La Comisión Nacional para la Mejora Continua de la Educación (Mejoredu) está por desaparecer por la reforma que elimina organismos autónomos, sin que haya dado a conocer los resultados de la última prueba diagnóstica del aprendizaje de los estudiantes de educación básica, del ciclo escolar 2024-2025.
Esta evaluación es la única que se realiza a nivel nacional sobre el aprendizaje en primaria y secundaria desde 2018, por lo que, de acuerdo con especialistas, ahora sólo quedará la prueba PISA para conocer el nivel educativo en el país.
De acuerdo con Mejoredu, a la fecha se siguen analizando los resultados que arrojaron las evaluaciones realizadas a los estudiantes de segundo a sexto de primaria y todos los grados de secundaria al inicio del ciclo escolar en curso, para evaluar los aprendizajes que tuvieron en el periodo 2023-2024, por lo que no se ha elaborado el informe nacional, aunque las secretarías de Educación estatales ya recibieron la información que corresponde a su jurisdicción.
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Animal Político consultó a la SEP sobre los resultados de la última evaluación diagnóstica, sin que al momento de la publicación haya recibido respuesta.
Florentino Castro, comisionado del organismo, explicó que la evaluación aplicada al inicio del ciclo escolar 2023-2024 fue la primera que permitió hacer un comparativo de los cambios reflejados de un ciclo escolar a otro.
El Comisionado detalló que la prueba del ciclo escolar 2024-2025 se aplicó en los meses de septiembre a diciembre de 2024, pero no hay fecha para que se hagan públicos los resultados, “ya que los equipos técnicos de Mejoredu continúan trabajando en la etapa de análisis”.
“Incluso se identificaron pequeñas mejoras en las áreas de conocimiento evaluadas, lo que es una buena noticia para el Sistema Educativo Nacional”, celebró Castro, pero no hay para cuándo se puedan conocer.
La evaluación diagnóstica anterior, que evaluó los aprendizajes del ciclo escolar 2022-2023, se dio a conocer en octubre de 2023, es decir, a sólo tres meses del siguiente inicio de clases.
Los resultados de este diagnóstico señalaron que, en materia de civismo, los estudiantes tuvieron baja comprensión de temas como la participación de manera honesta e informada en decisiones colectivas, la libertad de expresión, la organización ciudadana, la importancia de cumplir con las leyes y la diferencia entre situaciones justas e injustas.
Además, la evaluación mostró niveles bajos en el entendimiento de los estudiantes en las materias de lectura y matemáticas, lo que el especialista Francisco Landero explicó que implica que hay carencia de conocimientos básicos para comprender textos y la incapacidad de realizar operaciones aritméticas.
En junio de 2024, cuando estaba en curso la discusión de la reforma de “simplificación administrativa” que propuso eliminar a siete organismos autónomos, Óscar del Río, entonces comisionado de Mejoredu, consideró que la desaparición de la comisión eliminaría los contrapesos institucionales de la aplicación e interpretación de resultados de evaluaciones independientes en materia educativa.
Ahora que la desaparición de Mejoredu es un hecho, Alma Maldonado, especialista en temas educativos, subrayó que es importante la confirmación del titular de la SEP, Mario Delgado, de que México continuará dentro de la prueba PISA, ya que es la única evaluación con la que contará el país para medir el nivel de aprendizaje de los estudiantes.
“Qué bueno que la SEP confirme que sí vamos a continuar en la prueba PISA, porque como prueba estandarizada de comparación nos va a permitir ver dónde estamos, y aunque nunca ha gustado a ningún gobierno porque no se notan mejoras claras, es un indicador importante”, comentó Maldonado.
La especialista destacó que PISA dará información sobre los resultados que ha tenido la Nueva Escuela Mexicana –modelo educativo instaurado en la administración del expresidente Andrés Manuel López Obrador–, “y si realmente está mejorando la educación”.
“Entendemos que los resultados de las reformas educativas toman tiempo, es algo que nunca entendieron los gobiernos anteriores, y pues ya veremos qué datos arroja PISA con sus pruebas que están diseñadas para aplicarse en diversos contextos”, agregó.
En septiembre pasado, Marx Arriaga, director de Materiales Educativos de la SEP, llamó a los maestros de todo el país a no presentar la evaluación diagnóstica de la Mejoredu, ya que esta iba en contra del enfoque pedagógico de la Nueva Escuela Mexicana, y que se trata de un “ejercicio neoliberal”.
A través de redes sociales, el funcionario pidió a los docentes que resistieron a la evaluación, y que no permitieran “que la Nueva Escuela Mexicana se convierta en un producto.
Esto, aunque Mejoredu, así como sus pruebas diagnósticas, fueron creados por el gobierno de López Obrador, con la reforma constitucional en materia educativa aprobada por el Congreso en 2019.
Ante este llamado, Mejoredu emitió un comunicado en el que indicó que sus evaluaciones, cuyo objetivo es mostrar los aprendizajes con los que los estudiantes de educación básica inician el ciclo escolar, responden a lo previsto en el artículo 3° Constitucional y que los instrumentos para su aplicación fueron desarrollados en colaboración de la SEP.
“Estas aplicaciones son el último reducto de la evaluación educativa que conserva el país, por lo que no se puede renunciar a estos ejercicios, que son el único elemento para dar cuenta del estado que guardan los aprendizajes de las y los alumnos de educación básica, para contar con elementos que permitan fortalecer la política educativa”, expresó el organismo.
Zamora, que destapó importantes casos de corrupción, denuncia una persecución política por parte de la fiscalía guatemalteca.
Un juez de Guatemala ordenó este lunes el regreso a prisión preventiva de José Rubén Zamora, un laureado periodista al que fiscales acusan de lavado de dinero en un proceso ampliamente señalado como una persecución política.
Zamora, fundador del desaparecido diario El Periódico en el que destapó importantes casos de corrupción, calificó la resolución como “arbitraria” durante su comparecencia en el tribunal.
También afirmó que el juez no tenía otra opción: “Lo dejaron acorralado, sin salida”, declaró”.
La orden del magistrado llegó después de que un tribunal superior revocara la medida de arresto domiciliario que se le había concedido previamente.
El periodista, que durante sus más de 40 años de carrera había recibido constantes amenazas y ataques, entró en prisión preventiva en julio de 2022, acusado de lavado de dinero por la venta de un cuadro por valor de unos US$30.000.
En junio de 2023 lo condenaron a seis años de prisión, pero un tribunal de apelaciones revocó la sentencia por errores en el proceso y está a la espera de un nuevo juicio.
El 18 de octubre del año pasado, cuando llevaba 813 días entre rejas, un juez dictó que José Rubén Zamora pasara a arresto domiciliario al considerar que no tenía sentido mantenerlo en prisión preventiva.
Un mes después el tribunal superior ordenó su regreso a la cárcel, pero los abogados de Zamora habían logrado retrasar la aplicación del fallo en los últimos meses.
Zamora aseguró haber sufrido torturas durante su estancia de más de dos años en prisión y denunció ser víctima de un montaje a cargo del Ministerio Público.
Este organismo está liderado por la fiscal Consuelo Porras y su mano derecha, el fiscal Rafael Curruchiche.
Ambos figuran en las listas de “actores corruptos” de Estados Unidos y la Unión Europea por presuntamente usar la justicia para beneficiar a aliados y perseguir a disidentes desde el anterior gobierno del presidente Alejandro Giammattei.
El periodista guatemalteco había destapado varias tramas corruptas vinculadas al expresidente Giammattei, entre ellas la presunta concesión de una explotación minera a una empresa rusa mediante sobornos.
La fiscalía guatemalteca sostiene que el proceso contra Zamora está completamente desvinculado de su actividad periodística, pero en la comunidad internacional se considera ampliamente una represalia y un intento de amordazarlo.
Amnistía Internacional considera las causas contra él “infundadas”, en línea con otras organizaciones internacionales.
Estas han denunciado en los últimos años una campaña represiva del anterior gobierno y los fiscales contra funcionarios, jueces y medios de comunicación independientes, con decenas de ellos en la cárcel o en el exilio.
El presidente de Guatemala, Bernardo Arévalo, también considera que Zamora es víctima de una persecución política de la fiscalía.
Arévalo, que asumió el cargo en enero de 2024, mantiene un tenso enfrentamiento con el Ministerio Público, dominado aún por los citados fiscales afines a Giammattei que han tratado de destituirlo del cargo en varias ocasiones.
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