Nayarit y Puebla, el número de nuevas desapariciones –128 y 741– supera en seis y ocho veces, respectivamente, a la cifra total de identificaciones positivas –21 y 90– que se obtuvieron en ese periodo mediante el “censo casa por casa”.
En algunos estados, como Aguascalientes, Colima, Durango, Tabasco, Veracruz y Yucatán, el número de nuevas desapariciones reportadas es menor a las pruebas de vida obtenidas en el mismo periodo, pero igualmente siguieron desapareciendo otras personas mientras transcurría la actualización de registros.
Estado de México describe complejidad en indicios y visitas a domicilio
En respuesta a las solicitudes de información pública, la comisión de búsqueda del Estado de México describió a detalle la complejidad para la actualización del registro nacional de personas desaparecidas mediante visitas casa por casa a partir de indicios obtenidos mediante el cruce de bases de datos federales, como instruyó el presidente Andrés Manuel López Obrador.
De acuerdo con su propio recuento, la comisión estatal recibió tres bloques de indicios: el 13 de marzo, el 13 de junio y el 2 de julio.
En total, sumaron 15 mil 736, una cifra incluso mayor al histórico de personas desaparecidas que registra el estado. Sin embargo, no estaba lo suficientemente procesada, pues contenía homonimias, así como coincidencias anteriores a la fecha de desaparición.
De entrada, la entidad describe que estas listas surgieron a partir del cotejo o confronta masiva realizada por la Comisión Nacional de Búsqueda entre el RNPDNO y bases de datos del Registro Nacional de Población (Renapo), del padrón de vacunación de covid-19, de la Secretaría de Relaciones Exteriores, del Instituto Nacional Electoral, de la Secretaría de Educación Pública, de la institución nacional de seguros Agroasemex y de los Servicios Educativos Integrados al Estado de México (SEIEM).
“En principio cabe señalar que esta comisión tuvo que realizar un análisis para depurar los 15 mil 736 registros, puesto que algunos estaban incompletos, correspondían a homónimos o bien, la fecha del posible indicio de localización era anterior a la fecha de desaparición de las personas, por lo cual se tuvo que determinar cuáles en realidad eran útiles”, indica.
Así, la comisión determinó que del primer bloque, de 5 mil 634, solo mil 016 eran útiles; del segundo, que contenía mil 375, solo 691 podían utilizarse, y del tercero, que sumaba 8 mil 728, únicamente servían 2 mil 612.
Sin embargo, solo los dos primeros se consideraron para realizar visitas a domicilio, “en coordinación con la Comisión Nacional de Búsqueda de Personas, la Fiscalía General de Justicia del Estado de México y las células de búsqueda municipales”.
En tanto, el último bloque ya no fue considerado tras quejas por revictimización a las familias durante las visitas casa por casa.
“No obstante del resultado de visitas donde se constató que los datos habían sido registrados anteriormente a la desaparición, se recibieron quejas ciudadanas por considerar revictimizante acudir a los domicilios de familiares, sobre todo en los casos de larga data en los que la persona aún continúa desaparecida”, describe el documento proporcionado por la comisión local.
Información confidencial y participación de Bienestar
Además de las 20 entidades que desconocieron la actualización del registro o negaron la información, de las 12 que sí proporcionaron las cifras globales, prácticamente la mayoría argumentó que las pruebas documentales donde consta el número de indicios recibidos, visitas realizadas e identificaciones positivas son confidenciales por contener datos personales, y descartaron entregarlas incluso en su versión pública.
Estados como Zacatecas, Tlaxcala, Sinaloa, Morelos y Oaxaca se dijeron incompetentes para poseer la información solicitada.
En tanto, Nuevo León, por ejemplo, se contradijo: en una primera respuesta admitió haber recibido más de 2 mil indicios –sin detallar cuántas visitas e identificaciones positivas hizo con ellos–, mientras que después aseguró que no había localizado documento alguno con la información.
Yucatán, en cambio, presentó dos correos electrónicos, con fechas del 14 de junio y del 2 de julio, con el asunto Lista de personas desaparecidas y un Excel adjunto nombrado YUCATAN_Indicios –que reservó justificando la información personal que contiene–, remitidos por Rodrigo Velázquez Díaz, subdirector regional de operaciones de Búsqueda.
“Por instrucciones de la Comisionada Nacional de Búsqueda, me permito hacerle llegar la lista de casos de personas desaparecidas adjunta, que contiene al menos un indicio por caso, algunos con domicilios. Por lo que se solicita su amable colaboración para efecto de que se analice técnicamente, y emprender las acciones de búsqueda pertinentes para localizar a las personas desaparecidas cuyo nombre y Folio Único de Búsqueda se comparte en el archivo adjunto o, de ser el caso, que se localice el domicilio relacionado y se entreviste a personas vinculadas con la víctima como parte del seguimiento a las acciones de búsqueda que conduzcan al hallazgo de las personas desaparecidas o no localizadas”, se lee en los documentos.
La renuncia de Karla Quintana a comisión de búsqueda
El 23 de agosto, tras la presencia más protagónica de la Secretaría de Bienestar, que instruyó a finales de julio el presidente Andrés Manuel López Obrador, la excomisionada nacional de Búsqueda, Karla Quintana, presentó su renuncia porque la actualización o “censo” ya no se estaba llevando a cabo por autoridades especializadas y su intención no era obtener la mejor información posible, sino reducir la cifra total de personas desaparecidas.
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La comisión estatal de búsqueda de San Luis Potosí, por ejemplo, reconoció la existencia de la estrategia, e incluso la participación de la Secretaría de Bienestar, ya sin mencionar a la CNB; por la misma razón, dijo no ser responsable de proporcionar la información:
“Es de mencionarse que por instrucción del Presidente Andrés Manuel López Obrador, la Fiscalía General del Estado de San Luis Potosí, en coordinación con la Comisión Estatal de Búsqueda y personal de la Secretaría de Bienestar Delegación San Luis Potosí, se lleva a cabo un Programa Nacional, que fue instaurado por la Federación por conducto de la Secretaría de Gobernación, el cual tuvo como fecha límite de cumplimiento el día 13 de agosto del año en curso”.
Las altas y bajas las tienen que realizar autoridades buscadoras
Poco más de dos meses después de su renuncia, durante un seminario Karla Quintana subrayó que el RNPDNO no es una lista única o un Excel, sino un sistema y herramienta de búsqueda que permite que al menos 66 autoridades lo alimenten en más de un 90%: 33 comisiones de búsqueda y 33 fiscalías, más otras autoridades y particulares.
Del mismo modo, hizo énfasis en que hasta su renuncia, había una trazabilidad para la baja de registros, es decir, solo la podían llevar a cabo autoridades buscadoras, mediante firma electrónica y conforme a la ley.
En respuesta a las solicitudes de información pública, varias comisiones estatales de búsqueda admitieron que durante el periodo solicitado –hasta el 30 de septiembre– no siempre se habían encargado de dar de baja ellas mismas los registros asociados con identificaciones positivas mediante visitas a domicilio, pues en muchos casos, no fueron la autoridad responsable de dar de alta el registro.
Por ejemplo, Colima –que encontró 27 identificaciones positivas– aclaró que “solo pueden darse de baja en el portal correspondiente por la autoridad responsable de dichos registros, por lo que al no ser la autoridad competente para ello, las bajas de los registros se encuentran en trámite con las autoridades respectivas”.
El caso de Sonora y Tabasco
En tanto, la comisión de búsqueda de personas de Sonora indicó que por parte de la Comisión Nacional de Búsqueda les eran remitidos habitualmente indicios vía correo electrónico y una Bitácora Única que forma parte del RNPDNO, lo que consideraban una herramienta de búsqueda e identificación que organiza y concentra la información sobre personas desaparecidas y no localizadas, y que se utilizaba en sus acciones de búsqueda constantemente.
Tabasco, un estado donde la comisión encontró 56 identificaciones positivas en un periodo en el que solo se han reportado siete nuevas desapariciones, fue la única entidad que aclaró que los registros no eran dados de baja, sino que sufrían un cambio de clasificación de desaparecido a localizado. De esos 56 casos, la comisión realizó la modificación de 21.
Alejandro Encinas y los casos de personas desaparecidas
Meses antes, y poco después de que el entonces subsecretario de Derechos Humanos, Alejandro Encinas, declarara a mediados de enero que se emprendería un programa nacional de búsqueda en vida mediante el cruce de bases de datos de trámites civiles y de salud, la Secretaría de Gobernación firmó un convenio con la Secretaría de Bienestar el 3 de marzo de 2023.
Entre las líneas de acción que ahí se acordaron se estableció que la CNB solicitara a Bienestar acompañamiento para la implementación de acciones de búsqueda generalizada de personas desaparecidas y localizadas, sin que eso implicara en ningún sentido la transferencia de datos personales o sensibles.
También se acordó que Bienestar pudiera consultar información en sus registros y bases de datos para contribuir a búsqueda, localización e identificación.
En otros dos incisos, se agrega que, como parte de la estrategia, la Subsecretaría de Derechos Humanos, Población y Migración de la Segob o la CNB podrían coordinar esfuerzos de búsqueda entre Bienestar y otras autoridades buscadoras.
Se especifica, además, que Bienestar entregaría “información y resultados que deriven de las acciones de búsqueda generalizada y aquella que resulte de la consulta que se lleve a cabo en sus registros”.
Qué hace Bienestar en los casos de personas desaparecidas
Sin embargo, a unos días de la renuncia de Quintana –por su desacuerdo respecto a la forma y la intención de la actualización del registro, así como el creciente protagonismo que López Obrador le había dado a Bienestar, que no es una autoridad buscadora–, Encinas aseguró que el censo de personas desaparecidas lo haría la Secretaría de Bienestar conforme al convenio suscrito, que, de acuerdo con Quintana, inicialmente se trataba solo de un acuerdo de cooperación que igualmente se hacía con otras dependencias.
Más allá de la versión pública del convenio, la Secretaría de Bienestar y la Comisión Nacional de Búsqueda rechazaron proporcionar la información relativa a las minutas de reuniones para llevar a cabo la actualización del registro, así como al número de indicios encontrados y enviados, el total nacional de visitas a domicilio o el de identificaciones positivas.
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Parte de un gran aparato
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Su tarea abarca el combate contra el contrabando de productos y mercancías y garantizar la seguridad agrícola y sanitaria mediante la vigilancia de sus puertos y aduanas; la lucha contra el terrorismo, el crimen organizado y la inmigración ilegal, y facilitar los viajes de turismo y negocios a EE.UU.
La Patrulla Fronteriza, que es parte de la CBP, nació en 1924, aunque sus orígenes se remontan a décadas anteriores.
Uno de los antecedentes del cuerpo fueron los Vigilantes Montados del Servicio de Inmigración, unos oficiales que desde 1904 patrullaban a caballo la frontera con México para prevenir los cruces ilegales, en especial de personas provenientes de China, se lee en el sitio web de la CBP.
Sin embargo, la combinación de unas leyes migratorias más duras y de la prohibición de la producción y venta de alcohol que entró en vigor en 1920 en EE.UU. impulsó la creación de un organismo que se dedicara a la vigilancia permanente de las zonas fronterizas.
Frank W. Berkshire, un funcionario del servicio de inmigración nacido en Kentucky en 1870, es considerado el padre de la Patrulla Fronteriza de EE.UU., pues fue él quien a finales de la década de 1910 comenzó a escribir a sus superiores sobre la necesidad de establecer una fuerza que vigilara las fronteras terrestres, en particular la del sur con México, según documentos disponibles en el Archivo Nacional de Washington.
Con el paso del tiempo, los legisladores fueron ampliando las facultades del cuerpo.
“En 1952, se permitió por primera vez a los agentes de la Patrulla Fronteriza abordar y registrar un medio de transporte en busca de inmigrantes ilegales en cualquier lugar de EE.UU. Por primera vez, quienes ingresaran ilegalmente al país podían ser arrestados”, se lee en su sitio web.
Tras los atentados terroristas del 11 de septiembre de 2001, el sistema de control migratorio estadounidense fue reformando, con más fondos y la creación de nuevas estructuras, como el Departamento de Seguridad Nacional y el ICE.
¿Por qué está en Mineápolis?
Aunque nació para vigilar las fronteras internacionales e impedir el ingreso ilegal de productos y personas a EE.UU., la Patrulla Fronteriza también puede actuar dentro del territorio estadounidense.
Los agentes del cuerpo pueden realizar patrullajes en las zonas y barrios en los que pueda haber inmigrantes ilegales, y pueden establecer puestos de control, tanto fijos como temporales, según se explica en el sitio web de la CBP.
Lo anterior es posible porque el artículo 287 de la Ley de Inmigración y Nacionalidad autoriza a los integrantes de la Patrulla a realizar procedimientos, incluidas detenciones, sin necesidad de una orden judicial “dentro de una distancia razonable de cualquier límite externo de EE.UU.”.
La legislación fija en 160 kilómetros esa “distancia razonable” a cualquier límite fronterizo, explica la organización de derechos humanos American Civil Liberties Union (ACLU, por sus siglas en inglés) en su sitio web.
A pesar de que la frontera con Canadá más cercana a Mineápolis está a unos 500 kilómetros de distancia, la ciudad cuenta con un aeropuerto internacional que es un paso fronterizo internacional y ello explicaría por qué los agentes del cuerpo están en la ciudad.
No obstante, esta interpretación no es compartida por organizaciones como el Consejo Estadounidense para la Inmigración, desde donde aseguraron que la administración de Trump ha recurrido al cuerpo simplemente por sus facultades.
“La zona de los 160 kilómetros limita la autoridad de la Patrulla Fronteriza hasta cierto punto: no pueden abordar autobuses ni trenes fuera de la zona, ni establecer puntos fijos de control vehicular. Sin embargo, sí tienen la facultad de detener a un conductor e interrogarlo sobre su estatus migratorio si tienen una ‘sospecha razonable’ de que no es ciudadano”, explicaron en un artículo disponible en su sitio web.
Esta tesis fue confirmada recientemente por el gobierno de Trump.
“Su capacidad para operar en todo el país garantiza que la Patrulla Fronteriza pueda hacer cumplir las leyes de inmigración, combatir el contrabando y hacer frente a las amenazas a la seguridad nacional en cualquier lugar de EE.UU”, afirmó Tricia McLaughlin, vocera del Departamento de Seguridad Nacional.
“Y la aplicación de las leyes de inmigración no se limita a las regiones fronterizas, pues las personas que evaden la detección en la frontera pueden ser detenidas en otros lugares”, agregó.
A lo largo de los años la actuación del cuerpo ha sido cuestionada.
“Los agentes de la Patrulla Fronteriza han estereotipado y deshumanizado a quienes son objeto de sus acciones (…) Los agentes de la Patrulla Fronteriza rara vez son sancionados por mala conducta , incluso cuando esta resulta en muerte”, denunció el Consejo Estadounidense de Inmigración.
Por su parte, la ACLU aseguró que ha registrado 372 muertes a manos de agentes de la Patrulla Fronteriza desde 2010, de las cuales 79 fueron por uso de arma de fuego y 49 afectaron a ciudadanos estadounidenses o residentes legales.
Diferencias con el ICE
El ICE y la Patrulla Fronteriza son ambos policías migratorias, aunque la última -como ya se mencionó- también es responsable de luchar contra el contrabando de bienes y productos, contra el terrorismo y de asegurar el normal ingreso y salida de visitantes extranjeros a EE.UU.
El ICE se creó como parte de la Ley de Seguridad Nacional de 2002, en respuesta a los atentados terroristas del 11 de septiembre de 2001.
Sus más de 20.000 agentes tienen la facultad de detener y arrestar a personas sospechosas de estar en EE.UU. sin la documentación necesaria, para lo cual pueden realizar redadas en casas o lugares públicos en cualquier parte del país, se explica en su página web.
El año pasado, la Corte Suprema emitió un fallo que allanó el camino para que los agentes de este cuerpo pudieran utilizar la raza, el acento y el lugar de trabajo como factores para decidir a quién detener. Fue una decisión que activistas de derechos humanos han calificado de discriminatoria.
Asimismo, el ICE investiga delitos relacionados con inmigración como la trata de personas y fraude de documentos y, también puede detener a ciudadanos estadounidenses en circunstancias limitadas; por ejemplo, si una persona interfiere en un arresto o agrede a uno de sus agentes.
¿Cómo distinguir a un agente de la Patrulla Fronteriza de otro del ICE? Los agentes de la Patrulla Fronteriza suelen vestir de color verde oscuro o con ropa de camuflaje, y a menudo identifican en sus chalecos en los que se lee: U.S. Border Patrol (Patrulla Fronteriza).
Sin embargo, en los últimos meses se ha visto en varias operaciones a agentes que no van uniformados ni exhiben ninguna identificación del cuerpo al que pertenecen y que, además, portan lentes de sol o máscaras que cubren sus rostros.
Con la administración de Trump, el ICE se ha convertido en una de las agencias de seguridad mejor financiadas del país, por encima del FBI y la DEA, con un presupuesto que asciende a unos US$ 84.000 millones, de acuerdo con los datos de USASpending, una organización independiente que monitorea el gasto público estadounidense.
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