Sus esposos trabajaron en Estados Unidos antes de morir: viudas de migrantes buscan ejercer su derecho a la pensión
Para entender mejor
Estela Zaragoza faltó a su trabajo como jornalera; pidió permiso para dedicar el día a hacer un trámite en la Secretaría de Derechos Humanos de Guanajuato. A nueve años de que su esposo Rubén Arriaga falleciera de cáncer, busca ejercer su derecho a la pensión que él cotizó en el Social Security de Estados Unidos. Es viuda de un migrante mexicano.
Está sentada en una fila de espera para que el personal de la Embajada de Estados Unidos revise sus documentos. Tiene 60 años y ser elegible como beneficiaria le permitiría dejar de trabajar bajo el rayo del sol en el campo e invertir en un negocio.
“Me están pagando, como quien dice, lo de su trabajo de él, de tantos años”, responde Estela en entrevista. Su marido emigró en 1986 a Los Ángeles para emplearse como jornalero por casi tres décadas.
Al trámite gratuito la acompaña Valeria, una de las cinco hijas e hijos que tuvo con Rubén en sus casi 50 años de casados. “Él decía que trabajaba para nosotros, para darnos lo que necesitáramos. Pero no nos gustaba tanto porque nos dejaba solas”, cuenta sobre su papá.
Rubén pudo regularizar su situación migratoria y venía dos veces al año al municipio de Silao a visitar a su familia. Al saberse enfermo decidió regresar definitivamente en 2015 a Guanajuato y murió el 5 de octubre de 2016.
Que hayan podido estar con él en su último año de vida es un consuelo para sus familiares. Pero hay algo más. Pronto les llegará una noticia que les dará esperanza: Estela contará con la carta expedida por el Social Security de Estados Unidos que indique que es beneficiaria para cobrar la pensión como viuda de una persona migrante.
Guanajuato, la entidad con más personas migrantes al extranjero
A nivel nacional, Guanajuato es la entidad con más personas migrantes hacia otros países. La Unidad de Política Migratoria, Registro e Identidad de Personas de la Secretaría de Gobernación (Segob) estima que entre 2015 y 2020 emigraron 50 mil 442 guanajuatenses al exterior.
Se trata de una entidad con larga tradición migratoria, cuya ubicación es estratégica dentro de las rutas hacia Estados Unidos, el principal destino. Los principales puntos de llegada de las y los guanajuatenses en el extranjero son Texas, California e Illinois, con base en la Segob.
La principal causa de migración internacional desde Guanajuato es laboral (73% de los casos), coinciden la Segob y Migración en Guanajuato: diagnóstico y propuesta de política pública, 2024.
Este diagnóstico elaborado por el Gobierno de Guanajuato indica que los hombres en edades de mayor productividad (18 a 29 años) para trabajar no sólo en agricultura, sino en manufactura, construcción y servicios son los principales en migrar. Lo que también genera impactos económicos y sociales a nivel local y hasta familiar.
“La transformación en la jefatura de los hogares, donde las mujeres asumen un rol predominante en ausencia de los hombres emigrados, destaca el papel crucial de ellas en la economía y la cohesión familiar”, se lee en el diagnóstico.
Aunque como jefas de familia, muchas de ellas deciden no migrar y esperar el regreso de sus maridos. Administran las remesas que les envían para sostener a sus hijas e hijos y a sus hogares.
“Su esposo es el proveedor de la familia, pero cuando fallece, indudablemente hay un desajuste en la economía”, menciona Susana Guerra Vallejo, titular de la Subsecretaría de Atención a Personas Migrantes y en contexto de Movilidad de Guanajuato.
Contar con una pensión por viudez les ayuda a tener un nivel de vida más digno. El dinero lo usan para comprar medicinas, alimentos, dar mantenimiento a sus casas, sobre todo al ser adultas mayores que también enfrentan dificultades para incorporarse al mercado laboral.
“Algunas están solas o algunas viven incluso dentro de familias extendidas, por lo que la aportación de este recurso es fundamental”, insiste Guerra Vallejo.
¿Cómo funciona el seguro social de Estados Unidos?
Carlos Díaz, representante de la Oficina de Seguridad de los Estados Unidos en la embajada con sede en la Ciudad de México, es quien atiende a mujeres viudas de migrantes que, como Estela, buscan recibir este beneficio económico mensual.
De acuerdo con la Embajada de Estados Unidos, hay tres oficinas de la Unidad Federal de Beneficios. Una está en la Embajada de los Estados Unidos en la Ciudad de México, que da servicio a 18 entidades, entre las cuales está Guanajuato; las otras dos están en Guadalajara y Ciudad Juárez.
La Secretaría de Derechos Humanos de Guanajuato ofrece asesoría y acompañamiento en el estado, sin necesidad de que quienes buscan el beneficio tengan que trasladarse a la capital del país a realizar el trámite de elegibilidad. Es falso que tengan que hacerlo únicamente en Estados Unidos y que tenga algún costo.
“El gobierno local hace difusión en todos los municipios. A veces tenemos eventos, como el día de hoy, donde citamos aquí a la gente y se les atiende”, explica Díaz sobre las jornadas de, por lo menos, cada dos meses en la Secretaría de Derechos Humanos de Guanajuato. Animal Político acudió a la realizada el 21 de mayo de 2025.
El documento Comprendiendo los beneficios menciona que el Social Security de Estados Unidos funciona con trabajadores que pagan impuestos, los cuales se usan para dar un beneficio mensual a personas jubiladas, con discapacidad o beneficiarios como padres dependientes económicamente, cónyuges, exparejas e hijos y sobrevivientes de empleados fallecidos, como las viudas de migrantes.
Son 59 mil 186 beneficiarias y beneficiarios en México, de los cuales 15 mil 773 corresponden a viudas o padres de trabajadores fallecidos, según los datos más recientes, con corte a 2023, del Suplemento Estadístico Anual del Boletín de la Seguridad Social publicado en 2024. En total, suman 55 millones 264 mil dólares los que reciben todos mensualmente.
“Mientras trabaja y paga impuestos, usted gana ‘créditos’ de Seguro Social (…) La mayoría de las personas necesitan 40 créditos (10 años de trabajo) para ser elegibles”, se lee en el documento.
El monto mensual que recibe cada beneficiario depende de los ingresos que obtuvo el trabajador a lo largo de su trayectoria y del tiempo cotizado. “Las pensiones pueden ser desde 180, 200 dólares. Las normales son de entre 300, 350, hasta 500 y hay mujeres viudas que están recibiendo mil 800, 2 mil mensuales”, revela Díaz.
Esto equivale a entre 3 mil 392.69 y 37 mil 696.60 pesos al tipo de cambio peso-dólar del 27 de junio, según el portal del mercado cambiario del Banco de México.
La presidenta Claudia Sheinbaum creó la Pensión Mujeres Bienestar, la cual otorga 3 mil pesos cada bimestre a aquellas que tienen entre 60 y 64 años de edad. Todas las beneficiarias, al cumplir los 65 años, pasan en automático a ser parte del programa Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores, que este año entrega 6 mil 200 pesos bimestrales.
La clave está en que la persona que migró a Estados Unidos haya obtenido el número de seguro social para pagar impuestos, registrar sus ganancias mientras trabaja y sus beneficios después. Pero hay empleados que no cotizan: en 2020 el Centro de Estudios Migratorios de Nueva York y en 2022 el Pew Research Center estimaron que hasta 8.3 millones de personas inmigrantes indocumentadas trabajan en la economía estadounidense, por lo tanto, no pueden inscribirse al Social Security.
“Hay muchos trabajadores que viven irregularizados en Estados Unidos, que justamente por su situación compran papeles de otros para que presenten un número de seguridad social y puedan trabajar o trabajan sin contrato y, por lo tanto, sin seguro. Entonces, al final, no gozan de ningún tipo de prestación social y cuando mueren, tampoco sus familiares”, explica Amarela Varela, académica de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México.
Contar con el número de seguridad tampoco tiene costo, como tramitar la pensión. En 1974 Social Security endureció sus requisitos y comenzó a pedir evidencia de documentos de edad, identidad y estatus de ciudadanía, residencia o si se trata de una persona extranjera con permiso de trabajo.
En abril de 2025 Donald Trump, presidente de Estados Unidos, emitió un memorando para reforzar los controles ya existentes del seguro social al expandir la persecución de fraude, investigar informes de ganancias y buscar reestablecer un programa que aplique multas económicas a quien infrinja las leyes del Social Security.
Asesoría y acompañamiento para la pensión y la visa en Guanajuato
Cualquier persona de las 32 entidades de México puede ser beneficiaria de la pensión de Social Security. Sin embargo, Guanajuato es la única que está realizando una campaña de difusión en sus 46 municipios.
Desde 2023, tiene un programa social de Atención a Migrantes y sus Familias que brinda asesoría y acompañamiento para el trámite de la pensión de Social Security y la visa de Estados Unidos a quienes cumplan con los requisitos de elegibilidad. Son dos trámites distintos, pero complementarios.
La visa es necesaria porque las personas beneficiarias deben residir temporalmente en Estados Unidos para acceder a la pensión, un mes calendario, según establece la Recopilación de las Leyes de Seguridad Social. El gobierno de Guanajuato paga el traslado a su cita en la Embajada de los Estados Unidos en la Ciudad de México y una parte de la visa, trámite que, a diferencia del de elegibilidad, sí tiene costo.
“Como cualquier persona que quiera entrar a Estados Unidos, necesita presentar pasaporte y visa de turista. Podrían decir ‘yo tengo derecho a una pensión, aquí está mi carta y me solicitan que esté un mes allá cada seis meses”, responde Carlos Díaz al preguntarle sobre la entrevista consular.
Actualmente, Atención a Migrantes y sus Familias depende de la Secretaría de Derechos Humanos de Guanajuato y cuenta con un presupuesto de 2 millones de pesos, según las Reglas de Operación de dicho programa.
Las visas solicitadas por guanajuatenses bajo el respaldo de este programa serán aprobadas, asegura Susana Guerra Vallejo, titular de la Subsecretaría de Atención a Personas Migrantes y en contexto de Movilidad, que a su vez depende de la Secretaría de Derechos Humanos de Guanajuato.
Guerra revela que desde la creación del programa han sido beneficiadas 160 personas, entre esposas, hijos menores y viudas de migrantes provenientes de municipios como León, Apaseo el Grande, Dolores Hidalgo, Valle de Santiago, Guanajuato y Silao. La mayoría de las personas beneficiarias pertenecen a estas últimas.
En el primer grupo del programa hubo 18 viudas de migrantes de 33 personas beneficiarias, refiere un boletín del Gobierno de Guanajuato de agosto de 2023. Otro de agosto del 2024 da cuenta de 28 mujeres viudas de migrantes que recibieron su visa.
Acorde con un reporte interno, a diciembre de 2024, guanajuatenses recibieron 8 millones 211 mil 383.60 dólares anuales por concepto de pensiones para 9 mil 688 personas beneficiarias entre extrabajadores, dependientes y sobrevivientes, así como las viudas de migrantes.
“No es una dádiva, no es un apoyo, es un derecho de los trabajadores y, por supuesto, es un derecho de las mujeres viudas”, afirma Guerra en entrevista.
“Siempre tratamos de apoyar”: organizaciones acompañan el derecho a la pensión
Ana María viaja desde el municipio guanajuatense San Luis de la Paz a Texas por un mes cada medio año. Este es un requisito para que su hija Johanna, de 15 años de edad, conserve la pensión de Social Security con la que su padre la benefició hace tres años.
“Representa todo porque de ahí nosotros hacemos los gastos de la escuela, de comida o cuando nos enfermamos”, comenta sobre este apoyo económico mensual.
Salvador, papá de Johanna y marido de Ana María, emigró a Estados Unidos para trabajar como jornalero en 1985 y que su familia pudiera tener una casa propia. Gracias a que regularizó su situación migratoria pudo visitar a su esposa, sus tres hijas y un hijo año con año, según los periodos de siembra y cosecha en el campo.
Pero en su último viaje a México falleció de un infarto fulminante el 11 de enero del 2018. A siete años de haber enviudado, Ana María cuenta que el mejor recuerdo que tiene de su esposo, con quien estuvo 30 años casada, es que por más que estuviera cansado, antes de morir, todavía jugó con Johanna, su hija más pequeña.
Es ella la beneficiaria por ser menor de edad y podrá serlo hasta los 19 años sólo si sigue estudiando la preparatoria. Con 55 años, a Ana María le faltan cinco años para tener 60, la edad que requieren las mujeres viudas de migrantes para recibir la pensión de su esposo.
Las fechas no cuadran. En algún año dejarán de contar con este sustento económico y lo saben gracias a María Dolores Aviña, enlace comunitario de la Asociación Guanajuatense del Estado de Texas y quien les acompañó en los trámites.
“Nadie sabía decirnos qué trámite hacer, buscamos puertas durante dos años. A partir de ahí encontré a la abogada y ella me apoyó. Estoy bien agradecida con Lolita, ella me recoge del aeropuerto, me lleva a presentar lo que sea necesario para mi firma”, platica Ana María.
En 2008, Aviña fundó de forma voluntaria la asociación que brinda acompañamiento a sus connacionales. Ella es originaria de San Francisco del Rincón, Guanajuato y emigró a Estados Unidos desde 1992.
“Lo que hacemos es familiarizarnos con todos los requisitos que tiene el Gobierno de Estados Unidos para nosotros preparar a las personas que van a tramitar el beneficio, para asegurarnos de que lleven toda la documentación necesaria”, señala.
La voluntaria canaliza a quienes buscan cobrar la pensión de Social Security con el Gobierno de Guanajuato. Pero sugiere que si no saben cómo empezar el trámite busquen acompañamiento porque hay muchas personas, más allá de las viudas de migrantes, que podrían ser elegibles.
“Busquen asociaciones como la nuestra. Nosotros, bajo nuestras posibilidades, siempre tratamos de apoyar”, recomienda.
La diputada Yesenia Rojas, migrante a Estados Unidos en la década de los setenta, invita a guanajuatenses que estén fuera de México a buscar ayuda para el trámite de la pensión en las casas de enlace ubicadas en California, Chicago, Texas, Carolina del Norte y Georgia. Si están en territorio nacional, pide que acudan a los municipios, al Gobierno de Guanajuato o incluso a su oficina en el Congreso local.
Este reportaje fue realizado como parte del taller Cambiar la Mirada. Nuevas narrativas sobre migración, coordinado por Eileen Truax, en alianza con Factual, ONU-Derechos Humanos, la Universidat Autònoma de Barcelona y CER-Migracions. Se publica simultáneamente en Animal Político y La Verdad. Tutoría: Rocío Gallegos. Edición: Arturo Daen Ascención y Luis Fernando Lozano.
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El sistema de Salud de Ecuador está en crisis y los analistas estiman que tuvo mucho que ver en la derrota electoral del presidente Daniel Noboa en su consulta popular.
A Yawa Sumpa Puar Alexandra, de la comunidad indígena achuar, le entregaron el 29 de noviembre el cuerpo de su bebé en una caja de cartón. La niña de solo un mes había ingresado por un problema respiratorio la noche anterior en el Hospital General de Macas, en la provincia ecuatoriana de Morona Santiago, y en unas pocas horas falleció.
La plantilla médica recomendó a la mamá buscar un ataúd, pero sola, a cientos de kilómetros de su comunidad y sin hablar bien español, su situación era de total desamparo. Aunque salió en busca de ayuda, como no llevaba dinero, tuvo que volver al hospital.
Ahí se encontró con el improvisado féretro que tuvo que cargar primero al parque principal de Macas donde salen las camionetas y los autobuses a Taisha, y luego las tres horas de viaje hasta esa ciudad de donde despegan las avionetas hacia la zona donde vive su comunidad, en plena Amazonía ecuatoriana.
“¿Cómo es posible que le dejen marchar así, con un bebé muerto en un cartón? Es doloroso ver cómo la manera en que nos tratan los médicos. Es indignante y muy triste porque somos humanos”, dice a BBC News Mundo el miembro comunidad achuar de Kaiptach que auxilió a la madre en un primer momento y tomó la fotografía.
Fue la municipalidad de Taisha la que finalmente la ayudó con un ataúd y con el vuelo de regreso a su comunidad.
“Es la familia la que tiene que traer el ataúd. El hospital no te la da. Eso es así en todo el país. Pero es verdad que sí son los encargados de hacer la gestión para pedir una donación a los municipios o a las prefecturas. Y para eso los hospitales tienen un área de trabajo social”, le cuenta a BBC Mundo Christian Sánchez Mendieta, periodista del diario El Mercurio.
El equipo de este diario había viajado en abril pasado a Morona Santiago después de que 10 niños murieran por leptospirosis, una enfermedad que se transmite por medio de las heces y orinas de roedores, pero con pronóstico favorable para el paciente si se le administran antibióticos.
“Son poblaciones que tienen costumbres completamente diferentes y viven en condiciones insalubres, pero siento que hay una especie de racismo contra ellos”, añade Sánchez Mendieta.
“Dada la gravedad de este hecho se han dispuesto las gestiones correspondientes para la sanción al personal involucrado en esta irregularidad”, informó el Ministerio Público de Salud luego de que se difundiera públicamente la foto de la madre y la caja con el cuerpo de su hija.
Pero la imagen tomada en Taisha, que levantó una oleada de indignación en todo Ecuador, se convirtió en un ejemplo dramático de una situación que supera las fronteras de la provincia de Morona Santiago: la crisis en la salud pública ecuatoriana.
Un tema político
El 16 de noviembre, 13 días antes de la muerte de esta niña en Macas, hubo una consulta popular en la que el presidente Daniel Noboa planteó cuatro preguntas a los ecuatorianos. En los cuatro interrogantes -que iban desde la convocatoria a una Asamblea Constituyente hasta el regreso de bases militares extranjeras al país- la gente dijo “No”.
El revés de Noboa sorprendió porque el mandatario gozaba de un nivel de popularidad del 52,7%, según una encuesta realizada por la empresa Cedatos en octubre, y porque ocho meses antes había logrado su reelección en una segunda vuelta con más del 55% de los votos.
Otra de las sorpresas fue una de las causas mencionadas al interior de Ecuador para explicar esta derrota: en un país acostumbrado casi exclusivamente a hablar de las crisis de inseguridad y de las muertes violentas, se mencionó la crisis de salud.
El desabastecimiento de medicinas y todo tipo de materiales médicos había llegado a niveles críticos a finales de septiembre, afectando incluso a medicamentos considerados básicos como la insulina, la morfina, la amoxicilina y fármacos contra el cáncer.
La situación obligó al gobierno de Noboa a declarar el estado de emergencia en el Instituto Ecuatoriano de Seguro Social (IESS) -el que utilizan los trabajadores que contribuyen con su salario al sistema público- y en el Ministerio de Salud.
Solo en los últimos 20 meses, el país ha tenido cinco ministros de Salud, y tras esta inusual rotación, la cartera recae ahora en la vicepresidenta de la República, María José Pinto.
Una de las principal quejas del presidente de la Federación de Nacional de Médicos del Ecuador, Santiago Carrasco, es precisamente la falta de liderazgo técnico y la mala gestión derivada de la falta de conocimiento del sector de los dirigentes.
BBC Mundo se puso en contacto la presidenta de la Comisión del Derecho a la Salud y Deporte de la Asamblea Nacional del Ecuador, Diana Blacio, de partido gobernante, pero no obtuvo respuesta.
“El presupuesto para salud ha sufrido recortes significativos: de US$3.219 millones en 2023 bajó a US$2.959 millones en 2024 y a US$2.798 millones en 2025”, explica a BBC Mundo María Verónica Iñiguez Gallardo, asambleísta por la provincia de Loja.
Según datos del Banco Mundial, en 2021 y 2022 también se redujo el monto destinado a los recursos relacionados con la operación y mantenimiento del sistema sanitario. Esto incluye salarios de personal, compra de medicamentos e insumos, servicios básicos (luz, agua), mantenimiento de instalaciones, y administración.
Es decir, los costos para que los hospitales, clínicas y programas de salud funcionen día a día, sin incluir grandes inversiones en infraestructuras nuevas
Pero para Iñiguez Gallardo, lo más alarmante es la ejecución de esos fondos: “Hasta julio de 2025, solo se había utilizado el 34,6% del presupuesto de inversión, lo que significa que hospitales y centros de salud operan con recursos mínimos”.
Estantes casi vacíos
La asambleísta de Revolución Ciudadana, el principal partido de la oposición liderado por el expresidente Rafael Correa, indica que “el desabastecimiento de insumos y medicamentos es generalizado en todo el país. En septiembre, los hospitales públicos reportaban apenas un 45% de abastecimiento de medicamentos”.
Iñiguez Gallardo indica que, por ejemplo, en los hospitales Monte Sinaí y del Guasmo, los dos centros de salud más grandes de Guayaquil, la capital económica del país, la falta de insumos esenciales alcanzó el 80%.
“En otro hospital de Guayaquil, el Hospital Universitario, 18 recién nacidos murieron tras contraer infecciones asociadas a la atención sanitaria, producto de la reutilización de cánulas contaminadas, insumos cuyo costo es mínimo (US$1 aproximadamente)”, recuerda la asambleísta.
Juan, nombre ficticio de un especialista del Hospital General Monte Sinaí que no quiere ser identificado, describe la precariedad con la que trabajan desde hace un año:
“Si alguien se va a operar al hospital, tiene que traer todo. Faltan agujas, cánulas, hilos de sutura, sedantes, analgésicos. A veces no hay ni algodón o sábanas en las camas. Tenemos guardias de 24 horas pero ya no hay donde comer en el hospital porque a la gente de la cantina hace meses que no le pagan”.
“Ni siquiera podemos hacer exámenes de laboratorio, análisis de sangre, son servicios que prácticamente no funcionan por falta de pago”, le cuenta a BBC Mundo y añade:
“Como faltan muchas medicinas, las familias se ven obligadas a acudir a chulquero (prestamista) y tomar dinero con tasas de interés extremadamente altas y abusivas. O hacen eso o se les muere el familiar. La crisis de salud se extiende a todo el tejido social. Va más allá de la sanidad”.
BBC Mundo trató de contactar el Ministerio de Salud Pública porlos canales oficiales pero tampoco logró que alguien respondiera a estas acusaciones.
Otros pacientes que sufren estos días la escasez de medicamentos son los que necesitan diálisis o quienes padecen diabetes y necesitan una dosis diaria de insulina.
En Guayaquil, el 28 de noviembre, hubo una movilización para denunciar el desabastecimiento de insulina, que según diversas asociaciones se ha agudizado desde 2023 y que afecta tanto a farmacias privadas como públicas.
“Si me preguntas cómo hemos llegado a esta situación, creo que se debe tal vez a una mala gestión desde el Estado al hacer la provisión de las compras”, explica Lucía Mantilla, presidenta de la Fundación Diabetes Juvenil de Ecuador.
“Los diabéticos necesitan insulina todos los días. No es algo que puedas ponerte un día sí y otro no. Y ahora mismo, los miembros de la asociación nos cuentan que tienen que recorrer varias farmacias para encontrar un vial, que a veces lo reparten en dos días o tres”.
“Cuando un paciente diabético no se inyecta insulina esto puede derivar en valores altos de glucosa, que se puede transformar en una cetoacidosis. La cetoacidosis necesita una intervención hospitalaria y si no son atendidos, en el caso extremo pueden caer en un coma diabético”, agrega.
Desde la pandemia
Para varios expertos consultados, la pandemia de COVID-19 -que se ensañó especialmente con Guayaquil- aceleró el colapso del sistema.
“Hubo despidos de miles de profesionales de la salud y salieron a la luz varios casos de corrupción en la compra de insumos médicos”, cuenta Iñiguez Gallardo.
“La pandemia tuvo un gran impacto en Ecuador. Solo hay que recordar los ataúdes en las calles. El país implementó un sistema en el que reservó los hospitales públicos para atender el Covid y derivó al sector privado la atención del resto de patologías”, afirma Marcelo Bortman, ex especialista en Salud del Banco Mundial.
La fórmula suponía transferencias de fondos de los servicios públicos a las clínicas privadas para pagar la factura.
“Para que un sistema de salud sea fuerte, tiene que tener recursos humanos adecuados, estructura y el financiamiento suficiente. Obviamente los hospitales tienen que tener equipamiento y eso es cada vez más caro por la tecnología”, plantea Bortman y añade:
“La mayor parte de los de los presupuestos que tienen los sectores de salud en el mundo son en general para funcionamiento, pero no hay para mantenimiento ni para mejoras. Y con los años, si esas inversiones faltan, los servicios se van deteriorando y las capacidades también”.
Alta sin operación
El diario El Mercurio reportó estos días la historia de un paciente de 22 años ingresado en el Hospital José Carrasco Arteaga desde hace más de 20 días en la ciudad de Cuenca. Féliz Aurelio Suqui se cayó de un montacargas a 15 metros de altura mientras trabajaba.
Según el informe médico tiene entre otras cosas politraumatismo, es decir, muchos huesos rotos -incluidas tres vértebras-, y neumotórax (un colapso en los pulmones). Está en estado grave.
Cómo no hay materiales para la cirugía que necesita, el hospital sugiere darle el alta y que espere en casa los insumos para la operación que necesita.
Pero si la situación es mala en las ciudades, es peor en las zonas rurales.
“Los puestos de auxilio y los puestos de medicina general son muy poquitos en las zonas rurales. Hay que caminar cuatro horas por la selva. Son construcciones de madera que casi no tienen los elementos básicos”, describe el periodista Sánchez Mendieta.
A esto hay que añadir que los médicos en las áreas remotas “son casi siempre recién egresados de la universidad que están haciendo un año de medicina comunitaria”, expone Pablo Ponce, director del colectivo Violín Rojo, una asociación que trabaja con comunidades indígenas en Ecuador. En concreto, Ponce vive desde hace 5 años con los Achuar.
“Pero lo que se necesita es tener médicos contratados, especialistas, un médico general, un pediatra. En los puestos de salud de la zona no existe la forma de hacer un examen de sangre. No hay una garantía de electricidad”, argumenta.
Ese sistema, que deja las zonas rurales lejos de la zona de reparto de insumos o aleja a los especialistas fue la razón por la que Yawa Sumpa tuviera que llevar a su bebé al Hospital de Macas.
Y cuando creyó que la atención médica salvaría a su hija, se encontró con una crisis del sistema que solo le dejó una caja de cartón en las manos.
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