Trabajadores de Mejoredu protestan ante desaparición del organismo; exigen certeza sobre situación laboral
Al grito de “diálogo con la SEP”, trabajadores de la Comisión Nacional para la Mejora Continua de la Educación (Mejoredu) bloquearon ambos sentidos de la avenida Barranca del Muerto a la altura del edificio del organismo, en protesta ante la falta de certeza que tienen por la extinción del organismo.
Acompañados con carteles en los que se leen consignas como “Mario Delgado, ¿Dónde estás? Exigimos diálogo”, y “Mejoredu no duplica funciones de la SEP”, los manifestantes exigieron certeza sobre la incorporación de trabajadores a la Secretaría de Educación Pública y la liquidación conforme a derecho de quienes serán despedidos.
“Todo empezó desde que se publicó el decreto sobre la desaparición de organismos autónomos. Hay un plazo que se cumple mañana, para que se publiquen las leyes secundarias para la extinción de los organismos, y a la fecha nosotros en Mejoredu no tenemos idea de lo que va a pasar“, explicó en entrevista uno de los trabajadores.
El aún funcionario indicó que hace meses, cuando comenzó la discusión de la desaparición de siete organismos autónomos, las autoridades de Mejoredu llamaron al personal a la calma y a confiar en que serían incorporados a la SEP, pero después no tuvieron mayor información, por lo que esperan que se les aclare cuál será su situación laboral a partir de mañana.
“A esta altura están en riesgo nuestros empleos, nuestras familias, y no sabemos cuál es nuestro estatus. Se ha mencionado que la SEP no quiere el capital humano de Mejoredu, parece que no le interesan los investigadores que están aquí, quienes son 100 % profesionales en el tema de la educación”, expresó otro de los inconformes.
Megáfono en mano, el manifestante exigió que se presente a las instalaciones del organismo el secretario de Educación, Mario Delgado, para aclarar las dudas de los servidores públicos y se les garantice que no se violarán sus derechos laborales.
Hasta ahora, la SEP no ha mostrado disposición a dialogar con los trabajadores de la Mejoredu. Consultada por este medio, la secretaria afirmó que “se informará en tiempo y forma” lo que ocurrirá ante la fusión de ambas instituciones.
Por su parte, los trabajadores anunciaron que mantendrán el bloqueo al menos hasta las 15:00 horas, a la espera de que autoridades de Mejoredu y de la SEP dialoguen con ellos.
Mejoredu pide trato justo
Ayer, el Consejo Ciudadano de la Comisión Nacional para la Mejora Continua de la Educación (Mejoredu) solicitó a la presidenta Claudia Sheinbaum que los más de 500 trabajadores puedan conservar su trabajo, sean apoyados por su administración y tratados con justicia.
En un pronunciamiento enviado a la presidenta con copia a Mario Delgado, Mejoredu señaló que no duplica actividades de la SEP, sino que las complementa con autonomía que, a su parecer, toda instancia evaluadora y formadora debe tener.
Asimismo, pidió que el trabajo realizado por sus integrantes durante más de cinco años, relacionado con formación docente, indicadores y propuestas didácticas, sea preservado por la SEP, se mantenga abierto para su consulta y se determine un marco normativo que permita protegerlo y difundirlo.
A principios de enero, Animal Político dio a conocer que decenas de trabajadores fueron despedidos de la SEP y de Mejoredu por recortes presupuestales, mientras que los que seguían laborando estaban en la incertidumbre ante la posibilidad de quedarse sin empleo.
Según el decreto publicado el pasado 20 de diciembre en el Diario Oficial de la Federación (DOF), por el que se reforman diversos artículos de la Constitución para la desaparición de siete organismos autónomos, el Congreso de la Unión tiene 90 días naturales para adecuar las leyes secundarias con las que se concrete la extinción de Mejoredu. El plazo vence mañana.
En días pasados, la SEP indicó que será hasta que se emitan estas leyes secundarias cuando cuenten con información sobre cuántos trabajadores serán incorporados a sus filas.
Entre las funciones de Mejoredu está la emisión de lineamientos relacionados con el desarrollo del magisterio, desempeño escolar, resultados del aprendizaje, así como la mejora de escuelas, con mecanismos de coordinación entre autoridades federales y estatales para la atención de las necesidades del nivel básico, medio superior, de educación inclusiva y de adultos.
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El centro de adiestramiento del Cartel de Jalisco encontrado cerca de Guadalajara conmocionó al mundo, pero los vecinos del predio temen ser estigmatizados.
En una inmensa sabana forrada de cultivos de caña, en el estado de Jalisco, México, destaca un pequeño predio rectangular con muros de concreto, dos precarias edificaciones y un portón negro de madera, con dos caballos pintados, que da a conocer el nombre del lugar: Rancho Izaguirre.
Un lugar que para los vecinos del municipio de Teuchitlán solía pasar desapercibido, hasta que en septiembre de 2024 la Guardia Nacional allanó el terreno entre tiroteos y arrestó a 10 personas, rescató a dos secuestrados, y encontró un cadáver.
La semana pasada, después de que la Fiscalía local dijo que no encontró más cosas tras los allanamientos, el grupo Guerreros Buscadores de Jalisco denunció que ahí, además de un campo de adiestramiento del Cartel de Jalisco Nueva Generación, había hornos crematorios para desaparecer los cuerpos de las víctimas de una de las empresas criminales más poderosas de México.
La misma fiscalía jalisciense descarta los hornos, aunque el grupo de buscadores mantiene su versión. Y los vecinos los califican de “cómplices”, que “están quemando al pueblo”, que son “maña”.
Y las investigaciones, cada día más empapadas por la desconfianza hacia las autoridades, continúan.
La presidenta, Claudia Sheinbaum, ha pedido “esperar a los resultados”. Mucho de su gestión depende del tema seguridad.
Al predio llegan cada mañana, bajo un sol punzante y una oleada de polvo, una decena de camionetas de las fiscalías local y nacional, así como de la Guardia Nacional y la Policía Municipal, que en Teuchitlán no tiene más de 30 oficiales. Por la tarde se van y el predio en la noche queda solo, como si no fuera un foco de atención nacional y mundial.
Que lo es porque los buscadores, con su denuncia, dieron a conocer las fotos de sus hallazgos, donde se veían los zapatos corroídos, las playeras agujereadas y las mochilas polvorientas de los jóvenes que pasaron por este otro epicentro de la crueldad humana.
“El nombre de Teuchitlán está en el ojo del huracán del mundo”, me dice Jaime Gustavo Nabel, el párroco del municipio, mientras suenan niños hablando y riendo como en cualquier tarde calurosa de catequesis en la parroquia.
“Dicen que somos el Auschwitz mexicano, el infierno en la tierra, la herida abierta de la humanidad, y no, Teuchitlán no es el asesino ni el culpable de este horror”.
“Está canijo”
Teuchitlán está a 50 kilómetros de Guadalajara, una de las tres ciudades más grandes de México, y su gran riqueza, además de las industrias cañera y agavera, es una pirámide cilíndrica, conocida como Guachimontones, que construyeron las culturas prehispánicas acá antes de esta era.
Una atracción turística a la que cada domingo, reporta el recepcionista, llegaban un promedio de 100 turistas, y ahora, después de que el pueblo se convirtió en noticia mundial, llegan poco más de 20.
Pero la sensación de la localidad no es la de una emergencia: los niños juegan en las calles, los campesinos se reúnen en plaza a compartir el atardecer y las madres llevan a sus hijos a tarde de catequesis.
Sol Rivera es una de ellas. “No es que haya negación o falta de empatía —dice, sonriente—, sino que nosotros no somos eso y más bien queremos seguir mostrando a las madres que estamos con ellas, que les tenemos respeto y admiración por todo lo que han hecho”.
El domingo el pueblo hospeda una vigilia, a la que vendrán cientos de madres buscadores de todo el país.
Rancho Izaguirre está en la zona rural del municipio: convenientemente, tan cerca y tan lejos del pueblo y la gran metrópoli.
A dos predios de distancia, un campesino regando un cultivo de caña me dice, en condición de anonimato, que “ahora esto da miedo, esto antes era tranquilo, pero imagínate cuando la caña esté alta, de dos metros, y este desierto se convierta en un laberinto de callejones”.
Otro campesino de la zona, también reacio a darme su nombre, añade: “Esto está canijo, yo vivo en Estados Unidos y mi hijo también, por esto nomás, por esta violencia”.
En Guadalajara, donde Rancho Izaguirre también parece estar en todas las conversaciones, muchos se preguntan por la interacción de los vecinos con el predio: ¿cómo no iban a saber, me dicen, o haber visto, o incluso abastecer de tortillas a esta presunta academia paramilitar?
Academia militar
David Saucedo, un experimentado consultor en seguridad, tiene una explicación: “Estos centros logísticos están aislados de los entornos urbanos porque como hay detonaciones, gritos por las prácticas de tortura, explosivos, necesitan privacidad, necesitan una barra perimetral de seguridad que los aísle”.
Al tiempo, “están cerca de la ciudad porque es ahí donde necesitan a los reclutas (…) En Guadalajara en este momento hay una batalla entre dos carteles que necesitan nuevos soldados y estos centros se suelen usar para abastecer la batalla”.
“El reclutamiento voluntario o forzado es una práctica común de la estructura criminal de los carteles, sirven para formar halcones (vigilantes), sicarios y narcomenudista, y son gestionados por exmilitares y mercenarios”, señala Saucedo.
Si algo se puede deducir de las imágenes de dron que los medios locales han podido sacar del predio es que en él había varios espacios típicos de una academia militar, como un camino de obstáculos hecho de llantas o huecos en la tierra que sirven como piloto de trinchera.
Para Saucedo, estas academias muestran el carácter organizado del crimen, cuya estructura incluye hospitales, bodegas y centros de monitoreo.
El criminólogo añade que la mayoría de los prospectos narcos entran a este tipo de academias por voluntad, pero un 40% —estima— llegan de manera forzada.
“La fe para sanar”
Carlos Eduardo Amador Magaña desapareció a sus 19 años un martes de junio 2017 en un momento en el que, como ahora, el Cartel de Jalisco había sufrido una escisión y sus nuevas ramas estaban en guerra y en busca de soldados.
Rosalba Magaña —vestida de rojo, cargando su foto, de verbo preciso y rebelde— es su madre, una jubilada soltera que crió a tres hombres; y lo sigue buscando.
Dos días después de la desaparición, me dice, ya le había dado a las autoridades videos, transcripciones de llamadas y pruebas que “permitían hacer un plan de búsqueda, y hoy es fecha que eso no se agota”, que no le dan información.
La madre buscadora —así les llaman en México a un creciente símbolo del valor y la esperanza— añade: “Yo he trabajado y peleado con las autoridades, he buscado en basureros, he gritado y llorado en mi casa, porque yo cometí el error, quizá porque tenía una vida relativamente feliz, porque no sabía que esto pasaba, de confiar en que las autoridades iban a responder ante esto de manera organizada, y no”.
Lo que más le “da coraje”, afirma, es que las desapariciones aumenten.
“Cuando mi hijo desapareció, en 2017, eran 3.700 los desaparecidos, y ahora son 16.000”, dice, sobre una cifra que genera polémica en México, pero que, si se toman los números históricos, puede llegar a 120.000.
“Claro que tengo fe de encontrarlo”, insiste, a pesar de que no cree en las autoridades. “En el campo de exterminio, o como indigente, pero la fe la necesito para sanar”.
Luego repite una frase que se ve en las camisetas y afiches de los familiares de desaparecidos que por estos días vuelven a protestar en Guadalajara y sus municipios aledaños: “Mientras no lo encuentre, no voy a descansar”.
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