La administración de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo heredó y mantiene graves problemas en materia de derechos humanos en México, entre ellos la violencia criminal extrema y los graves abusos cometidos por el Ejército, además de una crisis de personas desaparecidas que persiste y se profundiza, destaca el Informe Mundial 2026 de Human Rights Watch (HRW).

“Miles de personas siguen desapareciendo cada año en México, con un total oficial en 2025 que supera las 130 mil personas (incluye los casos denunciados desde 1952). Las autoridades no han tomado medidas suficientes para prevenir estas desapariciones y exigir que los responsables rindan cuentas ante la justicia”, advierte el documento.

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“Preocupa de manera muy grave la situación de desapariciones forzadas, en donde seguimos teniendo 130 mil personas y sobre todo un ataque frontal de la administración Sheinbaum para no reconocer la desaparición como un fenómeno estructural en México; en paralelo, desde la herencia de la administración AMLO, y de manera muy desafortunada continuada por la administración Sheinbaum, un proceso de erosión democrática”, apuntó Juanita Goebertus, directora para las Américas de HRW durante la presentación del documento. 

Por otro lado, HRW subraya que la impunidad sigue siendo generalizada, pues los fiscales resuelven aproximadamente solo uno de cada 10 homicidios intencionales que investigan, “en muchos casos con pruebas que han sido alteradas, falsificadas u obtenidas mediante amenazas o tortura”. Las fiscalías siguen careciendo de investigadores calificados, materiales, recursos básicos y protección adecuada para llevar a cabo su trabajo. 

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En tanto, pese a que la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha ordenado en dos ocasiones a México que elimine la prisión preventiva oficiosa, el Congreso aprobó una serie de leyes para ampliarla, en un país en el que alrededor de un 40 % de las personas privadas de la libertad no tiene sentencia. 

La falsa dicotomía: “el bienestar material no reemplaza al Estado de derecho”

Entre los datos que recupera el informe de HRW destaca que 13 millones de personas salieron de la pobreza durante el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, mientras al mismo tiempo comenzó un proceso de retroceso democrático que socavó la independencia judicial, la transparencia y el Estado de derecho. 

Durante la presentación del informe, Goebertus; Lisa Sánchez, de México Unido contra la Delincuencia (MUCD), y Denisse Dresser, del ITAM, hicieron énfasis en la importancia de comprender que el bienestar material no sustituye al Estado de derecho, ni los derechos son intercambiables.

“Comer bien no compensa vivir sin justicia, recibir apoyos no reemplaza la protección frente a los abusos del poder. Los derechos no son intercambiables, y esa es una lección que el gobierno mexicano ha preferido ignorar. Human Rights Watch documenta un patrón que ya no es nuevo, pero sí más visible: la militarización de la seguridad pública con fuerzas armadas involucradas en tareas civiles sin controles efectivos”, señaló Dresser. 

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Ante la realidad de la mejora en los índices de pobreza, los otros temas se desvanecen y los derechos humanos dejan de ser importantes en comparación, criticaron los panelistas. Consideraron necesario combatir ese discurso constantemente y evidenciar el costo que produce esa falsa dicotomía.

En tanto, Sánchez subrayó que en México persiste una crisis de derechos humanos y describió el andamiaje legal e institucional que se ha modificado para facilitar que aumenten los riesgos de persistencia de diversas violaciones a derechos humanos. En ese sentido, MUCD ha detectado en los últimos años 18 reformas regresivas para los derechos humanos. 

Esto quiere decir que se trata de modificaciones al modelo de seguridad y justicia mexicano que tienen, principalmente, tres efectos negativos: aumentan la capacidad del Estado para actuar de manera arbitraria, incrementan los riesgos para que las personas puedan ser victimizadas o abusadas, y limitan la capacidad de las víctimas para acceder a la justicia y a mecanismos de defensa de los derechos humanos. 

Entre ellas han estado las que apuntan a militarizar la política de derechos humanos, lo que inició con la transferencia y ampliación de facultades de la Guardia Nacional. Particularmente, otorgarle capacidades de investigación contradice uno de los principios más importantes en materia de derechos humanos: que los civiles investiguen a civiles. 

Por otro lado, varias reformas han derivado en consolidar una excepcionalidad legal para los militares, añadió Sánchez, como darles facultades para intervenir las comunicaciones privadas o permitir las operaciones encubiertas, que anteriormente ya habían sido anuladas por la Corte. Aunado a ello, criticó que las reformas constitucionales no sean impugnables. 

En tanto, la reforma judicial, dijo, tendrá un efecto pernicioso sobre las víctimas de delitos, pues prevé la sustitución de más de 600 jueces penales, lo cual implica que habrá juicios orales que quedarán vacantes y tendrán que reiniciarse; con esto también se violan derechos humanos de las víctimas. Además, se espera que para 2027 otros mil 81 jueces sean removidos.

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A juicio de la organización, se han perdido los últimos controles que le quedaban a la Constitución, y en particular preocupan las reformas a la Ley de Amnistía, que anteriormente contemplaba una restricción para que no pudiera aplicarse en caso de violaciones a los derechos humanos, la cual dejó de existir. 

En el capítulo México de su informe, HRW recuerda que en octubre de 2024 México fue elegido integrante del Consejo de Derechos Humanos para el periodo 2025-2027, y concluye que si bien ha apoyado esfuerzos para promover un tratado sobre crímenes contra la humanidad, se ha mostrado ambivalente respecto a algunas de las situaciones más críticas en materia de derechos humanos en América Latina, excusando la doctrina de “no intervención”.