Informe documenta violación a derechos humanos previa a incendio de 2023 en estación migratoria de Ciudad Juárez
Condiciones irregulares de detención, privación arbitraria de la libertad a personas en situación migratoria regular, uso desproporcionado de la fuerza y otras violaciones a derechos humanos son algunas de las circunstancias que 40 migrantes fallecidos, otros 27 heridos y 15 mujeres que no han sido reconocidas como víctimas enfrentaban de manera previa al incendio de la estancia migratoria de Ciudad Juárez la noche del 27 de marzo de 2023.
Así lo documenta el informe especial No nos dejen morir aquí: Incendio en la estancia migratoria de Ciudad Juárez –elaborado por las organizaciones Fundación para la Justicia (FJEDD), Asylum Access México (AAMX), Derechos Humanos Integrales en Acción AC (DHIA) y el Instituto para las Mujeres en la Migración AC (Imumi)–.
Tras el incendio, otras muchas irregularidades se sumaron: las autoridades confundieron a personas muertas y con vida; el Instituto Nacional de Migración (INM), a juicio de las organizaciones, sigue consagrándose como una de las instituciones mexicanas con más señalamientos por violencias a derechos humanos y otros 14 incendios han ocurrido durante la administración de Francisco Garduño.
“Este (el incendio en Ciudad Juárez) es un hecho que se encuadra en una serie de acontecimientos que deben estudiarse para identificar las responsabilidades”, acusan las organizaciones. A ellos se suma que la respuesta posterior de las autoridades hacia las víctimas ha sido revictimizante.
El informe, disponible a partir de este lunes, documenta que la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV) ha destacado por su ausencia, pues ha permitido que el INM –señalado como perpetrador de los hechos– sea el encargado de implementar las medidas de asistencia y reparación.
Por otro lado, la investigación de los hechos penales se ha caracterizado por dificultar el involucramiento de las víctimas y la defensa de sus derechos, mediante diversos obstáculos generados por la Fiscalía General de la República y el Poder Judicial.
Por el incendio en Ciudad Juárez —detalla el documento— hay cinco causas penales y 11 personas imputadas, entre ellas agentes del Instituto Nacional de Migración, dos migrantes, guardias de seguridad privada, un contralmirante titular de la oficina del INM, el coordinador del Grupo Beta, el jefe del departamento de Recursos Materiales, el director de Control y verificación y el comisionado Francisco Garduño Yañez.
“Las organizaciones defensoras de derechos humanos que acompañamos a las víctimas del incendio hemos sufrido difamaciones por parte de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas y hemos visto obstaculizado nuestro derecho humano de defender derechos humanos”, consigna el documento.
Las condiciones previas, violaciones sistemáticas a derechos humanos
El informe especial No nos dejen morir aquí: Incendio en la estancia migratoria de Ciudad Juárez señala que antes de que ocurriera el incendio, se registraron casos de personas migrantes privadas de la libertad que sí contaban con documentación que acreditaba su estadía regular en el país.
En el documento se detallan específicamente el caso de un migrante colombiano fallecido que había llegado a la Ciudad de México procedente de Bogotá, Colombia, el 7 de febrero de 2023, quien contaba con una situación migratoria regular que le permitía transitar libremente por el país durante 90 días.
Lo mismo ocurrió con una persona migrante venezolana de 22 años que contaba con documentación para permanecer en el país de manera regular. Este tipo de casos, señalan las organizaciones, requieren especial investigación para determinar la legalidad de su detención y privación de la libertad.
Además, existieron detenciones arbitrarias en las que participaron autoridades municipales del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF), de la Dirección de Derechos Humanos y de la Secretaría de Seguridad Pública local, así como autoridades federales adscritas a la Guardia Nacional y al Instituto Nacional de Migración.
“Las autoridades hicieron uso desproporcionado de la fuerza para llevar a cabo las detenciones. Documentamos que golpearon e insultaron a migrantes detenidos, sin que ellos presentaran resistencia al momento de la detención”, señala el reporte.
Además, las condiciones de detención de las personas migrantes implicaban, de manera sistemática, la violación a sus derechos humanos, pues no contaban con acceso a alimentación adecuada y al agua potable lo tenían limitado, mientras que tampoco contaban con productos sanitarios, una adecuada defensa jurídica frente a las detenciones arbitrarias ni condiciones dignas en el centro de detención.
En la Estancia Provisional Tipo B de Ciudad Juárez, las personas migrantes –agrega el informe– permanecían períodos prolongados sin agua ni alimento, no había medidas de protección civil adecuadas ante siniestros ni protocolo en caso de incendios. La evidencia recabada por las organizaciones revela la comisión de, al menos, un acto de tortura contra un migrante, que se sumaba a actos comunes de violencia verbal.
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Empresas privadas para seguridad, una problemática
El informe No nos dejen morir aquí hace énfasis en el rol de las empresas privadas en la seguridad de los lugares de detención. Mientras que estándares internacionales recomiendan que esta debería estar a cargo de funcionarios públicos, también advierten que cuando el Estado la cede a entes privados, debe asumir la responsabilidad de impedir abusos y prevenir activamente actos de tortura y malos tratos.
Sin embargo, el documento advierte que “la detención de migrantes se ha convertido en una industria en la que los contratistas de prisiones privadas –y, en algunos casos, los Estados– reportan considerables beneficios anuales por la detención de migrantes y solicitantes de asilo”.
Además, subraya que el protocolo de actuación creado por el INM para responder a incendios en la Estancia provisional tipo B de Juárez no contemplaba rescatar a las personas migrantes privadas de la libertad al interior de esta.
La presentación del informe –encabezada por Ana Lorena Delgadillo y Jerónimo del Río, de la FJEDD; Gretchen Kuhner, del Imumi; Blanca Navarrete, de DHIA; Alejandra Montesinos, de AAMX; Andrea Pochak, de la CIDH y Carlos Sálazar, de la ONU– se da a unos días del primer aniversario del incendio, que motivó también una manifestación de las organizaciones en las instalaciones del INM con el mensaje central “La detención migratoria mata”.
Los representantes de las asociaciones señalaron que la trascendencia del hecho es que ha sido el que mayor número de personas fallecidas ha provocado a manos del INM en toda la historia de nuestro país. Además, acusaron que sus denuncias ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y la FGR no tuvieron ningún resultado.
Como parte de las recomendaciones con las que concluye el documento, se pide que se detenga la respuesta militarizada y se deje de criminalizar a los migrantes, que la detención migratoria deje de ser la principal política y solo se emplee en casos excepcionales, que Francisco Garduño se separe de su cargo, que se lleven a cabo las investigaciones de manera efectiva, se realice un diagnóstico oportuno de todos los centros y estancias del INM y se registre cada una de las víctimas que entre en estas instancias.
De la misma manera, que las empresas privadas no participen en las tareas de control migratorio, que las víctimas dejen de ser criminalizadas y las organizaciones estigmatizadas, y que se deje de criminalizar a quienes participan en la defensa, así como que el caso alcance la justicia y la reparación integral del daño.
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El nuevo gobierno de Donald Trump ha lanzado una serie de operaciones para la detención migrantes. Entre sus objetivos están las “ciudades santuario”, ¿qué son?
Hay ciudades a lo largo de Estados Unidos que se autodenominan “santuario”.
Los Ángeles, Nueva York, Houston, Chicago o Atlanta son algunas de las urbes con una alta presencia de migrantes indocumentados que tienen políticas locales más amigables hacia la migración que otras partes del país.
Pero, al igual que sucedió durante su primer gobierno, la llegada de Donald Trump a la Casa Blanca presenta un desafío a eso.
El presidente ha prometido implementar una dura política de deportación de indocumentados con el objetivo de expulsar del país a un millón de personas. Y tanto él como sus altos funcionarios han puesto en la mira a tales ciudades santuario.
Chicago es una de las primeras. El gobierno de Trump activó los primeros operativos y redadas para detener y deportar a indocumentados en esa ciudad del norte del país. Pero también durante el fin de semana se vieron en Atlanta, Denver, Miami y San Antonio.
¿Qué implica que una ciudad se autodenomine “santuario” y en qué puede beneficiar a los indocumentados realmente?
La cuestión de la colaboración
El término de “santuario” de estas ciudades viene de la Edad Media, cuando los monasterios eran un santuario o protección a caminantes que se querían proteger de maleantes o gente que sufría persecución esclavista. Pero en EE.UU. se empezó a usar a finales del siglo XX.
“En los años 80 y 90 renace por algunos miembros religiosos y activistas que ayudan a migrantes de El Salvador o Guatemala a escapar de regímenes dictatoriales y entrar a EE.UU. y estar en comunidades seguras, en ciudades como Los Ángeles, San Francisco o Washington”, le explica a BBC Mundo el sociólogo Ernesto Castañeda, director del Laboratorio de Inmigración y el Centro de Estudios Latinoamericanos de American University en Washington DC.
Con el movimiento de esos años por los derechos de los inmigrantes, que se inspiró en luchas de Francia y otros países, en EE.UU. algunos activistas empezaron a referirse a esas ciudades con mucha población indocumentada como “santuarios”.
“Es una autodeclaración simbólica. No tiene ninguna definición legal, no hay una ley federal ‘santuario’ que diga qué es legal, qué es ilegal. Es caso por caso. Pero son ciudades donde se aspira a la tolerancia para las poblaciones extranjeras, de minorías e indocumentadas”, aclara Castañeda.
Desde entonces, autoridades de grandes ciudades como Nueva York o Los Ángeles comenzaron a adoptar políticas más amigables con esos migrantes, siendo una de las principales el tipo de colaboración que tienen con las agencias federales de migración.
Cuando un indocumentado es detenido por la policía local, hay dos opciones: verificar su estatus migratorio y notificarlo a las autoridades de la materia, o no hacerlo.
“En Nueva York, por ejemplo, no es requisito que si alguien es detenido y no tiene documentos, se le dé aviso inmediato a las autoridades federales. Pero las autoridades migratorias sí pueden pedir que la persona sea retenida”, explica Castañeda.
Otras ciudades, principalmente de gobiernos republicanos del sur del país, sí buscan el procesamiento de los indocumentados a través de las agencias federales.
“La cuestión es si las policías esperan a esas autoridades federales para entrevistar e iniciar casos de deportación, o si la gente es puesta en libertad si no es culpable de algún delito grave. Ahí es donde hay discreción”.
Debido a que cada autoridad estatal o local tiene sus propias leyes y políticas, cada corporación de policía local -incluso entre las de una misma metrópoli- puede o no colaborar con las agencias federales de migración.
La policía de la ciudad de Los Ángeles es diferente a la de la ciudad de Santa Mónica, siendo que están en la misma metrópoli. Al igual que los alcaldes, los jefes de policía pueden seguir sus propias normas.
Castañeda incluso indica que entre los propios agentes de policía hay discreción, y hasta entre las mismas oficinas del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) en cada localidad.
Sin embargo, el gobierno de Trump -y de otros republicanos en el pasado- busca que existan la máxima coordinación y colaboración posibles.
No es un blindaje absoluto
Cuando un indocumentado vive en una ciudad santuario, si bien puede esperar facilidades para hacer gestiones ante la autoridad sin involucrar la comprobación de su estatus migratorio, no es garantía de que agentes federales no puedan ejercer sus funciones.
Si un indocumentado es detenido por algún delito, las autoridades migratorias que lo lleguen a saber tienen derecho a iniciar un proceso. También pueden hacer redadas en sitios como empresas o lugares públicos, así como en viviendas privadas.
“En el Estados Unidos contemporáneo no ha habido una ciudad verdaderamente ‘santuario’, donde no entren las agencias federales como ICE para deportación. No es verdad que una persona indocumentada llegue ahí y pida asilo y que no la puedan deportar”, señala Castañeda.
Asegura que es algo que muchos migrantes indocumentados saben: “Que si están en un estatus de indocumentado y tienen órdenes de deportación, tienen mucha desconfianza de todas las policías, no quieren cometer ningún delito, tratan de no conducir ni salir para no enfrentarse a alguna autoridad. Manejar en estado de ebriedad o algo así los puede llevar a la deportación”.
Sin embargo, las críticas de Trump y otros políticos republicanos han sido constantes sobre una supuesta “protección” a los indocumentados que hacen gobiernos demócratas en ciudades santuario.
También critican que estos migrantes puedan hacer uso de programas de apoyo o salud, o que son favorecidos por recursos públicos.
“Los migrantes usan menos programas de bienestar que otros grupos. Pagan más impuestos y jubilación que nunca piden cuando se retiran, porque han usado números de seguro social falsos o se van del país”, expone Castañeda, coautor del libro Immigration realities: Challenging Common Misperceptions (“Realidades de la inmigración: Desafiando las percepciones erróneas comunes”).
“No piden devoluciones de impuestos sobrepagados. Y muchos no tienen derechos a programas de asistencia por temor a exponerse”, añade.
El hecho de que las ciudades santuario no cooperen con agencias migratorias también implica un diferendo en cuanto a la obtención de recursos del gobierno federal.
La Casa Blanca puede favorecer a autoridades estatales y locales que sí ayuden a sus políticas migratorias.
Gobiernos republicanos, como el de George W. Bush o el primero de Donald Trump, usaron normativas como la “Sección 287g” para incentivar con recursos a autoridades locales para ejercer tareas federales como la revisión del estatus migratorio.
Chicago en la mira
En su primer día de gobierno, Trump firmó una serie de órdenes ejecutivas sobre migración que incluían la derogación de una ley que prohibía a los agentes federales buscar indocumentados en iglesias, escuelas y hospitales, lugares que antes eran considerados “sensibles” y que debían permanecer exentos de redadas migratorias.
Tom Homan, uno de sus jefes en la estrategia contra los indocumentados que ha sido llamado el “zar de la frontera”, aseguró que una de las primeras ciudades en tener búsqueda y captura de estos migrantes sería Chicago.
La ciudad y el estado son gobernados por demócratas. El alcalde Brandon Johnson y el gobernador JB Pritzker han sostenido que respaldan las leyes de ciudades santuario, conocidas como ordenanzas de “Ciudad Acogedora”.
Pero el domingo fueron ejecutadas operaciones migratorias en Chicago por parte de múltiples agencias, con la presencia de altos funcionarios en la ciudad para supervisarlas.
Múltiples fuentes dijeron a CBS News, socio de la BBC en EE.UU., que el objetivo eran migrantes con órdenes de arresto activas.
Pero desde la llegada de Trump al poder, existe la preocupación de que no se limite a aquellos ya sujetos a un proceso, sino que se aplique a todos los indocumentados en general para lograr los grandes números prometidos de cientos de miles de deportados en su gobierno.
Incluso una iglesia dejó de ofrecer misas en español ante el temor de que migrantes latinos sean objetivo de agentes.
“Ya tenemos niños que están empezando a tener miedo de ir a la escuela y no encontrar a sus padres cuando vuelvan a casa… No queremos poner a ningún miembro de nuestra congregación en el riesgo de ser deportado”, le dijo a BBC Mundo la reveranda Tanya Lozano hace unos días.
Castañeda sostiene que “lo que está haciendo ahora el llamado ‘zar de la migración’, Homan, es viajar a ciudades como Chicago a observar cómo funcionan las oficinas locales de ICE y a poner presión sobre las autoridades locales a través de medios con amenazas para hacer redadas”.
“En La Villita, un barrio muy mexicano y muy latino en Chicago, la gente tiene miedo. Y se ve que hay menos actividad económica y presencia en las calles, más allá de la temporada de frío. Después de todo, si llega ICE no hay mucho que el alcalde pueda hacer para evitar redadas”, añade.
Otras ciudades que también registraron redadas u operativos de agentes federales durante el fin de semana fueron Denver, Houston, San Antonio, Miami y Atlanta.
Sin embargo, Castañeda precisa que hasta ahora no se ha visto algo a una escala muy diferente a lo que ya ocurrió en el pasado, incluso durante gobiernos demócratas en la Casa Blanca.
“Las deportaciones han existido, incluidas las de Joe Biden o las de Barack Obama, que eran muy grandes. Pero había menos seguimiento mediático del día a día de estas deportaciones. Y ahora por lo pronto los números son similares, pero hay mucha más atención del público hacia lo que está pasando y cómo se está haciendo”, señala el especialista.
“Pero parece que sí quiere hacer algo a mayor escala, a mayor velocidad, con más agresividad”.
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