En México preocupan desapariciones y negación de la participación del Estado en crisis de derechos humanos: informe
La administración de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo heredó y mantiene graves problemas en materia de derechos humanos en México, entre ellos la violencia criminal extrema y los graves abusos cometidos por el Ejército, además de una crisis de personas desaparecidas que persiste y se profundiza, destaca el Informe Mundial 2026 de Human Rights Watch (HRW).
“Miles de personas siguen desapareciendo cada año en México, con un total oficial en 2025 que supera las 130 mil personas (incluye los casos denunciados desde 1952). Las autoridades no han tomado medidas suficientes para prevenir estas desapariciones y exigir que los responsables rindan cuentas ante la justicia”, advierte el documento.
El reporte recuerda que a poco tiempo del hallazgo del Rancho Teuchitlán en Jalisco, en marzo de 2025, el Comité de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) sobre Desapariciones Forzadas inició, por primera vez en su historia, un examen derivado de la aplicación del artículo 34 de la Convención internacional para la protección de las personas contra las desapariciones forzadas a fin de determinar si son generalizadas o sistemáticas en México.
Pese a que como respuesta la presidenta Sheinbaum negó que existiera desaparición forzada desde el Estado, quienes buscan a personas cuyo paradero se desconoce siguen corriendo peligro. En septiembre, organizaciones de derechos humanos informaron que en 2025 fueron asesinadas ocho personas en busca de desaparecidos. Desde 2010, se ha documentado el asesinato de más de 20 personas buscadoras.
Hasta hoy, el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas (RNPDNO) contabiliza 131 mil 956 personas desaparecidas y no localizadas, de las cuales el 60 % son hombres. Las entidades que encabezan la estadística son el Estado de México con 14 mil 718, Tamaulipas con 13 mil 657 y Jalisco con 12 mil 768.
“Preocupa de manera muy grave la situación de desapariciones forzadas, en donde seguimos teniendo 130 mil personas y sobre todo un ataque frontal de la administración Sheinbaum para no reconocer la desaparición como un fenómeno estructural en México; en paralelo, desde la herencia de la administración AMLO, y de manera muy desafortunada continuada por la administración Sheinbaum, un proceso de erosión democrática”, apuntó Juanita Goebertus, directora para las Américas de HRW durante la presentación del documento.
Esto en un contexto donde hasta 2024, México se situaba en una tasa de homicidios de 25 por cada 100 mil habitantes, una de las más altas del mundo, mientras se estima que alrededor del 70 % de las armas de fuego recuperadas en escenas del crimen en el país proceden del tráfico ilegal desde Estados Unidos. Sin embargo, en junio la corte de justicia estadounidense desestimó una demanda de México contra algunos fabricantes.
Por otro lado, HRW subraya que la impunidad sigue siendo generalizada, pues los fiscales resuelven aproximadamente solo uno de cada 10 homicidios intencionales que investigan, “en muchos casos con pruebas que han sido alteradas, falsificadas u obtenidas mediante amenazas o tortura”. Las fiscalías siguen careciendo de investigadores calificados, materiales, recursos básicos y protección adecuada para llevar a cabo su trabajo.
Además, la Organización Mundial contra la Tortura sostiene que esta sigue siendo una práctica generalizada en México: el Instituto Federal de la Defensoría Pública ha documentado 3 mil 177 incidentes denunciados como actos de tortura, que afectaron a 4 mil 100 víctimas entre 2019 y 2025, añade el documento.
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En tanto, pese a que la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha ordenado en dos ocasiones a México que elimine la prisión preventiva oficiosa, el Congreso aprobó una serie de leyes para ampliarla, en un país en el que alrededor de un 40 % de las personas privadas de la libertad no tiene sentencia.
HRW también pone de relieve que el gobierno mexicano ha seguido ampliando el uso del Ejército en tareas de seguridad pública y civiles. Entre los diversos casos de abusos, recuerda el asesinato de dos niñas, de 7 y 11 años, en Sinaloa; la acusación de violación a una niña de 9 años por parte de un militar, y la negativa del Ejército a entregar los documentos relacionados con el caso Ayotzinapa.
La falsa dicotomía: “el bienestar material no reemplaza al Estado de derecho”
Entre los datos que recupera el informe de HRW destaca que 13 millones de personas salieron de la pobreza durante el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, mientras al mismo tiempo comenzó un proceso de retroceso democrático que socavó la independencia judicial, la transparencia y el Estado de derecho.
Durante la presentación del informe, Goebertus; Lisa Sánchez, de México Unido contra la Delincuencia (MUCD), y Denisse Dresser, del ITAM, hicieron énfasis en la importancia de comprender que el bienestar material no sustituye al Estado de derecho, ni los derechos son intercambiables.
“Comer bien no compensa vivir sin justicia, recibir apoyos no reemplaza la protección frente a los abusos del poder. Los derechos no son intercambiables, y esa es una lección que el gobierno mexicano ha preferido ignorar. Human Rights Watch documenta un patrón que ya no es nuevo, pero sí más visible: la militarización de la seguridad pública con fuerzas armadas involucradas en tareas civiles sin controles efectivos”, señaló Dresser.
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Ante la realidad de la mejora en los índices de pobreza, los otros temas se desvanecen y los derechos humanos dejan de ser importantes en comparación, criticaron los panelistas. Consideraron necesario combatir ese discurso constantemente y evidenciar el costo que produce esa falsa dicotomía.
En tanto, Sánchez subrayó que en México persiste una crisis de derechos humanos y describió el andamiaje legal e institucional que se ha modificado para facilitar que aumenten los riesgos de persistencia de diversas violaciones a derechos humanos. En ese sentido, MUCD ha detectado en los últimos años 18 reformas regresivas para los derechos humanos.
Esto quiere decir que se trata de modificaciones al modelo de seguridad y justicia mexicano que tienen, principalmente, tres efectos negativos: aumentan la capacidad del Estado para actuar de manera arbitraria, incrementan los riesgos para que las personas puedan ser victimizadas o abusadas, y limitan la capacidad de las víctimas para acceder a la justicia y a mecanismos de defensa de los derechos humanos.
Entre ellas han estado las que apuntan a militarizar la política de derechos humanos, lo que inició con la transferencia y ampliación de facultades de la Guardia Nacional. Particularmente, otorgarle capacidades de investigación contradice uno de los principios más importantes en materia de derechos humanos: que los civiles investiguen a civiles.
Por otro lado, varias reformas han derivado en consolidar una excepcionalidad legal para los militares, añadió Sánchez, como darles facultades para intervenir las comunicaciones privadas o permitir las operaciones encubiertas, que anteriormente ya habían sido anuladas por la Corte. Aunado a ello, criticó que las reformas constitucionales no sean impugnables.
En tanto, la reforma judicial, dijo, tendrá un efecto pernicioso sobre las víctimas de delitos, pues prevé la sustitución de más de 600 jueces penales, lo cual implica que habrá juicios orales que quedarán vacantes y tendrán que reiniciarse; con esto también se violan derechos humanos de las víctimas. Además, se espera que para 2027 otros mil 81 jueces sean removidos.
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A juicio de la organización, se han perdido los últimos controles que le quedaban a la Constitución, y en particular preocupan las reformas a la Ley de Amnistía, que anteriormente contemplaba una restricción para que no pudiera aplicarse en caso de violaciones a los derechos humanos, la cual dejó de existir.
En el capítulo México de su informe, HRW recuerda que en octubre de 2024 México fue elegido integrante del Consejo de Derechos Humanos para el periodo 2025-2027, y concluye que si bien ha apoyado esfuerzos para promover un tratado sobre crímenes contra la humanidad, se ha mostrado ambivalente respecto a algunas de las situaciones más críticas en materia de derechos humanos en América Latina, excusando la doctrina de “no intervención”.
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La normativa, que establece una implementación gradual de la medida que finalizará en el año 2030, va a contramano de lo que se discute en Argentina.
El Congreso mexicano aprobó este martes una histórica ley de enmienda constitucional para reducir, de forma gradual, la semana laboral de 48 horas a 40, que comenzará a implementarse el próximo año.
La ley, que fue impulsada principalmente por la presidenta Claudia Sheinbaum y el oficialismo, indica que la semana laboral será de 40 horas para el año 2030, un cambio sustancial para miles de trabajadores en el país y que se alinea con las tendencias globales de reducción de los horarios de trabajo.
En América Latina, otros países como Ecuador ya implementaron la semana laboral de 40 horas.
Sin embargo, distintos analistas y, principalmente, parlamentarios de la oposición señalaron que la misma ley aumenta las horas extras semanales y, sobre todo, mantiene solo un día de descanso por cada seis trabajados.
De acuerdo a los datos de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), la segunda economía de América Latina -detrás de Brasil- presenta uno de los peores equilibrios entre vida personal y laboral, además de bajos índices de productividad laboral y los salarios más bajos entre los 38 estados miembro del grupo, que incluye a Colombia, Chile y Costa Rica.
Por ello, el oficialismo celebró la decisión tomada casi de forma unánime por el Congreso mexicano. “La semana laboral de 48 horas ha estado en la legislación mexicana por 106 años. Ya era tiempo de que eso cambiara”, dijo el coordinador sindical y diputado oficialista Pedro Haces, que hizo parte de la propuesta.
“La productividad no se mide por el agotamiento. Se construye con dignidad”, añadió.
Sin embargo, distintos diputados y representantes de los trabajadores criticaron la ley por no incluir los dos días de descanso por cada cinco trabajados, tal como se había previsto en un borrador inicial.
“Es una reforma regresiva en muchos sentidos. En inicio, no se están cumpliendo los dos días de descanso, que es el espíritu original de la propuesta que presentamos como parte del frente”, dijo al diario El País Ángel Castellanos, vocero del Frente Nacional por las 40 horas.
Pero, ¿qué otros países de América Latina tienen 40 horas en su semana laboral y cuáles incluso la han aumentado a 60?
De 40 horas
Aunque la semana laboral de 40 horas, que se divide por lo general en cinco días de ocho horas de trabajo, se ha establecido en gran parte de los países del hemisferio occidental, lo cierto es que ha tardado en volverse norma en América Latina.
En países de Europa incluso se están adelantando iniciativas para reducir la semana laboral a cuatro días, con tres de descanso. Sin embargo, en la región latinoamericana, gran cantidad de países continúan con jornadas laborales entre 44 y 46 horas semanales, que incluyen los días sábados.
Esto, a pesar de las recomendaciones de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) que busca entablar un diálogo en los países de la región que permita tener horarios laborales que tiendan a un mejor equilibrio entre vida personal y trabajo.
“El tiempo es un recurso finito e irrecuperable. La forma en que se distribuye entre trabajo, vida personal y descanso impacta profundamente en la salud, la productividad y la cohesión social”, señala la organización en un informe de 2025 dedicado a América Latina.
Hasta el momento, el único país de América Latina que actualmente tiene una semana laboral de ocho horas en cinco días a la semana es Ecuador. Y está en vigor desde hace 46 años.
En agosto de 1980, se convirtió en el primer país de la región en habilitar esta semana laboral limitada.
Los otros países que están en proceso de llegar a las 40 horas semanales son Chile y, desde este martes, México.
En Chile, con la aprobación de la ley 21.561 en abril de 2024, avanza un proceso de reducción de horas laborales. Primero se pasó de 48 a 44 horas; el próximo abril la semana trabajable se reducirá a 42 y se espera que para abril de 2028 finalmente se llegue a una jornada de 40 horas totales por semana.
Con la ley aprobada este martes, México también iniciará un proceso gradual de reducción del horario de trabajo, que espera se termine de implementar en 2030.
Tanto en Ecuador como en Chile se introduce la flexibilidad para aplicar estas determinaciones, donde los trabajadores pueden negociar la mejor forma de trabajar. Sin embargo, en Chile el límite de horas laborables es de 10 al día.
De 42 a 44 horas
Colombia es el país de la región que, detrás de Chile, Ecuador y México, más se acerca a reducir sus horarios laborales a las 40 horas.
Actualmente, está por concretar la implementación de la ley 2.101 de 2021, que estableció la reducción de la semana laboral en un país donde durante décadas fue de 48 horas.
En julio de este año se pasará a 42 horas semanales, que podrán ser distribuidas en cinco o seis días, con una extensión máxima de nueve horas por día.
Otros países como Guatemala, El Salvador y Brasil tienen una semana laboral de 44 horas.
Sin embargo, en Brasil, la principal economía de la región, el presidente, Lula da Silva, adelantó esta semana que está buscando poner fin a la semana laboral con solo un día de descanso (conocida como 6 x 1).
Lo llamativo es que Lula no invocó contextos técnicos para justificar su iniciativa, sino que citó a un filósofo surcoreano y su teoría sobre la “sociedad del cansancio”, que habla de la falta de equilibrio entre la vida personal y las horas dedicadas al trabajo.
“El mundo laboral se está transformando. El filósofo coreano Byung-Chul Han afirma que vivimos en una ‘sociedad de la fatiga’, donde la presión por el rendimiento afecta el equilibrio entre la vida personal y profesional”, escribió esta semana en su cuenta de X (ex Twitter).
“En Brasil, se debate la eliminación del llamado horario de trabajo 6 x 1 para garantizar que los trabajadores tengan dos días de descanso a la semana“, añadió.
Además de esto, también existe un debate en el país para incluso reducir la semana laboral a 36 horas. De hecho, ya se han hecho algunos pilotos con empresas en distintas partes de Brasil.
El caso argentino
En términos generales, lo más establecido en América Latina es una semana laboral de 48 horas máximo. Hasta hace apenas cinco años, pocos países tenían una carga de trabajo menor a ocho horas al día por seis días a la semana.
Actualmente, ese modelo lo mantienen países como Argentina, Perú, Bolivia, Uruguay, Costa Rica y Paraguay.
Pero lo cierto es que, de acuerdo con la OIT, en muchos de estos países el promedio de horas trabajadas a la semana se acerca más a las 44.
Por eso en varios de estos países se están adelantando debates políticos para establecer leyes que reduzcan formalmente los horarios laborales, por lo que la decisión tomada por México tiene una fuerte influencia.
Cabe aclarar que en Argentina se está dando un agitado debate sobre las horas laborables, en el que se señala que se pasaría de ocho a 12 horas diarias. Sin embargo, la propuesta es clara en que no se debe superar el número de 48 horas totales por semana.
Sin embargo, especialistas explican que esta propuesta —que se convertiría en ley este viernes— va en contravía de las tendencias que se están viendo alrededor del mundo, que intentan reducir el tiempo dedicado al trabajo.
“Este tipo de medidas se va a convertir en un freno para la innovación empresarial y del desarrollo tecnológico”, le dijo al diario Público el economista argentino Jorge Torres.
“Quieren hacer competitivas las empresas a base de explotar a los trabajadores y no de apostar por la innovación”, añadió.
Además de la semana laboral, la aprobación de la ley en México también trajo consigo la apertura del diálogo sobre otros temas vinculados a los derechos laborales, como las vacaciones, las horas extras, la informalidad del empleo y la brecha de género en el mercado.
Por ejemplo, el promedio de días de vacaciones en América Latina es de 15 días —a diferencia de Europa, donde es 25— y la informalidad alcanza niveles importantes dentro de la actividad económica.
En México, la informalidad llega a un 55 %, mientras que en otras economías importantes como Brasil y Argentina se sitúa en torno al 40 %.
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