
Hospitales, clínicas, centros de rehabilitación y consultorios tanto públicos como privados del país, así como personal de salud, tienen poco más de 50 días para adaptarse a las disposiciones de la nueva norma que busca consolidar la atención médica sin discriminación para personas con discapacidad (pcd).
Se trata de la Norma Oficial Mexicana NOM-015-SSA-2023 para la atención médica integral a personas con discapacidad, publicada en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el pasado 22 de mayo.
“Esta norma tiene por objeto establecer los criterios que regulan la prestación de los servicios de atención médica integral a las personas con discapacidad, en su calidad de pacientes”, explica el documento, que será de observancia obligatoria para quienes prestan servicios de atención médica a pcd en sectores público, social y privado.
El objetivo es que las pcd reciban atención médica integral de calidad, seguridad y sin ningún tipo de discriminación, a fin de garantizar el ejercicio efectivo de su derecho a la protección de la salud.
Para lograrlo, los establecimientos deberán tener las facilidades que se requieran para la “comunicación y transmisión de información relacionada con el estado de salud y con los servicios que se presten a las personas con cualquier tipo de discapacidad, en su caso, en formatos accesibles”.
Igualmente, el personal de salud debe asegurarse de motivar e involucrar activamente a las familias de las pcd en materia de rehabilitación para que se tengan mayores posibilidades de éxito.
“En todos los casos, es necesario conocer la dinámica familiar y las capacidades potenciales, para identificar redes de apoyo para la persona con discapacidad y su familia”, establece el documento.
Con la misma finalidad se marcó que el personal de salud está obligado a dar orientación y apoyo psicológico tanto a las pcd como a sus familias.
En cuanto a discapacidades causadas por enfermedades hereditarias y anomalías congénitas, la NOM instruye a que se evalúe el riesgo reproductivo de las pcd y se dé consejo genético a quienes puedan ser portadoras de alteraciones genéticas.
Las actividades para la atención médica integral a las personas con discapacidad deberán contemplar las siguientes etapas: prevención, promoción y educación para la salud; diagnóstico oportuno; evaluación de la discapacidad para determinar el tipo y grado de limitación funcional; atención médica de rehabilitación; referencia y contrarreferencia; seguimiento de casos, e información y capacitación a los familiares acerca de la atención y cuidados de la persona con discapacidad.
Adicionalmente, la NOM establece las necesidades de atención de cada tipo de discapacidad, sea auditiva, intelectual, psicosocial, física o visual.
En el caso de la atención a pcd auditiva, por ejemplo, establece que se deben realizar pruebas y diagnósticos en tiempos determinados (por ejemplo, antes de los tres meses cuando se trata de patologías de origen congénito), las maneras de evitar afectaciones al lenguaje, cómo debe ser la atención médico-quirúrgica, entre otros procesos.
Para atender a las pcd intelectual, se busca que el diagnóstico temprano establezca el déficit y las potencialidades de cada persona, realizar un examen psicológico para determinar la edad mental, hacer historia clínica orientada a saber si la discapacidad está relacionada con algún evento pre o postnatal, realizar valoraciones psicológicas, fomentar la estimulación temprana y de socialización, así como la rehabilitación médica integral y tener un tratamiento farmacológico cuando haya comorbilidad clínica.
Cuando se trata de discapacidad psicosocial, se deben conocer los antecedentes familiares de trastornos mentales, realizar un examen mental básico, orientar la rehabilitación médica integral a la conservación de funciones no afectadas y la restauración de capacidades perdidas, entre otros.
Al tratar la discapacidad física se instruye al diagnóstico temprano, valoraciones (examen postural, valoración de la marcha, del neurodesarrollo, de arcos de movilidad, examen manual muscular, estudios de electromiografía), iniciar la rehabilitación lo antes posible después del diagnóstico, evitar la estructuración del daño neurológico, prevenir síndrome de inmovilidad prolongada, evitar contracturas, deformidades, debilidad muscular y alteraciones de la piel, prescripción de ejercicios y órtesis y prótesis y otras técnicas y valoraciones.
Finalmente, para la atención de pcd visual se requieren diferentes valoraciones con equipo especializado, estimulación temprana para las deficiencias de las funciones visuales, fisioterapia, rehabilitación con lectoescritura en braille y materiales didácticos en relieve, lectores de pantalla, uso de bastón blanco, auxiliares ópticos especiales y prótesis, así como perros guía o animales de servicio.
En la formación de la norma participaron varios organismos tanto federales como estatales, universidades, hospitales públicos y privados, institutos nacionales, además de organizaciones de y para pcd, como el Centro de Rehabilitación e Inclusión Infantil Teletón Puebla, el Consejo Mexicano de Medicina de Rehabilitación, AC, la Confederación Mexicana de Organizaciones en Favor de la Persona Con Discapacidad Intelectual, AC, y Libre Acceso, AC.
La NOM tomó el dato de la Encuesta Nacional de Dinámica Demográfica 2014 del Inegi sobre la prevalencia de discapacidad en ese año de 6%, es decir, 7.1 millones de personas en el país que “no pueden o tienen mucha dificultad para hacer alguna de las ocho actividades evaluadas: caminar, subir o bajar usando sus piernas; ver (aun cuando utilice lentes); mover o usar sus brazos o manos; aprender, recordar o concentrarse; escuchar (aun cuando utilice aparato auditivo); bañarse, vestirse o comer; hablar o comunicarse; y problemas emocionales o mentales”.
La discapacidad es un motivo de preocupación ya que su prevalencia ha ido en aumento en los últimos años, por diferentes factores como el aumento en la esperanza de vida (y el riesgo de discapacidad es aún mayor en personas adultas mayores), y el aumento de enfermedades crónicas tales como diabetes mellitus, hipertensión arterial, los diferentes tipos de cáncer y trastornos en la salud mental, observaron las autoridades.
Los establecimientos sanitarios, tanto de atención ambulatoria como hospitalaria, podrán solicitar la evaluación de conformidad respecto de la norma, que estableció un plazo de entrada en vigor de 60 días naturales posteriores a su publicación.
Este texto se publicó originalmente en el sitio Yo También.

Los nuevos lineamientos de seguridad muestran el interés de Washington por frenar la inmigración ilegal, contener el avance del narcotráfico y mejorar la relación con sus aliados ideológicos y sus socios comerciales.
Tanto el reciente bloqueo “total y completo” de todos los buques petroleros sancionados que entren y salgan de Venezuela como el inusual rescate financiero a Argentina de octubre son muestras de la relevancia que América Latina tiene para Donald Trump.
La nueva Estrategia de Seguridad Nacional reafirma la decisión de Estados Unidos de ampliar la presencia militar y su influencia en la región. Publicado por la Casa Blanca el 4 de diciembre, el documento plasma la visión del mundo de la actual gestión.
“Mi gobierno ha actuado con una urgencia y velocidad históricas para restaurar la fuerza estadounidense en el país y en el exterior“, dice la carta firmada por el mandatario que antecede el documento de 29 páginas.
Según los nuevos lineamientos de seguridad, Trump mira a América Latina decidido a frenar la inmigración ilegal, contener el avance del narcotráfico y mejorar la relación con sus aliados ideológicos y sus socios comerciales.
Para hacerlo, propone volver a la política exterior del presidente James Monroe de “América para los Americanos”, con la que EE.UU. declaraba en 1823 su intención de resguardar a la región del avance de las potencias ajenas al continente.
“Tras años de abandono, Estados Unidos reafirmará y aplicará la doctrina Monroe para restaurar la preeminencia estadounidense en el hemisferio occidental”, dice el nuevo documento que llama a este enfoque “corolario Trump a la doctrina Monroe”.
Este enfoque se ganó el apodo de la “doctrina Donroe”, que surge de la combinación entre Donald y Monroe. El término apareció en enero en la portada del New York Post y rápidamente fue adoptado por analistas estadounidenses y medios internacionales.
Entonces, ¿estamos ante una nueva doctrina de Monroe en la región? ¿Cuáles son las preocupaciones e intereses de Trump en América Latina? ¿Cómo hará para ampliar su influencia en el continente?
Para que Estados Unidos consolide su poder global, Trump entiende que primero debe reafirmar su influencia en la región.
“Estados Unidos debe ser preeminente en el hemisferio occidental como condición para nuestra seguridad y prosperidad, una condición que nos permite afirmarnos con confianza donde y cuando lo necesitemos en la región”, dice el documento.
Para Will Freeman, investigador de Estudios Latinoamericanos del influyente centro de estudios estadounidense Council on Foreign Relations, Trump busca dar un “nuevo giro a una vieja idea”.
“Es una especie de justificación ideológica para la intervención de Estados Unidos o para la mano dura en la región, la cual se centra explícitamente en la inmigración”, dijo Freeman a BBC Mundo.
“Pero el documento también menciona los cárteles de la droga y las incursiones extranjeras hostiles, lo que suena a la Doctrina Monroe en su versión original”, agrega.
La idea de una estrategia inspirada en la antigua doctrina Monroe no es nueva. Ya en 1904 el presidente Theodore Roosevelt (1901-1909) estableció su propio “corolario Roosevelt” a esa doctrina del Siglo XIX.
En aquel momento, Roosvelt sostenía que Estados Unidos debía intervenir en los países de la región si no estaban siendo capaces de cumplir con sus compromisos financieros o con el cuidado de sus democracias, según explica Freeman.
En cualquier caso, lo que sabemos hasta el momento sobre el llamado “corolario Trump” es bastante vago. Por eso, el analista recomienda no tomarlo como un plan estratégico sino como una declaración de principios.
“Trump no sigue una política exterior tan consistente como para llamarla doctrina. Tampoco hace ninguna declaración que nos ayude a entender cómo se relacionan las medidas que está tomando con sus objetivos más ambiciosos”, dice.
Para Trump, los países de América Latina son el origen de muchos de los problemas que enfrenta Estados Unidos, pero a la vez pueden ser la clave para resolverlos.
El documento presenta a la “migración ilegal y desestabilizadora” como uno de los principales problemas que tienen origen en Latinoamérica, ya que la mitad de los inmigrantes que viven en Estados Unidos proviene de la región, principalmente de México.
“Es la parte del mundo que más le interesa para sus objetivos de política interna”, dice Freeman.
A su vez, menciona el peligro de los cárteles de drogas, teniendo en cuenta que casi toda la cocaína que se consume en Estados Unidos proviene de tres países de la región: Colombia, Perú y Bolivia.
En ese sentido, para Bernabé Malacalza, autor del libro “Las cruzadas del siglo XXI”, que trata sobre la relación entre Estados Unidos y China, la nueva arquitectura de seguridad nacional se sostiene en que Estados Unidos considera a la región como “parte de su frontera de seguridad interna”.
“América Latina pasó a ser prioritaria para Estados Unidos. Adquirió un lugar que antes no había tenido y que se explica en que la seguridad hemisférica ganó protagonismo”, dice el profesor de la Universidad Torcuato Di Tella.
El documento menciona además la necesidad de limitar incursiones extranjeras hostiles, en una clara referencia a China, aunque no la menciona.
En materia comercial, Trump busca mejorar sus acuerdos con sus socios en la región bajo la impronta del America First (Estados Unidos primero). El documento plantea el uso de “aranceles y acuerdos comerciales recíprocos como herramientas poderosas”, algo que el gobierno de Trump ya ha puesto en práctica con numerosos países de la región, con resultados mixtos.
En el caso de México, la Casa Blanca sabe que las empresas estadounidenses también se ven afectadas por las disputas comerciales.
“Por eso, Trump busca consolidar acuerdos orientados al nearshoring (estrategia de una empresa para transferir parte de su producción a países cercanos), porque entiende que la región es parte de la reconfiguración de las cadenas de valor”, señala Malacalza.
Trump no solo quiere que las empresas estadounidenses crezcan, sino que los países aliados fortalezcan sus economías nacionales para, de este modo, intensificar las relaciones comerciales.
Según el documento, “un hemisferio occidental económicamente más fuerte y sofisticado se convierte en un mercado cada vez más atractivo para el comercio y la inversión estadounidenses”.
“Los países de la región tienen un impacto desproporcionado en estos asuntos internos que a Trump le importan mucho, y que también le interesan a su base política”, resume Freeman.
El mastodóntico portaaviones USS Gerald Ford, en el Caribe desde noviembre, no solo presiona al gobierno de Venezuela, sino que también refleja los nuevos lineamientos de seguridad de Estados Unidos.
Según el documento, la Casa Blanca busca desplegar una “presencia (militar) más adecuada” y “despliegues específicos” para controlar las fronteras terrestres y las rutas marítimas.
Estados Unidos habilita incluso “el uso de fuerza letal para reemplazar la fallida estrategia basada únicamente en la aplicación de la ley de las últimas décadas”, menciona el documento.
“La fuerza es el mejor elemento disuasorio”, agrega la Casa Blanca, en lo que es una política exterior deja abierta la opción de la represalia.
Este gobierno ha dicho que busca recuperar la idea de “paz por medio de la fuerza” (Peace Through Strength), el antiguo lema del presidente Ronald Reagan que se basa en confiar en el poder militar como garante de estabilidad.
Para Malacalza, la política de seguridad hacia América Latina “no configura una arquitectura regional o hemisférica, sino que busca que los países se alineen a Estados Unidos y, en última instancia, a Trump”.
Por otro lado, Estados Unidos ofrece una serie de recompensas para sus aliados.
“Recompensaremos y alentaremos a los gobiernos, partidos políticos y movimientos de la región que se alineen ampliamente con nuestros principios y estrategia”, señala la nueva estrategia.
La política de Estados Unidos debería, según el documento, enfocarse en apoyar a líderes y aliados regionales “capaces de promover una estabilidad razonable en la región”, que ayuden a frenar la migración ilegal y a neutralizar a los cárteles.
Esta política de recompensas se vio en octubre cuando Trump anunció el rescate de 20 mil millones de dólares para Argentina o cuando, al mes siguiente, se firmaron acuerdos con este último país, Ecuador, El Salvador y Guatemala para reducir los aranceles a las exportaciones.
En cualquier caso, para los analistas consultados por BBC Mundo, la bautizada “doctrina Donroe” entiende a la región principalmente como un lugar de amenazas más que de oportunidades.
“Les preocupa mucho más prevenir que las amenazas peligrosas de América Latina lleguen a Estados Unidos, según dirán ellos, que aprovechar las oportunidades que ofrece la región“, sintetiza Freeman.
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