Durante la pandemia de Covid-19, Carmen y Julio, una pareja de migrantes centroamericanos sordos, viajaron a México con la falsa promesa de un empleo en un reconocido parque de diversiones en Estados Unidos. Sin embargo, fueron detenidos en territorio mexicano bajo la acusación de trata de personas.

La persona que les ofreció el supuesto empleo les convenció de viajar junto con otros migrantes sordos hacia México, bajo la promesa de conseguir trabajo para todos. Una vez en el país, fueron víctimas de violencia física y sexual por parte de su captor, quien incluso les forzó a mendigar para él. 

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“Sueño americano” en plena pandemia

La persona les aseguró que los llevaría a través de México y cruzarían la frontera hacia Estados Unidos, donde supuestamente tenía contactos que les ofrecerían el empleo. Les explicó que trabajar como botarga no requería habilidades de escucha ni habla y que recibirían su pago en dólares. 

Como única condición para cerrar el trato, esta persona les pidió agrupar a más personas sordas para que se unieran al viaje y al trabajo prometido. Carmen y Julio aceptaron, pensando en que sería una oportunidad para brindarle a otras personas en su condición la posibilidad de acceder a un trabajo y recursos. 

Entusiasmados por la idea de ofrecerle a sus hijos un futuro mejor y ante la incertidumbre de la crisis sanitaria mundial, que cobró la vida de casi 15 millones de personas en el mundo entre 2020 y 2021, Carmen y Julio emprendieron su travesía cruzando la frontera sur de México a finales de 2020. 

Lo hicieron en medio de las fuertes restricciones de movilidad, cierre de fronteras, endurecimiento de políticas migratorias y la pérdida de fuentes de empleos provocada por el coronavirus. 

Pese a lo anterior, Carmen y Julio lograron llegar a México, donde durante varios meses la persona oyente mexicana que les prometió trabajo los trasladó por varias entidades del país, manteniéndolas en condiciones muy adversas: bajo situaciones de violencia física, sexual y mendicidad forzada, pues les obligó a trabajar vendiendo abecedarios de lenguaje de señas. Además, les quitó celulares, dinero e identificaciones. 

Sin embargo, debido a que Julio no se contactó con nadie durante este periodo es que uno de sus familiares se dio cuenta de que algo no estaba bien y se contactó con su embajada para informarles de toda la situación. El familiar denunció los hechos ante la Fiscalía General de la República (FGR) y la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH). 

En tanto, ante los abusos a los que eran sometidos, Carmen y Julio lograron escapar y comenzaron a vivir en una ciudad de México, con una persona que conocieron durante su viaje por el país. Creyeron, erróneamente, que su pesadilla había terminado. 

Migrantes y personas con discapacidad: invisibilizados por la justicia mexicana

A pesar de que Carmen y Julio fueron víctimas de diversos delitos y violaciones graves a sus derechos humanos, y pese a que sus familiares denunciaron los hechos, a principios de 2022 un juez de distrito en Coahuila libró una orden de aprehensión en contra ellos por los delitos de tráfico de personas, trata de personas y asociación delictuosa. 

La orden de aprehensión fue librada a petición de la FGR que les imputó a Carmen y Julio los hechos como si ellos hubieran encabezado al grupo que los violentó y que se benefició de esta situación.

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Sorpresivamente, la orden de aprehensión fue cumplida apenas unos días después de ser autorizada, por lo que la audiencia inicial del caso fue realizada con personas defensoras públicas, pero sin la asistencia de un intérprete de lenguaje de señas. Ahí, Carmen y Julio fueron vinculados a proceso y se les impuso la medida cautelar de prisión preventiva. 

En octubre de 2021, Animal Político en alianza con la organización Intersecta publicaron la investigación Prisión preventiva: el arma que encarcela pobres e inocentes, donde se dio cuenta que el 70 % de las personas a las que se les aplica la medida de prisión preventiva oficiosa o automática son personas de escasos recursos. 

“La verdad es que los datos muestran que está muy basado en el tema económico. O sea, en que uno tenga dinero para defenderse. A personas indígenas, personas sin recursos, migrantes, con baja escolaridad, les afecta más”, señaló el abogado Luis Tapia, especialista en derechos humanos y derecho penal, al ser consultado sobre las consecuencias de incrementar los delitos de prisión preventiva oficiosa. 

Carmen fue enviada al Centro Federal de Readaptación Social (Cefereso) número 16 de Morelos, el único penal federal construido exclusivamente para mujeres, y Julio fue enviado al Cefereso 18 en Coahuila. Lo que les ha complicado el contacto con sus redes de apoyo y defensa legales. 

Luego de la vinculación a proceso, la Unidad de Litigio Estratégico en Derechos Humanos del Instituto Federal de Defensoría Pública (IFDP), mediante sus delegaciones en Morelos y Coahuila, intervino en el caso, en colaboración con la defensa original de Carmen y Julio. 

Primero, interpusieron una demanda de amparo en contra del auto de vinculación a proceso, debido a que se evidenció la vulneración de la “tutela judicial efectiva”, que permite a las personas exigir sus derechos ante los órganos jurisdiccionales, y por la discriminación de las que Carmen y Julio fueron víctimas por parte de las autoridades, que les impidieron conocer la imputación en su contra por ser personas en condición de discapacidad.  

También incluyeron la omisión que cometieron las autoridades penitenciarias del Cefereso 16 de Morelos y Cefereso 18 de Coahuila, a los que fueron trasladados, pues estas autoridades también debían garantizarles la comprensión de sus derechos, en lenguaje de señas, como personas privadas de la libertad. 

Tanto Carmen y Julio, como su defensa legal, han enfrentado distintos retos durante el procedimiento de ambos migrantes, principalmente en el sistema de apoyo y los ajustes al procedimiento para personas con discapacidad en una lengua extranjera, porque hay más de 300 lenguas de señas en el mundo. 

“Sobre todo porque tenemos que comprender que contextualmente las personas sordas no siempre se encuentran en situaciones en que puedan tener acceso a la información, a las herramientas para tener esta alfabetización y consecuentemente un dominio incluso de este lenguaje y que hay barreras importantes para entender algunas situaciones que se presentan en el mundo oyente, incluidas, entre otras cosas, que las personas asumen y presumen que alguien sordo puede leer y escribir cuando no necesariamente va a ser el caso”, explica Ruth Zenteno, directora de Investigación y Acceso a la Información de la Unidad de Litigio Estratégico en Derechos Humanos del IFDP, en entrevista con Animal Político. 

A mediados de este año se llevó a cabo la audiencia intermedia del caso, en la cual se identificaron diversas violaciones procesales. Por esta razón, se interpuso una apelación y actualmente se espera la resolución correspondiente. El caso aún no cuenta con una sentencia definitiva, por lo que el destino de Carmen y Julio sigue siendo incierto.

Por su parte, la CNDH documentó diversas violaciones a los derechos humanos de ambos migrantes, pero no continuaron con las diligencias necesarias al “no contar con una persona intérprete en el lenguaje de señas del país natal”. 

Aislamiento y problemas de salud dentro del Cefereso 16 de Morelos

A partir de diversas visitas y comunicaciones con Carmen dentro del Cefereso 16 de Morelos, su defensa legal identificó que también presentaba diversos problemas de salud como consecuencia de los delitos de los que fue víctima, así como ataques dentro del propio penal.

“Estas barreras que enfrentan implica que no pueden dar a conocer de manera directa cuando tienen alguna situación médica, que fue un tema que vimos de manera continua con ella, que sí era necesario que se le valorara, que necesitaba lentes, que en los casos de las personas con discapacidad auditiva es muy importante el aspecto visual y que ella está perdiendo también la agudeza de la vista y era una preocupación que se tenía para que pudiera superar estas barreras de comunicación”, señala la abogada Ruth Zenteno. 

Además, su defensa legal identificó que las autoridades penitenciarias no le habían proporcionado atención médica o medicamentos ni había realizado los ajustes necesarios para que sus familiares y abogadas pudieran comunicarse con ella. 

Por este motivo, el IFDP activó los mecanismos previstos en la Ley Nacional de Ejecución Penal al promover peticiones administrativas ante la directora del penal, así como peticiones urgentes ante jueces de ejecución en las que, en términos generales, se reclamó que la omisión de brindarle atención médica y medicamentos adecuados para los padecimientos sufridos por Carmen constituían actos de tortura y condiciones de internamiento violatorias de derechos humanos. 

Esto llevó a que se celebraran diversas audiencias respecto de dos peticiones y que una jueza de control, en funciones de jueza de ejecución del Centro de Justicia Federal en Morelos, las declarara como fundadas y ordenara que se le proporcionara atención médica adecuada (inclusive en el exterior, de ser necesario) y un intérprete de señas de su país natal. 

En octubre de 2023, Animal Político en alianza con la organización CEA Justicia Social publicó el reportaje El cementerio de las vivas: el turbio negocio del Cefereso 16 de Morelos en el que se documentó cómo una intoxicación masiva de 404 mujeres privadas de la libertad en este penal exhibió graves violaciones a los derechos humanos de las internas. 

La intoxicación ocurrió apenas dos días después de que el Gobierno Federal decidió trasladar, sin previo aviso y de manera irregular, a un grupo de mujeres que estaban en diversos centros penitenciarios estatales de Sonora para llevarlas al “CPS Femenil de Morelos”, separándolas más de dos mil kilómetros de sus hermanas, madres, hijas e hijos, abuelas, familiares y abogados. 

“Eso y el aislamiento al que se enfrentan por el hecho de no tener cómo ni con quién comunicarse y que incluso, para pensar en cambios de medida (cautelar), el hecho de que son personas migrantes implica también retos importantes porque se tiene que acreditar el arraigo y pensar dónde podrían encontrar un espacio donde pudieran continuar el proceso”, agrega Ruth Zenteno. 

Debido a la negativa del centro penitenciario para permitir el acceso de la defensa para entrevistarse con Carmen, a mediados de 2024 se inició una controversia judicial para que se llevara a cabo una audiencia inicial, pero debido a que no se presentó la asistencia consular ni las personas intérpretes del consulado la audiencia se pospuso, luego se volvió a posponer por la suspensión de labores del Poder Judicial de la Federación. 

A finales de 2024 se identificó que las autoridades penitenciarias hicieron firmar a Carmen, que no sabe leer ni escribir, una solicitud para ser trasladada al penal de Escobedo, en Nuevo León. Con apoyo de una persona intérprete le hicieron creer que estaba firmando su traslado a la Ciudad de México. Estos hechos ya fueron notificados al juzgado de ejecución para que dicte las medidas necesarias.