Vanesa murió en el IMSS tras no realizarle una tomografía; CNDH ordena acelerar procesos o canalizar a otros hospitales
El 6 enero de 2022, Vanesa fue diagnosticada con crecimiento uterino con miomas en el hospital 9 del IMSS en Apatzingán, Michoacán. El ginecólogo le mandó tomar una tomografía axial abdomino-pélvica, pero en el HGS/MF-9 no contaban con ese servicio.
La canalizaron a otro hospital en Uruapan, le dijeron que le llamarían para avisarle de su cita, pues en ese momento no había sistema. Pero nunca pasó, cuando acudió a preguntar le dijeron que había sido programada el 23 de enero de 2023.
Tras más de un año de su diagnóstico, el personal del HGS/MF-9 le dijo que había quedado agendada para el 28 de febrero de 2023, pues a ella le urgía por el avance en su malestar.
Cuando el 28 de febrero se presentó en el hospital de Morelia que le fue indicado, el personal del área le dijo que no tenían ninguna cita programada para ella. Vanesa tuvo que reiniciar el trámite en Apatzingán, pero su cuerpo no resistió y falleció el 19 de marzo de ese año.
El 21 de marzo, su familia presentó una queja ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) acusando que el IMSS incurrió en omisiones que propiciaron el deceso de Vanesa.
Personal del IMSS nunca pidió la primera tomografía… ni la segunda
De acuerdo con la documentación a la que tuvo acceso la CNDH en su investigación, no hay prueba documental de que el personal del IMSS haya solicitado la cita para la primera tomografía, supuestamente agendada para el 23 de enero de 2023.
En el expediente de Vanesa (nombre ficticio del caso), solo se encontró la hoja de consulta interna el 6 de enero y una ecografía de ese mismo día. De ahí, los documentos se saltan al 27 de febrero de 2023, fecha en que Vanesa acudió a preguntar por su cita en Uruapan para la tomografía.
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Ese día, personal de la HGS/MF-9 solicitó la hoja de traslado de pacientes que generan pasajes y viáticos, para una cita en el Hospital General de Zona 83 en Morelia, Michoacán.
En el HGZ-83 de Morelia, a Vanesa la revisó un especialista dos días después de acudir personalmente a solicitar la cita, ahí era donde tenían que mandarle a hacer la tomografía de nuevo, pero Vanesa murió tres días después, el 19 de marzo de 2023.
En el certificado de defunción, un médico forense afirmó que Vanesa había muerto por un “tumor maligno en útero e hipertensión arterial con padecimiento de tres años”.
En su recomendación al IMSS, la CNDH determinó que en la atención que se le brindó a Vanesa como derechohabiente del IMSS “existieron omisiones atribuibles al personal médico/administrativo de la HGS/MF-9”.
La recomendación de la CNDH
En su recomendación, dirigida al director general del IMSS, Zoé Robledo Aburto, la CNDH sostiene que el personal que atendió a Vanesa integró mal el expediente desde el inicio, pues “no existen evidencias documentadas de que a ‘V’ se le agendaran las citas en el servicio de Ginecología en los dos meses posteriores a la valoración del 6 de enero de 2022”.
“Tampoco se tiene evidencia documental de la programación de la tomografía abdominopélvica en enero de 2023, ni de que ‘V’ sí tuviera conocimiento de esto. De igual forma, no existe evidencia documentada que acredite que se realizó la gestión adecuada para programar la cita de la tomografía abdominopélvica del 28 de febrero de 2023”.
En ese sentido, la CNDH ordenó al IMSS establecer protocolos para garantizar que el personal administrativo agende en tiempo y forma los estudios de laboratorio y radiodiagnóstico que se requieran en los pacientes, y en caso de no contar con ellos en la unidad donde se les atiende, canalizarlos en tiempo a otras unidades donde se les pueda brindar la atención.
Además, ordenó al IMSS colaborar con la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV) para inscribir a la familia de Vanesa en el Registro Nacional de Víctimas y, en coordinación, garantizar que sus familiares tengan acceso a terapia psicológica y a atención tanatológica para superar el deceso, en los horarios y fechas que ellos tengan disponibles y no las instituciones.
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El personal de la HGS/MF-9 recibirá una circular y deberán tomar capacitación para hacerles consciencia de la importancia de atender a los pacientes con seriedad y profesionalismo, canalizándolos en tiempo y forma a los trámites que dependen totalmente del personal del IMSS.
Al respecto, el pasado 3 de diciembre, el IMSS informó por medio de una circular informativa que recibió la recomendación de la CNDH y señaló que “refrenda su disposición para cooperar permanentemente con los propósitos del Órgano garante de los derechos humanos”.
De igual forma, la institución de salud aseguró estar dentro del plazo que establece la ley para dar cumplimiento a la recomendación.
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En su regreso a la Casa Blanca, Donald Trump cuenta con mayoría en ambas cámaras del Congreso y con una Corte Suprema conservadora que, en varias ocasiones, ha favorecido su agenda. Aquí te contamos cuáles pueden ser las limitaciones al poder del mandatario estadounidense.
Donald Trump regresa este 20 de enero a la Casa Blanca con una agenda de grandes cambios en Estados Unidos.
“Gobernaré con un lema sencillo: promesas hechas, promesas cumplidas”, dijo el mandatario en su primer discurso luego de las elecciones presidenciales del 5 de noviembre.
Esa noche, Trump dijo que convertiría a EE.UU. en el mejor país del mundo.
Entre sus propuestas está seguir construyendo el muro limítrofe con México para sellar las fronteras del país y, sobre todo, expulsar del país a millones de extranjeros indocumentados en lo que asegura será la “mayor deportación” de la historia de Estados Unidos.
También ha prometido reducir la burocracia gubernamental, bajar los impuestos e imponer un sistema de aranceles de 10% a 20% a la importación de la mayor parte de los productos extranjeros que, en el caso de China, llegarían a 60%.
Para lograr estos objetivos, Trump cuenta con un partido republicano que ha cerrado filas en torno a su figura y que dispone de mayoría tanto en la Cámara de Representantes como en el Senado, lo que configura lo que los estadounidenses denominan como “trifecta” o gobierno unificado.
Esto significa que las cosas empiezan a funcionar al estilo de los sistemas parlamentarios unicamerales, donde una mayoría toma el control del Congreso y del gobierno, actuando como un todo unificado que puede hacer prácticamente lo que quiere, dice a BBC Mundo Mark Peterson, profesor de Políticas Públicas, Ciencia Política y Derecho en la Universidad de California Los Ángeles (UCLA).
Además, la Corte Suprema de Justicia -que encabeza el tercer poder independiente del Estado- cuenta en estos momentos con una mayoría de seis jueces conservadores (tres de ellos nombrados por Trump durante su primer mandato) frente a tres jueces liberales, lo que aumenta la probabilidad de que las iniciativas del gobierno reciban luz verde por parte del máximo tribunal.
¿Significa esto que Donald Trump gobernará sin ningún tipo de contrapeso? No.
Aquí te contamos seis posibles límites al poder casi absoluto del nuevo presidente.
1. Mayorías muy pequeñas en el Congreso
Los republicanos cuentan con mayorías en ambas cámaras del Congreso. Sin embargo, no se trata de una ventaja holgada que pueda garantizar la aprobación de todas sus propuestas.
Los resultados de las elecciones de noviembre otorgaron al partido de gobierno 220 legisladores frente a 215 de los demócratas. No obstante, desde entonces tres congresistas republicanos renunciaron a su escaño para ocupar otras posiciones y eso supone que al menos durante unos meses, la ventaja de los republicanos en la Cámara Baja se reduce a dos votos, lo que les deja muy poco margen de maniobra.
“Es la mayoría más débil que ha habido en tiempos modernos. Y aunque los republicanos están ahora extremadamente alineados, es muy difícil mantenerlos a todos unidos frente a temas muy complicados para lograr que ese control nominal de la cámara se convierta en un control absoluto”, apunta Peterson.
En la Cámara Alta, los republicanos cuentan con 53 senadores, frente a 47 de los demócratas. Eso significa que aún les faltan 7 votos para contar con la mayoría calificada necesaria para aprobar medidas importantes.
“A menos que todo lo que quieran hacer pueda empaquetarse a través del mecanismo de reconciliación, los demócratas pueden vetar casi todo”, indica Peterson.
La reconciliación es un procedimiento especial que permite al Senado aprobar de forma expedita medidas presupuestarias contando con una mayoría simple de votos (51, en lugar de 60). En las últimas décadas ha sido empleado con frecuencia debido a la extrema polarización que hay en el Congreso estadounidense, pero no se puede aplicar en todos los casos.
“Los presidentes que han tenido la oportunidad de hacer cambios importantes han llegado al poder con una victoria aplastante, con mayorías dominantes en la Cámara de Representantes y el Senado del orden del 60% de los escaños o más. Ese no es el caso ahora, por lo que será realmente sorprendente si Trump, trabajando con sus aliados republicanos, puede hacer realmente el tipo de cosas de las que ha estado hablando”, señala Peterson.
El experto destaca que durante la primera mitad de su primer gobierno, Trump contó con una trifecta, así como con una mayoría aún más holgada que la actual en la Cámara de Representantes y la única ley importante que logró aprobar fue un recorte de impuestos.
2. Un poder judicial que aún mantiene su independencia
Aunque en la Corte Suprema hay una mayoría de seis jueces conservadores y tres de ellos fueron nominados por Trump, eso no es garantía de que todas las iniciativas del gobierno vayan a recibir el visto bueno.
Es cierto que en su actual configuración, el máximo tribunal estadounidense revirtió la protección federal al derecho al aborto que existía desde la década de 1970 y que esa medida contó con el apoyo de los nuevos magistrados, tal como había prometido Trump que ocurriría durante su campaña de 2016.
Esa Corte Suprema también estableció que los presidentes tienen derecho a “inmunidad absoluta contra el procesamiento penal” por aquellas acciones de carácter oficial que realicen durante sus mandatos, lo que libró a Trump de varios juicios que estaban en marcha en su contra.
Esa decisión dejo claro, no obstante, que los presidentes no cuentan con esta misma inmunidad en las acciones que no tienen relación con su rol oficial.
Además, el máximo tribunal desestimó las denuncias que hicieron Trump y los republicanos con el fin de intentar revertir los resultados de las elecciones presidenciales de 2020, y rechazó los intentos del gobierno de Trump de poner fin al programa DACA, que protege a centenares de miles de personas que llegaron a EE.UU. sin papeles siendo menores de edad.
También mantuvo en vigor algunas protecciones de la Ley de Cuidado de Salud Asequible (popularmente conocido como Obamacare), así como otras disposiciones que protegen a las personas LGBTI+ de sufrir discriminación en los lugares de trabajo, en ambos casos contradiciendo los planes de los republicanos.
Más allá de la Corte Suprema, de acuerdo con un estudio del Centro Pew, 60% de los jueces activos en cortes de distrito en Estados Unidos fueron nominados por mandatarios demócratas, mientras que solamente 40% fueron postulados por presidentes republicanos.
“El Poder Judicial sigue siendo una tercera rama importante del gobierno con un alto grado de independencia y, además, la mayoría de sus integrantes no han sido nombrados ni por Trump ni por los republicanos”, apunta Peterson, quien subraya además que se supone que los jueces deben tomar sus decisiones guiados por la ley y por los precedentes establecidos por la Corte Suprema.
3. Los gobiernos estatales y locales
El hecho de que Estados Unidos sea un estado federal trae consigo importantes limitaciones a los cambios que se pueden aplicar desde la Casa Blanca.
La décima enmienda constitucional otorga un amplio número de competencias a los gobiernos de los estados.
Tradicionalmente los estados han tenido competencias sobre seguridad, salud, beneficios sociales, educación, procesos electorales, derecho penal, regulaciones laborales y leyes sobre la propiedad.
De igual modo, los condados y ciudades tienen responsabilidades en temas de seguridad pública, planificación urbana, uso de las tierras, entre otros.
Esas competencias permiten que desde esas instancias de gobierno puede hacerse resistencia u oposición a algunas de las iniciativas que impulse Trump.
“Los demócratas definitivamente van a utilizar estas competencias ahora en contra del gobierno Trump”, vaticina Peterson.
“Vivo en California, el estado más grande del país, la quinta economía más grande del mundo. No es universalmente democráta, ni liberal ni progresista, pero va fuertemente en esa dirección. Y este será un estado, como muchos otros, que hará lo posible para hacer cosas independientemente de lo que quiera el gobierno de Trump o para desafiarlo, tal como Texas y otros estados desafiaron a los gobiernos de Biden y Obama en el pasado”, agrega.
En la actualidad, 23 de los 50 estados del país cuentan con gobernadores demócratas.
La colaboración o resistencia de las autoridades estatales y locales puede ser un factor determinante en algunos planes de Trump como la deportación masiva de migrantes, pues es una tarea difícil y compleja que requiere apoyos locales.
Muchas ciudades y estados se han declarado como lugares “santuario” para los migrantes, por lo que que limitan su cooperación con el gobierno federal en este campo.
4. Una burocracia profesional
Durante el primer gobierno de Trump, en las filas republicanas hubo quejas porque no lograron impulsar su agenda política tanto como querían debido, en parte, a su propio desconocimiento sobre cómo funciona el Estado y la burocracia, pero también debido a la resistencia que encontraron por parte de funcionarios públicos, el llamado servicio civil, que objetaron o ralentizaron la ejecución de órdenes que consideraron ilegales o inapropiadas.
Hacia el final de ese mandato, Trump aprobó una orden ejecutiva que le iba a permitir despedir a miles de empleados públicos y reemplazarlos por sus partidarios.
Esa medida fue derogada por Biden, pero el programa de campaña de Trump contemplaba su reinstauración.
De hecho, de cara a este segundo gobierno, varios grupos conservadores cercanos al nuevo mandatario elaboraron bases de datos con miles de profesionales leales a su proyecto político e ideológicamente afines con los cuales buscarían sustituir a los funcionarios públicos.
Esta iniciativa, sin embargo, puede enfrentarse a una fuerte resistencia institucional, legal, política y sindical.
“Creo que habrá tribunales que reaccionen contra eso. El servicio civil existe por una razón y hay una ley que lo ampara. Por eso, no habrá una erosión masiva y un ataque a los empleados federales, hasta el punto de reestructurar el gobierno de una forma sustancial”, dice Peterson.
“Sin embargo, sí habrá cosas marginales que marcarán una diferencia. Por ejemplo, cuando el Ejecutivo decide trasladar las oficinas de una institución fuera de Washington DC a otros lugares del país, eso hará que algunos funcionarios renuncien a sus cargos porque no pueden trasladar a sus familias”, agrega.
5. Los medios de comunicación y la sociedad civil
Cuando Trump llegó a la Casa Blanca por primera vez, los medios de comunicación de tendencia liberal realizaron una cobertura crítica de su gobierno, mientras que sindicatos y organizaciones de la sociedad civil se movilizaron para bloquear muchas de sus iniciativas por vía de la presión ciudadana o de los tribunales.
En el caso de los medios de comunicación, la situación ha cambiado un poco.
Ejemplo de ello es lo ocurrido con el diario The Washington Post que durante el primer gobierno de Trump llevó un registro de cada vez que el mandatario decía una mentira o desinformaba (más de 30.000 en cuatro años).
Por contraste, en los últimos meses de la reciente campaña, este medio decidió no publicar su acostumbrado editorial en el que fija posición sobre las elecciones y, en este caso, preveía dar un espaldarazo a la candidata demócrata, Kamala Harris.
Lo mismo hizo otro diario tradicionalmente liberal, Los Angeles Times.
El hecho de que Jeff Bezos, fundador de Amazon y dueño de The Washington Post, haya acudido a reunirse con Trump en su residencia de Mar-a-Lago, en Florida, es otro elemento destacable.
En paralelo, muchos otros medios han mantenido firme su postura crítica frente a los planteamientos del nuevo gobierno de Trump.
Lo mismo puede decirse de numerosas organizaciones de la sociedad civil como la Unión Estadounidense de Libertades Civiles (ACLU, por sus siglas en inglés), que cuenta con 1,7 millones de afiliados y que ya ha anunciado su intención de tratar de detener la puesta en práctica de algunas de las propuestas del nuevo mandatario.
“La victoria del presidente electo Trump significa que si implementa las políticas con las que ha amenazado desde que dejó el cargo en 2020, más familias inmigrantes serán separadas, más personas enfrentarán daños graves debido a las restricciones de salud reproductiva y utilizará al gobierno federal como arma contra los manifestantes y los opositores políticos”, dijo la ACLU en un comunicado tras conocerse la victoria de Trump.
“Emprendimos acciones legales contra la administración de Trump más de 430 veces cuando estuvo la primera vez en el cargo. Tenemos la estrategia para contraatacar y ganar una vez más”, agregó el texto.
6. Las prioridades de los ciudadanos
La capacidad que tendrá Trump de llevar adelante su agenda de gobierno también dependerá de cómo esta encaje con las verdaderas preocupaciones de los ciudadanos y cómo sea percibida por estos.
En especial porque, aunque Trump ganó el voto popular, no consiguió un apoyo realmente mayoritario de los ciudadanos.
“El presidente Trump ganó la elección. Es un hecho indiscutible. Pero lo hizo con el 49,9% del voto popular -menos de la mitad de los votantes- y con un margen de apenas 1,5% puntos porcentuales sobre Kamala Harris. Esa es una de las victorias más ajustadas para un presidente”, apunta Peterson.
El experto destaca además que en el conjunto de electores que le apoyaron no todos están comprometidos con sus propuestas más radicales.
“Una parte importante son los partidarios MAGA [siglas en inglés del lema Hagamos de Estados Unidos Grande de Nuevo]: ellos apoyarían lo que Trump quiera hacer. Otra parte son republicanos a los que no les gusta Trump, pero que lo prefieren porque siendo conservadores quieren impuestos más bajos, menos regulaciones, etc”.
“Y luego hay un grupo grande de personas que votaron por Trump porque la inflación era muy alta, querían un cambio y él era la opción que tenían para conseguirlo”, afirma.
Peterson advierte que muchos de esos votantes no apoyarían, por ejemplo, la eliminación de Obamacare, ni quieren que se acabe con el gobierno federal o con el servicio civil; o que se deroguen las políticas contra el cambio climático.
Este es un factor que presionaría hacia la moderación del gobierno, no solamente porque puede afectar la popularidad de Trump sino también las opciones de los congresistas republicanos de lograr reelegirse en los comicios de mitad de periodo en 2026.
¿Y qué haría Trump si enfrenta este tipo de resistencia ante alguna de sus propuestas?
“Él se adaptará según sea necesario y, luego, culpará a otros por no haber logrado su objetivo”, prevé Peterson.
El experto recuerda que esto ya ocurrió a inicios del primer gobierno de Trump, cuando la popularidad del Obamacare creció mientras el gobierno se esforzaba por derogarlo, por lo que al final la Casa Banca tuvo que mantenerlo en vigor y conformarse con hacer algunos cambios menores.
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